DECLARACION SOBRE BENEFICIOS A CRIMINALES

Sin mayores sorpresas, pero con profunda indignación. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comprueba lo tantas veces denunciado: la impunidad para los violadores de los derechos humanos.

En el día de ayer, nos enteramos que la Corte de Apelaciones entregó beneficios carcelarios, a cinco victimarios, entre ellos a Víctor Pinto Pérez, condenado por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez; Carlos López Tapia, quien ejerció como jefe del centro de  tortura de Villa Grimaldi, además de ser relacionado con la tristemente célebre Caravana de la Muerte.

Otorgar estos beneficios carcelarios, en cualquier caso, no solo hiere la sensibilidad de los familiares de las víctimas, hiere la conciencia universal, no por nada el Derecho Humanitario Internacional a tipificado los crímenes de lesa humanidad como imposibles de amnistiar y de prescribir y estos sujetos, que ya viven una situación de privilegio en cárceles VIP, nunca han recibido condenas acordes a los delitos perpetrados.

Esta actitud de los jueces, se condice en la actualidad con las recurrentes aplicaciones de prescripciones y medias prescripciones en las condenas, lo que se traduce en la práctica, solo con una palabra: IMPUNIDAD.

Estamos seguras que el poder judicial, otrora instrumento operativo a la dictadura, está replicando su actitud, tal vez incentivado por palabras provenientes de las nuevas autoridades que, en lo más reciente declaraban:

“No se debe hacer ninguna distinción entre ser civil o militar” (Sebastián Piñera, 9 de marzo 2011 en su visita a España)

“Todos somos iguales ante la ley” (José Miguel Fuente-Alba, Comandante en jefe del Ejército, misma fecha).

Más aún, la Ministra Ana Gloria Chevesic, quien a la muerte del meticuloso juez Víctor Montiglio asumió las causas que llevaba, realizó como una de sus primeras acciones el “cierre de cuaderno” o fin de la etapa investigativa, impidiendo la profundización de la misma, lo que traerá como consecuencia inmediata, una menor cantidad de pruebas para la determinación de responsabilidades penales de los perpetradores.

Si a esto le agregamos la negación de recursos por parte del Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior para que sean tomadas declaraciones en el exterior y las mas de 70 querellas que esperan en esa subsecretaría para ser presentadas, es que nos enfrentamos a un panorama desolador, que estamos dispuestas a revertir utilizando todos los medios a nuestro alcance.

No aceptaremos que la carencia de voluntad política de parte de las autoridades para enfrentar estos casos sea la causa que impida la justicia en Chile.

Santiago 04 de mayo de 2011

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS