Escrito el 11 enero 2012
Lorena Fries, Directora del
Instituto Nacional de Derechos Humanos; Fernando Chomalí, Arzobispo de
Concepción; Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción y el Padre
José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur -integrantes
de la Comisión de Defensa por los Derechos del Pueblo Mapuche- queremos
expresar a la opinión pública:
1. Nuestra profunda preocupación
por la creciente tensión que se ha generado en la región de la Araucanía a
propósito de hechos de incendio que se investigan y que lamentablemente
cobraron la vida de siete brigadistas en la localidad de Carahue. Le entregamos
nuestras más sentidas condolencias por esta tragedia a sus familiares como
asimismo a aquellas personas que han perdido sus bienes.
2. Nuestra extrema preocupación
frente a las declaraciones que han hecho las autoridades políticas emitiendo
juicios que exacerban un clima de prejuicio y desconfianza contra las
comunidades mapuche y que en nada contribuyen a solucionar los problemas del
pueblo mapuche.
3. Nuestra confianza en que el
Ministerio Público y los tribunales de justicia competentes en esta materia
investiguen, procesen y sancionen, si se establece algún tipo de
responsabilidad penal derivada de la legislación común, desestimando la invocación
y aplicación de la Ley Antiterrorista.
4. Nuestro rechazo a la violencia
con que en ocasiones ha actuado Carabineros en la región. En este sentido cabe
recordar que la Corte de Apelaciones de Temuco ha dictado al menos dos fallos
en los que conmina a Carabineros a enmarcar sus procedimientos dentro de los
límites que la ley y el respeto a los derechos humanos les impone. En
particular el cuidado que requiere este accionar cuando se pueden ver afectados
en dichos operativos mujeres, niños y niñas.
5. Nuestro llamado a las
autoridades nacionales y de la Región a emprender un camino de diálogo que nos
acerque a la solución de los problemas ancestrales del pueblo mapuche, y a
cumplir con su tarea de resguardo de la paz social con pleno respeto a los derechos
de las personas y de las comunidades, como corresponde a un régimen
democrático.
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