Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ
Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, nacido el 10 de
enero de 1951, en Villaseca, a 6 kilómetros de Ovalle, fue campesino, uno de
los fundadores del Centro de Reforma Agraria Luis Emilio Recabarren y llegó a
ser presidente del sindicato agrícola Ranquil, de Villaseca. Fue detenido el 12
de octubre de 1973 y asesinado por orden de la “Caravana de la Muerte” el 16
del mismo mes.
En el Informe Rettig fue individualizado como
militante del MAPU. Sin embargo, el Comité Memoria MAPU, formado por
ex-militantes, llegó a la conclusión de que Vergara nunca había militado en el
MAPU sino que en el Partido Comunista, el cual lo reivindica y recuerda por
medio de un festival que se realiza en Villaseca cada año.
No tenemos antecedentes para juzgar si Gabriel
fue o no del MAPU. Las y los mapucistas, de todas formas lo recordamos y
honramos en cada aniversario de su muerte, junto con todos los asesinados por
la comitiva criminal, ya que entre ellos figura nuestro ejemplar militante y
dirigente, Carlos Alcayaga Varela.
Podemos señalar que Vergara aparece como
mapucista en todos los documentos oficiales, incluido el auto de procesamiento contra
el tirano Pinochet. En ningún caso el Partido Comunista ni otras personas
(salvo el propio comité de ex-mapucistas), han desmentido esta militancia.
Solicitamos la colaboración de quienes
estuvieron ligados al proceso de reforma agraria y a la militancia en el MAPU a
la fecha del golpe cívico-militar, para esclarecer si lo debemos incluir entre
nuestros mártires.
Agradecemos enviar información a mapusantiago@gmail.com
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| Homenaje 16 de octubre de 2016 |
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| Gabriel Vergara Muñoz. Fuente: www.memoriaviva.com |
Resumen del Informe
Rettig:
-
Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de
Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por
efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la
Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento «Arica» de La Serena.
En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel de La
Serena.
Respecto
de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se
dijo que habían: «ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas,
abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de
Ovalle el día 17 de septiembre». Se señaló, además, que habían «participado
como instructores de guerrillas en la zona».
El
16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la Cárcel
de La Serena fueron fusiladas en el Regimiento «Arica», de esa ciudad:
- Oscar Gastón AEDO HERRERA, 23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.
- Carlos Enrique ALCAYAGA VARELA, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.
- José Eduardo ARAYA GONZALEZ, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre, fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.
- Marcos Enrique BARRANTES ALCAYAGA, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.
- Jorge Abel CONTRERAS GODOY, 31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.
- Hipólito Pedro CORTES ALVAREZ, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.
- Oscar Armando CORTES CORTES, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.
- Víctor Fernando ESCOBAR ASTUDILLO, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.
- Jorge Mario JORDAN DOMIC, 29 años, médico, militante del Partido Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario. El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad.
- Manuel Jachadur MARCARIAN JAMETT, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.
- Jorge Ovidio OSORIO ZAMORA, 35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.
- Jorge Washington PEÑA HEN, 45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.
- Mario Alberto RAMIREZ SEPULVEDA, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado. Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades. La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.
- Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fe y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.
- Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento «Arica» de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.
La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:
«Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...».
Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: «habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona».
Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: «formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias».
Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: «ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre». Se señaló, además, que habían «participado como instructores de guerrillas en la zona».
Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: «sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado» y que «era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña».
Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: «haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros».
Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: «por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno».
Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.
La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría «venido especialmente de Santiago”.
Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar. Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.
En relación a todas estas muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:
- Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
-
El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió
derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados
ni posibilidad alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se
señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una
pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
-
Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo
obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal
referida al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.
Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuible a agentes del Estado.
Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.
La información
oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la
celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría
dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal
sentenciador habría “venido especialmente de Santiago”.
Esta Comisión
acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde
Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar.
Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados
por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas
hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.
En relación a todas
estas muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios
concordantes en ciertos hechos: los quince prisioneros individualizados
precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes
del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:
– Testimonios
verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron
a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la
revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se
desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
– El hecho que, de
haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa
de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad
alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló
precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de
cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
Pese a los
requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia
de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referida al juicio que
habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.
Por tanto y
considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los
cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya
tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince
ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuible a
agentes del Estado.
Informe
Rettig
Ejecutados Políticos de la región Coquimbo
Gabriel Gonzalo
Vergara Muñoz
Tenía 22 años al
momento de su detención, soltero, sin hijos, campesino de la localidad de
Villaseca.
Era presidente del
sindicato campesino Ranquil y militante del MAPU, Movimiento de Acción Popular
Unitaria. Fue detenido el 12 de octubre por efectivos de carabineros de Ovalle
quienes lo recluyeron en la comisaria local. Permaneció allí incomunicado
durante dos días.
El 14 de octubre fue
trasladado al regimiento Arica de La Serena donde continuó su incomunicación
hasta que lo enviaron a la cárcel de La Serena.
El 16 de octubre de
1973 fue enviado nuevamente al regimiento Arica de La Serena, donde fue
asesinado por agentes del Estado.
Gabriel Vergara
aparece sindicado como reemplazante del monitor de guerrilla, Hipólito Cortés durante
sus ausencias.
Fue sobreseído el 20
de diciembre por encontrarse muerto. Es decir, sus mismos ejecutores lo
encontraron inocente de todo cargo y hubiera sido dejado en libertad si no lo
hubieran matado antes.
Sus restos descansan
en el Cementerio de Ovalle, junto a tres de sus compañeros. Tienen una placa
recordatoria que los sindica como hombres que perdieron su vida luchando por la
Democracia.
especial para G80
“BARBECHO” UNA
HISTORIA PARTICULAR DEL VALLE DEL LIMARÍ
Villaseca es una localidad rural situada a pocos kilómetros de Ovalle, la capital de la Provincia del Limarí. Su población actual no sobrepasa los 100 habitantes, los que viven en unas 30 casas, según el Sistema de información de recursos naturales (SIREN). Técnicamente es lo que se llama un caserío y su historia se remonta a fines del siglo XVIII.
Sobre
este vecindario se ha publicado un libro hace pocos meses: “Barbecho. Historia
de la organización social de Villaseca” y su autor es el joven antropólogo Galo Luna Penna, uno de los participantes en la Feria
Internacional del Libro de Santiago - FILSA 2013 -como parte de la
representación de la Región de Coquimbo.“Barbecho” - auspiciado por la Junta de Vecinos Chile Nuevo de Villaseca con financiamiento del Gobierno Regional - es el tipo de obra literaria que toda comunidad organizada y con historia desearía tener. Es una especie de vitrina que muestra en síntesis (poco más de 100 páginas) la historia de este pueblo campesino, su génesis, su desarrollo, sus luchas, sus tragedias y su actualidad.
En la Villaseca del Limarí -porque existe otra en el Valle del Elqui- descrita por Luna, tenemos la posibilidad de estudiar una micro realidad como si la observásemos con una lupa, pero al mismo tiempo es como si echásemos una ojeada a una macro realidad, más compleja pero no totalmente distinta.
“Las primeras muestras del nacimiento de la organización social en Villaseca aparecen en los años 40, con la reconocida fiesta de la primavera que se organizó en el pueblo”, sostiene el autor y precisa que aunque no fue un hecho político probó la capacidad de organización de los vecinos.
En 1951 los vecinos pudieron reconstruir la Iglesia del pueblo (afectada por un terremoto en 1943) y en esa década la organización social se limitaba a un club deportivo. A fines de los 50 llega a la zona el empresario Guillermo Prohens quien invierte en la producción de uva y genera un “cambio radical” en la actividad productiva local.
En la voz de uno de los villasecanos antes de la llegada de Prohens, “era un pueblo con pobreza, como un pueblo fantasma, y cuando se vienen los trabajadores para acá, esto toma vida…”
A fines los años 60 -con una reforma agraria a nivel nacional- se funda el Sindicato Norte Chico que agrupa a trabajadores de Villaseca, de Cerrillos de Tamaya y de otras localidades de Ovalle. “…eran 21 comités y llegamos a tener antes del golpe (de Estado de 1973) más de mil socios, cada comité tenía su propia directiva. Todos los presidentes de los comités eran legales y tenían fuero…”, relata uno de los fundadores y luego presidente de la entidad.
La organización social del poblado aumentó con la elección Salvador Allende como Presidente de la República en 1970, surge la Junta de Vecinos Chile Nuevo de Villaseca, así como también se crea un Baile religioso. Pero el salto cualitativo se da en 1972 cuando con acuerdo del empresario el Gobierno expropia el fundo a Prohens, quien se quedó con sus 80 hectáreas básicas y fue indemnizado por el resto. Esta expropiación era parte de un plan que implicaba la creación de Centros productivos, en este caso, como hacienda estatal.
La buena relación entre los trabajadores a cargo del Centro productivo estatal y el empresario permitió que en ambos terrenos se produjera uva y alcohol. “Esta relación que llegamos a tener fue algo increíble, nunca lo pensé”, relata uno de los trabajadores de la época.
Tal experiencia productiva en un pequeño centro agroindustrial en la provincia, era una expresión de lo que Allende llamaba la Revolución “con empanadas y vino tinto”, pero como se sabe no tuvo un buen final. Con el golpe militar se cerró, se expropió las casas a los trabajadores, se parceló la propiedad agrícola.
“Los militares se encargaron de eliminar todo rastro del gobierno de Salvador Allende”, señala Luna y añade que en Villaseca los principales dirigentes fueron arrestados. Fue asesinado el presidente del Sindicato Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, el 16 de octubre de 1973, producto del paso de la caravana de la muerte. El villasecano era uno de los menores (tenía 22 años) entre los 15 fusilados en el entonces Regimiento Arica.
“Barbecho” da cuenta de la historia de este pueblo, muy poco conocido fuera del Limarí, y concluye con la reorganización del tejido social en el poblado, con nuevas entidades como el Comité de regantes, el Sindicato de regantes, el Sindicato de exonerados y la Unión comunal de juntas de vecinos rurales, entre otras.
Este libro es un buen ejemplo de valoración de la historia de una comunidad específica y puede servir a otros autores como inspiración para narrar la historia de tantos otros pueblos de nuestro país.
Gabriel Canihuante
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