Jack Gutiérrez , de la CMPC (la Papelera) de Laja.
Jack Gutiérrez es señalado por el testimonio de Juan de Dios
Villarroel como militante del MAPU. El informe Rettig dice que era del PS (Ver Rettig).
Frente a esta duda, solicitamos testimonios de gente de Laja, trabajador«s de la Papelera o antigu«s militantes del MAPU de la provincia de Los Ángeles.
Juan de Dios Villarroel: “Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una
empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados.
En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante
del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la
Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del
Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una
radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente,
pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros.
Nunca regresó”.
 |
| Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez |
Citados: Jack Gutiérrez, Luis Sáez, Jorge Lamana
 |
| LUIS SÁEZ ESPINOZA |
 |
| JORGE LAMANA |
DIFUNDIR Y GUARDAR COMO ARCHIVO
ANTES DE QUE LOS PODERES FÁCTICOS MANDEN HACER DESAPARECER ESTOS TESTIMONIOS
A 38 años de los crímenes los carabineros hablan y quedan
libres
Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de
19 trabajadores en Laja
13.01.2012
Índice
Fue una
cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron
a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios
y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y
enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente
pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana
de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la
desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que
ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.
Vea lo que ocurrió con el trabajador de la CMPC Luis Saez.
“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos
una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los
vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a
los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda.
Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue
tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo
le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión.
Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden,
procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos
cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para
que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro.
Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja.
Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el
teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién
entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández
dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.
El cabo
1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue
el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la
madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los
cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en
esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo,
torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque
cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.
La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa
noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella
contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la
Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero
esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los
prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó
a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos
aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los
carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los
habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían
entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les
perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo
que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.
Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando
los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor
denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos
humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía
de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó
que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.
Sin
saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había
ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que
por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se
declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de
Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte
Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley
19.123, del
Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la
reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos
Aldana dejó sin
efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros
denunciados y la
ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el
sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa
investigación. Entre ellos está la confesión
del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde
entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19
trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del
18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la
ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su
exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la
zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y
cuyo principal accionista era el
empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja
hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo,
el teniente Alberto Fernández
Michell, se iba
destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los
mismos compañeros”.
15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue
al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”.
Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior.
Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que
indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre,
pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de
septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la
Población Quinta Ferroviaria.
-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los
carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez,
preocupado, cuando lo vio llegar.
Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su
máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá.
Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había
llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que
militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de
San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su
RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que
presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente
sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le
dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en
eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo
buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había
preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.
Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio
venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus
zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete
carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo
apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella
no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos,
despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le
dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio
como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San
Rosendo recién comenzaba.
Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández
venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió
de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino
de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad
Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos
debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.
Juan
Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del
sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a
su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su
familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la
fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él
le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela;
Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela
45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).
Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde
los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que
trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al
igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros.
De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y
se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al
otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la
patrulla comandada por el teniente
Fernández Michell,
el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los
llevaron.
11/9/73: LAS
PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r)
Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en
declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en
Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando
el día siguiente rompió
el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:
“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC
cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja
a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé
de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial,
y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de
todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el
sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.
“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la
Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno,
subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de
detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en
buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel.
Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos
los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los
activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información
que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les
ordené a los suboficiales
Garcés y Rodríguez que
procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a
esas personas”.
Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970,
la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía
expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por
Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en
Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su
jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la
Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una
lista que el superintendente
de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los
“activistas”.
Los que figuraban en la nómina fueron separados y
llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde
funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después
los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos
fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a
Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la
Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución
de escena que
llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se
lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo
aún formados en la fila: “¡Véanlo
por última vez!”, les
gritó.
Después de poco más de un año y tres meses en centros de
detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo
Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días
siguientes no tuvieron.
13 y 14/9/73: LA
CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba
el sargento Pedro Rodríguez
Ceballos, fue ir
a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su
abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el
tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media
en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo
agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a
golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para
que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de
septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.
En
cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de
Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros
y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de
turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros
correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque
“militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña
para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos
consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.
El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años,
casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de
la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su
hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue
avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió
a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco
pudieron hacer nada por sacarlo.
Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas
puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la
patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de
trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus
propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack
Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A
todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y
verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente
después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron
libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a
la casa de sus suegros. Nunca regresó.
El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las
calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos
hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró
saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro,
Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.
16 y 17/9/73: LA
PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas
visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el
calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda
como “dos mediaguas grandes a las
que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que
trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado
esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se
presentó en la Tenencia de forma voluntaria.
Desde que comenzaron las detenciones, sus padres,
hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo
del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron
a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La
hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en
medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos.
Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones,
rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus
vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los
habían sentado en la pica.
El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos
miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de
Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos,
director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue
directo al calabozo.
Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros
continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno
recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la
cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que
ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron
voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez
que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos
les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de
la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.
“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al
teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al
regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó
que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores
y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera,
si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la
unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me
dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó.
De inmediato llamé a Garcés
y Rodríguez y
les dije que alistaran al personal”.
18/9/73: MATANZA EN
EL BOSQUE
Los hombres que seguían a Fernández en
la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron
cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a
cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la
Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19
ya estaba en curso.
“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había
comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos
de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi
todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel,
se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos
dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les
amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de
pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que
custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos.
Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un
jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.
Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara
en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación.
Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en
la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que
había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni
que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y
Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera
300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los
carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había
estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años
llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a
su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los
cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa
noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.
Según un
reportaje que publicó Contacto cuando
en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue
condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido
incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto
criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo
interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de
policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el
Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda
muy bien:
“No había militares ni agentes de la DINA;
sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la
guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos.
La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los
vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba
pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada;
era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos
atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos
apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba
o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.
18/9/73: DESPUÉS DE
LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de
carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan
que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron,
se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y
allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la
misma suerte de los que acababan de asesinar.
A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano,
preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su
hermano Raúl. Esperaba encontrarse
con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el
calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más
grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no
le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa
mañana esperaba
encontrarse con su marido.
Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19
trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían
trasladado al Regimiento de Los Ángeles.
Los
familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los
Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada.
Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional,
en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas
de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y
otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron
sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin
respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19
se habían esfumado.
Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher
acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el
ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días
previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían
encontrado. “Así
como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento
Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de
septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando
encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido
llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez
aparecieron en el Fundo San Juan.
EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque
habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia
de Laja en septiembre de 1973 pretendieron
en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del
18 de septiembre de ese año .
El sargento 1º (r) Gabriel
González, por
ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él
sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson
Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el
mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena
relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de
que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.
Fueron
los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al
ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una
orden de detención para
los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la
ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso,
todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los
detenidos la
reconstitución de escena de
la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día
clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días,
el ministro procesó
a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa
noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de
los crímenes, hoy todos están libres.
La siguiente es la
lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:
1.-
Alberto Juan Fernández Michell: Teniente
(r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el
responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y
participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a
retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado
como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad
provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló
y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.
2.-
Evaristo Garcés Rubilar: Era
suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo
que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de
los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución
clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de
diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la
diabetes.
3.-
Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento
de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel
protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo
que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de
2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó
una falla multiorgánica. Tenía 64 años.
4.-
Lisandro Alberto Martínez García: Sargento
1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en
la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del
cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de
homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.
5.-
Luis Antonio León Godoy: Sargento
2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que
pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su
versión: “Cuando mi suboficial Garcés
dio la orden, todos debimos disparar”,
señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional
luego de pagar una fianza de $300.000.
6.-
José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento
(r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que
no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena,
reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de
la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó
el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una
fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.
7.-
Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros
en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de
septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por
llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad
provisional después de pagar una fianza de $300.000.
8.-
Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento
2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de
septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de
los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en
libertad provisional.
9.-
Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento
2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que
sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad
provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.
10.-
Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el
hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que
habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron
por homicidio y hoy está libre.
11.-
Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo
1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su
testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja.
Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza
de $300.000.
12.-
Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció
por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del
11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC.
Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero
que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza
de libertad provisional.
13.-
Nelson Casanova Salgado: Sargento
1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo
de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación.
También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.
14.-
Luis Muñoz Cuevas: Cabo
1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel,
el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.
15.-
Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche
fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana.
Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres
carabineros sobreseídos.
16.-
Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial
(r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de
Laja, por lo que fue sobreseído.
17.-
Sergio Castillo Basaul: Suboficial
de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al
guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad
y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia
digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el
alcoholismo.
LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20
La primera vez que los
carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37
años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a
las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y
militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad.
Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a
su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando
del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del
Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo
allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus
fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis,
la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.
El 14 de septiembre,
el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo
encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara
como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron
unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se
comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no
allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.
Seis días después, el
párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía
dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su
camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía
miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19
detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el
cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto.
Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron
en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó
del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue
testigo.
Al día siguiente el
mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.
Rosa fue a dejarle
ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque
Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años
con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida,
pero nada. Nunca más se supo de Luis.
La búsqueda se
extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita
José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no
a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio
Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados
clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el
Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de
bala y estaba amarrado con alambres.
En los documentos a los
que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de
marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos,
pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis
Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario