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DERECHO A LA MEMORIA Y LA VERDAD, PRESERVACIÓN Y ENTREGA A SOBREVIVIENTES, FAMILIARES Y A LA COMUNIDAD ORGANIZADA DE AQUELLOS SITIOS DE MEMORIA

Iniciativa Nº 71.190

Tema: Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto

ESTA ES UNA PROPUESTA DE: RED DE SITIOS DE MEMORIA

REPRESENTADA POR: Marcelo Acevedo V.

DISPONIBLE DESDE: 22 de Enero

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

Durante el periodo en que se extendió la dictadura cívico-militar, se cometieron graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las personas, tales como, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y delitos de carácter sexual, entre otras graves conductas que afectan en esencia los derechos fundamentales de la persona humana. Sobre el particular, considérense los testimonios, libros e informes evacuados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora creada por el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405. Asimismo, cabe señalar que nuestra Judicatura interna, por medio de sentencias jurisdiccionales pronunciadas en procedimientos debidamente sustanciados, han establecido los hechos criminales cometidos en perjuicio de las víctimas, durante dicha época.

Corresponde señalar, además, que hasta hoy el Estado de Chile, a través de los respectivos informes evacuados por las comisiones de verdad indicadas, ha reconocido a un total 3.225 víctimas de violaciones a los derechos humanos y víctimas de la violencia política imperante, afectadas por una ejecución o una desaparición; y, a 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Por su parte, debe indicarse que, el Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura, de 2004, reconoce 1.132 los recintos utilizados a lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y desaparición.

Se debe indicar que en Chile, los lugares y sitios de memoria han sido recuperados, gestionados y preservados por las propias organizaciones de derechos humanos, ya que no cuentan con normativa estatal que los proteja, no existe una política pública de memoria y no tampoco la categoría de Sitio de Memoria. Desde 1990 a la fecha, se recurre al Consejo de Monumentos Nacionales para conseguir que sean declarados monumentos históricos.

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