Ayer lunes 21 fue entregada a la Cancillería chilena, una carta de los venezolanos/as patriotas residentes en Chile, protestando por la injerencia del gobierno de este país en los procesos judiciales contra los golpistas que incitaron a la sedición contra el gobierno popular del Presidente Nicolás Maduro.
La entrega de la carta fue acompañada por participantes de organizaciones anticapitalistas de Chile.
Más abajo se lee la nota, firmada por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Capítulo Chileno (GPP- Chile).
En nota aparte, publicaremos:
- Algunos documentos sobre la crítica situación que se vivió en Venezuela en febrero de 2014, aportados por el profesor dr. Luis Rubilar, padre de la chilena asesinada por grupos golpistas incitados por Leopoldo López.
- Artículo "No en nombre de Allende ni del Socialismo", escrito por Pablo Sepúlveda Allende, médico, nieto del Presidente Salvador Allende, Caracas, 19 de septiembre del 2015.
Santiago de Chile, 16 de Septiembre del 2015
A la Cancillería de la República de Chile.
Nosotros, venezolanos
residentes en Chile, agrupados en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Capítulo Chileno (GPP- Chile), rechazamos las
declaraciones sesgadas y fuera de contexto realizadas por la cancillería
chilena respecto al proceso judicial que se lleva a cabo al ciudadano
venezolano Leopoldo López Mendoza, quién se encuentra sindicado de incitar a la
violencia en nuestra patria.
Consideramos que con
dicha declaración el Gobierno Chileno sirve de instrumento y avala a los grupos
de poder y a grupos golpistas que atentan diariamente contra la democracia
venezolana.
Resulta clave
considerar que el día 12 de Febrero del año 2014 el ciudadano Leopoldo López
realizó llamados públicos explícitos, registrados en diversos medios de prensa,
radio y televisión, que incitaron actos de violencia callejera que, entre
Febrero y Junio de dicho año, condujeron a un total de 43 compatriotas
fallecidos entre los que se incluye estudiantes, amas de casa, trabajadores,
guardias nacionales, policías, ciudadanos motorizados, y la compañera chilena
Gisella Rubilar, además del intento de asesinato de 80 niños dentro de una guardería
incendiada, y el daño material severo a
instituciones públicas y universidades en la que están claramente implicados
militantes del Partido Voluntad Popular que dirige el Sr. Leopoldo López.
Es inconcebible que se
acuse al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por
el compañero Nicolás Maduro, de quebrantar los Derechos Humanos o de ser poco
democrático a raíz del proceso judicial del ciudadano López, cuando el mismo se
entregó a los órganos de seguridad del estado.
Los delitos por los que
está siendo procesado el ciudadano Leopoldo López están determinados en nuestras leyes y en nuestra constitución.
Cualquier declaración en contra de nuestro proceso democrático y de nuestras
leyes es una injerencia inaceptable para nuestro pueblo que viene construyendo
su independencia desde hace 16 años.
En cualquier país
democrático donde impere el Estado de Derecho las acciones terroristas
emprendidas por Leopoldo López constituirían faltas graves al orden instituido
y serían castigadas de acuerdo al ordenamiento vigente de cada nación.
El respeto a la ley es
esencial en cualquier régimen democrático y Venezuela cumple cabalmente con
ello.
Detener y sancionar a
un ciudadano en delito flagrante no implica atropellar los derechos humanos
sino la aplicar la justicia en los términos de la legislación vigente en cada
país.
Principios similares
rigen en Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia, los estados europeos y en
prácticamente todos los países del mundo.
En el caso venezolano,
nuestras leyes y nuestra Constitución han sido aprobadas democráticamente por
nuestro pueblo y por
la
Asamblea Nacional. Tanto los integrantes de
la Asamblea Nacional
como el Presidente Maduro han sido elegidos democráticamente, en procesos claros
y transparentes, que han sido reconocidos por observadores de todas las
nacionalidades,
y del más alto prestigio.
Como ha sido
denunciado y comprobado ante diversos organismos internacionales como la OEA, UNASUR, ALBA, ONU y otros
organismos internacionales, está en marcha un plan sedicioso para desestabilizar
el Gobierno Revolucionario de Venezuela, mediante operaciones mediáticas y
falsas acusaciones, el que cuenta con respaldo de sectores ultrarreaccionarios
que desean apropiarse de nuestros recursos naturales para su propio beneficio,
en desmedro del desarrollo inclusivo que adelanta el actual gobierno de nuestro
país, el que es apoyado por más del 60% de la ciudadanía.
El GPP rechaza los
intentos golpistas de cualquier naturaleza. Quienes deseen proponer un destino
diferente para nuestro país, tienen los mecanismos democráticos para ello. Pero
su discurso de violencia no ha logrado convencer al pueblo venezolano.
Queremos un país en
paz. Nuestra sociedad tiene derecho a determinar su propio destino,
independiente y socialista. Rechazamos toda injerencia extranjera que propicie o
justifique la violencia como camino para alterar el plan de desarrollo social y
recuperación de nuestra soberanía que se ha trazado el pueblo venezolano.
Chávez Vive, la Patria sigue.
GPP SIMON BOLIVAR - CHILE.
DANIEL CARRASCO
Vocero Político GPPSB
Fotos de la entrega de la carta del GPP en la oficina de partes de la Cancillería chilena.
