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DERECHO A
LA MEMORIA Y LA VERDAD, PRESERVACIÓN Y ENTREGA A SOBREVIVIENTES, FAMILIARES Y A
LA COMUNIDAD ORGANIZADA DE AQUELLOS SITIOS DE MEMORIA
Iniciativa Nº 71.190
Tema: Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto
ESTA ES UNA PROPUESTA DE:
REPRESENTADA POR: Marcelo Acevedo V.
DISPONIBLE DESDE: 22 de Enero
PROBLEMA A SOLUCIONAR:
Durante el periodo en que se extendió la dictadura
cívico-militar, se cometieron graves, masivas y sistemáticas violaciones a los
derechos humanos en perjuicio de las personas, tales como, torturas,
ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y delitos de carácter sexual,
entre otras graves conductas que afectan en esencia los derechos fundamentales
de la persona humana. Sobre el particular, considérense los testimonios, libros
e informes evacuados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, y la Comisión Asesora creada por el artículo 3° transitorio
de la Ley N° 20.405. Asimismo, cabe señalar que nuestra Judicatura interna, por
medio de sentencias jurisdiccionales pronunciadas en procedimientos debidamente
sustanciados, han establecido los hechos criminales cometidos en perjuicio de
las víctimas, durante dicha época.
Corresponde señalar, además, que hasta hoy el Estado de Chile, a través de los
respectivos informes evacuados por las comisiones de verdad indicadas, ha
reconocido a un total 3.225 víctimas de violaciones a los derechos humanos y
víctimas de la violencia política imperante, afectadas por una ejecución o una
desaparición; y, a 38.254 víctimas de prisión política y tortura.
Por su parte, debe indicarse que, el Informe de la Comisión Nacional sobre
prisión Política y Tortura, de 2004, reconoce 1.132 los recintos utilizados a
lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y
desaparición.
Se debe indicar que en Chile, los lugares y sitios de memoria han sido
recuperados, gestionados y preservados por las propias organizaciones de
derechos humanos, ya que no cuentan con normativa estatal que los proteja, no
existe una política pública de memoria y no tampoco la categoría de Sitio de
Memoria. Desde 1990 a la fecha, se recurre al Consejo de Monumentos Nacionales
para conseguir que sean declarados monumentos históricos.
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