Carta abierta a los candidatos a constitucionalistas
El actual proceso constituyente ha sido el resultado de las luchas de los sectores más lúcidos de los pueblos, chileno y originarios, por revocar la constitución impuesta de forma fraudulenta y violenta por la dictadura cívico-militar, desde 1980. Estas luchas culminaron con la irrupción de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019.
Sin embargo los grupos de poder, a través de sus partidos, la derecha pinochetista y la derecha neocapitalista, han tramado una maniobra para hacer una constitución donde no cambien los temas de fondo y se mantenga el esquema del capitalismo Neoliberal, la represión y el desconocimiento de los derechos fundamentales, en desmedro de la inmensa mayoría del país. Han establecido un juego electoral con condiciones que buscan que el bloque en el poder siempre gane.
Algunas organizaciones anticapitalistas estamos nadando contra la corriente y creemos posible que una representación popular se pueda enfrentar en la Convención Constitucional, a los grupos de poder. Hasta tenemos la creencia, optimista o ilusa, de que así como la mayoría el 25 de octubre pasado expresó que no quiere que la nueva constitución sea redactada por los que nos han sojuzgado por 30 años, ahora van a inclinar su opción electoral hacia postulantes libres de la lacra de depender de los partidos del bloque opresor.
Hacemos un llamado a las y los candidatos que dicen representar los intereses populares, a comprometerse con esta carta que condensa nuestras aspiraciones principales.
Ya que si habiendo sido Chile un Estado unitario por casi 200 años, este régimen ha significado la postergación de las regiones, este carácter debe ser reformulado de forma de asegurar la equidad de oportunidades y recursos para todas las regiones del país y para las y los ciudadanos que residen en el extranjero.
El Estado de Chile debe ser plurinacional y multicultural. La constitución debe asegurar el reconocimiento a los derechos ancestrales de los pueblos establecidos en estos territorios con anterioridad al establecimiento del Estado, asegurando el autogobierno, la autonomía cultural, los sistemas jurídico y sanitario de cada nación originaria, así como sus derechos lingüísticos y a las espiritualidades propias de cada una de éstas. Las naciones y comunidades tendrán derechos inalienables sobre los espacios que queden establecidos como parte de su patrimonio.
El Estado debe establecer la propiedad estatal inalienable de las riquezas básicas de su territorio, sobre los minerales, las aguas, el subsuelo en general, la energía eólica y todo recurso natural cuyo uso y goce deba ser regido por el principio del bien común.
El Estado debe recuperar los derechos perdidos en este sentido, sobre las aguas y los minerales en general y establecerá las normativas correspondientes para regular su explotación por medio de empresas estatales, mixtas o privadas, siempre que esta explotación no afecte a los derechos sobre el medio ambiente.
El Estado debe reconocer los derechos de la Madre Tierra y los derechos de la ciudadanía a un ambiente libre de contaminación. Las normas de protección a la Madre Tierra prevalecerán respecto de normas relativas al uso y explotación de los recursos naturales.
El Estado debe asegurar la equidad ante la ley, entendida de forma que signifique otorgar la protección a los sectores más vulnerados de la población, asumiendo la defensa jurídica de éstos. Asegurará la equidad de género, tanto en las relaciones laborales como en las oportunidades a obtener empleos y beneficios estatales. Se asegurará el principio de que a igualdad de labores, habrá igualdad de remuneraciones. Quedará derogada toda norma basada en el Plan Laboral impuesto por la dictadura cívico-militar. Se establecerá el derecho y obligatoriedad a la sindicalización sectorial y nacional para que los trabajadores tengan un poder negociador real frente al poder de los empresarios
El Estado debe asegurar la protección a los derechos de las y los menores.
La migración es un derecho que los pueblos han ejercido desde los inicios de la humanidad y son un aporte importante en el enriquecimiento cultural y en el desarrollo de los territorios.
El Estado debe establecer un régimen de planificación inmigratorio dónde los inmigrantes tengan facilidades para la regularización de residencia, para evitar el abuso y explotación de éstos, garantizando el respeto de los derechos básicos y fundamentales de las personas.
El ordenamiento social debe estar regido por estos principios de equidad.
El Estado debe asegurar derechos a la ciudadanía, para que los sistemas de educación, cultura y salud pública, así como los beneficios para la vivienda popular, aseguren gratuidad, excelencia y calidad, conforme al principio de equidad ante la ley y ante el ordenamiento social.
El Estado garantizará el acceso a la vivienda básica, la cual debe tener condiciones dignas de espacio individual y comunitario, infraestructura y servicios de excelencia y calidad.
Establecer el Poder Constituyente, de manera que las modificaciones a la Constitución estén regidas por un sistema claro y se permita el mejoramiento del ordenamiento social regido por ella.
Establecer el Poder Revocatorio, de manera que cualquier mandato aprobado por la ciudadanía por medio de la elección de las autoridades, pueda ser revocado si éstas defraudasen a dicho mandato. Una ley especial establecerá el mecanismo revocatorio.
Toda autoridad elegida por la ciudadanía y todo funcionado designado en conformidad a la delegación de funciones realizada por cada mandatario, estará sometido a un juicio de residencia donde se podrá presentar cargos por abusos de poder, fraudes u otros delitos cometidos en ejercicio del cargo. Los funcionarios salientes quedarán con arraigo en el territorio estatal, hasta el cierre de su juicio de residencia.
Las Fuerzas Armadas deberán ser defensoras de la independencia y soberanía nacional, y nunca podrán ser utilizadas para reprimir al pueblo ni para intervenir en decisiones de tipo políticas. No serán deliberantes. Habrá un escalafón único y todo integrante de estas fuerzas, desde el soldado o clase, deberá tener las oportunidades para ascender a mandos superiores sin distinción de clases.
Las Fuerzas Policiales deben estar al servicio de la comunidad y los ciudadanos y su misión fundamental será el combate contra la delincuencia. La mantención del orden público no debe entenderse como la represión a las manifestaciones populares.
El atropello a los Derechos Humanos debe castigarse con la máxima severidad. Cualquier autoridad acusada con fundamentos de tales atropellos, debe cesar de inmediato de su cargo, quedando a disposición de los tribunales para su condena final.
El Estado garantizará a todos los ciudadanos una pensión de vejez mínima digna y suficiente para sus necesidades básicas, así como la gratuidad en todas las prestaciones de salud, proporcionando a las y los pensionados, medicinas e insumos de salud. Lo mismo deberá regir para las pensiones de invalidez o discapacidad, relativa o absoluta. Para ello, el Estado deberá establecer impuestos especiales dedicados a este objetivo, tanto a las ganancias de las empresas como de personas que ganen más de 10 veces un sueldo mínimo.
Las y los constituyentes deberán estudiar las normas establecidas en las cartas fundamentales de los Estados con mayores avances al respecto, respecto a los temas planteados, como son las constituciones de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, entre otras.
Llamamos a las y los precandidatos – candidatos a constituyente a comprometerse a luchar y abogar por estas normas fundamentales. Asimismo, a estar dispuesto a estudiar y acoger todas las observaciones en beneficio de otros derechos que la comunidad plantee a lo largo del proceso constituyente.
A los candidatos que les interese nuestro apoyo les pedimos su adscripción a estos principios y a manifestarlo públicamente.
Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
Comité Central
En aceptación de esta carta de normas constitucionales, firma...
Responder suscripciones a: mapusantiago@gmail.com
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