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viernes, 29 de septiembre de 2017

DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES Y PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Desde los albores de la Conquista, hasta la instalación del modelo neoliberal, el Wallmapu ha sido objeto de constantes invasiones. Tanto el proyecto colonizador hispano, como la política de ocupación de territorios del Estado chileno y los proyectos extractivistas del gran capital, han operado con extrema violencia contra el pueblo nación mapuche. Esto no nos deja indiferentes. Como historiadores, como profesionales de las Ciencias Sociales y como sujetos políticos, hemos manifestado, en más de una ocasión, nuestro repudio a estas prácticas coloniales y hemos hecho explícita nuestra solidaridad con las comunidades afectadas. En esta ocasión reiteramos:

1.     Nuestro reconocimiento a la justicia y legitimidad de las demandas y lucha del pueblo mapuche. En base a este reconocimiento expresamos nuestro apoyo a los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 113 días. Consideramos inaceptable que el Estado chileno aplique a los mapuche la espuria legislación dictatorial (Ley Antiterrorista Nº 18314, 1984) y que, en base a ello, pretenda castigar conductas estrictamente políticas que deben ser atendidas como parte de un conflicto que el propio Estado chileno desencadenó a fines del siglo XIX.

2.    Nuestro apoyo  a los siete dirigentes mapuche detenidos el 23 de septiembre (“Operación Huracán”) y formalizados por la justicia chilena bajo el cargo de “asociación ilícita terrorista”. Esta medida se inscribe en un contexto más amplio de escalamiento de las medidas represivas contra las comunidades en conflicto. Entre ellas cabe mencionar el constante asedio policial a las comunidades movilizadas, el allanamiento permanente de las viviendas de los mapuche, los controles camineros sobre sus desplazamientos, el acoso contra los presos políticos mapuche en las prisiones y el cerco mediático que han impuesto sobre el conflicto los medios de comunicación al servicio del capital.

3.  Nuestro emplazamiento al gobierno del Estado de Chile, y en particular a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria,  a desistirse de toda acción represiva contra las comunidades movilizadas. Cabe recordar que la propia mandataria, siendo candidata a la Presidencia de la República, se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche. En consecuencia, este es el momento para que el Estado chileno repare, de una vez por todas, los daños materiales y culturales infringidos al pueblo mapuche. Ello pasa, necesariamente, por su reconocimiento como pueblo nación, el respeto a su autonomía política en el territorio del wallmapu y el reconocimiento a su cultura y forma de vida ancestral.

4. Nuestra invitación a las organizaciones sociales y políticas a redoblar y multiplicar los esfuerzos movilizadores y solidarios con los mapuche perseguidos y encarcelados y con las luchas históricas protagonizadas por su pueblo. Consecuente con ello invitamos a los suscriptores de esta carta y a los estudiantes y profesores de Historia a hacer entrega de la misma en el Palacio de la Moneda el día 12 de octubre de 2017. Para ello los convocamos a reunirnos en las puertas del Archivo Nacional (Miraflores Nº 50), ese día 12 de octubre, a las 11.00 horas y desde ahí marchar hasta el Palacio Presidencial.

Santiago de Chile, 27 de septiembre de 2017

Por el Comité de Iniciativa

Dr. Sergio Grez Toso,
Universidad de Chile

Dr. Igor Goicovic Donoso,
Universidad de Santiago de Chile

Dr. Jorge Pinto Rodríguez,
Premio Nacional de Historia (2012), Universidad de La Frontera

Dr. Julio Pinto Vallejos
Premio Nacional de Historia (2016)
Universidad de Santiago de Chile


Hacer llegar su adhesión al correo electrónico: igor.goicovic@usach.cl, con copia a sergiogreztoso@gmail.com, indicando, nombre completo y filiación institucional.


domingo, 14 de septiembre de 2014

Un bombazo a pedido del cliente


Desde que comenzaron a levantarse los primeros movimientos de las clases proletarias y populares, por la redención y dignificación del mundo trabajador, la opción del atentado anónimo contra gente inocente, ha sido descartada. El cuartelazo, la desaparición forzada, el asesinato individual o masivo, han sido por lo general las armas de las clases en el poder, para imponer y perpetuar su sistema por EL MIEDO, EL TERROR.

El bombazo en el Metro, el 8 de septiembre, no nos evoca ninguna acción de fuerzas populares en su lucha por el cambio social. Más nos recuerda a los asesinatos que hizo la dictadura de Pinochet en la misma fecha de 1986, en venganza por la acción del Cajón del Maipo, en que el FPMR intentó ejecutar al tirano traidor a la Patria y a la Constitución. Para vengarse e imponer terror, la dictadura mandó matar al periodista José Carrasco Tapia, Pepone, a Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrazaga Manriquez  y a Abraham Muskatblit Eidelstein. Vaya nuestro recuerdo a los caídos de ese otro 8 de septiembre.

¿A quién, a qué intereses convendrá el clima de inseguridad que los medios oficiales han tratado de imponer tras el bombazo del 8?

Cualquier observador de la política podrá decir que un endurecimiento contra la protesta social (que no es lo mismo que la política atentatoria), sólo puede convenir a los que están en el poder. Se busca distraer la atención del tema de fondo, la incapacidad del gobierno neoliberal de Bachelet y sus nuevos amigos de la falsa izquierda; unas reformas débiles, transadas con el gran capital, pueden fracasar porque la ultraderecha ahora impone un discurso haciéndose la víctima. Pero se está generando la convicción, en la opinión pública que algo piensa, de que la ultraderecha es el principal sospechoso de ser la victimaria de este y de otros atentados, como los montajes realizados en la Araucanía para inculpar al pueblo mapuche.

Ya días antes del atentado del 8, se decía que la serie de amenazas de bomba de días anteriores, sólo convenían al ministro Peñailillo, que a través de producir un clima de inseguridad buscaría acumular más poder a través de justificar la creación de una nueva y más poderosa central de informaciones contra la protesta social.

El atentado, entonces, tanto conviene a los que quieren minimizar aún más las reformas, así como a los que buscan fortalecer los aparatos represivos.

Para eso el sistema también cuenta con infiltrados en organizaciones populares. De ahí que al poder represivo le sea fácil encontrar sospechosos de cualquier cosa, procesarlos, inculparlos y condenarlos. Es la política de los montajes.

En este escenario, parece muy difícil encontrar a los verdaderos responsables de este atentado y de los que puedan venir. El aparato represivo está detrás de los propios atentados, por lo que el hecho permanecerá impune o encontrarán alguien a quien culpar: algunos Sacco y Vanzetti, algunos Topp Collins y Sagredo, algún menor P.P.V. O cargarán a algún activista por “sapeo” de algún infiltrado que buscará así castigar y reprimir a alguien que por su activismo, haga mucho más por la causa popular que cien atentados.

Será difícil saber quién fue el cliente que mandó hacer el atentado.

MAPU en la Lucha


Bombazo en el Metro: Cómo el terror reemplazó la agenda de las demandas sociales
Por Víctor Guillou Vásquez | 09/09/2014

El primer atentado terrorista puro y duro en los últimos 24 años vino a sacar a las reformas claves de la agenda e instaló los cuestionamientos sobre el manejo de las policías y la seguridad pública. Nada se sabe aún de los autores, pero sí de qué efectos está produciendo en lo inmediato.

El repudiable atentado terrorista en la subestación de Escuela Militar que dejó a 14 personas heridas, produjo un cambio inmediato en la  agenda del Gobierno, que salió en pleno a rechazar el acto, a invocar el uso de la Ley Antiterrorista, y a pedir cambios a futuro en la legislación que define las facultades de las policías y de los organismos de inteligencia que operan en el país.

Pese a ello, de inmediato vino el cuestionamiento de la derecha y los ex ministros del ex presidente Sebastián Piñera hacia el manejo por parte del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Peñailillo, respecto de los últimos bombazos registrados en el país. Aunque ya se había anunciado el uso de la cuestionada legislación para el primer bombazo registrado el 13 de julio en un vagón del Metro, y que ahora también se invocó, desde la oposición se habló de “señales confusas” y las directivas tanto de RN como de la UDI pidieron al Gobierno que actúe con “mayor contundencia”.

Hoy, tras la sesión extraordinaria en La Moneda del Comité Operativo de Seguridad, la mandataria salió a decir que “no nos temblará la mano” en perseguir a los responsables, y además se anunció que el Ministerio Público contará con más de 100 millones de pesos para la investigación, tras un decreto firmado el pasado 3 de septiembre.

Adicionalmente, el ministro Peñaillo aseguró que el futuro proyecto que buscará perfeccionar la Ley Antiterrorista ingresará con “suma urgencia”, para agilizar así su tramitación.

Por ello, y aun cuando aún no exista claridad de quiénes y con qué objetivo se detonó una bomba en un día hábil y en un lugar y hora de alta concurrencia, sí son observables las consecuencias inmediatas que está teniendo a nivel político el atentado terrorista. Por lo pronto, reformas necesarias al sistema de inteligencia podrían llevarse a cabo en tiempo récord, lo cual desde ya levanta la preocupación de que dichos cambios no sean realizados de la mejor manera posible. Lo urgente puede no dejar tiempo a lo importante, dentro de lo cual pueden incluirse las transformaciones estructurales que se discutían en el país.

Qué dice la doctrina del Shock

El libro La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre, la periodista canadiense Naomi Klein postula que la experiencias “traumáticas”, como el mismo Golpe de Estado perpetrado en Chile el 11 de septiembre de 1973, han sido utilizadas para instaurar el “capitalismo del desastre”, doctrina formada al alero de los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrollados por el padre de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, con el objetivo de desmantelar los restos del Estado de Bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal.

Detrás de este “capitalismo del desastre”, se esconde una visión que vería todo evento trágico como una “oportunidad”, que saca provecho del trauma y miedio colectivo para “para promover e implementar reformas económicas y sociales de carácter radical sustentadas en los principios básicos del corporativismo, como son la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimientos de las empresas privadas y un gasto social prácticamente nulo”, como indica la reseña que hizo respecto del libro el antropólogo chileno Carlos Lange.

Tal como  menciona la  reseña, si bien el libro de Klein no constituye un estudio estrictamente académico, sí permite “comprender el proceso histórico de formación de una nueva clase dirigente, los denominados ‘neoconservadores’, y la evolución de los postulados ideológicos que sustentan su conformación, así como también sus estrategias de expansión e implementación en distintas regiones del mundo”.

El miedo herramienta de control

Para el sociólogo Raúl Zarzuri, Director de Centro de Estudios SocioCulturales (CESC), el primer atentado terrorista, ese que busca infundir miedo en la población atacando a civiles inocentes, “se escapa de las acciones que se venían dando desde el 2005 en adelante”, y agrega que “antes siempre eran de noche, en horas donde no había afluencia de público, y con baja probabilidad de heridos”.

Esa lógica que el atentado de este lunes rompió, era “de corte anticapitalista y antipolicial”, según afirma el académico, y pasó a ser “terrorista, con todas sus letras. Hay que llamarla así”.

Sin embargo, Para Zarzuri, “Chile no es un país donde el terrorismo esté imperando, no es ésa la situación. Sí tenemos esta última acción que se enmarca dentro de eso, pero tenemos que llamar a la tranquilidad, porque no estamos viviendo en Colombia o en los finales de los 70 y todos los ochenta, y menos como en Irak o en Afganistán”.

Junto con mencionar que “aún no se tiene claridad del sentido y la lógica de un acto de este tipo”, el sociólogo saca a colación la cobertura de los medios masivos de información, históricamente ligados a la derecha, y su estigmatización de grupos jóvenes, supuestamente “anarquistas”. “Se construyó incluso el imaginario de que eran jóvenes anarquistas asociados a colectivos estudiantiles (en alusión al polémico reportaje emitido la noche del lunes por Canal 13)”, indicó el sociólogo, y lo calificó de “casi un montaje”.

Para Zarzuri, la discusión en torno a las reformas del gobierno buscaba cambios que generan resistencias tanto en la derecha como dentro de la misma coalición de gobierno. “Evidentemente que la gente que no quiere esos cambios particularmente, podría estar tentada (a hacer actos terroristas). Esto lo digo tanto de la extrema derecha pero también de sectores radicalizados de una llamada ‘izquierda’ que también podrían estar en esto. No lo creo tanto, pero entremedio hay un montón de hipótesis”, analiza el sociólogo.

“Esta lógica que han instalado con el miedo por la Reforma Tributaria puesta por los empresarios, con otro tipo de miedo respecto de la Reforma Educacional, y con esto de montar que Chile es un país inseguro y donde hay demasiada mano blanda, que hay puerta giratoria, etc. culmina con esto, donde evidentemente el atentado le cae como anillo al dedo a esos sectores en los que se generan todas estas críticas, y que quieren que los procesos de cambios, que van a ser lentos, no comiencen”, señaló Zarzuri.

Consultado sobre si para él este atentado servirá para modificar fuertemente las atribuciones de las policías, Zarzuri afirma que “es lo que se tiene que hacer, si esto fue un shock, y ninguna persona puede desentenderse de lo que pasó ayer” pero agrega que “ahora tenemos que ver cómo va a reaccionar el gobierno”.

“No creo que este atentado modifique la agenda (del Gobierno) pero sí obliga a poner más atención en ciertos intereses que algunos sectores venían intentando poner, defendiendo el orden vigente en temas como el tributario”, lanza el sociólogo y advierte que “lo más preocupante sobre esto es que el Gobierno se apure,caiga en la tentación y empiece a estructurar lo que llaman la ‘Doctrina del Shock’ a partir del tema del miedo, se propicien medidas que vayan en contra de los derechos individuales de las personas, tal como advirtió el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Finalmente, Zarzuri apunta a la responsabilidad de los medios de comunicación en no infundir más miedo, y para ello cita el caso de la BBC (medio estatal inglés), “que en situaciones como ésta no utiliza el concepto de terrorismo, hasta que no haya claridad respecto de la situación”. “Me parece que si bien la detonación del artefacto provoca miedo, más miedo está generando cómo los medios le han dado cobertura. Insisto, Chile sigue siendo el país más seguro de América Latina, independiente de las recomendaciones de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña respecto de la visita de sus propios ciudadanos”, concluye el académico.

viernes, 15 de agosto de 2014

¿Abolirían ley antiterrorista?

INFORMACIÓN:

Diputados oficialistas presentan proyecto para derogar la ley antiterrorista

Publicado el 25 Julio 2014 Escrito por El Clarín de Chile

Tras la interpelación de la Alianza al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por la negativa del gobierno a aplicar la ley antiterrorista para perseguir los atentados incendiarios en La Araucanía, el diputado PS Marcelo Schilling (PS) presentó una iniciativa que deroga la Ley Antiterrorista de la Constitución. Asimismo, ayer el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe en el cual recomienda al gobierno chileno reformar esta ley y no aplicarla a la etnia mapuche.

Según explicó el diputado Marcelo Schilling, “ha quedado demostrado el último tiempo y durante esta interpelación, que la llamada Ley Antiterrorista se ha vuelto una ley anti mapuche y completamente ineficaz”.

“Esta ley no sirvió en el caso bombas, ni menos en este tema. La derecha ha pedido resultados concretos sobre la problemática que se vive en La Araucanía y en respuesta a ello es que presentamos esta iniciativa que deroga la Ley Antiterrorista y reemplaza algunas de sus disposiciones por indicaciones al Código Penal”, señaló Schilling.

En este sentido, el parlamentario socialista señaló que “tal como sostuvo el Ministro Peñailillo en su interpelación, los conflictos sociales no se resuelven policialmente”.

“Este instrumento es ineficaz, tanto en Santiago y como en regiones. Por eso esperamos que el gobierno aproveche esta oportunidad de hacer suyo nuestro planteamiento. Nosotros hemos llegado a la conclusión que esta ley no sirve para nada y por ello la derogamos”, concluyó el diputado Schilling.

El legislador socialista presentó la iniciativa en la sala de partes de la Cámara, la cual cuenta con las firmas de los diputados René Saffirio (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Osvaldo Andrade (PS), y los diputados PC Hugo Gutiérrez, Camila Vallejo y Daniel Núñez, además del diputado Sergio Aguiló (IC).


Nuestro comentario:

¿No será un hipócrita intento del gobierno para después decir: “Hicimos lo que pudimos”?

¿No es el mismo Schilling que lucró y se hizo su carrera política persiguiendo gente de izquierda cuando fue Sapo en Jefe de la “Oficina”?

¿La Democracia Cristiana va a poner sus votos a favor?

¿Van a dejar libres (con o sin derogación) a nuestros compañeros mapucista-lautarinos JUAN TAPIA y DELFÍN DÍAZ, encarcelados y condenados bajo estos mismos regímenes antipopulares? ¿Van a seguir presos luego de haber sido condenados por una ley derogada?

¿Van a ser reparad«s los pu peñi y pu lamgen injustamente encarcelados por leyes de Pinochet y de Aylwin? [1]



[1] Recordemos que no hay una sino varias LEYES ANTITERRORISTAS. Las primeras las creó el tirano Pinochet y sus asesores Jaime Guzmán y otros. Las siguientes las creó Francisco Cumplido para su jefe Patricio Aylwin. Estas fueron aplicadas contra el pueblo mapuche a iniciativa del super-traidor José Antonio Viera-Gallo, genio del mal en cuanto a burlar el Estado de Derecho.

QUEREMOS LIBRES A JUAN, A DELFIN, Y A TOD«S L«S PEÑI Y LAMGEN PRESOS: CON O SIN DEROGACIÓN, ¡LIBERTAD!

Fotos: activistas a la salida de la visita a presos políticos, en Carcel de Santiago (ex Penitenciaría), avda. Pedro Montt.

ES NUESTRO DEBER: VISITAR, APOYAR, 
LIBERAR A NUESTR*S PRES*S 
CHILENOS Y MAPUCHE

domingo, 20 de enero de 2013

CUARTA DECLARACIÓN DE HISTORIADORES RESPECTO DE LA CUESTIÓN NACIONAL MAPUCHE



Al igual que en enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando emitimos sendas declaraciones a propósito de los asesinatos por la espalda de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío perpetrados por las fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración queremos expresar nuestra preocupación y punto de vista por los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía que concluyeron con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y desataron una serie de allanamientos a diversas comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente:

1. Los hechos de violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Mediante una prolongada campaña militar, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asistenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos.

2. No obstante esta comprensión de las causas estructurales de la violencia en la Araucanía, lamentamos la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo modo como lamentamos toda pérdida humana, pero advertimos a la opinión pública que no es justo criminalizar a todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones representativas de dicho pueblo. En este sentido, coincidimos plenamente con una reciente Declaración emitida por un grupo de destacados investigadores mapuches especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades cuando señalan: “Creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. Refuerzan la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones políticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”.

3. Consideramos que solo un cambio radical de la posición del Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile. También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural.

Igualmente se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos políticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de la militarización de la Araucanía y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de los Derechos Humanos.

4. Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo con sentido de identidad propia y el derecho a lograr una mayor participación en la gestación de las políticas que consideren apropiadas para impulsar su desarrollo.

5. Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que opone al Estado de Chile y los empresarios de la Araucanía, por un lado, y el pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. Negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico.

La Araucanía - Santiago, 19 de enero de 2013.


Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012.
Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas
de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Fabián Almonacid, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción.
Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Universidad de Los Lagos, Osorno.
Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.
Mario Garcés Duran, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.
Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar.
Juan Ñanculef Huaiquinao, Jefe Unidad de Cultura y Educación CONADI Dirección Nacional –Temuco.
Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile).
Florencia E. Mallon, académica de University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos.
Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales.
Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania.
Fernando Pairicán, Magíster © Universidad Santiago de Chile.
José del Pozo, académico de la Université de Québec à Montréal (UQAM), Montreal, Canadá.
José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas.
Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena.
Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Sergio Caniuqueo Huircapan, Magister © Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Comunidad de Historia Mapuche.
Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso.
Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Margaret Power, académica del Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.
Pablo Aravena Núñez, académico de las universidades de Valparaíso y Viña del Mar.
Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos.
Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales.
Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones.
Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar.
Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Jorge Magasich, académico del Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) de Bruselas, Bélgica.
Bernardo Subercaseaux, académico de la Universidad de Chile.
Carlos Ruiz Rodríguez, académico del Instituto Profesional Chile, Carrera de Educación General Básica, Campus San Joaquín.
Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
Milton Godoy Orellana, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Claudia F. Rojas Mira, Dra © en Estudios Americanos especialidad Historia, IDEA,
Universidad de Santiago de Chile.
Claudio Pérez, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico.
Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile.
Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso.
Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
María Eugenia Albornoz Vásquez, Dra. © de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.
Enrique Fernández Darraz, académico de la Universidad de Tarapacá, Santiago.
Robinson Silva Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile.
Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.
Carlos Mondaca Rojas, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
César Cerda Albarracín, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Daniel Palma Alvarado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
Pedro Bravo Elizondo, académico de Wichita State University, Wichita, Kansas, Estados Unidos.
Mario Valdés Vera, académico de la Universidad de Concepción.
Ricardo López, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
Francisca Giner Mellado, académica de la Universidad de las Américas.
Jorge Iturriaga, Dr. en Historia Pontificia Universidad Católica.
Alfredo Lastra Norambuena, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Polonia.
Luis Corvalán Márquez, académico de la Universidad de Valparaíso.
Luis Cruz Salas, investigador independiente.
Viviana Gallardo Porras, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mathias Ordenes Delgado, académico de la Universidad Católica de Temuco.
Carlos Gabriel Alfaro Hidalgo, académico de la Universidad Católica del Norte.
Jorge Rivas Medina, académico de las Universidades ARCIS y UCINF.
Michael Reynolds, académico de la Universidad de Chile.
María Soledad Jiménez Morales, académica de la Universidad Alberto Hurtado.
Ricardo Vargas Morales, académico de la Universidad ARCIS Sede Concepción.
Viviana Bravo Vargas, académica de la Universidad Autónoma de México, México.
Gina Inostroza Retamal, académica de la Universidad ARCIS, Sede Concepción, integrante Corporación Instituto Mujeres del Sur (ONG).
José Luis Cifuentes Toledo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.
Danny Marcelo Ahumada Vargas, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Pablo Artaza, académico de la Universidad de Chile.
Carolina Andaur Marín, académica de la Universidad Viña del Mar.
Patricio Herrera González, Doctorando en Historia de El Colegio de Michoacán, México.
Martín Correa Cabrera, investigador independiente.
José Luis Tasso Valdés, académico de la Universidad UCINF.
Manuel Andrade Valenzuela, Comisión Ética Contra la Tortura.
Eduardo Godoy Sepúlveda, Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
Rodrigo Henríquez Vásquez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Peralta, Editora de textos escolares de Historia y Ciencias Sociales.
Bárbara Chiu Stange, profesora de Historia.
Juan Guillermo Muñoz Correa, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Víctor Muñoz Cortés, Santiago, investigador independiente.
Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos IDEA-Universidad de Santiago de Chile, Becario CONICYT.
Hernán Delgado, académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno.
Lucía Valencia Castañeda, académica Universidad de Santiago de Chile.
Isabel Jara, académica de la Universidad de Chile.
Xochitl Inostroza, Dra. © en Historia, Universidad de Chile.
Alberto Harambour Ross, académico de la Universidad Diego Portales.
Isabel Möller, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Daniel Madariaga Arias, profesor de Historia.
Gustavo Martin Montenegro, professor del Holy Spirit College de Wollongong, NSW, Sidney, Australia.
Luis Azúa, Licenciado en Historia, París, Francia.
Dina V. Picotti, académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Mario Matus González, académico de la Universidad de Chile.
Armando Chaguaceda, académico de la Universidad Veracruzana (México) y Coordinador de Grupo de Trabajo de CLACSO.
James Cockcroft, académico jubilado de la State University of New York, Estados Unidos.
Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile.



sábado, 14 de enero de 2012



Escrito el 11 enero 2012
Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción; Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción y el Padre José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur -integrantes de la Comisión de Defensa por los Derechos del Pueblo Mapuche- queremos expresar a la opinión pública:


1. Nuestra profunda preocupación por la creciente tensión que se ha generado en la región de la Araucanía a propósito de hechos de incendio que se investigan y que lamentablemente cobraron la vida de siete brigadistas en la localidad de Carahue. Le entregamos nuestras más sentidas condolencias por esta tragedia a sus familiares como asimismo a aquellas personas que han perdido sus bienes.

2. Nuestra extrema preocupación frente a las declaraciones que han hecho las autoridades políticas emitiendo juicios que exacerban un clima de prejuicio y desconfianza contra las comunidades mapuche y que en nada contribuyen a solucionar los problemas del pueblo mapuche.

3. Nuestra confianza en que el Ministerio Público y los tribunales de justicia competentes en esta materia investiguen, procesen y sancionen, si se establece algún tipo de responsabilidad penal derivada de la legislación común, desestimando la invocación y aplicación de la Ley Antiterrorista.

4. Nuestro rechazo a la violencia con que en ocasiones ha actuado Carabineros en la región. En este sentido cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Temuco ha dictado al menos dos fallos en los que conmina a Carabineros a enmarcar sus procedimientos dentro de los límites que la ley y el respeto a los derechos humanos les impone. En particular el cuidado que requiere este accionar cuando se pueden ver afectados en dichos operativos mujeres, niños y niñas.

5. Nuestro llamado a las autoridades nacionales y de la Región a emprender un camino de diálogo que nos acerque a la solución de los problemas ancestrales del pueblo mapuche, y a cumplir con su tarea de resguardo de la paz social con pleno respeto a los derechos de las personas y de las comunidades, como corresponde a un régimen democrático.

viernes, 3 de junio de 2011

CONDENA A PRESOS MAPUCHE: SIGUE HUELGA DE HAMBRE


L«S FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE COMUNICAMOS LO SIGUIENTE:

1) Que repudiamos el fallo de la Corte Suprema en tanto avala la Aplicación de la Ley Antiterrorista, la utilización de los testigos secretos y las faltas al debido proceso, sentando un grave precedente para los próximos juicios a mapuche. Así mismo en dicho fallo se hace vista gorda a los métodos de tortura utilizados por parte de la PDI.
Junto con esto constituye un fallo contradictorio a las resoluciones de los Tribunales Militares y de la Corte de Apelaciones de Concepción.

2) Que nuestros familiares fueron condenados a 8 años en el caso de Llanquileo, Huenuche y Huillical, y 14 años, en el caso de Héctor Llaitul, debido a las agravantes producto de una condena anterior por Ley de Seguridad Interior del Estado (Pascual Coña - 2001). Lo que constituye un “negociado” que rechazamos en tanto no se ajusta a derecho. El Derecho es categórico, no se acomoda a presiones políticas y económicas.

3) Porque se les ha negado la justicia y porque en este país se continuará aplicando la Ley Antiterrorista, nuestros familiares han decidido continuar la huelga de hambre y recurrir prontamente a los Tribunales Internacionales.

4) Por ultimo, advertir al pueblo chileno de la gravedad que implica que el máximo Tribunal Chileno de luz verde al Ministerio Publico para la Aplicación de la Ley Antiterrorista para perseguir no sólo la lucha mapuche si no que también a cualquier movimiento social chileno que ponga en riesgo los intereses de los grupos económicos.

5) Por último, como familiares, hacemos un clamor urgente por la vida a la Iglesia Católica, en su calidad de garante y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a ayudarnos a buscar una salida a esta huelga de hambre.


FAMILIARES PPM - CAM

http://indigenasurbanos.blogspot.com/2011/06/condena-presos-mapuche-sigue-huelga-de.html



martes, 22 de marzo de 2011

LAS RAZONES DE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHES DE LA C.A.M


Los PPM recluidos en la cárcel de Lebu a siete días de haber iniciado una huelga de hambre liquida, un hecho que para nosotros, nuestra familia y el pueblo mapuche no es algo menor. Consideramos entonces las razones a esta drástica determinación que viene a tomar el carácter de denuncia y exige un trato justo ante instancias judiciales, respetando los derechos fundamentales que garantizan un debido proceso. Así en la medida que conocen los detalles y pormenores del proceso judicial se desprende el carácter político jurídico que este adquirió desde el primer momento, en este escenario participan diversos actores que tienen mucha relevancia al momento de asumir responsabilidades y dependiendo de la dirección que este tome influirá en las variaciones que pueda tomar esta huelga de hambre.
Aquí las razones de esta movilización:
1.- LOS TESTIGOS SECRETOS, INSTRUMENTO DE LA LEY ANTI-TERRORISTA
La Ley Anti-terrorista o ley 18.314fue usada durante todo el proceso judicial por parte del Ministerio Público, los querellantes y con la complicidad del gobierno. Esto ha quedado en evidencia y de forma explícita en las audiencias del Juicio Oral en donde el Tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada en dicha ley, he incluso este tribunal adicionó más seguridad a este secretismo; permitiendo que declararan en una sala contigua y a través de circuito cerrado de Televisión lo que imposibilitó que nuestra defensas tuvieran la posibilidad de contrainterrogar de forma directa y se diera el principio de inmediatez que debe regir en todo juicio oral y en un sistema judicial garantista.
Pues es así como ingresaron una a una las declaraciones de los testigos secretos y producto de ello dos de tres jueces que condenaron; los señores Carlos Muñoz y Jorge Díaz se formaron la convicción de nuestra supuesta participación en los hechos investigados y juzgados.
Esto ha quedado mucho más claro con la lectura del Veredicto Condenatorio en donde los argumentos principales de nuestra condena está basada en las declaraciones de dos testigos secretos, número 26 y número 8.
En concreto, si bien en la sentencia no se aplicó la Ley Anti-terrorista, para la tipificación de los delitos si se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que solo la cuestionada Ley Anti-terrorista permite como medio de prueba.
Misma situación en la que ya ha sido condenado el Estado chileno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la Ley Anti-terrorista y los testigos secretos en causas mapuche.
Es más, el Gobierno de Chile, en un acuerdo firmado, se comprometió a no utilizar la Ley Anti-terrorista, pero lo que pasó en el juicio fue algo totalmente diferente ya que el abogado en representación del Gobierno chileno en todo momento se allanó a la utilización de los testigos secretos que como ya dijimos, únicamente los permiten la Ley- Anti-terrorista. En resumen; El Gobierno chileno sigue aplicando la Ley Anti-terrorista en causas mapuche.

2.- Un hecho público y notorio que se dio tanto en los casi dos años de investigación, como en el ejercicio del juicio la violación de garantías constitucionales que a continuación pasamos a detallar:
a) Dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete acogieron como prueba condenatoria el testimonio de oídas de un alto oficial de la PDI: Don Alfredo Espinoza, quién en su declaración ante el Tribunal dijo haber escuchado una declaración de un comunero imputado, en la cual, según el oficial, el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros. Pues bien en el contra-interrogatorio hecho por la defensa no solo quedo claro que parte de lo que el oficial reprodujo en el Tribunal, en realidad no estaba en las declaraciones que él había escuchado, específicamente la parte donde el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros, además el propio Sr. Espinoza al responder las preguntas de la defensa deja de manifiesto que durante todo el proceso de detención y posterior al interrogatorio al comunero co-imputado se habían violado garantías constitucionales fundamentales. Si bien el oficial no reconoció las acusaciones de tortura que se le atribuían a él y a su equipo de detectives compuesto además, por el Sr. José Luis Gallegos, Sergio Ogueda y José López Leiva, los dos últimos supuestas víctimas del hecho investigado, acusaciones puesta por el comunero y su defensa, si reconoció que:

- Las dos declaraciones atribuidas al comunero se habían firmado luego de 17 y 20 horas de detención respectivamente.
- No existía registro de que él y los oficiales, que aparecen tomando la declaración, hayan leído sus derechos al comunero co-imputado.
- Que esas declaraciones se tomaron sin un abogado defensor como exige la ley.
- Que en la declaración policial estaban presentes el Sr. López y el Sr. Ogueda, quienes por ser víctimas del hecho en cuestión deberían estar inhabilitado para realizar diligencias de la investigación.

Cabe mencionar que éste comunero denunció estos hechos e incluso su familia, interpuso una querella por apremios ilegítimos en la ciudad de Temuco, en contra de la PDI. Dicha querella debería hacerse extensiva a la PDI de Concepción, específicamente, a los oficiales mencionados anteriormente, pero en un hecho sin precedentes la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de Tortura denunciados por el comunero mapuche.

mas informacion en http://werkenkvrvf.blogspot.com/

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RICHARD  CURINAO.P.
 Comunicador Social Mapuche