El caso Woodward. Asesinatos de SACERDOTES
por Mauricio Buendía - Punto Final. Libertad Ahora. Chile, febrero de 2007.
http://www.libertad.dm.cl/woodward.htm
El mar ha besado las costas de Valparaíso desde siempre, es amor antiguo que maravilla a cormoranes y a los faros enclavados en el corazón de la bruma porteña, los mismos que lloraron espantados ante el horror que se cernió sobre la ciudad la madrugada en que las fuerzas armadas salieron a matar.
Y la Armada quizás fue la más brutal: la que torturó, violó y asesinó a millares de hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto.
El sacerdote Miguel Woodward fue uno de ellos. Sus familiares, en especial su hermana Patricia Woodward y su cuñado Fred Bennetts, buscan desentrañar el misterio que rodea su muerte producto de la conspiración de silencio de la Armada. Un silencio que a ratos abruma y duele, pero que no ha logrado amilanar a aquellos que buscan la verdad de lo sucedido a Miguel, un sacerdote obrero que vivió y murió junto a los trabajadores.
José Gutiérrez, sacerdote porteño que le conoció y compartió con Miguel, señala que la Armada “al proteger a los culpables, al silenciar y callar, por lo menos se hace cómplice de una injusticia muy grande. Porque en algún momento la Armada dio instrucciones de quemar todos los documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos que pudieran comprometer a la institución”.
Dicha afirmación es corroborada por Patricia Woodward, quien sostiene que en las postrimerías “del período del almirante Merino éste dio orden de quemar todo”. Sin embargo, no han podido destruir toda la evidencia y menos aún quebrantar el espíritu de sus familiares, que según Gutiérrez han realizado una labor “admirable, pues han luchado prácticamente solos contra todo y todos”. Y así, poco a poco, han ido obteniendo retazos de información que han puesto en manos de la justicia y hoy, a 33 años del asesinato de Miguel y a cinco años de haber presentado una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se vislumbra una luz al final del túnel lo cual -indica Fred Bennetts- nos hace pensar que, “en principio, se habría identificado a los autores materiales del asesinato. Pero aún queda por ver hasta dónde llegarán las responsabilidades, porque aquí existen autores intelectuales, cómplices, encubridores”. Y no sólo la Armada ha ocultado información: tampoco la Iglesia o el gobierno han ayudado a encontrar la verdad.
LARGO CAMINO HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Miguel Woodward fue detenido el 22 de septiembre de 1973 por una patrulla naval en su domicilio del cerro Placeres, en Valparaíso. Era un sacerdote católico comprometido con su pueblo y con el proyecto que impulsaba la Unidad Popular. Era presidente de la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios) local y, además, era miembro del Mapu (Movimiento de Acción Popular Unitaria), todo lo cual le había valido el desprecio de la Iglesia, que le había suspendido de sus funciones sacerdotales. Se sabe que, con posterioridad a su detención, fue trasladado a la comisaría de Carabineros del cerro Barón y ulteriormente a la Esmeralda, donde fue torturado. Allí comienza la conspiración de silencio que ha urdido la Armada para ocultar el crimen.
De hecho, sostiene Bennetts, “el almirante Guillermo Aldoney hizo una declaración al abogado Pedro Aylwin, en la Comisión Rettig, donde señaló que mientras Miguel todavía estaba en la Esmeralda le informaron lo que había pasado y que dio instrucciones para llevarlo al Hospital Naval. Es más, dijo que Miguel había muerto como consecuencia de malos tratos, que al interrogador se le había pasado la mano”, incluso, señala Patricia, “el actual comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, ha declarado que Miguel habría sido torturado en otro sitio, pero no dice en cuál. El se centra casi exclusivamente en la Esmeralda y si Miguel fue torturado ahí o no, porque pareciera que es lo que más les duele”.
La imagen del buque-escuela Esmeralda, símbolo de la Marina chilena, pareciera preocuparles más que la vida de un ser humano. Por ejemplo, dice Fred, “en el marco de la investigación judicial a raíz de la querella interpuesta por Patricia sabemos de fuente fidedigna que la magistrada anterior, Gabriela Corti, tenía intención de hacer una reconstitución de escena en la Esmeralda en marzo de 2004. Entonces apareció en su oficina un almirante argumentando que sería muy dañino para la imagen de la Armada, pidiéndole que postergara dicha reconstitución hasta que la Esmeralda volviera de su crucero de instrucción en septiembre. Poco después, la ministra Corti cerró el caso y la reconstitución nunca se hizo”.
La Armada ha negado esta flagrante intervención en la labor judicial. Es más, en declaración pública, el almirante Cristián Millar, secretario general de la Armada, expresó haber “seguido estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justa una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya reunido con alguien ajeno al quehacer de la Marina, o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”. Es decir, dice Bennetts, “curiosamente dice que -quizás- alguien informalmente se pudo haber entrevistado con la jueza. No niega la posibilidad de que alguien haya conversado con la jueza por cuenta propia, mas todos saben que en una institución armada, altamente jerarquizada, ello es imposible”.
El mismo oficial señaló que entendía “el legítimo dolor de la familia de Miguel Woodward y el derecho que tiene a saber la verdad. No obstante, la información que tenemos es que al parecer él llegó maltratado a las cercanías del buque y ahí se le atendió médicamente, resolviéndose llevarlo al Hospital Naval. No podemos afirmar que Woodward estuvo a bordo de la Esmeralda”. Sin embargo, dicha afirmación es contradicha por las declaraciones del almirante Aldoney que señala haberse enterado de la gravedad de la situación de Woodward cuando el sacerdote aún se encontraba en la Esmeralda. Asimismo, se sabe que el capitán de navío Carlos Fanta, comandante del crucero Latorre al momento del golpe, declaró que él había ordenado enviar un médico a la Esmeralda que admitió haber atendido a Miguel en la cubierta del buque, aunque posteriormente se desdijo de esta declaración sosteniendo que había atendido a Miguel Woodward en el molo de abrigo, donde se encontraban la Esmeralda, buques de guerra y el mercante Maipo, de la Compañía Sudamericana de Vapores, atiborrado con prisioneros. El capitán Fanta fue exonerado de la Armada tiempo después y su testimonio se perdió en los intrincados vericuetos de la burocracia y un singular silencio.
Según Fred Bennetts “el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux, negó la existencia del testimonio del oficial Carlos Fanta. El abogado Pedro Aylwin, miembro de la Comisión Rettig que entrevistó al capitán Fanta, nos dijo que él había redactado un informe detallado en su computador, imprimiéndolo para que fuera incorporado a los archivos de la Comisión Rettig. Ese informe ha desaparecido de los archivos”. Bennetts añade que el mismo abogado “nos señaló que un consejero de la Comisión Rettig se había dejado presionar por la Armada y, pensamos, que fue por el comandante en jefe de esa época, almirante Jorge Martínez. Le pedimos a Aylwin que hiciera una declaración pública en relación a los mencionados hechos, pero éste, aduciendo razones éticas, no lo hizo. Asimismo, sostuvo que debía consultar la situación con el ex secretario de la Comisión Rettig, Jorge Correa, y no supimos más. Le escribimos personalmente a Correa, pero nunca respondió”.
ENCUENTRO CON EL ALMIRANTE CODINA
Es evidente para los familiares de Miguel Woodward que se ha verificado un ocultamiento de información que -de acuerdo a Fred- “ha continuado todos estos años. Y no sólo en el caso de Miguel, sino que ha existido un deliberado y sistemático ocultamiento de lo que aconteció en Valparaíso y la V Región. La muestra más reciente es la fosa común hallada en el cuartel 14 del cementerio porteño, pues cuando se realizaban excavaciones para erigir el memorial de Miguel, aparecieron quince cuerpos y al menos dos presentaban impactos de bala en la cabeza. Pero nadie ha investigado esto. Además, se encontró una vainilla de un proyectil calibre 7.62 que, de acuerdo a los expertos, se utilizaba por la OTAN”. Es decir, eran usados por armas de fuego de tipo militar. Por ello, y otros antecedentes, estamos convencidos, asevera Patricia, “que era uno de los tres cuarteles donde la Armada enterró gente que traía en camiones. El cuerpo de Miguel lo llevaron dos marinos y lo inscribieron en el libro de ingreso como ‘fosa común’, pero un funcionario del cementerio, por ser Miguel sacerdote, quiso ubicarle una fosa individual y decidió enterrarlo en el cuartel 13, donde se realizaron ahora las excavaciones”. Estas excavaciones fueron ordenadas por la jueza Eliana Quezada, quien asumió la investigación del caso Woodward luego que Patricia apelara a la resolución de la jueza anterior que había sobreseído el caso. De acuerdo a información recabada por los familiares de Miguel, en el cuartel 13 del cementerio de Playa Ancha no se habían removido cuerpos desde 1977, por lo que era probable que se hallaran ahí restos de ejecutados con posterioridad al golpe militar. No obstante, recientemente se enteraron que en 1989 hubo, “como nos dijeron, una ‘barrida general’. Sacaron todos los cuerpos y los tiraron en alguna parte. Aparentemente tenían la intención de construir más nichos, pero eso nunca se hizo”.
Patricia es clara en plantear que “a pesar de que se encontraron osamentas muy pequeñas y que los expertos nos dijeron que eran de los años sesenta, había que excavar de todas maneras”. Son pasos que hay que dar, como el encuentro que se realizó con los almirantes Rodolfo Codina y Cristián Millar. “En enero de este año, dice Patricia, tuvimos una reunión con el almirante Codina y el almirante Millar en la biblioteca Severin, de Valparaíso. La idea era que cada uno de nosotros -éramos alrededor de ocho personas relacionadas con el tema de los derechos humanos- expusiera su punto de vista al comandante en jefe. Planteamos básicamente la necesidad de entregar información, pero obtuvimos la misma respuesta de siempre: ‘no tenemos más información’”.
A pesar de las constantes y sistemáticas negativas a colaborar, la Armada entregó a la jueza Quezada los nombres de todos los componentes de la unidad externa que interrogó a los prisioneros en la Esmeralda. Casi todos infantes de marina. Esto fue en respuesta al requerimiento del abogado que presentó querella por torturas en contra de la Armada en el caso de otra prisionera torturada en la Esmeralda, María Eliana Comené. Lo curioso, dice Bennetts, es que “la anterior magistrada, Gabriela Corti, antes de cerrar el caso nos dio acceso al sumario. Estaban las declaraciones de todos los oficiales a bordo del buque el año 73. Es muy llamativo que, casi sin excepción, todos decían lo mismo y empleaban los mismos términos: ‘El trato de los prisioneros era estricto, pero no hubo apremios’. Entonces, está muy claro que antes de dar su testimonio la Armada los reunió e instruyó al respecto”.
Asimismo, no deja de ser sospechoso que, hace un tiempo, un grupo de ex presos políticos de Valparaíso, todos militantes del Partido Socialista, se aprestaba a “presentar una querella contra la Armada y a última hora se desistieron. Según algunos, hubo una llamada personal de La Moneda presionándolos para que no lo hicieran. En todo caso, creemos que en todo este proceso de ocultamiento de información hay dos piezas claves: el auditor general de la Armada, y el jefe del Servicio de Inteligencia Naval”, el mismo organismo que llevó a cabo la represión inicial contra partidarios de la Unidad Popular luego del golpe de Estado.
¿PUEDE HABER JUSTICIA EN UN PAIS DONDE PREVALECE LA IMPUNIDAD?
El camino recorrido ha sido ciertamente sinuoso y plagado de dificultades para descubrir la verdad de lo acaecido con el sacerdote Miguel Woodward. La Armada insiste en que no posee información y a lo sumo, ha propuesto un acto de desagravio en el buque Esmeralda, que apunta más a un acto de limpieza del barco que de reconocimiento de los crímenes cometidos por miembros de la Marina. Además, da la impresión que sólo en ese lugar se hubiese torturado a prisioneros políticos, cuando es conocido -y así ha sido consignado en distintos informes- que se utilizaron numerosos recintos navales. Entre ellos: la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, la Escuela Naval, el campo de concentración de Isla Riesco o Melinka, entre otros.
Por lo mismo, no deja de sorprender que virtualmente ningún funcionario de la Armada haya sido procesado por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en Valparaíso y ciudades adyacentes. Es obvio que ha habido encubrimiento de todas las atrocidades cometidas por oficiales y tropa de la Armada en la Región. De hecho, sostiene Fred, “no parece haber claridad en cuanto al número real de víctimas en Valparaíso, porque no se trata solamente de los muertos oficiales -126 asesinados y 36 desaparecidos-. Hubo mucho más muertos”.
Esto fue confirmado por Luis Bork, abogado que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Valparaíso. Ellos hicieron un estudio en el año 1986 y les sorprendió que la gente y los familiares estuvieran dispuestos a hablar y a declarar en plena dictadura. Allí constataron la desaparición de 89 personas en la V Región. Cuatro años más tarde, en 1990, entregaron una copia de ese informe a la Comisión Rettig y poco tiempo después, sus oficinas fueron saqueadas y robaron todos los archivos, todos los casos presentados a juzgados, fiscales navales y, por supuesto, el informe entregado a la Comisión Rettig. Ese informe nadie lo tiene.
EL MAPU DICE:
HONOR Y GLORIA A L*S MAPUCISTAS CAÍD*S
VERDAD Y JUSTICIA. IMPUNIDAD JAMÁS.
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