Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
Sabas Chahuán retoma sus funciones este martes 24
Fiscal Nacional retrocede y evalúa sacar a Montes de la arista SQM
A raíz de los amplios cuestionamientos públicos por la designación y desde sectores políticos incluido el bloque oficialista, el Ministerio Público estaría considerando revisar la decisión en torno a la causa que persigue determinar fraude tributario al interior de la empresa minera y que presuntamente incluye financiamiento irregular de campañas en el que hasta ahora aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayoría.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015
Sorpresivo comunicado a última hora de hoy, después que se vinculara a Nueva Mayoría
Pentagate: Fiscalía le quita arista Soquimich a Gajardo y la pone en manos del hijo del senador Montes
Cerca de las 20:00 hrs. la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que existiría un cambio en la dirección de la investigación del controversial Caso Penta. Ya no será el fiscal Carlos Gajardo, quien inició las indagaciones, el que estará a cargo de una de las nuevas aristas del escándalo, SQM, sino que un nuevo fiscal, Andrés Montes. Esto, luego de que en una semana negra para la coalición gobernante, por el caso Dávalos, además se dieran luces de una real vinculación con el Pentagate.
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2015
Interponen querella por supuesta falsificación del título universitario de José Miguel Insulza
Fuente: Verdad Ahora.
18 de febrero 2015
18 de febrero 2015
Un empresario chileno de origen canadiense presentó una querella en contra del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, por la presunta adulteración del certificado de licenciatura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
Senadores, diputados y dirigentes enfrentan procesos en la Justicia
Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales
El último mes ha estado marcado por los procesos judiciales que enfrentan senadores como Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar –quién será formalizado por fraude al fisco– y el diputado UDI Felipe de Mussy, quien forma parte del ramillete gremialista cuestionado por el Caso Penta. Según analistas, una ciudadanía crítica, un mayor acceso a la información y un hastío por cómo la clase política dirige al país, cambiaron las condiciones que reinaron en la transición y pusieron un potente foco sobre los movimientos del poder.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
UNA LUPA GIGANTE
Para la directora de investigación e incidencia de la fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, el actual panorama se configura a partir de dos hechos claves: la promulgación de la Ley de Transparencia y la indignación ciudadana con los abusos y la forma de hacer política en Chile: “La ciudadanía está más indignada por el tema de los abusos. Es un tema bastante mundial, yo creo que la ciudadanía está pidiendo más participacion en los asuntos públicos, ya no estamos tan desde afuera, estamos exigiendo más. Más rendición de cuentas, más transparencia”.“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
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