lunes, 23 de febrero de 2015
La Legua, Santiago de Chile, antes de irrumpir en las grandes alamedas
Como tantas otras poblaciones periféricas, La Legua, barrio de Santiago, está sometida a la intervención militar-policial con la excusa del narcotráfico. Sin embargo, en medio de la pobreza y la represión, resisten creando vida y comunidad, con las mujeres y los jóvenes como los actores más destacados.
“Aquí el Estado tiene las garras bien puestas, nos tienen la bota encima, pero bailamos. No le pedimos nada al Estado porque somos una comunidad digna”. Las palabras atraviesan el aire denso de un mediodía caluroso y parecen posarse lentamente sobre los que compartimos la ronda. “La autogestión es nuestra dignidad”, dice Emerson, levantando la voz para que el círculo de casi cincuenta personas pueda escucharlo[1].
El “nosotros” al que se refiere Emerson son los miembros de la Casa de la Cultura de la Legua, en el sur de Santiago (Chile), uno de los barrios más emblemáticos por su prolongada resistencia, tanto en dictadura como en democracia. La Casa es una gran sala seguida de una pequeña cocina, patio, baño y algún dormitorio. En el centro del salón destaca una gran bandera mapuche que cobija la asamblea.
Nos recibieron con almuerzo: pescado frito, ensaladas y jugos frescos, pero lo más delicioso fue el borgoña, un cóctel tradicional de vino tinto y frutillas que aplaca la sed y el calor. Después nos colocamos en ronda y Emerson, uno de los más jóvenes de la Casa, abrió el trawün, encuentro en mapudungun, destacando el carácter autónomo de todos los trabajos que realizan.
En la Casa funcionan tres talleres en los que participan la mayor parte de los que integran el espacio: “telar mapuche”, “ser y cosmovisión mapuche” y “ciencia política a la mano”, donde discuten cómo organizarse y luchar pero sin recaer en modales académicos. “Se trata de desaprender la cultura política de vanguardias que aprendimos en las organizaciones”, dice Cristian.
La Legua son en realidad tres poblaciones que suman algo más de 15,000 personas. La Legua Vieja se fue poblando desde principios del siglo XIX por obreros que llegaban desde el norte cuando comenzó el declive de la industria del salitre. Se fueron a vivir a “una legua” del centro de la ciudad, que por esos años eran terrenos baldíos. En 1947 se crea La Legua Nueva que fue “la primera toma organizada de la que se tiene noticia”, según el historiador Mario Garcés[2].
Mientras las callampas se forman por agregación individual de las familias, que construyen viviendas precarias con materiales de desecho y se ubican en riberas y ríos y faldas de montañas, las tomas son organizadas por cientos de vecinos que llegan todos juntos al terreno escogido, levantan las viviendas en poco tiempo, marcan los sitios para viviendas y los destinados a espacios públicos, incluyendo escuela, dispensario de salud y espacio para la organización vecinal.
Finalmente, La Legua de Emergencia se formó en 1951 cuando el Estado asignó casitas sólo durante seis meses a personas que provenían de callampas y conventillos del centro, muchos en la ribera del río Mapocho. Eran precarias y estrechas (“dos piecitas de madera, cocina y baño, sin patio”, recuerda una vecina[3]) pero mucha gente permanece hasta hoy.
Garcés asegura que La Legua es “una de las poblaciones más emblemáticas de Santiago”. Destaca sus capacidades organizativas y políticas: “Contó con poderosas organizaciones vecinales en los años 50 y 60, y fue el único asentamiento urbano donde se combatió a los militares el 11 de setiembre de 1973”[4].
Dos poderosas corrientes se fusionaron en la población de La Legua, al igual que en otra poblas del cinturón industrial: los partidos de izquierda, sobre todo comunistas y socialistas, y los sacerdotes católicos que amparaban las organizaciones vecinales desde la Parroquia de San Cayetano, semillero de militantes vecinales y alero en el que se cobijaron de la represión durante la dictadura.
Lo sucedido el 11 de setiembre de 1973 aún resuena en el barrio. Una detallada investigación realizada por los historiadores Garcés y Sebastián Leiva, relata los cuatro enfrentamientos que hubo en el barrio ese día, protagonizados por jóvenes de los partidos Comunista y Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En las acciones de defensa del gobierno de Salvador Allende confluyeron pobladores, sindicalistas y militantes de izquierda.
Un primer combate se produjo en una fábrica vecina al barrio, con decenas de militantes de varios partidos, entre ellos Miguel Enríquez, máximo dirigente del MIR que caerá en un enfrentamiento en octubre de 1974. Los militantes armados estaban cercados en la fábrica INDUMET, rompieron el cerco disparando y se refugiaron en La Legua donde los vecinos los acogieron[5].
Poco después ametrallan un autobús de Carabineros y los obligan a rendirse. En otra fábrica del barrio donde se habían agrupado los resistentes, la textil SUMAR, los trabajadores armados ametrallaron un helicóptero militar que tuvo que retirarse con daños en las aspas al recibir 18 disparos que impactaron el aparato. El mayor enfrentamiento se produjo por la tarde, cuando dispararon a un autobús con 25 Carabineros y dos oficiales. Hubo muertos de ambos lados.
Las incursiones militares en los días siguientes incluyeron tanques de guerra y disparos a cualquier persona que saliera a la calle. El domingo 16 de setiembre cercaron el barrio, los aviones pasaron rasantes sobre las casas para intimidar, allanaron todas las viviendas, golpearon a los varones en las calles, destruyeron sus pertenencias y se llevaron 200 detenidos. Algunos nunca aparecieron y varios de los que participaron en los enfrentamientos del día 11 fueron fusilados. Se calcula que la represión posterior al golpe causó 42 muertos en La Legua. Venganza contra una población combativa.
Pero ya en diciembre la población empieza a perder el miedo. Acompaña el funeral de las víctimas del Plan Leopardo, el asesinato de cinco militantes comunistas, pero “más tarde, lentamente las organizaciones fueron resurgiendo, sobre todo al alero de la Parroquia San Cayetano. Allí se fueron reagrupando cristianos y no cristianos para apoyarse en la sobrevivencia”[6].
Ser mapuche en la ciudad
Artes y Oficios es una calle angosta flanqueada de viviendas bajas, pobres pero no precarias, entre la avenida Las Industrias y la plaza Salvador Allende, donde funciona un mercado popular. En el número 343 está la Casa de la Cultura. A unos diez minutos del Estadio Nacional, donde pobladores de La Legua y de otros barrios industriales fueron trasladados aquel 11 de setiembre.
El ambiente es austero, como el barrio. Unos jóvenes fuman en la puerta, las mujeres cocinan en el fondo y otros trasiegan sillas y mesas. El encuentro forma parte de la feria de libros y organizaciones populares “América Leatina Desde Abajo”, impulsada por la editorial Quimantú y seguida por una docena de editoriales chilenas, argentinas y uruguayas[7].
Desde hace poco más de diez años La Legua, como La Victoria y otros barrios populares de Santiago, están “intervenidos” por el Estado, lo que significa que sus calles son patrulladas permanentemente por carabineros y los jóvenes son abordados con frecuencia[8]. La represión va de la mano de políticas sociales que buscan convencer a los más pobres que su problema son los pequeños traficantes, no el modelo de país que instaló la dictadura desde 1973.
Karin y Cristian tienen una hija pequeña, pero entre ambos suman varios chicos más. Relatan la historia de la Casa de la Cultura, que nació en 1985, cuando Chile estaba sacudido por protestas masivas de los pobladores. “En el contexto de 1985 decidieron gritar la protesta desde la cultura”, dice Karin. “La cultura era el manto que permitía que se reunieran, trabajaban en cuentos y poesías con el círculo de poetas de La Legua”, interviene Cristian.
La parroquia San Cayetano, a media cuadra de la Casa de la Cultura, en la plaza Salvador Allende, refugiaba perseguidos por el régimen. “En la misma parroquia hay subterráneos”, asegura Karin en tono de misterio, como si hubieran sido refugio de militantes. “La Semana Legüina fue la fiesta de la población en la que surge la propuesta de recuperar la memoria del barrio, pero ahora se convirtió en nuestro carnaval”, relata Karin.
La transición a la democracia, a partir de 1990, caminó de la mano de la desarticulación de buena parte de las organizaciones populares territoriales. Según Cristian, que militaba en un partido marxista, “los grupos dejaron la calle, se hicieron legalistas y se metieron en los partidos”. Lo dice como quien pronuncia una sentencia. La Casa de la Cultura atravesó también dificultades, tuvo que buscarse otro local porque el anterior estaba vinculado a un partido político, y comenzaron a trabajar de otro modo.
“La Casa está abierta a todos los que quieran hacer cosas desde otro lugar, o sea desaprender lo que hemos aprendido”. Karin se refiere a las práctica partidistas, “porque los partidos, por más respetable que sea su historia, hoy no llegan a los corazones de las gentes. Nos traen a los pobladores la formulita, y nosotros trabajamos de otro modo, nos juntamos y vemos si nos sintonizamos”.
Para ella lo más importante son los espacios de encuentro, como los tres talleres que crearon. La presencia de lo mapuche, en una población donde la mayoría no lo son, es motivo de reflexión.
Karin se apellida Cuminao. Aunque nació en Santiago siempre supo que su familia venía del sur. Cristian se apellida Moreno, su piel es bien blanca, nació y vivió como chileno. Ahora son pareja y ambos se sienten mapuches. Aunque los padres de Karin no hablaban mapudungun por temor, ella se empeñó en recuperarlo, un trabajo paralelo al de recuperar a sus raíces. Para Cristian es diferente. Descubrió el mundo mapuche como parte de la resistencia política, pero hoy se identifica con la cosmovisión y la cultura.
Mujeres de familia y comunidad
En La Legua hay muchas familias de origen mapuche pero no se identifican como tales. En la Casa de la Cultura la cosmovisión mapuche se expresa en los trawün, o sea en espacios circulares que pueden durar mucho tiempo, “todo el tiempo que las personas necesiten, es un lugar donde se comparte lo que cada uno lleva, desde alimentos hasta palabras. Ahí se va definiendo qué hacer y cómo hacer para estar mejor”, relata Karin.
Cristian descubrió ese mundo al unirse a Karin. Hoy cree que la identidad mapuche le ayuda a comprender su lugar dentro de ese país llamado Chile donde “sólo existen chilenos, que se creen los ingleses de Latinoamérica. Pero los mapuche nos han ayudado a redescubrirnos y a conocernos. Somos mestizaje todo el rato. Mi abuelo paterno era inmigrante desde el sur”.
De la identidad la conversación deriva hacia el papel de las mujeres. Varios integrantes de la ronda dijeron en voz alta que la Casa es sostenida por las mujeres, como buena parte de las organizaciones populares. En ese momento Tania, una mujer joven y fuerte, ofrece infusiones y mate que se empeña en servirlos, como quien ofrece hospitalidad, con sencilla dedicación.
Karin explica que “las mujeres son uno de los pilares que han sostenido la Casa, como Tania, que se ha quedado en este espacio y ha permitido abrir la puerta y encontrarse con los demás. Los hombres participan en colectivos pero se van rápido. El hombre es más mente que corazón”.
Cristian cree que las mujeres tienen “mayor capacidad de contener, acoger y formar comunidad. Mujer y comunidad van juntas. El hombre es más de salir a buscar, trabajo o utopías, es el que instala la política y la mujer instala la comunidad desde el corazón”.
Tratamos de adentrarnos en un debate complejo: cómo es la organización y la acción política desde la mujer. Lo que aparece, y marca una diferencia con el feminismo del Norte, es que no hay contradicción entre el lugar de la familia y el trabajo en el hogar, centrado en la cocina, con la emancipación como mujeres.
Una vez más Karin: “Las mujeres partimos de lo básico, de la comida que es el punto de encuentro. La gente llega a tomarse un mate, pasan por el salón y se van a la cocina que es el lugar de la espontaneidad y del corazón, un lugar de las mujeres. Cuando dicen que las mujeres sostenemos el espacio, es la cocina la que lo sostiene, simplemente estando y cuidando el espacio incluso con flores y plantas para que sea bonito”.
Tania y Karin siempre cocinan, y no conciben otro modo de hacer política, al punto que aseguran que la comida y por lo tanto la cocina es el centro. “Lo hacemos con cariño y paciencia. Hacemos una ceremonia mapuche antes de hacer la comida, la comida es algo muy importante, no se puede hacer así nomás, a las corridas, ni comerla sin respeto”, sigue Karin.
Reconocen que existe una fuerte división del trabajo. Los varones organizan los campeonatos de fútbol para recaudar fondos para el carnaval, mientras mujeres cocinan para los jugadores de los 14 equipos. “Algunas nos dicen que estar en la cocina es muy machista. Pero yo creo que la gente tiene que estar donde se sienta más cómoda, a mi no afecta estar en la cocina y no me impide estar en el frente de lucha”.
Pone un ejemplo. En el taller de telar son 15 mujeres que se rotan para cocinar. No hay una jefa de cocina, a veces alguien coordina pero no es un lugar de poder. “En los trawün plantemos más visible las contradicciones que tenemos. En la cocina a veces se genera tensión porque alguien quiere mandar más, empieza a tensarse, algunas se cortan y ahí tenemos que parar, siempre aparece alguien que dice cómo hay que cortar, qué hay que ir a comprar. Lo comunitario supone tomarse tiempo para eso”.
Carnaval sin pacos
La ronda se agita con la intervención de Daniel, el mayor de los miembros de la Casa de la Cultura. “Todo acá se hizo sin el apoyo del Estado, por eso la intervención. Los pacos (policía) están armados a guerra, pero es una guerra contra el pueblo”. Juan, miembro del Teatro de Emergencia que funciona cerca de la Casa, considera que “las organizaciones sociales y el modo de vida están intervenidos”, o sea militarizados, porque “nuestro modo de vida quiere ser gobernado”.
Concluye con una frase que podría aplicarse a cualquier rincón de América Latina, y naturalmente se piensa en México. “No sólo se trata de resistir, sino de construir algo que nos permita resistir”. Karin pone los detalles de eso que llaman intervención: “Vivimos en un cerco, pacos en cada esquina, abusan, manosean, y no puedo salir a la calle con mi hija porque hay tiros”. Deja un mensaje pesado para los universitarios: “Aquí vienen muchos a recoger información para sus tesis, somos objeto de estudio, pero esos conocimientos le sirven a la intervención”.
En contraposición, realizaron este año la primera Bicicleteada por la Memoria Combativa del 11 de Setiembre. En cada lugar que paraban hablaban con vecinos que resistieron ese día el golpe y contaban su historia. Una forma desde debajo de reconstruir saberes escondidos en la memoria colectiva.
“En los últimos tiempos nuestras relaciones son más cualitativas”, interviene Cristian, “no se hacen las cosas porque se espera un reconocimiento sino porque se quiere hacer comunidad, autoconstruirnos nosotros”. Relata el caso de varios vecinos que dejaron su trabajo remunerado para hacer artesanía, como consecuencia del espacio de “Ciencia Política a la Mano”, que les sirve no sólo para cambiar la realidad sino para transformarse ellos mismos. “No es fácil desaprender la cultura política de las vanguardias”, sentencia.
Terminamos hablando del carnaval. Antes lo llamaban Semana Legüina, que recordaba la fecha de iniciación de la población, un 20 de diciembre. Ahora es un largo pasacalle de más de tres horas en el que desfilan 500 personas entre bailarines, músicos y vecinos, y cocinan para todos. Emerson se mete en la conversación, recordando el lema de este año: “Sin pacos, sin balazos y sin sapos”[9].
Tiene razón Gabriel Salazar, el historiador de los de abajo, cuando asegura que la identidad de poblador se ha hecho más importante que la de trabajador. El lugar de trabajo ya no genera identidad, ni sentido de pertenencia. Se está produciendo “una reagrupación espontánea en la sociedad, naturalmente, en los sectores más marginales”, donde se buscan unos a otros ante la desprotección del Estado. En los barrios se tejen fuertes lazos de amistad, solidaridad y asociatividad, que es la forma “de integrarse a la sociedad y luchar desde ahí, no desde el trabajo”[10].
Coincide también con los jóvenes y las mujeres de La Legua en su modo de mirar la política. “La movilización social no depende de partidos políticos ni de tácticas sino de cultura y educación”. A su vez, sostiene que la “verdadera educación” no se da en la escuela sino “en actividades informales de educación ciudadana, popular, autoeducación, y los jóvenes se están matriculando espontáneamente es estos cordones populares de educación”.
Algo de eso sucede en La Legua y en muchos barrios populares de América Latina. Son cientos de pequeños espacios, como la Casa de la Cultura, que a lo largo de décadas realizan decenas de pequeñas actividades en las que participan básicamente jóvenes y mujeres. Ellos y ellas están cambiando el mundo, mucho antes de ganar visibilidad en las grandes alamedas.
[1] Todas las voces fueron recogidos en la Casa de la Legua, el 4 de diciembre, y en la feria América Latina Desde Abajo, el 5 de diciembre de 2014.
[2] Mario Garcés, “Las tomas en la formación de Santiago”, en AAVV El mundo de las poblaciones, Santiago, LOM, 2004.
[3] “La emergencia de Legua Emergencia”, en revista Perro Muerto, N° 4, julio de 2002.
[4] Mario Garcés,” Las tomas en la formación de Santiago”, p. 10.
[5] Todos los testimonios sobre esas jornada en Mario Garcés y Sebastián Leiva, El Golpe en La Legua, Santiago, LOM, 2005.
[6] Idem p. 80.
[8] Ver “La Victoria: Medio siglo construyendo otro mundo” en Programa de las Américas, 12 de otubre de 2007, http://www.cipamericas.org/es/ archives/905
[9] Sin policías, sin balazos y sin soplones.
[10] Gabriel Salazar, “La identidad de poblador es más importante que la de trabajador” en Archivo Chile, abril de 2005.
COMENTARIO, por Carlos Ruiz:
La población Nueva la Legua no fue resultado de una toma, tal como se experimentó en la Victoria en 1957, sino fue realizada como un desplazamiento de poblador*s desde varios sectores, especialmente de Ñuñoa, bajo la presión de especuladores inmobiliarios, pero con apoyo del Intendente, que era comunista, bajo el gobierno de González Videla. Por eso no hubo represión, como en las tomas posteriores. Eso no disminuye para nada el mérito de l*s fundador*s de Nueva La Legua sino que habla precisamente a favor de su capacidad de organización para lograr resultados favorables. Fue una victoria de los comités de arrendatarios y allegados, liderados por gente principalmente del PC. La experiencia de l*s poblador*s de La Legua en la consolidación de esta población, fue transmitida a l*s que participaron en la toma de la Victoria.
Nombraría a gente muy meritoria como fundadores e hij*s de fundadores de la Legua Nueva, como un homenaje: d. Enrique Molina, d. Nilo Zamora (fallecido en diciembre de 2013), d. José Guzmán (escritor y radialista popular), d. Luis Salinas, d. Ariel Cifuentes Ayca, d. Guillermo Cifuentes Pastenes, sus familias y varios otros.
El dinero, talón de Aquiles del capitalismo
por
Nazaret Castro
EL CIUDADANO
Todos sabemos que el dinero tiene un papel central en nuestras economías
y en nuestras sociedades; intuitivamente, le atribuimos una idiosincrasia
mezquina, tal vez amoral. Lo que no todos imaginamos es que esa centralidad del
dinero es tan nueva en la historia como lo es el capitalismo, con sus dos
siglos de historia. Porque antes, muchísimo antes, ya existía la moneda, el
dinero como forma de facilitar los intercambios, pero la gran novedad
que trajo el capitalismo fue la normalización de la tasa de interés, el hecho
de que el dinero hace dinero, y así, el dinero se transforma en capital; en
una mercancía que, si se acumula, produce ganancia. Fue con la consolidación
del capitalismo en los siglos XVII y XVIII cuando, en Inglaterra, comenzó a
darse un cambio fundamental en las subjetividades y las normas sociales que
acabó con la aprobación social del cobro de interés. Y a día de hoy es sobre
las tasas de interés que se configura nuestro sistema monetario globalizado,
ese que, bajo la apariencia de complejidad técnica, se apoya en premisas muy
sencillas.
La primera es que el dinero es fiduciario, es decir, que se basa en la
confianza. En nada más que la confianza. El dinero no es una cosa: es
la creencia en una cosa. Desde el fin del patrón oro en los años 70,
nada hay que respalde el valor de un billete, o de un depósito bancario
electrónico, que no sea la confianza del resto de la sociedad en que esa moneda
tiene valor. Por eso decía Lietaer1 que el dinero no sólo es el
sistema nervioso central del capitalismo; es también el talón de Aquiles del
sistema. De ahí el esfuerzo por hacer del dinero algo incomprensible: “Más que
cualquier otro campo de la economía, el estudio del dinero utiliza la
complejidad para encubrir la verdad o evadirla, pero nunca para revelarla”
(Lietaer, 2005, p. 100).
Esa opacidad que rodea al dinero se explica porque esa magia sostiene
una estructura de poder que ha convertido a las entidades financieras -y, en
última instancia, a las personas que hay tras ellas- en los dueños del mundo.
Pocas personas saben cómo se crea el dinero; aunque es el Estado el que acuña
monedas y billetes, son los bancos los que crean el dinero de la nada -¡de la
nada absoluta!- cuando un particular pide un préstamo. Por eso se dice que el
dinero es deuda: cuando alguien pide una hipoteca por 200.000 euros, el
banco crea mágicamente 200.000 euros, que esa persona deberá pagar con el fruto
de su trabajo, más los intereses. Durante décadas, con el fruto de su trabajo,
el trabajador le estará pagando al banco un dinero que ese banco nunca tuvo,
que creó de la nada, y que además prestará varias veces en virtud del llamado
sistema fraccionario. En Europa, una entidad bancaria sólo debe retener en
depósitos el 1% del total del dinero con el que especula.
Desde su creación en el siglo XIII, los bancos descubrieron el
“secreto de los alquimistas”: de la nada creaban oro, pues fueron capaces
de persuadir a la gente de aceptar como medio de pago la promesa de un pago
futuro, un pagaré, que después evolucionó hacia los modernos billetes, monedas,
y después, dinero electrónico. El cobro de intereses, que durante siglos había
sido denostado y castigado en diferentes civilizaciones, se generaliza y trae
profundos impactos sobre las sociedades capitalistas: fomenta la competencia y
la necesidad de un crecimiento constante e infinito. Además, el funcionamiento
del sistema monetario hace que las inversiones cortoplacistas resulten más
rentables, lo que desincentiva invertir, por ejemplo, en tecnologías más
amables con el medio ambiente; más aún: fomenta sustituir la inversión
productiva por la pura especulación financiera. El sistema monetario se nos
suele presentar como algo dado, neutral, al margen del mundo real; pero tiene
consecuencias directas tan desastrosas como la destrucción ambiental y la
desigualdad social.
El dinero es, para Marx, la mercancía equivalente específica, esto es,
la medida del valor del tiempo de trabajo que contiene una mercancía. Fue
necesario el dinero y la objetivación del tiempo para colocar las bases del
trabajo asalariado, que nació con el capitalismo, y en esa abstracción, que
reduce lo cualitativo a lo cuantitativo, se fundamenta la fetichización
de la mercancía: el proceso por el cual las relaciones sociales entre las
personas -relaciones de producción y consumo- se transmutan en relaciones
materiales entre cosas, porque el trabajador resulta enajenado del producto de
su trabajo. Y es de este modo que, como dijo Habermas, el dinero pasa a ser “el
medio a través del cual el sistema económico coloniza el mundo
de la vida social rutinaria”.
La situación adquiere tintes dramáticos a partir de la desregulación del
sector en los años del neoliberalismo. Se les da absoluta libertad a las
entidades financieras para que conviertan el sistema monetario en un casino
global. Como señala Lietaer, el dinero especulativo (hot money)
se está convirtiendo en una especie de gobierno mundial fantasma. El
98% de las inversiones son meramente especulativas. La globalización de los
mercados financieros implica que cualquier persona, aunque lo ignore, forme
parte del juego monetario mundial y esté sujeta a las consecuencias de su
fragilidad. Las comunidades del África subsahariana ven cómo aumentan los
precios de los alimentos porque los bancos decidieron que era rentable
especular con los precios del trigo, el arroz o el maíz. Son urgentes medidas como
limitar el tamaño de los bancos -esos que son “too big to fail”- y limitar la
especulación, comenzando por bienes básicos como los alimentos y la vivienda,
para terminar por erradicarla y volver a la consideración del cobro de interés
como comportamiento inmoral, indebido e ilegal.
Si el dinero es un acuerdo social, entonces basta que una comunidad
acepte un papelito para que éste adquiera valor. Es lo que hacen las
monedas sociales, que no dejan de crecer en España. Su potencial
emancipador es enorme, pues subrayan esa mística que rodea al dinero:
muestran que los pumas, ekhis o soles pueden ser tan funcionales como los
euros. Con una diferencia clave: las monedas sociales ayudan a recolocar los
intercambios en las relaciones sociales de proximidad; nos ayudan así a acabar
con el mayor de los fetiches del capitalismo, el del dinero, que homogeniza
mercancías, que sustituye cualidades por cantidades, y que va calando en las
subjetividades hasta imponer la lógica de la mercancía a las personas y a las
relaciones afectivas.
Si quieres saber más:
Documental Dinero es deuda: https://www.youtube.com/watch?v=zigHDdIosM8
Entrevista a B. Lietaer: http://articulosclaves.blogspot.com.ar/2009/04/entrevista-y-el-futuro-del-dinero.html
Zeitgeist: http://www.zeitgeistmovie.com/
El dinero es deuda:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14bb1c287db8c257?projector=1
EL CASO PENTA: FIRMAR para que renuncien a sus cargos
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Mapucistas renegados tras los crímenes capitalistas
Informamos sobre la labor golpista proimperialista de José Miguel Insulza. Ahora, veremos algo sobre la falsa licenciatura (y por ende, del título de abogado) de Insulza, calificado por su adversario judicial, como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”. También nos referiremos al lobby del PS donde milita Carlos Montes, para echar tierra a las investigaciones de fraude tributario, para poner a cargo a un hijo de éste. Una Santísima Trinidad más: el Padre, el Hijo y el Espíritu del Lucro.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
De vacaciones en México, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte Andrés Montes se enteró de su designación a cargo del caso que involucra a la minera SQM, por un eventual fraude tributario en el que hasta ahora, aparecen vinculados parlamentarios de la Nueva Mayoría, a partir de la emisión de boletas presuntamente irregulares. Montes, según informa La Tercera, habría recibido la noticia con molestia ya que se enteró por la prensa de su designación y además sus nuevas funciones lo exponen a un cuestionamiento público ya que se ve como desplazando al fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora había llevado la investigación desde la Fiscalía Oriente.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
El llamado Pentagate va ampliando sus aristas de investigación, ya no es sólo la empresa Penta y la supuesta utilización de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas electorales. Por ejemplo, esta tarde, se le había otorgado al fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, la investigación de las operaciones bursátiles para evadir patentes comerciales, que habría realizado Penta entre 2009 y 2013.
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
A pesar de que la Cámara de Diputados debiera sesionar con 120 honorables, hace meses que solo funciona con 119 representantes. El 12 de mayo del 2014, el entonces diputado de RN, Rosauro Martínez, fue desaforado por la causa que se sigue en su contra, donde se lo acusa de homicidio calificado de tres miristas en 1981.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
Sabas Chahuán retoma sus funciones este martes 24
Fiscal Nacional retrocede y evalúa sacar a Montes de la arista SQM
A raíz de los amplios cuestionamientos públicos por la designación y desde sectores políticos incluido el bloque oficialista, el Ministerio Público estaría considerando revisar la decisión en torno a la causa que persigue determinar fraude tributario al interior de la empresa minera y que presuntamente incluye financiamiento irregular de campañas en el que hasta ahora aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayoría.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
PUBLICADO POR JUSTICIA
Otras informaciones:
http://justicianadamasperonadamenos.blogspot.com/2015_02_01_archive.html
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015
Sorpresivo comunicado a última hora de hoy, después que se vinculara a Nueva Mayoría
Pentagate: Fiscalía le quita arista Soquimich a Gajardo y la pone en manos del hijo del senador Montes
Cerca de las 20:00 hrs. la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que existiría un cambio en la dirección de la investigación del controversial Caso Penta. Ya no será el fiscal Carlos Gajardo, quien inició las indagaciones, el que estará a cargo de una de las nuevas aristas del escándalo, SQM, sino que un nuevo fiscal, Andrés Montes. Esto, luego de que en una semana negra para la coalición gobernante, por el caso Dávalos, además se dieran luces de una real vinculación con el Pentagate.
por Macarena Segovia
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2015
Interponen querella por supuesta falsificación del título universitario de José Miguel Insulza
Fuente: Verdad Ahora.
18 de febrero 2015
18 de febrero 2015
Un empresario chileno de origen canadiense presentó una querella en contra del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, por la presunta adulteración del certificado de licenciatura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
Senadores, diputados y dirigentes enfrentan procesos en la Justicia
Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales
El último mes ha estado marcado por los procesos judiciales que enfrentan senadores como Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar –quién será formalizado por fraude al fisco– y el diputado UDI Felipe de Mussy, quien forma parte del ramillete gremialista cuestionado por el Caso Penta. Según analistas, una ciudadanía crítica, un mayor acceso a la información y un hastío por cómo la clase política dirige al país, cambiaron las condiciones que reinaron en la transición y pusieron un potente foco sobre los movimientos del poder.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
UNA LUPA GIGANTE
Para la directora de investigación e incidencia de la fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, el actual panorama se configura a partir de dos hechos claves: la promulgación de la Ley de Transparencia y la indignación ciudadana con los abusos y la forma de hacer política en Chile: “La ciudadanía está más indignada por el tema de los abusos. Es un tema bastante mundial, yo creo que la ciudadanía está pidiendo más participacion en los asuntos públicos, ya no estamos tan desde afuera, estamos exigiendo más. Más rendición de cuentas, más transparencia”.“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
PUBLICADO POR JUSTICIA EN 7:33 NO HAY COMENTARIOS:
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