La hierba seca incendiará la hierba húmeda
Por Hervi Lara.
Publicación original: El Clarín
Recibida por cortesía de Hervi Lara.
La actual situación de Chile se
puede comprender en el contexto de dos variables fundamentales: la Ideología de
la Seguridad Nacional y la economía de mercado. Esta última no se habría podido
implementar sin la aniquilación previa del “enemigo interno”, lo cual ha sido
garantizado por las FFAA, garantía que ha continuado a través de la policía
militarizada de Carabineros.
Una vez realizado el plebiscito
de 1980, sin registros electorales ni derechos civiles, y que impuso la
Constitución que aún rige al país, las organizaciones sociales opositoras a la
dictadura se vieron enfrentadas a dos posibilidades para retornar al sistema
democrático: a) derrotar a la tiranía mediante un amplio movimiento de unidad
de todas las fuerzas opositoras; y b) buscar la transición a la democracia a
través del entendimiento con las FFAA y los grandes empresarios, asegurándoles
que, si Pinochet perdía el plebiscito de 1988 y las elecciones a realizarse dos
años más tarde, ellas mantendrían cuotas de poder, el esquema socioeconómico y
la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.
Primó la transición pactada a la
democracia, lo que se expresó a través de las negociaciones entre Patricio
Aylwin (representando a los opositores a la dictadura), Carlos Cáceres y Sergio
Onofre Jarpa (ambos ministros de Pinochet y empresarios) y las FFAA. Los
acuerdos a que llegaron se hicieron públicos en junio de 1989 y se aprobaron en
un referéndum del 30 de julio del mismo año, derogándose el artículo 8º de la
Constitución (que prohibía la difusión de ideas y de opiniones y
restableciéndose el pluralismo político). Sí se mantuvo incólume la
inamovilidad de los comandantes en jefe de la FFAA y del general director de
Carabineros; el Consejo de Seguridad Nacional constituido por igual número de
miembros civiles y uniformados; senadores designados y vitalicios. (Estos
puntos se han modificado progresivamente, pues han dejado de ser favorables a
la derecha). Aún se mantienen el sistema binominal de elecciones y los
tribunales militares juzgando a civiles, para así garantizar la impunidad de
los violadores de derechos humanos.
Patricio Aylwin ganó las
elecciones del 11 de diciembre de 1989, asumiendo la Presidencia de la
República el 11 de marzo de 1990.
En el intertanto, Pinochet dictó
las “leyes de amarre”, tales como, entre otras medidas, la ley orgánica
aprobada por la Junta Militar estableciendo que el poder legislativo no tendría
facultad de fiscalizar las actuaciones de las autoridades anteriores al 11 de
marzo de 1990; mantuvo el Decreto Ley de Amnistía (Nº 2191) de 1978, que deja
en la impunidad los crímenes políticos cometidos entre el 11 de septiembre de
1973 y el 11 de marzo de 1978; estableció “leyes secretas” relacionadas con la
impunidad de Pinochet y otros miembros de las FFAA; el día 10 de marzo de 1990
se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), sustrato de la
crisis de la educación y del movimiento estudiantil de 1911.
En consecuencia, el marco
establecido para el período democrático quedó “atado de manos” en base a la
impunidad de los violadores de derechos humanos y, al mismo tiempo, las
destrucción del tejido social que se había rearticulado en el proceso popular
de desestabilización de Pinochet. Todo esto con el acuerdo de la Concertación
de Partidos por la Democracia, que asumió el liderazgo sin considerar a los
dirigentes sociales ni a las organizaciones que habían luchado contra el
dictador.
El efecto de lo anterior fue la
“domesticación” de los sectores populares, orientándose hacia el mercado, la
competencia y el sometimiento a la explotación laboral, lo que ha tenido como
corolario el individualismo, la inequidad y la falta de solidaridad. Esto ha
repercutido en el movimiento de derechos humanos, cuya lucha se ha pretendido
reducir a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Dicha
situación satisfizo al gobierno, a las FFAA y a los empresarios, que no
pudieron obviar el problema bajo la presión internacional y aceptaron avanzar
en verdad, pero no en justicia. De allí los planteamientos eufemísticos de
“justicia en la medida de lo posible”, “justicia con clemencia”, “justicia para
casos símbolos”. Es así como el eje de la política gubernamental de derechos
humanos ha tendido a equiparar a víctimas y victimarios.
En 1984, para reprimir la
protesta social en su contra, Pinochet promulgó la ley 18.314, Ley de Conductas
Terroristas, conocida como Ley Antiterrorista y que continúa vigente, siendo
aplicada desde el 2001 en forma casi exclusiva al pueblo mapuche. Esta ley
establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que
nada tienen que ver con terrorismo. Tampoco garantiza el debido proceso al
permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos; la
existencia de “testigos sin rostro”; e impedir la aplicación de medidas
cautelares distintas de la prisión preventiva. Además, aplica elevada penalidad
y duplica en varios casos lo establecido en la legislación ordinaria.
Los mapuche reclaman por ser
discriminados y usurpadas sus tierras, fundamento de su identidad cultural, lo
que les permitiría la autodeterminación en sus propios asuntos. Junto a lo
anterior, piden respeto a sus derechos civiles y políticos amenazados por
transnacionales, empresarios nacionales y agentes del Estado; exigen la no
aplicación de la ley antiterrorista por ser antidemocrática, así como también
la desmilitarización territorial de sus comunidades.
En Chile siguen existiendo presos
políticos de origen mapuche, a lo que se suman quienes padecen pena de
extrañamiento y los que son acusados como terroristas, como ha ocurrido con el
denominado “Caso Bombas”. Todo esto, pese a las obligaciones respecto del
Convenio 169 de la OIT y de las recomendaciones de relatores especiales de la
ONU, la Federación Internacional de DDHH (FIDH) y de la Comisión Interamericana
de DDHH (CIDH).
Respecto de procesos a violadores
de DDHH durante la dictadura, hasta mayo del 2011 estaban vigentes 1.446 causas
por delitos de desapariciones, ejecuciones, torturas, inhumación ilegal y
asociación ilícita, cometidos entre 1973 y 1990. Al respecto, 773 ex agentes de
servicios de seguridad han sido procesados por crímenes de lesa humanidad. De
ellos, 245 han recibido sentencias definitivas en la Corte Suprema, pero sólo
66 se encuentran en prisión.
La impunidad es una de las causas
del malestar subjetivo de la población.
En marzo de 1990 se instituyó la
Comisión de Verdad y Reconciliación. El posterior Informe Rettig de allí
emanado, estableció el número de detenidos-desaparecidos y de ejecutados
políticos. También permitió la apertura de procesos, pudiéndose aplicar el
Decreto Ley de Amnistía o trasladando la competencia a los tribunales
militares.
Hubo una velada tendencia a
olvidar las violaciones de derechos humanos y la mantención de la impunidad
hasta la detención de Pinochet en Londres, con 500 días de arresto, desde el 16
de octubre de 1998. Este hecho permitió la organización de los ex presos
políticos, reivindicándose la lucha contra la dictadura y la necesidad de
justicia frente al delito de tortura.
Entre las múltiples gestiones
para mantener la impunidad de Pinochet, se estableció la denominada Mesa de
Diálogo, bajo el título “Hacia el reencuentro de todos los chilenos”. Esta
instancia obligó a las FFAA a reconocer que un listado de
detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar y a los ríos. Se nombraron
jueces especiales para investigar jurídicamente bajo la figura del secuestro
calificado. Se hizo pública la Operación “Traslado de Televisores”, consistente
en el desmantelamiento de los entierros clandestinos que derivaron en
exhumaciones e inhumaciones ilegales. Se reconstituyeron algunos de los
crímenes, lo que significó el proceso a varios cientos de oficiales. Por
último, aunque “a regañadientes”, las FFAA reconocieron su responsabilidad
institucional en el genocidio. Sin embargo, altos oficiales participantes de la
Mesa de Diálogo encargados de recopilar información, aparecieron vinculados a
los crímenes.
En marzo de 2001, surgió la
Comisión Etica contra la Tortura (CECT), generando la presentación de acciones
jurídicas por el delito de tortura. La presión de diversos organismos
nacionales e internacionales obligaron al gobierno de Ricardo Lagos a formular
la propuesta “No hay mañana sin ayer”, en el marco de los 30 años del golpe de
Estado (2003). Se instituyó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, de la
que emanó el Informa Valech. Este Informe acogió el testimonio de 35.868
personas, calificando 27.255. El 67,4% estuvo en prisión en 1973. Se utilizaron
1.132 recintos de reclusión. No quedaron dudas sobre la responsabilidad
institucional de las FFAA. Se individualizaron las víctimas a través de sus
propios testimonios; se caracterizaron los mecanismos de represión aplicados en
todo el país; y se propusieron medidas de reparación.
Ricardo Lagos, como Presidente de
la República, asumió la tortura y la prisión política como responsabilidades
del Estado. Además, propuso la creación de un Instituto de Derechos Humanos,
recientemente implementado, para promover el respeto de los derechos humanos y
para resguardar la información recopilada desde los Archivos de la Vicaría de
la Solidaridad. Propuso medidas simbólicas y colectivas, así como el
restablecimiento de los derechos ciudadanos de las víctimas, compensación
económica, nivelación gratuita de estudios, atención sin costo en instituciones
públicas de salud y tratamiento preferencial para acceder a beneficios de vivienda.
La Comisión Valech ha efectuado
un escaso trabajo de difusión a nivel nacional en los medios de comunicación
más relevantes. El tiempo de funcionamiento reducido sólo a seis meses, ha sido
muy breve. Por tanto, se hace necesaria una entidad permanente. Entre las
víctimas de violaciones de derechos humanos deben considerarse también a
quienes han sido detenidos en manifestaciones públicas; quienes padecieron
tortura fuera de los recintos oficiales de detención; las víctimas que ya han
fallecido; los niños que fueron detenidos con sus padres o nacieron durante el
cautiverio; los extranjeros; las víctimas de la Operación Cóndor; los detenidos
por menos de cinco días; la pensión mensual debe compensar el daño físico y
psicológico inferido, acorde al artículo 14 de la Convención Internacional
contra la Tortura; se debe abrir indefinidamente la posibilidad de todas las
víctimas puedan acreditar su condición de tales; se debe anular el Decreto Ley
de Amnistía; y, lo más relevante, se debe eliminar legislativamente la cláusula
que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura efectuadas
por las víctimas o sus familiares, lo que se implica con la consagración de
impunidad que significa la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las
imputaciones de delitos denunciados por la Comisión Valech.
Alguna vez dijo Balzac que “tras
toda fortuna se esconde un crimen”. Esta aseveración significa que las
violaciones a los derechos humanos han tenido motivaciones económicas. El golpe
de Estado y los años de dictadura se efectuaron para retrotraer la
nacionalización del cobre, la reforma agraria, la nacionalización de la Banca,
el Area Social de la Economía, las mejores condiciones de vida de los
trabajadores.
El movimiento de derechos humanos
centrado sólo en los crímenes de carácter penal, ha permitido a la Escuela de
Chicago y a los grupos económicos escapar de sus responsabilidades de su
sangriento laboratorio. Incluso el Informe Church del Senado de USA señala que
“en una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité de los 40
autorizó casi cuatro millones de dólares para la oposición chilena. La mayor
parte de este dinero fue para el Partido Demócrata Cristiano, pero una parte
sustancial fue destinada al Partido Nacional y a “El Mercurio”.
Todo lo anterior puede explicar
los acontecimientos del 2011: la explosión del malestar subjetivo por fuentes
objetivas, como la desigualdad y el abuso. Dicho malestar se había mantenido en
el ámbito privado. No obstante, las manifestaciones de malestar se expresaban
el elevado número de suicidios, duplicado en el 2008 en relación a 1990. Entre
1990 y 2004, el consumo de antidepresivos creció en un 470,2%. Es así como las
manifestaciones públicas significan una reacción frente al abuso empresarial y
a la incapacidad de las instituciones de proporcionar estabilidad y control a
las demandas sociales, debido al desmantelamiento del Estado.
El 2011 ha mostrado el derrumbe
de las instituciones, lo que quedó en evidencia tras el terremoto del 27 de
febrero de 2010. La irrupción pública del malestar subjetivo ha permitido la
repolitización de la sociedad, poniéndose el fin del miedo a la dictadura
militar y el cuestionamiento del modelo económico que ha dejado de ser
percibido como exitoso y eficiente. En otros términos, ha quedado en evidencia
que el modelo económico ha sido impuesto por la violencia armada, generándose
así una sociedad esencialmente injusta.
Los detentadores del sistema
habían desarrollado la idea de focalización del gasto público desde el sector
privado, en el sentido de que el mercado asumiera los requerimientos sociales
y, al fallar éste, el Estado salvaría la situación. Es la forma en que se ha
implementado el financiamiento de la educación: financiamiento compartido en el
ámbito escolar y créditos con aval del Estado en la educación superior. El
sistema de salud privado es bueno para quienes no se enferman. El sistema
provisional significa que sobre el 50% de las pensiones son menores a la
pensión mínima y, por tanto, el Estado deberá suplir lo que falta. Las
carreteras están concesionadas a empresas privadas. Las grandes transnacionales
de la minería depredan los campos de cultivo, contaminan el aire, agotan el
agua y no pagan impuestos. Las empresas forestales terminan con los bosques
milenarios para plantar pinos y eucaliptos para la fabricación de papel,
contaminando los ríos, los lagos y el mar. El mar ha sido privatizado, con
exterminio de especies y el fin de la pesca artesanal. Las salmoneras han
contaminado zonas marítimas y también han exterminado la fauna y la flora. Las
inmobiliarias arrasan con terrenos agrícolas para extender las urbes sin
planificación. El comercio ha sido concentrado en pocas manos que se coluden
entre sí y, dados los bajos salarios y la intensidad de la propaganda
televisiva, se mantiene endeudada a gran parte de la población. En síntesis, se
descubre que los efectos del neoliberalismo tienden a desestructurar la
sociedad y que la Concertación había frenado los derechos ciudadanos bajo el
argumento del temor al retorno de la dictadura.
Es así como el modelo económico
ha conducido a Chile a estar entre los doce países con peor distribución del
ingreso del mundo, con la secuela de mercantilización del sentido de la vida,
lo que deshumaniza a las personas y sus relaciones, vaciándolas de valores
éticos y remitiéndolas por completo a lo que significan monetariamente, siendo
la cantidad de dinero acumulado la medida del éxito en la vida. Los medios de
comunicación de masas, el sistema educativo y las autoridades se encargan de
remarcar que se vive en un mundo de competidores y que los triunfadores son
aquellos que, merced a su espíritu emprendedor, vencen en el mercado. Los
grandes empresarios son presentados como “modelos de conducta” a ser imitados
por toda la sociedad. Las empresas internalizan en la conciencia de los
trabajadores que el camino correcto pasa por el esfuerzo individual, el
distanciamiento respecto de los compañeros y la subordinación a los
empleadores. Las personas se endeudan progresivamente, hasta padecer de
“endeudamiento crónico”, tornándose en personas tensas, agresivas, violentas, sumergiéndose
en el estrés, la depresión, el alcohol y la droga. Chile exhibe una de las
jornadas de trabajo más largas en el mundo, al mismo tiempo que se ubica en el
tercer lugar de maltrato infantil, y lidera la región en alteraciones mentales,
accidentes de tránsito, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción juvenil.
En el marco descrito, pareciera
inevitable que el 2011 se haya constituido en el nuevo amanecer de la historia,
debido a la irrupción popular: se ha terminado el temor a la dictadura y se ha
tomado conciencia del significado de las leyes laborales, así como del
monopolio informativo. Hubo estallidos sociales en Magallanes, en Arica y en
Calama, a lo que se sumaron los pobladores de Dichato damnificados por el
terremoto, así como también los grupos de diversidad sexual, los ecologistas y
los defensores del pueblo mapuche. Ello ha significado una crisis del gobierno
que representa al empresariado y, por tanto, también es una crisis del
empresariado.
La crisis del gobierno se expresa
en el desgobierno, porque ofreció prosperidad y eficiencia y sólo ha mostrado
ineficiencia, lo que ha llegado al máximo en relación a la reconstrucción post
terremoto.
El gobierno ha jugado a la
autodestrucción que vive la Concertación de Partidos por la Democracia y al
agotamiento del movimiento estudiantil. En otros términos, busca un Chile sin
política, pues no reconoce el malestar social, la desconfianza y la pérdida de
legitimidad de las instituciones. En el período próximo, tenderá a satanizar la
educación pública, a visibilizar las contradicciones de sus opositores y a
desgastar los movimientos sociales.
No obstante, es un hecho que hoy
Chile ha ampliado sus vías hacia una democracia plena, porque la caída de las
instituciones más simbólicas exige que los ciudadanos asuman sus
responsabilidades sociales y políticas.
Las instituciones más simbólicas
y que se han desplomado Ens. Legitimidad son las FFAA y las Iglesia Católica,
dejando a la sociedad sin el marco referencial al que la Concertación de
Partidos por la Democracia acudía en los conflictos sociales que era incapaz de
resolver por sí sola. En 1995, el 80% de la población depositaba su confianza
en la Iglesia Católica. En 2011, sólo el 38%.
En cuanto a las FFAA, además de
represión policial irracional, se ha visto al descubierto en casos de
corrupción, autonomía económica y legal, carrera armamentista amenazando la paz
de la región, muertes masivas de conscriptos, aprovechamiento personal de
recursos públicos, además de la impunidad de los crímenes cometidos durante la
dictadura.
En consecuencia, para el pueblo
de Chile queda pendiente la construcción de un nuevo marco de referencia desde
la soberanía popular. Esta transformación de fondo implica cambiar la
Constitución de 1980, lo que desemboca en el llamado a Asamblea Constituyente,
reforma tributaria, nacionalizaciones del cobre, de la Banca, del agua y de los
servicios básicos, así como la ruptura del monopolio de la información, acceso
a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones y a la organización
y movilización sociales.
Se ha puesto en tela de juicio la
“política de los acuerdos” entre la derecha y la Concertación de Partidos por
la Democracia, cuestionándose así la legitimidad del modelo de "democracia de
baja intensidad” Es necesario que la movilización por la educación pública
busque puntos comunes con el movimiento del pueblo mapuche, los defensores de
la ecología, los defensores de los derechos humanos, los pequeños agricultores
y pequeños y medianos industriales y los pescadores artesanales, que son los
sectores más representativos de la oposición al neoliberalismo y que tiene como
corolario la lucha por la democracia.
En consecuencia, la columna
vertebral debería tender a la creación de nuevos referente políticos, sobre la
base de que la soberanía radica en el pueblo.
Descripción de la situación
socio-política de Chile.
Exposición del Seminario
Internacional ERA FORASTERO Y ME ACOGISTE EN TU CASA. (Un análisis cristiano
para la comprensión y acompañamiento de la persona migrante en el contexto de
la globalización).
Servicio Internacional Cristiano
de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).
Ciudad de México, 8 – 14 de
febrero de 2012.
HERVI LARA B.
Comité Oscar Romero-SICSAL Chile.
Santiago de Chile, 25 de enero de
2012
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