España: triunfo pírrico del PP que podría llevar a un gobierno Socialistas - Podemos

Por Isaac Bigio / Resumen Latinoamericano/ 21 de Diciembre 2015.-

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/

Resultados
			PP – Mariano Rajoy
			Coalición[mostrar]
			Votos			7.215.530  33.6%
			Senadores obtenidos						121  11%
			Diputados obtenidos						123  33.9%
									28.72%
			PSOE  – Pedro Sánchez
			Coalición[mostrar]
			Votos			5.530.693  21%
			Senadores obtenidos						51  5.6%
			Diputados obtenidos						90  18.2%
									22.01%
			Podemos – Pablo Iglesias
			Coalición[mostrar]
			Votos			5.189.333
			Senadores obtenidos						16
			Diputados obtenidos						69
									20.66%
			Ciudadanos – Albert Rivera
			Votos			3.500.446
			Senadores obtenidos						0
			Diputados obtenidos						40
			?						13.93%
			Otros partidos
			Votos			2.689.697
			Senadores obtenidos						21
			Diputados obtenidos						54
									10.71%
El conservador y gobernante Partido Popular se impuso en las elecciones españolas del domingo 20 con el menor porcentaje y número de congresistas que haya tenido un ganador de unos comicios generales en la historia de la España postfranquista. Ello podría convertir a Mariano Rajoy en el primer presidente de la monarquía española que no logre un segundo mandato.

El presidente del Estado español no se elige de manera directa, sino que es aquel que el rey designe y sea capaz de contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, es decir de 176 de los 350 miembros de la cámara baja. Rajoy, que en el 2011 superó ampliamente esa cantidad, ahora ha perdido un tercio de sus curules y difícilmente pudiese lograr conseguir una mayoría absoluta.

Fin del bi-partidismo

Mariano Rajoy apenas ha ganado con el 28.7% de los votos y con 123 diputados, esto implica que en relación a los anteriores ha perdido poco menos de la mitad de los votos y con los que en el 2011 llegó a la presidencia. Entonces su Partido Popular (PP) venció con el 44.63% de los votos y con 186 diputados, lo que le daba a su partido una mayoría absoluta para gobernar solo.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantuvo su segundo puesto, pero perdiendo más de 6 puntos porcentuales y 20 diputados. Pese a que solo ha conseguido el 22% de los votos y 90 congresistas y ha obtenido el peor resultado de su historia, éste quizás tiene más posibilidades de llegar a la presidencia que Rajoy debido a la composición del nuevo parlamento.

El PP y el PSOE son los grandes perdedores de estas elecciones. En el último tercio de siglo estos dos partidos habían configurado un sistema donde únicamente ellos se alternaban en el poder y abarcaban entre el 75% al 80% de los votos. Esta vez el bipartidismo quedó sepultado pues ambos partidos apenas han llegado a aglutinar la mitad de los votos válidos.

Irrumpen dos nuevas fuerzas: Podemos por la izquierda y Ciudadanos por el centro-derecha

Podemos, quien se ubica a la izquierda del PSOE, se ha convertido en el gran triunfador de estos comicios. Este partido que por primera vez se ha presentado en elecciones generales casi desplaza al PSOE del segundo lugar, el cual apenas le aventajó por un 1.3 punto de diferencia. Podemos logró un 20.7% y 69 diputados.

Nótese que pese a que la diferencia en términos de votos con el PSOE es mínima, hay una significativa brecha en el número de congresistas debido a la forma de representación no proporcional que discrimina a las terceras fuerzas.

Ciudadanos, un partido nacido en Catalunya para oponerse a la independencia y para proponer un programa económico y social liberal pero que se desmarque del tradicionalismo postfranquismo del PP, obtuvo en su primera participación en una elección general una significativa perfomance. Ha llegado al 13.9% y a los 40 congresistas.

En quinto lugar quedó la Izquierda Unida la cual, pese a sumar el 3.7%, apenas obtuvo 2 diputados. Este es el peor porcentaje que haya conseguido en su historia esta fuerza o el Partido Comunista que es su motor. A pesar que la IU logró montar varias concentraciones callejeras significativas su militancia no pudo evitar que el grueso del pueblo izquierdista optase por Podemos a quien vio como la mejor posibilidad de llegar al poder.

Podemos, Ciudadanos e IU tienen en el actual congreso un número de miembros muy inferior a su porcentaje electoral, por lo que esas fuerzas demandan un cambio en la forma en la cual se elige el congreso.

La Unión por el Progreso y la Democracia (UPyD), el partido derechista que en las pasadas elecciones ocupó el cuarto puesto, quedó eliminado del congreso, sacando menos votos que el 0.87% que obtuvo el Partido Animalista contra el Maltrato Animal. La UPyD fue castigado por la irrupción de Ciudadanos así como la IU sufrió el embate de Podemos.

La Izquierda Republicana Catalana triplicó sus curules pasando de 3 a 9 superando por primera vez al partido del presidente catalán quien perdió in tercio de sus anteriores 12 congresistas. Ésta se convierte en la principal fuerza abiertamente separatista y anti-españolista del nuevo congreso.

No obstante, en Catalunya, así como en el País Vasco, Podemos fue la fuerza más votada. En esos dos países, donde la mayoría de la población rechaza a la monarquía y quisiera un referendo sobre la independencia, Podemos apareció como la fuerza que prometía a nivel de todo el Estado ir hacia una república plurinacional que garantice referéndums.

El Bloque Nacional de Galicia perdió a todos sus 2 diputados debido, entre otras cosas, a la alta votación de Podemos en dicho país. Podemos no solo logró ello y reducir el voto de la IU sino también aminorar fuertemente la representación congresal de la izquierda republicana independentista vasca.

Posible escenarios

Rajoy, al haber logrado la primera mayoría en diputados tiene la primera opción para formar gobierno, pero para eso requiere del aval de 176 congresistas, pero su partido está a 53 curules de distancia.

La fuerza ideal con la que quisiera contar Rajoy es Ciudadanos con quien comparte similar programa económico y una oposición frontal a cualquier separatismo. No obstante, Rivera, líder de Ciudadanos, ha indicado que su partido no le apoyará, como tampoco al socialista Sánchez, pues se limitará a apoyar las leyes que distintas fuerzas planteen al congreso.

Aunque Rajoy hiciese muchas concesiones a Ciudadanos para que le apoye (como modificar la ley electoral que discrimina a las fuerzas chicas llegar al congreso) la suma del PP y Ciudadanos solo da 163 diputados, 13 menos de los imprescindibles. Este número podría conseguirlo si es que se unen a los 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco que gobierna Euskadi y a los 8 del bloque del presidente catalán Mas, pero ello es muy improbable debido a que el gobierno catalán ya ha aprobado una hoja de ruta hacia la independencia lo cual le pone en choque directo con el unitarismo intransigente del PP y Ciudadanos y a que el PNV quiere que el país Vaso se torne un Estado libre asociado.

Rajoy podría retener la presidencia si en el congreso Ciudadanos vota por él y el PSOE se abstiene, pero los socialistas creen que les ha llegado el turno de volver a palacio.

La mejor combinación que podría tener el PP es una alianza con su rival histórico: el PSOE. Un acuerdo de ese tipo podría incluso tratar de incluir a Ciudadanos bajo la idea de crear una santa alianza que defienda la unidad territorial española.

Si bien Felipe Gonzáles, líder histórico del PSOE podría contemplar esa alternativa, el candidato del PSOE Sánchez ha declarado no querer un pacto de gobierno con el PP y también quisiera llegar a la presidencia.

El PSOE, Podemos e IU juntos suman 161 diputados, casi igual a los 163 de un posible pacto PP-Ciudadanos, pero, a diferencia de la derecha unionista, PSOE-Podemos sí pudiese conseguir el apoyo de varios de los 25 diputados nacionalistas moderados y radicales de Catalunya y el País Vasco, con los cuales podían tramontar la mayoría absoluta de 176 congresistas.

El problema está en que los 9 diputados de la Izquierda Republicana Catalana y los 8 de Democracia y Libertad del presidente catalán Mas demandan una independencia unilateral y como mínimo exigen que Madrid no impida una secesión pacífica o, al menos, un referendo como el que tuvo Escocia para decidir sobre su permanencia o salida de España.

Salida a la portuguesa

Los resultados españoles han confirmado el grueso de nuestros pronósticos hechos antes de los comicios en sentido que el bipartidismo iba a fenecer y que el PP podría ganar en votos pero sin poder garantizar retener la presidencia.

Algo que conjeturáramos antes de estas elecciones es en la  posibilidad que se produzca una salida a la portuguesa.

Efectivamente, en esa república que se encuentra bordeada solo de España y del mar, la derecha unida ganó las elecciones generales pero con mucho menos de la mitad de los votos y de los parlamentarios. Tras semanas de negociaciones el gobierno de derecha no pudo conseguir retener el poder y se formó una nueva coalición entre los socialistas, los comunistas y los anticapitalistas.

Similar escenario podría darse en el caso español, aunque allí el escenario se complica porque allí hay fuertes tendencias separatistas y los socialistas se niegan a permitir cualquier referendo independentista porque temen que lo perderían.

Podemos concibe que ahora tiene la capacidad de influir poderosamente en la conformación del nuevo gobierno exigiendo al PSOE que garantice no aplicar nuevas ajustes y reformar la ley electoral para que los partidos chicos no sean discriminados y se puedan dar referendos sobre la independencia. Pablo Iglesias, el joven líder de dicho partido emergente, cree que solo un gobierno que esté bajo dicha orientación podría garantizar la unidad de España como ‘un país de países’ y un ‘Estado pluri-nacional’.

Como en Portugal a España le esperan varias semanas de incertidumbre y negociaciones donde las cúpulas partidarias y no una elección directa sean quienes definan  al nuevo presidente.

De no darse un acuerdo sería posible, incluso, nuevas elecciones.

La España postfranquista tiene ahora al congreso más complicado que haya tenido. Este país acicateado por una fuerte recesión y un alto desempleo puede ingresar a un terreno como el que tuvo Italia de fines del siglo XX en el cual había una alta inestabilidad gubernamental y rotación de presidentes.

En medio de esta nueva inestabilidad crecen las fuerzas separatistas que han hecho de España el país europea que tiene hoy las más fuertes tendencias centrifugas.

Corrupción política y precandidatos

Publicado el 25 Agosto 2015 -  El Clarín -  Escrito por Leopoldo Lavín Mujica

Si la presidenta Bachelet está fuera del circuito político debido en parte a su comportamiento errático ante el escándalo de especulación financiera y de tráfico de influencias Caval-Luksic-Banco Chile en el que están involucrados su hijo y nuera, los otros políticos vinculados a escándalos de corrupción (PENTA, SQM, Corpesca, Angelini, etc), por financiamiento empresarial de la política, no se han visto afectados en el plano político ni personal.

Ninguno de éstos ha renunciado al cargo al que fue elegido, pese a la amplitud y recurrencia de los escándalos y del consiguiente rechazo ciudadano. Como si nada, los parlamentarios investigados por el Ministerio Público, bajo sospecha o materialmente responsables siguen al mando de sus partidos, percibiendo sus dietas, asistiendo a las sesiones del Congreso y, lo que es peor, votando leyes de “probidad” e incluso, haciendo declaraciones sobre “ética” y dictando cátedra sobre “la crisis política” en los medios. Se ríen en nuestras caras. Sus correligionarios no les exigen que se vayan. Complicidad total.

Y los analistas cercanos ideológicamente a esos partidos y amigos de esos políticos, contra toda coherencia ni siquiera establecen un vínculo lógico entre la corrupción política con la desafección ciudadana y el peligro que éstas representan para la vida democrática, ni menos elaboran acerca de sus consecuencias en las estructuras sociales y políticas de poder.

Estamos ante una democracia desamparada de recursos legales y mecanismos de protección contra la captura de la cual ha sido objeto por los intereses empresariales a través de sus políticos. Esto es una muestra de lo que hemos llamado una democracia liberal de baja intensidad o bajo tutela de los poderes fácticos (empresarial, mediáticos y de las FF.AA).  

Más grave aún. De los cinco precandidatos presidenciales en liza, cuatro de ellos han sido salpicados, o han estado directamente involucrados en casos de corrupción (ME-O, Lagos, Piñera y Velasco). Si esto es posible, es porque no hay un movimiento ciudadano amplio que los impugne directamente. La paradoja es que si bien hay una difusa corriente de opinión pública mayoritaria que rechaza las prácticas corruptas de la casta político empresarial, no se ha constituido un movimiento social que levante la demanda o exigencia de probidad y de limpieza del sistema político y que exija la renuncia de los corruptos; que se mantenga en el tiempo y que la articule con otras demandas como la Convocatoria a una Asamblea Constituyente o a aquellas levantadas por el movimiento estudiantil y sindical.          

Si en un primer momento, en los sistemas políticos corruptos, los políticos no hablan de corrupción, en un segundo tiempo, intentan banalizarla o camuflarla en la realidad política misma. En Chile se está en el primero. Mientras que los nuevos medios (digitales de preferencia) no han cesado de cubrir con información pertinente los escándalos que impugnan a la casta político-empresarial, la prensa conservadora y los mismos políticos evitan nombrar el término de corrupción política y por consiguiente tratar de sus efectos corrosivos en la sociedad.

En la prensa del duopolio impreso (COPESA y El Mercurio) se expresan quienes hablan de “financiamiento ilegal de la política” o de manera más eufemística aún, como lo hicieron Lagos y la misma Presidenta (según la minuta redactada por el mismo consejero en comunicación estratégica) “del tema de la política y el dinero”. Es obvio que cuando no se circunscribe y se evita caracterizar el problema es porque no se quiere encontrar la solución para eliminarlo de raíz. Es lo que sucedió en Brasil: ni los intelectuales de izquierda ni los académicos (que son muchos) ligados al Partido de los Trabajadores quisieron ver la gravedad de la situación y del desfalco de Petrobras. Hoy es demasiado tarde. En Chile estamos en la primera fase.  

Pero hay un hecho que no puede pasar desapercibido. El que un ex alto funcionario del SII, abogado, se refiera a situaciones al interior del organismo del Estado en términos de “corrupción” significa que el problema es grave y persiste, pero que se le ignora. Cristián Vargas, ex Subdirector del SII declaró en CNN, después de su salida del cargo:  “por lo tanto yo presumo que fue mi actuar en los casos Penta y Soquimich (el motivo de su salida)”, además acusó: “Esto es una decisión de tipo política, gubernamental, producto no sé si de un acuerdo o presiones políticas transversales y personas implicadas […]. Que un grupo de personas corruptas pidan mi salida del SII es materia de orgullo".

Demasiado grave.

Sin embargo, a los diputados y senadores se los ve felices y despreocupados en esa realidad que los baña y en la cual la corrupción no la ven porque surfean en ella; les financia campañas y “fundaciones”, sus testaferros escriben mails acusando recibo en su nombre con las secretarias de los corruptores, suben a las torres en los mismos ascensores de los empresarios que les pagan viajes en avión y hoteles en los cuales se alojan. Y lo más grave, votan leyes en favor de sus empresarios financistas y apoderados y “sponsors” políticos después de pasar el sombrero. Es lo que hemos llamado las prácticas corruptas de la casta político-empresarial.

Y otros, de manera artificiosa y demagógica se amparan en la más pura inmoralidad política al decir “que así son las reglas del juego” y que no quedaría otra que aceptarlas. Esa el la política de la casta.

¿Qué pasa entonces si el proceso de reformas de probidad a las cuales se resisten los legisladores se hace en el marco de una democracia con antecedentes de corrupción de las prácticas políticas democráticas (de transparencia y de rendimiento de cuentas) por el poder del dinero, donde hay operaciones que escapan a la mirada y al control ciudadano?

Es imposible ser ciego. Los casos de corrupción cuestionan el funcionamiento mismo de la democracia, de sus procedimientos e instituciones y partidos políticos. En un sistema político de origen dictatorial donde los mecanismos propios de la democracia han sido desvirtuados.

El maridaje entre los intereses empresariales y políticos que utilizan el poder del dinero para influenciar la política, al construir redes y mecanismos de influencia corruptora de los procesos de decisión desvirtúa la razón de ser y todo el discurso acerca de la democracia. Y por mucho que se haya reformado el binominal, el poder de los partidos y de sus caciques sigue intacto.

La sociedad chilena no sale aún del asombro que le han provocado estos casos y la casta política no hace más que hundirse en el oprobio al practicar la política del avestruz.

Hemos dicho que es la noción de Estado de Derecho la que iba a salir rasguñada; es lo que nos dice Cristián Vargas, anteriormente citado. Esta es generalmente puesta en valor para ocultar la otra cara del Estado o, mejor dicho, su brazo armado: aquél utilizado para reprimir a estudiantes, luchadores mapuche y trabajadores del cobre. Son dos caras del mismo instrumento de poder de la clase dominante para imponer su hegemonía.

Si los ciudadanos no somos capaces de impedir que políticos que han estado implicados en casos de corrupción política se presenten esta vez como candidatos y que suceda que haya que votar por ellos, como ya ocurrió con Sebastián Piñera, habremos perdido una batalla democrática fundamental para el futuro. Porque la lucha por la recuperación de espacios democráticos decisivos y la creación de nuevos es parte fundamental de un proyecto democrático-popular y de los trabajadores.  

150826 - elclarin.cl

El origen espurio de la Constitución de 1980

CHILE: LA TRAYECTORIA DE LA CONSTITUCIÓN DICTATORIAL

La Constitución pinochetista de 1980 tiene un origen ilegítimo. Fue obra de un restringido grupo de juristas y políticos de extrema derecha que trabajó secretamente durante casi siete años y luego fue "aprobada" en un plebiscito totalmente fraudulento. Chile vivía bajo una dictadura militar-empresarial, que utilizaba el terror para implementar la versión más extrema de un proyecto de sociedad y economía neoliberal. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No había libertad de expresión, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde septiembre de 1973.

La dictadura preparó en secreto su proyecto constitucional. Pocos días después del golpe de Estado, la Junta Militar de Gobierno creó una Comisión Constituyente encabezada por el ex ministro Enrique Ortúzar del derechista ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Durante cinco años este grupo preparó un anteproyecto constitucional, siguiendo las orientaciones del gobierno dictatorial. En noviembre de 1977 el tirano Pinochet entregó a Ortúzar instrucciones escritas por su Ministra de Justicia Mónica Madariaga y por Jaime Guzmán, principal ideólogo del régimen, para que elaborara un proyecto de Constitución. Al cabo de casi un año de trabajo, la Comisión Constituyente produjo el texto encargado y el 31 de octubre de 1978 Pinochet pidió al Consejo de Estado que comenzara a analizarlo. Al término de ese estudio, el 26 de junio de 1980, doce días antes de la fecha fijada para que el Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri entregara oficialmente el proyecto de nueva Constitución, el gobierno formó un grupo de trabajo encargado de revisarlo a cuya cabeza quedó Mónica Madariaga. La ministra y cuatro auditores militares, más algunos invitados ocasionales, realizaron un trabajo sigiloso e intenso dando lugar a 175 cambios en los que se expresó el consenso esencial del bloque dominante.

El texto corregido fue remitido oficialmente el 8 de julio por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno; luego fue analizado durante algunas semanas por juristas y algunos hombres del poder. El 10 de agosto de 1980 se aprobó la versión final. Todas las deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno anunció por cadena nacional de radio y televisión que en un plazo de treinta días se realizaría un plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución.

El menguado "debate" ciudadano se realizó en condiciones de estado de emergencia, receso político,  control gubernamental de las publicaciones, clima de terror generalizado y sin alternativas reales para los votantes, sin claridad de las consecuencias jurídicas de una eventual derrota de la opción Sí prohijada por la dictadura, sin registros electorales y sin supervisión ni recuento electoral independiente. El gobierno solo autorizó la realización de un meeting opositor y puso todos los recursos del Estado, además del amplio control de los medios de comunicación que tenían sus partidarios al servicio de la campaña por la aprobación de la nueva Constitución.

Los resultados oficiales del plebiscito fueron los siguientes: votos por el Sí a la nueva Constitución: 4.204.879 (67,04%); por el No (rechazo): 1.893.420 (30,19%); nulos: 173.569 (2,77%).

La oposición denunció todo tipo de fraudes e irregularidades. En el 39,7% de las mesas observadas por sus voluntarios se detectaron irregularidades. Así, en al menos nueve provincias (Tocopilla, Chañaral, Linares, Cauquenes, Huasco, Choapa, Valparaíso, San Antonio y Malleco), “votó” más del 100% de la población. Cinco años más tarde, el sociólogo Eduardo Hamuy (“padre” de las encuestas de opinión en Chile) informó que un equipo de 660 voluntarios había observado los votos y los recuentos del plebiscito de 1980 en 981 mesas electorales escogidas al azar en el Gran Santiago (alrededor de 10% de las 10.522 mesas en 170 locales de votación), registrando cinco tipos de fraudes o irregularidades: recuento erróneo de votos (contabilización de votos No y nulos como blancos o Sí, o anulación de votos No); inconsistencias entre el número de votos contados y el número de firmas de votantes registrados (votantes excesivos o faltantes); recuentos no públicos; personas que votaron más de una vez; y otras irregularidades. Aunque Hamuy no pudo cuantificar la magnitud exacta del fraude, estimó que, a partir del 39,7% de las mesas donde se cometieron irregularidades, era legítimo suponer que sin fraudes electorales el resultado del plebiscito habría sido contrario al gobierno en el Gran Santiago, concluyendo que estaba “probabilísticamente justificado dudar de la legitimidad Constitución de 1980 e incluso negarla”.

A modo de conclusión, puede afirmarse de la manera más taxativa que tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 fue una imposición a la fuerza, un acto coercitivo, jurídicamente nulo y vacío según los principios del derecho público. Fue (y es) una Constitución de facto, del mismo modo que los decretos leyes de la dictadura. En el momento de su promulgación fue un simple mecanismo de prolongación de la dictadura. El texto permanente era, en esos momentos, meramente semántico, nominal, porque solo servía para dar la apariencia de legalidad al monopolio del poder. La Constitución efectiva eran sus disposiciones transitorias.

Para que el texto permanente adquiriera visos de legitimidad se requería del concurso de otras fuerzas dispuestas a jugar el juego de las fuerzas dictatoriales y neoliberales.

Legitimación del sistema pinochetista por la Concertación

Cuando era oposición,  el liderazgo de la Concertación cuestionó completamente la Constitución de 1980 y las instituciones económico-sociales impuestas por la dictadura, por considerarlas antidemocráticas y contrarias a la justicia social.Sin embargo, como lo reconoció su eminencia gris (Edgardo Boeninger) en 1997, dicho liderazgo experimentó, a fines de la década de los 80, una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, situación que “políticamente no estaba en condiciones de reconocer”.

Producto de esa convergencia inconfesable, la dirigencia concertacionista no quiso quedar “desnuda” ante sus bases de apoyo y le regaló a la futura oposición de derecha la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin, a través de reformas constitucionales concordadas con Pinochet, las que pasaron desapercibidas en el “paquete” plebiscitado en julio de 1989. En efecto, la Constitución original de 1980 (sobre la base del supuesto de que Pinochet sería ratificado en el plebiscito de 1988) establecía que el futuro Presidente gobernaría con mayoría parlamentaria simple teniendo mayoría absoluta en una Cámara y solo un tercio en la otra. Considerando la histórica minoría electoral de la derecha, aquello le daría a Pinochet la mayoría necesaria en el Senado con el aporte de los senadores designados; y obtendría, gracias al sistema binominal, el tercio de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, su derrota en el plebiscito de 1988 generaba, con seguridad, la previsión opuesta. Sería la Concertación la que ganaría la mayoría en la Cámara, a pesar del sistema binominal; y alcanzaría indefectiblemente el tercio del Senado, pese a los senadores designados. Recordemos que el Senado original se componía de 35 miembros: 26 elegidos (2 por cada región) y 9 designados, cuyo tercio era 12. La Concertación, en el peor de los casos, elegiría 13.

Con ello, esta coalición no hubiese podido modificar la Constitución ni las leyes orgánica-constitucionales por los quórum supra-mayoritarios exigidos, tampoco las leyes de quórum calificado que requerían de la mayoría absoluta de ambas cámaras. Pero, de todas formas, Aylwin habría quedado con la mayoría suficiente como para transformar completamente (en la línea de lo planteado en los 80) los sistemas laboral, sindical, de salud, universitarios, financieros, tributarios, de juntas de vecinos y colegios profesionales, el decreto-ley de amnistía, etc.

Esa previsión fue liquidada por el propio liderazgo de la Concertación, que estuvo de acuerdo con elevar los quórum para leyes simples en ambas cámaras a mayoría absoluta, sin terminar con los senadores designados, a cambio de algunas liberalizaciones como acotar las sanciones a quienes profesaran ideas “totalitarias”, dejando a salvo a las personas; flexibilizar los mecanismos de reformas constitucionales y disminuir las facultades del Ejecutivo en los estados de emergencia.

Ciertamente que lo anterior no se produjo debido a que una “epidemia de estulticia” afectara al conjunto de la dirigencia concertacionista, o por temor a que Pinochet diera un golpe para el que no existían condiciones políticas a mediados de 1989. Menos aún con el pretexto de que la oposición no accedía a cambiar su propio texto constitucional. La única explicación razonable nos remite a Boeninger. Esto es, dado que la cúpula de la Concertación ya no quería efectuar los cambios prometidos, pero no podía reconocerlo ante sus bases, la solución estaba en generar un escenario en que ese liderazgo efectivamente no pudiese efectuar dichos cambios, sin estar obligado a reconocer que ya no quería hacerlos.

En total congruencia con lo anterior, las principales medidas políticas, económicas, sociales y comunicacionales desarrolladas por los sucesivos gobiernos concertacionistas llevaron ese sello: el de las concesiones a la derecha sin que se notasen. Empezando por la tenaz negativa de dicho liderazgo a efectuar pactos meramente electorales con la izquierda extraconcertacionista (¡arguyendo que había sumas que restan!) en las elecciones parlamentarias; las que, proyectando los resultados producidos, le hubiesen dado mayoría absoluta propia a la Concertación en ambas cámaras en 1997. Siguiendo por la virtual “autodestrucción” de todos los medios escritos afines a la Concertación durante la década de los 90, efectuadas por políticas (hasta ahora inconfesadas) diseñadas por los propios gobiernos, como ha sido reiteradamente denunciado –sin desmentido alguno hasta la fecha- por varios directores de esos medios. Continuando, al mismo tiempo, con la “neutralización” de TVN, al establecerse por ley directorios virtualmente paritarios con la derecha que bloquearon la posibilidad de efectuar debates plurales entre pinochetistas y anti-pinochetistas sobre lo que había sido la obra de la dictadura. Y terminando, respecto de los medios de comunicación existentes, con la privatización del Canal de la Universidad de Chile, que pudo haber contribuido a un debate plural sobre el estado del país y su historia reciente.

Otro elemento en esta dirección lo proporcionó, no solo la ausencia de revisión de privatizaciones de servicios públicos fundamentales o de riquezas básicas efectuadas por la dictadura (procesos que destacaron, además, por sus turbios conflictos de intereses), sino la continuación de aquellas en forma de ventas o de concesiones a grandes capitales nacionales y extranjeros, como el caso del agua, del sistema portuario, de la pesca, de los caminos y, sobre todo, de la desnacionalización de más del 70% de la gran minería del cobre. Esto unido a políticas que profundizaron el perfil primario exportador de la economía; nuestro alejamiento de los procesos de integración regionales; y la frenética búsqueda de la inserción solitaria en el mercado mundial, que culminó con decenas de tratados bilaterales de libre comercio.

Por otro lado, los sucesivos gobiernos de la Concertación o parlamentarios de ese conglomerado buscaron reiteradamente –en acuerdo con la derecha- avalar la impunidad establecida por el decreto-ley de amnistía o aprobar leyes que disminuyeran ostensiblemente las penas de quienes llevaron a cabo las desapariciones forzadas o las ejecuciones de personas. Fueron los casos del “acuerdo-marco” de 1990, del proyecto de ley Aylwin de 1993, del proyecto de ley Frei y del “acuerdo Figueroa-Otero” de 1995, del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998, del proyecto de ley de inmunidad de Lagos de 2003, de un proyecto de ley de senadores concertacionistas y de derecha de 2005, y de su reflotamiento por Bachelet en 2007. Afortunadamente, todos esos proyectos fracasaron por la dura oposición de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanosy del eco que esta resistencia provocó en varios parlamentarios de la propia Concertación.

Desgraciadamente no pasó lo mismo con el proyecto de ley de Lagos –aprobado en 48 horas en 2004- destinado a brindar una virtual impunidad a los torturadores, al establecer un secreto de 50 años para todas las denuncias efectuadas ante la Comisión Valech, además de una prohibición al Poder Judicial de tener acceso a dichos datos.

La genuina voluntad concesiva reconocida por Boeninger en 1997 fue ratificada completamente cuando Lagos (entre 2000 y 2002) y Bachelet (entre 2006 y 2007) adquirieron finalmente una mayoría absoluta en ambas cámaras, sin hacer nada por desmantelar la institucionalidad económica, social y cultural impuesta por la dictadura. Asimismo, cuando los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet se negaron a devolverle a Víctor Pey los bienes del confiscado diarioClarín, con el –obviamente- entusiasta apoyo en ese sentido del duopolio “El Mercurio-Copesa” y del conjunto de la derecha. Y cuando los gobiernos de Lagos y Bachelet (que por su denominación de socialistas generaron aprensiones en la derecha) terminaron en medio de los más exultantes panegíricos prodigados por una pléyade de políticos, economistas y empresarios de derecha, nacionales y extranjeros.

Por último, la culminación de todo este proceso –desde el punto de vista institucional- lo representó el hecho de que en 2005 el liderazgo de la Concertación ¡hiciera suya la Constitución del 80!, a través de su firma por Lagos y todos sus ministros, sustituyendo así la de Pinochet, a cambio de la eliminación de los elementos más impresentables de la autonomía militar: La inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que, por su composición y atribuciones, socavaba ostensiblemente la subordinación de aquellos a las autoridades civiles electas. Es importante destacar que la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (impuesta por Pinochet y “protegida” por el virtual veto de la derecha) quedó intacta y que ella estipula diversas disposiciones que le confieren a dichas instituciones grados de autonomía incompatibles con un sistema político auténticamente democrático.

Las otras reformas aparentemente democratizadoras –la eliminación de los senadores designados y vitalicios; y el hecho de sacar del texto constitucional el sistema electoral binominal- significaron poco o nada. El primero, debido a que por la forma de su designación y por el creciente número de senadores vitalicios concertacionistas, no era claro que desfavoreciese a la derecha. Y el segundo, debido a que la inclusión en una ley orgánica constitucional que bajaba los quórum para su reforma de 3/5 a 4/7, ¡se hizo con la salvedad de que para reformar específicamente dicho sistema, se mantenía  la exigencia de 3/5! Es decir, constituyó un verdadero fraude jurídico y político al conjunto de la sociedad chilena.

En conclusión, los gobiernos de la Concertación legitimaron, consolidaron y perfeccionaron pacíficamente la obra refundacional impuesta a sangre y fuego por la dictadura. Así como era imposible en 1973 que un modelo neoliberal fuera aceptado por la sociedad chilena, también le era imposible a la derecha en 1990 generar las condiciones para que dicho modelo fuese efectivamente legitimado y consolidado. Ese rol solo podía desempeñarlo una coalición gobernante –nominalmente- de centroizquierda. Ese fue, en definitiva, el rol histórico principal de la Concertación.

Foro por la Asamblea Constituyente

Santiago, enero de 2014.

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Un gran estafador A LA MONEDA (1)

DE TI DEPENDE

CON EL SISTEMA BINOMINAL, con el descrédito de Bachelet que ya gobernó repartiendo plata para los poderes fácticos y sonrisas para la gente sencilla, PERO YA GOBERNÓ y no tod*s se alimentaron de simpatía, sería posible que Laurence Golborne sea Presidente.
Esto se debe hacer circular, no tanto entre l*s que no creemos en esta gente, sino en el público de inciertas opciones.
Habrá otras publicaciones sobre estafadores, asaltantes y escaperos de cuello y corbata que se candidatean.

Para parar las estafas y la vergüenza de un país saqueado en forma crónica, debemos todos impedirlo y no optar por actitudes acomodaticias de "buscar el mal menor" (que también puede favorecer obtener un lugarcito en el mundo de la corrupción en la que se mantiene al país).

Los males menores han sido parte del mal mayor: mantener el modelo de la dictadura.

Las luchas de los pueblos de Chile, todos, deben parar este escándalo.

Polémica por fallo contra Cencosud: ¿El “auto jaque mate” de Laurence Golborne?

Paula Campos

El fallo de la Corte Suprema contra la empresa Cencosud por aplicación de cláusulas abusivas en las tarjetas de crédito Jumbo Más, ha mantenido el revuelo en el mundo político. Las críticas al precandidato presidencial del gremialismo, Laurence Golborne, quien en 2006 se desempeñaba como gerente general de la firma, han sido duras. Los principales cuestionamientos surgen al interior de la propia Alianza.

¿En qué pie queda la campaña del candidato gremialista Laurence Golborne? Esa es la pregunta que muchos se hacen, después de que la Corte Suprema diera a conocer el fallo contra Cencosud, por la aplicación de cláusulas abusivas en las tarjetas de crédito Jumbo Más, hecho ocurrido mientras Golborne era gerente general de la firma.

El gobierno del presidente Piñera, ha estado constantemente recalcando la importancia de los consumidores y el respeto a sus derechos. Por este motivo se ha levantado un amplio revuelo respecto del futuro de la candidatura presidencial del ex ministro de Estado.

Gustavo Hasbún, desdramatizó el tema y aseguró que la campaña no se modificará “tan sólo se pensará una estrategia para afrontar puntualmente el problema” dijo. Para el Jefe de Bancada de diputados de la UDI, el fallo se ha convertido en un “aprovechamiento político”, sin entender que “cuando se es funcionario se actúa en torno a lo que se pide en la empresa”, adhiriendo así a las declaraciones del ex ministro de Obras Públicas.

“La gente tiene que entender que cuando uno es funcionario de una empresa depende de su empleador quien es el que determina las políticas. Por lo tanto, yo le restaría dramatismo”, dijo Hasbún.

El actual Gerente General de Cencosud, Daniel Rodríguez, se mostró contrario a estas explicaciones.  Según indicó, el gerente general de la compañía se debe hacer responsable de las decisiones: “Obviamente consulto al directorio, que es el que me da las guías para poder funcionar, pero la administración es del gerente general” señaló con posterioridad a una junta de accionistas del holding.

Los cuestionamientos políticos no se han hecho esperar. En Renovación Nacional, han sido críticos con el tema. El partido de la Alianza ha manifestado abiertamente sus reparos en torno a la idoneidad de la campaña de Golborne después del fallo de la Corte. Andrés Allamand, candidato presidencial de RN, ha sido tajante en sus opiniones. Para el ex ministro de defensa, este tema podría determinar el futuro de la colectividad.

“En la reacción frente al caso Jumbo-Cencosud la centro-derecha, la alianza, se juega su destino respecto de la próxima elección presidencial. El tema de los abusos va a ser un tema central en esta campaña”, dijo.

Allamand agregó que “aquí hay que definirse, o estamos en la posición de defender a los consumidores, frente a los abusos de las casas comerciales o no estamos en esa posición”.

Los mayores cuestionamientos se dan por lo poco claro que ha sido el candidato para referirse al fallo. Manuel José Ossandón, ex alcalde de Puente Alto y actual candidato senatorial de RN, ha fue más cauteloso a la hora de interpelar al UDI. Sin embargo, en conversación con Patricio López en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Ossandón indicó que el precandidato gremialista debería  manifestar su opinión, más que sólo apelar a la legalidad o no de los actos ejecutados.

“Creo que este problema se habría acabado en el minuto si él, como candidato, hubiese hecho una autocrítica y además hubiera planteado cuál era su opinión. Tiene que decir si le parece o no porque, según mi perspectiva personal, me interesaría saber si el considera abusivo o si correspondía subir el precio o no”.

Manuel José Ossandón indicó que el haber dejado de la responsabilidad en las manos del directorio tampoco fue una buena jugada pues, según él, “si hubiésemos estado jugando ajedrez Golborne en ese momento es torre, no un peón y con esa respuesta se está haciendo un auto jaque mate”.

Al interior de la UDI, se desconoce si Laurence Golborne volverá a referirse al tema. Hasta el momento, sólo está confirmada la presencia del precandidato al programa “Frente al Espejo” producido por TVN.

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/207585/#comment-142445

Uno de los comentarios:

EL GRAN JEFE DEL CANDIDATO UDI- Horst Paulmann Kemna (1935) empresario alemán radicado en Chile, dueño del holding chileno Cencosud, operador de cadenas de supermercados, centros comerciales TARJETAS DE DÉBITO, expandido por Chile Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Paulmann es el tercer hombre más rico de Chile y el número 98 en el mundo, con $9.300 millones de dólares. Nazi-onalizado “shileno! Por parlamento 2005. 

DEMANDAS LABORALES RECURRENTES EN SUS EMPRESAS

1. Horas extras laborales sin ser canceladas: operativos o sin funcionar.

2. Las reiteradas negaciones de permitirle a sus trabajadores (en especial a los de provincia)a concurrir a los servicios higiénicos 

3. Servir en las horas de almuerzo de los trabajadores alimentos en evidente estado de vencimiento,

4. No respetar horarios de entrada y salida de los establecimientos: violan los derechos mínimos de un ser humano.

Publicación en Blog http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.mx

Estafas, candidatos y politicastros con prontuario de fraudes (o de cubrirlos) y mentirosos que estimularon la represión llaman a ser elegidos.

El Escándalo (¡otro más!) de las estafas de CENCOSUD, del magnate Paulmann y de su torpe y ambicioso hoy candidato a Presidente muestra la realidad del modelo chileno.  Ver en: http://radio.uchile.cl/noticias/207585/#comment-142445

Como comentario es necesario denunciar esta situación. Denunciarla en toda su extensión: Los robos a cielo abierto, las estafas durante la dictadura que transformó a pillos y ladronzuelos en patriarcas (y mandamases) del país y a los que se les sumaron para ser parte de la repartija y del poder hay que mostrarlos con el dedo.

No se puede prometer equidad y justicia cuando se han favorecido, con decisiones personales, el saqueo de los compradores de una cadena de supermercados inmensa que ha permitido el aumento de la fortuna mal habida de un magnate y, al mismo tiempo, por esos robos oficiales, aumentar la inequidad de millones de personas. Es otra edición de La Polar o de los Fraudes en el Banco de Talca o de los relacionados con el control privado del Agua y las mineras, de los robos en educación o de las Isapres... Es triste ver la pretendida "obediencia al jefe" que presente el diputado Hasbún, al decir "que hay que obedecer al jefe" (...) y que "eso no es tan importante".

De ese modo se apoyaron los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y los que siguieron. También la colusión de los poderes del Estado que siguen favoreciendo la especulación de unos pocos, el desfalco del país con la destrucción del medio ambiente y los derechos fundamentales del pueblos de Chile. Por ello la elección que se viene es una inmoralidad que debe terminar. No a Golborne y a todos los representantes del continuismo. Siguen en pie las condiciones de un sistema electoral espurio que hace las elecciones ilegítimas e ilegales. De hecho, es un nuevo atentado contra la construcción verdadera de un país fraterno y democrático. 

Por una Verdadera Constitución: exijamos la Asamblea Constituyente. Y a los nuevos candidatos o a la reciclada candidata que nada hizo por promover soluciones ni detener la represión de la sociedad civil y pueblos indígenas, mostrémosles el repudio al sistema legal chileno que es inmoral.  La teoría enfermiza “de elegir al mal menor” debe ser denunciada porque ya la hemos tomado y deja siempre el desastre que conocemos. En estas condiciones NO SE DEBE VOTAR.

Allamand, que trata de sacar las castañas con la mano del gato, nunca ha dicho nada contra los robos ni los crímenes. Es el trepador... Ha mentido a delegaciones internacionales sobre la conexión con la Escuela de las Américas (marzo 2012, ante venida del Observatorio de dicha “escuela”) cuando, siendo Ministro de Defensa, decía que no sabía nada de la Escuela de las Américas a la que Chile manda, junto con Colombia, el mayor número de “estudiantes”… los mismos que regresan a dar golpes, a amenazar y torturar. Bajo su dirección se estableció, en los mismos días, la base de Ritoque, otra sede la Escuela (Antidemocrática y golpista) de las Américas.

Chile merece ser un país digno. No el país que se llena de millonarios mundiales que roban a destajo y violan los derechos del país todo. Es tarea de todos que los derechos humanos sean respetados.

A LA BASURA CON TOD*S

VIGENCIA DEL MAPU

Nelson DEBROTT

(Documento para el proceso de debate programático del MAPU)

Algún compañero/a se ha preguntado si el MAPU tiene hoy vigencia, si es necesario como aporte al actual proceso o por el contrario, debiéramos pensar en “algo nuevo".

Quienes estamos en el Colectivo Mapu de Santiago no tenemos duda de que el MAPU está vigente y es más necesario, incluso, que cuando se fundó. Si no lo fuera, deberíamos pensar qué organización política nos interpretaría y para qué objetivos.

Decimos que el MAPU está más vigente que nunca y que es necesario reconstruirlo porque las condiciones objetivas no solo no han cambiado si no que por el contrario, han empeorado respecto de lo que existía cuando algunos “iluminados" proclamaron su disolución. Basta pensar en el tipo de sociedad que tenemos y en los males que padece para afirmar que es necesario un nuevo destacamento proletario que luche por lo que siempre hemos proclamado: el socialismo basado en el Poder Popular.

Pero no solamente las condiciones objetivas de nuestra sociedad nos indican esta orientación, sino que la situación internacional, especialmente la realidad de países hermanos como Bolivia, Venezuela, Ecuador. Países que hoy transitan en dirección al socialismo organizando y creando el Poder Popular.

No porque algunas orgánicas hayan abandonado el barco vamos nosotros también a sumarnos a quienes quieren ser parte del poder burgués o a los que se contentan con un pedacito de la torta, aunque sean algunas diputaciones o una senaturía.

Fuimos nosotros quienes, siempre fieles al legado de unidad que nos dejara Ambrosio (y al que hemos sido fieles), nos planteamos trabajar con otras orgánicas pequeñas con el fin de crear un referente “nuevo" y de ello surgió el MPT, organización que logró unir a más de 30 grupos que estaban trabajando cada uno por su lado. Lo que pasó a lo largo de la historia del MPT da para un análisis más en profundidad, pero podríamos reducirlo en que se diluyó en un activismo centrado en la participación en actos, recolección de firmas, marchas, generalmente por el paseo Ahumada, protestas y otras actividades que nos desviaron de el objetivo central planteado en su fundación: la creación de Poder Popular. Finalmente lo que contribuyó a su desmembramiento fue el tema de la participación en las elecciones municipales. Y quienes estaban por participar del circo electoral trabajaron mañosamente para formar otro referente "nuevo": el partido Igualdad. Y se fueron del MPT, incluso algunos que fueron firmes partidarios del voto nulo. El resultado final es que el partido Igualdad, si bien logró inscribirse legalmente, no logró pasar del 2% de los votos emitidos, lo cual lo deja de nuevo fuera del sistema electoral.

Debemos decir que en esta última elección como Colectivo MAPU no logramos conformar una posición común ya que algunos compañeros eran partidarios de apoyar a candidatos populares en algunas comunas y otros éramos de la idea de no votar, de no afirmar el sistema sobre todo ahora que el voto es voluntario. El resultado lo conocemos: casi un 60 % de los potenciales electores no concurrió a las urnas y el sistema electoral quedó al desnudo en cuanto a que no representa a la mayoría de la población. Ahora se plantean muchos que las autoridades elegidas de esta forma no tiene legitimidad política porque representan a una minoría muy pequeña, aunque legalmente hayan ganado.

UN PROGRAMA PARA EL MAPU.

Se nos ha planteado reiteradamente que debemos tener un Programa para poder convencer o “reencantar" a los mapu dispersos y a los nuevos elementos. Esto muchas veces se plantea como algo esencial para nuestro trabajo entre las masas. Y lo es desde luego porque sino estaríamos a ciegas, no sabríamos para donde ir. Pero debemos decir que tenemos un programa en construcción que está en varios documentos nuestros y por otro lado, y esto es lo más importante, existe un programa en la calle que debemos hacerlo nuestro. Todos sabemos que desde hace por lo menos dos años diversos movimientos sociales se han levantado exigiendo educación sin fines de lucro, gratuita y de calidad, fin del negocio de la salud, energías limpias y eliminación de la contaminación industrial, recuperación de nuestras riquezas naturales especialmente el cobre, el litio y otras, nacionalización de las aguas y mar para todos, fin de la deuda hipotecaria de las viviendas y un nuevo sistema de financiamiento habitacional, etc. etc. Como se puede apreciar, es en las calles donde se está estructurando un programa para una nueva sociedad y debemos estar presentes en estas luchas del movimiento social.

Pero no basta con estar entre las masas y que estas luchen por sus derechos, es necesario que estas pasen de la movilización por sus demandas sectoriales a la organización de un poder político capaz de unir todas las demandas y construir una sociedad superior. Esto debe ser un proceso que se construya desde la base social y no desde arriba para abajo. El Mapu debe impulsar con mucha decisión la organización de Asambleas del Poder Popular en cada comuna, en cada Región, para llegar a conformar una gran Asamblea del Poder Popular que represente realmente a la mayoría de la población. Sólo este Poder será capaz de cambiar la Constitución dictatorial, el sistema electoral y resolver todos los problemas planteados por las masas.

SOBRE LAS ELECCIONES.

No debemos desviarnos de nuestros objetivos por más cantos de sirenas que el sistema nos ofrezca. Al respecto, creemos que las próximas elecciones presidenciales y de parlamentarios no ofrecerán la posibilidad de cambiar las cosas porque ya el sistema esta deslegitimado. Por el contrario, debemos tener claro que este tipo de elecciones son como una serpiente encantada, destinada a desviar la atención y descomprimir la tensión social. No faltará algún candidato que ofrezca, como la Sra. Bachelet, cambiar el binominal, o como otros, cambiar el financiamiento para la educación o la salud, o subir los impuestos a las grandes empresas mineras. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y sabemos que una vez instalados en la Moneda la cosa es con guitarra. La desconfianza ya se instaló y es muy difícil que la gente le crea a algún candidato todas sus promesas. Aunque creemos que la abstención electoral será menor que en las pasadas elecciones, de todas maneras será significativa y debemos tener en cuenta esto. El acarreo y el fraude estarán muy presentes, como ya se manifestaron en las pasadas elecciones. 

Muchos se preguntan entonces ¿qué hacer? ¿Cómo logramos que la derecha se vaya del poder político y se pueda avanzar? ¿Debemos apoyar a algún candidato que en algo represente algunos puntos planteados o debemos llamar a no votar? Si hacemos esto último ¿estaremos apoyando indirectamente a la derecha dura? 

¿SACAR A LA DERECHA Y PONER OTRA DERECHA?

Muchos están por "desalojar" a la derecha dura del gobierno y apoyar a algún candidato que pueda ofrecer "algo" de cambio, algunos puntos para avanzar. Por muchos motivos, por último por cuestión de oportunidades de pega, sacar a la derecha conservadora resulta un objetivo fundamental. Pero cambiarla por quién? Ese es el problema. Sabemos que quien tiene más posibilidades de ganar es la Sra. Bachelet, eso lo dicen las encuestas al menos. Pero en los últimos comicios se vio que estos "estudios" fracasaron rotundamente. No son confiables en absoluto, por lo que planteamos que es posible que se equivoquen una vez más. Por otro lado, cualquier candidato de los que se están perfilando puede ser un nuevo fiasco.

Por eso, debemos hacer nuestra propia campaña en el sentido de organizar debates populares en torno a un programa y la estructuración de un Poder Popular de base. Y que esos organismos de base resuelvan si apoyan y a quien apoyan. Como se vio hace poco, una de las orgánicas de los estudiantes secundarios planteó no votar y algunos mapu estuvimos de acuerdo. Otros en cambio se plantearon por apoyar candidatos no logrando sacarlos electos, salvo en comunas como Recoleta donde la Concertación no llevó candidato al pactar con el PC. Vamos a ver que pasa porque ya se conoce que en algunas comunas donde el PC tenía alcaldes no se avanzó nada y ahora perdieron (caso Til Til, en San Fernando perdieron el 2004, etc.).

¿CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN? Cómo?

Se plantea por parte de diversos sectores que se debe convocar a una Asamblea Constituyente con el fin de cambiar la Constitución Pinochet-Lagos por otra que interprete a la mayoría del país. Esto suena muy bien pero en la práctica el problema es quién convoca y a quienes. Es decir, si se repite lo que ha sido históricamente los procesos de cambio constitucional, con una "comisión de expertos", podríamos tener una carta muy parecida a la actual, sino peor aún. 

Creemos que un cambio de la Constitución es un proceso donde el pueblo debe participar y mandar por medio de sus organismos de Poder Popular. Es un debate que debe plantearse cuanto antes, desde abajo a arriba en cada rincón de Chile. Es la gran tarea que debemos emprender este año.

EL MAPU COMO DESTACAMENTO PROLETARIO.

No debemos abandonar nuestros principios ni dejarnos llevar por el oportunismo. Seamos como quería Ambrosio: perseverantes en nuestros objetivos de construir el PODER POPULAR de masas. Para ello debemos estructurarnos por células comunales para poder cumplir el objetivo, arraigados en las bases populares. El MAPU debe ser un destacamento proletario que junto a otros luche por estos principios. Para ello debemos necesariamente unirnos a otras orgánicas que estén de acuerdo DE VERDAD Y NO SOLO EN LAS PALABRAS en estos propósitos. En estos momentos el MPT puede ser la instancia que nos una o podemos buscar otras fórmulas, pero no debemos dejarnos vencer.