El MPT rechaza las condenas a mapuche y la criminalización de las demandas populares

'El juraméntico jamás cumplídico

Es el causántico del desconténtico.

Ni los obréricos, ni los paquíticos

Tienen la cúlpica señor fiscálico.'

Violeta Parra

El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores se une a las denuncias que desde todos los sectores sociales, organismos de los pueblos originarios, de derechos humanos y de opinión pública, a nivel del país e internacional, se han hecho oír condenando la ingerencia del gobierno en la administración de justicia, al intentar realizar torpe y burdamente montajes judiciales y aplicación ilegal de leyes como las antiterroristas, en el caso de los juicios contra activistas y dirigentes del pueblo mapuche, intento que también se viene haciendo contra ex prisioneros políticos y participantes de movimientos antisistémicos.

El gobierno y el poder judicial están aplicando veladamente las leyes antiterroristas, pese a que el primero empeñó su palabra ante mediadores de la Iglesia Católica, para desistirse de su aplicación. Sin embargo, los juicios contra dirigentes mapuche se han seguido desarrollando en el contexto de dichas leyes.

No se puede calificar de “conductas terroristas” al accionar de grupos o personas que han manifestado el descontento de un pueblo frente a situaciones por siglos no resueltas en este país, así como el derecho a expresar las demandas diversas frente a un sistema económico, social y cultural de injusticia manifiesta. En el caso de los mapuche, los juicios están llenos de aberraciones jurídicas y el Gobierno lo sabe, pero lo que busca es aplicar precisamente un régimen de terror contra la disidencia. Compárense los cargos presentados contra activistas mapuche, con las conductas que se han tipificado como terroristas en los contextos de otros países y organizaciones que nada tienen que ver con nuestra realidad. Aténgase el gobierno y el poder judicial a los tratados internacionales, que son ley en Chile, relativos a los derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que expresan que los Estados deben disuadirse de aplicar las mismas penas en el caso de los indígenas, por las razones jurídicas que se señalan expresamente en el Convenio 169 de la OIT y otras cartas de valor internacional.

Denunciamos los permanentes apremios ilegítimos que se viven al interior de las cárceles, para chilenos y mapuche, tanto contra prisioneros de conciencia como contra reos comunes, prácticas que exceden y violentan el sentido de la privación de libertad y sólo buscan destruir la calidad humana de los reclusos. Ejemplo patético ha sido la tragedia de la cárcel de San Miguel, que pone al descubierto un sistema causante de atrocidades contra la dignidad que bajo ninguna situación se puede desconocer al ser humano.

Este descontento no será aplastado mediante montajes judiciales, sino están el Estado y la sociedad chilena dispuestas a cambiar las políticas con que han sometido a los pueblos indígenas, y asimismo si no hay transformaciones profundas del sistema económico, del aparato educacional, de la administración de justicia, de las políticas sociales, para enfrentar las desigualdades que han abierto inzanjables brechas entre las clases y sectores de la sociedad. No será la solución criminalizar las demandas sociales de mapuche, de rapa nui ni de chilenos, porque las causas de fondo seguirán generando el derecho a la disidencia y a la rebeldía, hasta conseguir justicia. La rebeldía de los pueblos es precisamente consecuencia de la desidia y el engaño con que los gobernantes han tratado al mundo popular, al incumplimiento de acuerdos sociales y de promisorios y engañosos programas de gobierno que han buscado captar el voto de los actores sociales, pero no se concretan con honestidad y no han mostrado efectividad, pertinencia ni consulta a los involucrados.

Llamamos a los movimientos sociales y políticos, a las organizaciones humanitarias, de cultura, de derechos ciudadanos y a la opinión pública en general, a difundir la situación de los prisioneros políticos mapuche y chilenos, víctimas de montajes judiciales, pero también a no quedarse conforme con la emisión y difusión de declaraciones como ésta, sino además a manifestar su solidaridad efectiva y concreta con ellos. A acercarse a conocer la realidad del pueblo mapuche, ante las organizaciones que han defendido sus derechos y dado a conocer su situación; a visitar a los prisioneros para que los carceleros sepan que no están solos a merced de los abusadores y que sigue habiendo solidaridad entre los pueblos. A apoyar las manifestaciones por la libertad de los prisioneros y por el fin a los montajes judiciales y apremios contra los luchadores sociales. Llamamos una vez más a generar una Nueva Relación entre la sociedad mayoritaria y los pueblos originarios y a expresarla en gestos concretos de pueblo a pueblo, de persona a persona.

También llamamos a solidarizar de manera efectiva con los prisioneros sociales, reos cuya situación es consecuencia de la profunda crisis económica, social, ambiental, cultural y valórica que vive nuestra sociedad bajo el imperio del gran capital.

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores - MPT

Santiago, 4 de abril de 2011

HIJ*S DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES CONTRA DD.HH. EMITEN IMPORTANTE DECLARACION, TRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HIJOS: DECLARACIÓN FINAL
Difundido el miércoles, 20 de octubre de 2010 en Facebook

Las y los reunidos en el encuentro internacional de hijos e hijas en México del 6 al 8 de octubre del 2010, en representación de nuestras organizaciones
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Red Nacional Argentina;
Hijos Chile
Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad Colombia
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, España y Francia de Red Europa;
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, regional Guatemala;
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, regional México;
Hijos Uruguay;
Hijos Perú;

E invitando también a quienes quieran sumarse a esta declaratoria de principios y acuerdos, manifestamos:
Somos hijos e hijas de una misma historia.
Somos hombres y mujeres que compartimos experiencia de represión, aunque vinculada a procesos distintos: las dictaduras militares en Chile, Uruguay y Argentina; la guerra y el conflicto político, social y armado en Guatemala, Perú, Colombia y México; éste junto a España y Francia, como países receptores del exilio y la persecución y a su vez, albergue de represores.
Pero no sólo nos une el horror, también somos hijos e hijas de las luchas de los pueblos de América Latina y somos personas comprometidas a trabajar contra la impunidad que traspasa nuestras fronteras.

Subvertimos el dolor en fuerza y la tristeza en rebeldía.

Porque romper el silencio y denunciar el terrorismo de Estado que se implementó e implementa en nuestros países es, para nosotros y nosotras, una manera de trabajar por un mundo más justo donde no existan la desigualdad y la injusticia que el imperialismo ha promovido e impulsa utilizando métodos represivos.

En nuestra lucha nos guían tres ejes indisociables:

Identidad:
Nosotros y nosotras, que hemos visto en Latinoamérica la opresión a la resistencia política, impulsada por el terrorismo de Estado y las estrategias de Estados Unidos, reconocemos y reivindicamos hoy la lucha de nuestros padres y madres, que consideramos vigente, y nos sentimos orgullosos de ser hijos de una generación que dio lo mejor de sí para hacer del mundo un lugar más justo, bello e igualitario.

Ahora, elegimos partir desde nuestras historias individuales para expresarnos de manera colectiva con una nueva forma de hacer política, la nuestra.

Partimos de las fotos en blanco y negro, con los rostros de las víctimas de la barbarie, y las llenamos de colores cargados de memoria, de música y de vida. Integramos el arte y seguimos en la búsqueda de una estética de nuestra generación, valorando la diversidad.

Memoria:
Concebimos a la memoria como un verbo y no un recuento de datos del pasado. Para nosotros es un principio de acción que va de lo individual a lo colectivo y, además de dignificarnos, nos sitúa como sujetos activos en el presente y futuro de nuestras sociedades.

Rompemos el silencio con denuncias de injusticias pasadas y presentes, pero esperamos también que los pueblos tomen el desafío de construir sus propios destinos. Porque, para nosotros y nosotras, un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad y, por tanto, sin futuro.

Reconocemos el desafío de la institucionalización de la memoria como un asunto que nos interpela, pero no cederemos a que la memoria deje de ser viva, activa, ni pierda su potencialidad transformadora.

Justicia:
Señalamos que la represión adquiere nuevos nombres y formas. Hoy son la lucha contra el terrorismo, la doctrina de tolerancia cero, la judicialización de la protesta social, persecución a luchadores políticos y la criminalización de la pobreza.

En su nombre se justifican la violación de derechos, se restringen las democracias y se afectan las conquistas populares, como ocurrió con el golpe de Estado en Honduras y los intentos fallidos en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Aunque en algunos de nuestros países existen avances formales en materia legal, ello no significa que se apliquen ni se transformen en posibilidad de justicia. La impunidad es moneda corriente por ser parte estructural de los regímenes en que vivimos. Al luchar contra ella, exigiendo el juicio y castigo a los responsables de ayer y hoy, intentamos aportar a la construcción de sociedades más justas, tanto desde las peleas en tribunales como en las calles, buscando una condena social.

Por todo lo antes dicho, denunciamos

Que el terrorismo de Estado continúa vigente y adquiere nuevas formas, como las leyes antiterroristas y judicialización de las luchas, con el fin de paralizar a nuestras sociedades y robar riquezas materiales, culturales y espirituales.

Que la militarización y la intervención extranjera violan en nuestros países el principio de autodeterminación de los pueblos y generan condiciones para posibles golpes de Estado.

Que muchos de nuestros estados siguen cometiendo la desaparición forzada en contra de luchadores sociales. Sean de hace 50 años, diez, o 15 días, igualmente los desaparecidos y las desaparecidas nos faltan a todos y todas, todos los días, y no bajaremos la voz ni los brazos para exigir su aparición con vida.

Conocemos en carne propia la crueldad del terrorismo de Estado. Hemos experimentado el dolor y la impotencia de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, persecuciones, torturas, exilio, masacres, genocidios, apropiaciones de niños, encarcelamientos y delitos de lesa humanidad, por razones políticas. Ese dolor nos atraviesa el cuerpo y fue pensado para aislarnos, acallarnos y paralizarnos. Pero no logró derrotarnos. Ni el crimen más cruel ha podido hacer desaparecer el espíritu y la voluntad de lucha por un mundo mejor.

Desde México, juntos, reafirmamos nuestro compromiso por trabajar con la memoria como escudo, la identidad como nuestra mayor fortaleza y la justicia como nuestra bandera.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

RED INTERNACIONAL DE HIJOSCiudad de México, 8 de octubre de 2010 -- ¡Nuestra venganza es la de ser felices!

COMENTARIOS:

Silvia Bellizzi: USTEDES SON QUIENES CONTINUAN LA LUCHA QUE COMENZARON SUS PADRES Y LUEGO TOMAROS LAS MADRES Y FAMILIARES POR MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA, NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO

Cristina Robledo: QUE ORGULLOSOS ESTARÍAN SUS PADRES...QUE BUENOS PADRES, MUCHOS EDUCARON SIN ESTAR... SUS VIDAS ENSEÑARON MÁS ALLÁ DE SUS MUERTES... LA HERIDA FUÉ TERRIBLE... PERO NO GANARON, ESTO MUESTRA QUE HERMOSA Y VALIOSA ES LA JUVENTUD, EN SUS MANOS ESTÁ LUCHAR POR LA PAZ!! GRACIAS HIJOS!!!
 

Señor Villegas, la sociedad chilena está efectivamente enferma...pero de neoliberalismo!!!

Respuesta a artículo "La pistola al cuello" de Fernando Villegas Por Manuel Ossa, investigador Plataforma Nexos y del Centro Ecuménico Diego de Medellín. En un comentario en el diario La Tercera[1], Fernando Villegas hace uso de su excelente pluma castellana, y también de su arte de sofista, para confirmar, desde su propia interpretación, los miedos y prejuicios de sus admiradores sobre hechos que, en torno al terremoto, nos han conmovido a todos. A estos hechos se los ha descrito - no sólo bajo la pluma de Villegas - como “saqueo”, “pillaje” y “vandalismo”, y se los ha calificado de “robo” y, consiguientemente, de “delito”. No descartamos que haya habido delitos y robos propiamente dichos en las acciones ocurridas en varios supermercados de diversas ciudades y pueblos. En efecto, hemos visto en las pantallas de TV a muchachos llevándose lavadoras y otros electrodomésticos. Hemos sabido de la existencia de mercado negro de productos básicos, por lo que no descartamos que también se hubieran cometido delitos en la adquisición de estos bienes que se revendían a precios elevados. Sin embargo, rechazamos, como método sesgado de análisis, el tomar la “parte por el todo”. Lo que en letras es una figura o tropo llamado metonimia y sirve para enfocar el aspecto más importante de una cosa o hecho, en manos de un analista social, como quiere serlo Villegas, se convierte en un instrumento tan poco fino y tan dañino como lo sería un mazo, en vez de la llave, para abrir una puerta, - en este caso, la puerta que diera acceso a la interpretación de una realidad compleja. La situación era, para muchas madres y padres de familia – los mismos que podemos encontrar en el bus o en la oficina, como dice Villegas -, no sólo compleja, sino perpleja. ¿Qué hacer para darles pan y leche a los niños, ponerles pañales a las guaguas, en suma, para alimentar a la familia en momentos en que todavía la autoridad estaba evaluando la catástrofe? La Presidenta en ejercicio y el Presidente electo sobrevolaban en helicóptero las zonas siniestradas. Fuera de esos ruidos de motores representando al Estado, no se oían aún los de los aviones o camiones que podrían traer, como lo hicieron hacia Haití, las vituallas indispensables. En efecto, cuando lo indispensable falta y no se prevé cuándo ni cómo se lo podría adquirir, entonces se está frente a un caso de “necesidad extrema”. Y éste es el que define la perplejidad en que se encontraban muchos padres y madres de familia: ¿qué hacer? ¿pedirle al vecino? ¿o sacar lo indispensable allí donde se encuentra almacenado? Pero, ¿no es esto robo? Para quienes hemos sido educados bajo el lema de la inviolabilidad de la propiedad privada, la figura del “delito” está clara. Sin embargo, un moralista tan conspicuo y ajeno a cualquier contagio ideológico de “izquierdas” como Tomás de Aquino (un teólogo del siglo XII y “santo” de la Iglesia Católica) escribe repetidas veces, invocando la autoridad de San Ambrosio de Milán, un “Padre de la Iglesia” católica, que “en caso de extrema necesidad, todas las cosas son comunes”[2]. Claro, Tomás de Aquino tenía una pluma y una mente sin prejuicios, ni los de izquierdas, como decíamos, pero tampoco los de impío individualismo que se nos ha venido inculcando desde la época del primer mercantilismo mundial, pero sobre todo en nuestros días de implacable y globalizado neoliberalismo. En la misma sección de la anterior cita, Tomás de Aquino escribe una frase que hoy le sería devuelta con el apelativo de “comunista” a quien quisiera repetirla. La repito, pues, aun exponiéndome a ese “peligro” (si lo fuera…): “Se puede hablar de riquezas injustas, es decir, de desigualdad a causa de la repartición desigual que hace que, estando uno en la indigencia, viva otro en la abundancia”[3]. Esa es la razón por la cual se produce de pronto una “necesidad extrema” que no podemos entender cabalmente, en toda su angustia visceral y epidérmica, quienes vivimos “en la abundancia”. Y en esa “necesidad extrema” se fundamenta no sólo el impulso, sino también el derecho a hacerse de aquellos bienes indispensables que han sido devueltos, por la naturaleza misma de las cosas, desde la propiedad privada a la propiedad común o comunitaria. Villegas le da también con el mazo cuando busca las causas de que ésta, la chilena, sea una “sociedad enferma”, como él la diagnostica. Pues, según él, el “comburente” que le da persistencia a la “mezcla explosiva” de desigualdad, por un lado, y de “aspiraciones adquisitivas”, por otro, es nada menos que “la hegemonía ideológica de las doctrinas acerca de los derechos humanos”. Interpretando la frase según su tenor gramatical estricto, parece que Villegas no pone en tela de juicio las doctrinas acerca de los derechos humanos, sino sólo la “hegemonía ideológica” con la que se las habría puesto en práctica, con supuestas consecuencias desastrosas para el cuidado del orden público. Hay, pues, aquí un juicio político sobre la aplicación judicial de las mismas. Según él, habría operado una “hegemonía ideológica”, es decir, algo así como una dictadura, que habría impuesto “lenidad y obsecuencia” en su aplicación práctica judicial y legal. Es una crítica grave que toca a la Judicatura chilena. Pero, más allá de ello, es un desconocimiento, a estas alturas mañoso, insultante y, esta vez sí que ideológico, de las muertes, desaparecimientos y de todo lo que sufrieron cientos y miles de ciudadanos durante la dictadura militar. Villegas le da no sólo con el mazo, sino con la pistola, cuando llega a felicitar con el epíteto de “valiente” al carabinero que amenazó con su arma a un delincuente. Admitamos que éste sea un verdadero “delincuente”. Pero por algo en Chile se suprimió la pena de muerte… ¿Cuál habría sido el juicio si la pistola hubiera sido gatillada? ¿Se justificaría la muerte de un muchacho como castigo de un robo que se realiza en circunstancias en que otras personas están legítimamente haciendo uso de su derecho a la vida mediante la recuperación de bienes indispensables que, como lo hemos argumentado, por la situación misma de “necesidad extrema”, han sido devueltos como comunes? Manuel Ossa Bezanilla

La criminalización de las demandas, movilizaciones y protestas populares.

Apuntes para la reflexión, el debate, estudio y acción. Se observa un endurecimiento de la estrategia y prácticas represivas, que se extienden hacia formas más sutiles de represión: - Se reprimen los medios de comunicación alternativos. Restricción y proscripción a radios, canales y otros medios populares. - Se conculca el derecho a reunión (represión selectiva al MPT en el 1º de mayo, fichaje ilegal de detenidos). - La Municipalidad de Santiago cierra el Galpón Víctor Jara. - Arremeten contra casas Okupa. - Roban dinero, documentos y equipos computacionales a sedes de organizaciones obreras (anteriormente se hizo contra organizaciones mapuche, abogados defensores de presos mapuche, ambientalistas, etc.). Cuando no roban, hackean, interceptan. - Continúa la criminalización de la demanda mapuche, se hacen montajes judiciales y se cometen autoatentados para inculpar al movimiento mapuche en general. - En trámite proyecto de ley que penaliza agresiones verbales a carabineros y fuerzas de orden. - Intento de ley que hace a los convocantes a manifestaciones, responsables civiles y criminales de los desmanes que se produzcan tras los actos convocados. El aparato opresor comienza a imponer una legislación que busca reducir y anular la capacidad de movilidad de los opositores, evitando la manifestación del descontento, sofisticando el control de los espacios de la protesta y de la concienciación. Para este aparato opresor, no sólo se penaliza la violencia física contra los organismos armados que ejercen el control estatal, sino ahora se trata de reprimir y criminalizar la expresión espontánea de indignación que causa la “violencia verbal”. La policía inventó el “Decálogo del carabinero frente al detenido”, que incluye afirmaciones como que el detenido merece respeto, el carabinero debe mantener la imparcialidad, etc., lo que en la práctica es constantemente burlado. Ahora, el congreso intenta aprobar una ley para criminalizar la violencia producida a partir de la convocatoria a manifestaciones, autorizadas o no, traspasando la responsabilidad de los desmanes y destrucciones de bienes públicos y privados, hacia los convocantes. Ello, busca simplemente que las organizaciones sociales y políticas no se atrevan a convocar a manbifestaciones de ningún tipo, ya que independientemente del carácter de la convocatoria, los hechos que escapen a ésta serán imputados al convocante. Ello permite que mediante la infiltración de provocadores, se realicen desmanes que permitan reprimir a las organizaciones. También obligaría a la autoconvocatoria y terminaría por llevar a los movimientos sociales a un callejón sin salida, lo que provocará que deban expresarse de manera cada más violenta y al margen de manifestaciones públicas. Para qué decir lo que ocurre en las regiones con presencia de comunidades mapuche. Allí se vive ya un régimen militarizado, con allanamientos, control de carreteras y caminos por parte de la policía, patrullajes en mar y lagos por parte de la Marina, todo en favor de los intereses de las forestales y de complejos como Celco de los Angelini. En ese territorio no hay democracia, el Ejecutivo es juguete de las tropas y títere del gran capital, hasta la Concertación pierde las elecciones y la izquierda formal no es alternativa, dada la gran confusión ideológica y mediática reinante. Se estará, entonces, en presencia de leyes draconianas que darán a las fuerzas represivas y a los poderes del Estado una suerte de facultades extraordinarias (que desde entonces serán permanentes) en plena “democracia” formal. Un Estado de Sitio perpetuo. A la vez, la propuesta del gobierno para la creación de un Instituto de Derechos Humanos acarrea la posibilidad de que nuevamente se haga efectiva la impunidad en estas materias y que el gobierno blanquee su imagen y anule los intentos de justicia y reparación que plantean los organismos de derechos humanos. Son políticas del Imperio para reprimir a los pueblos y los trabajadores ante la crisis La implantación de estos dispositivos aumenta el poder omnímodo del Ejecutivo y del ordenamiento económico y social que hay detrás del trono. Se imponen en un contexto de Imperio y buscan anular cualquier manifestación que pueda hacer un contrapeso a la implantación del capitalismo salvaje, a la usurpación de bienes comunitarios y públicos de los pueblos y a la superexplotación de la fuerza de los trabajadores. Un sistema impedido de crecer en términos económicos aumentando la plusvalía, solo puede seguir manteniendo su lógica de voracidad insaciable, a partir de aumentar el plus-producto, disminuir la capacidad del salario real, aumentando la jornada de trabajo y prolongando la vida laboral en desmedro del derecho a jubilar. Estamos ante la pérdida de los logros históricos como la jornada de ocho horas (con ocho para dormir y otras ocho para compartir con la familia, amig*s y compañer*s). Entonces, la crisis viene con empobrecimiento real de la capacidad adquisitiva, ensanche del abismo social, aumento de la desigualdad ante el reparto del producto. Un sistema como éste se ha planteado minimizar el valor de la fuerza de trabajo y de su capacidad de recibir la retribución. A la vez, no solo aumenta el llamado “ejército de reserva” de cesantes y subempleados, sino la marginalidad absoluta y permanente, con la secuela de lumpenización y el aumento de la delincuencia, ya sea por el derecho a subsistir o porque el delito paga mejor que el empleador. Dado que esta política se hace cada vez más impopular, el sistema se está acondicionando para enfrentar el descontento popular. Eso, el sistema lo logra disminuyendo su inversión en “zanahorias” y sofisticando cada vez más el uso del “garrote”. Menos zanahoria y más garrote en Chile. ¿Y el sindicalismo en qué está? El mismo sentido que el aumento de la criminalización lo tiene la disminución de la “inversión social”, es decir la “zanahoria” del régimen. Por eso, la crisis capitalista es enfrentada por el Gobierno mediante paliativos que no son efectivos en cuanto a suplir las necesidades de las clases afectadas y condenadas a pagar la crisis que provocaron los grandes dueños del capital. Los paliativos buscan encubrir esta dura realidad y tienen un efecto mediático que hace aparecer como “benefactor” a un Estado que ya dejó de serlo y hoy muestra con descaro su verdadero carácter de servicial a la depredación y a la opresión. Los representantes “oficiales” de los afectados, que son los dirigentes de organizaciones como la CUT, no consiguen negociar digna y eficientemente, ni levantar una movilización frente a la situación de crisis. Dada su condición de organización cooptada, la CUT ha permitido la implantación de un espurio acuerdo-marco entre los trabajadores y los empresarios. La CUT ha pasado de ser mediadora a convertirse cada vez más en un engranaje del aparato opresor, que ayuda a anular y deslegitimar la obediencia al sistema y la manifestación del descontento popular. En este caso, las clases trabajadoras terminan también por recibir menos zanahorias (aunque con una mínima parte de las mismas se retribuye a los cooptados) y el Estado queda con las manos libres para dar más garrote. Ante ello, al sindicalismo consecuente y digno le queda presente el desafío de organizarse mejor, con autonomía, con otra concepción y diseño que coordine y unifique las luchas sectoriales y territoriales. El MPT se plantea participar en este proceso con todas sus fuerzas, sus capacidades, su amplitud, su posibilidad de articular las organizaciones sindicales, de la mano con el mundo poblacional, estudiantil, con los pueblos originarios. ALGUNOS ENLACES RELACIONADOS Diputados a punto de aprobar ley contra las manifestaciones públicas. http://www.elciudadano.cl/2009/06/17/diputados-a-punto-de-aprobar-ley-contra-las-manifestaciones-publicas/ Las amenazas contra fiscales y defensores públicos que se hagan a través de Internet serán sancionadas. Hasta cinco años de cárcel pueden arriesgar quienes incurran en ese comportamiento. También se sancionarán las amenazas que se realicen desde proveedores extranjeros. http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090728/pags/20090728211741.html PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS, RELATIVOS A REPRESIÓN N° Boletín: 3587-02 Título: Aumenta la penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves Fecha de Ingreso: Martes 6 de Julio, 2004 Iniciativa: Mensaje Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Etapa: Tramitación terminada Ley Nº 20.064 (D.Oficial: 29/09/05) N° Boletín: 5969-02 Título: Sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile. Fecha de Ingreso: Jueves 10 de Julio, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Segundo trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Defensa Nacional N° Boletín: 6226-01 Título: Modifica la ley indígena para los efectos de impedir la adquisicion de terrenos por parte del Estado cuando han sido objeto de actos de violencia. Fecha de Ingreso: Miércoles 3 de Diciembre, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural N° Boletín: 5583-07 Título: Regula el ejercicio del derecho a reunirse pacíficamente. Fecha de Ingreso: Lunes 17 de Diciembre, 2007 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Reforma constitucional Cámara de origen: Senado Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Fuente: http://sil.congreso.cl/pags/index.html “Decálogo del carabinero frente al detenido”. http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857__201755303_3,00.html

EL GOBIERNO CHILENO PREPARA LAS CONDICIONES DE LA REBELDÍA POPULAR

Marcha contra ley que criminaliza la protesta social termina con más de 60 detenidos. En el centro de la capital chilena, el lunes 17 de agosto, se realizó una marcha multitudinaria contra la aprobación del proyecto de leyes que criminaliza la manifestación y protesta social. 38 diputados contra 33 dieron el visto bueno a una nueva política antisocial propiciada por el gobierno de Bachelet, la cual es parte de una estrategia ofensiva del Estado corporativo de Chile contra las luchas de los explotados y los oprimidos, los trabajadores y el pueblo, ante un contexto de ampliado de agresiones continentales digitado por el imperialismo norteamericano. La marcha de un millar de personas fue convocada por la Asamblea de Derechos Humanos, y adhirieron el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), Clase Contra Clase y miembros de las Juventudes Comunistas, entre otros. El conjunto de las alocuciones vertidas a los pies de la Catedral de Santiago, en la Plaza de Armas denunciaron acaloradamente las leyes “contra el derecho a pataleo”. Toda la caminata fue acompañada de un numeroso contingente de fuerzas especiales de carabineros y carros blindados lanza aguas y gases. Sin mediar provocaciones de los manifestantes, carabineros detuvo a más de 60 personas cuando todavía no se disolvía la concentración. La batería de leyes impuesta por el Ejecutivo y refrendada por el Legislativo en tiempo record, en sus aspectos centrales, consolida la responsabilidad penal que le cabría eventualmente a cualquier convocante a una manifestación pública donde se produjesen hechos que la autoridad considere “ilícitos”. Al respecto, vale señalar que en Chile, ya fue votada una ley donde dirigirse con “malas palabras” a un efectivo de la policía –de acuerdo a su criterio, claro está- ya comporta una sanción especial. Cuando sólo hace unos días, el miembro de una brigada especial de carabineros (GOPE) asesinó por la espalda al peñi mapuche Jaime Mendoza Collío en la zona de Arauco mientras se realizaba una movilización por las demandas ancestrales del principal pueblo originario del territorio, y los presos políticos mapuche aumentan semanalmente; cuando desde el primero de mayo pasado, “precautoriamente”, militantes del MPT fueron detenidos antes de que comenzara la marcha tradicional del día del trabajo; cuando los deudores habitacionales han llenado innumerables oportunidades las comisarías del país mientras demandan el no pago de 4 o 5 veces más el precio de su vivienda por la usura bancaria; y cuando cualquier movilización de estudiantes, pobres y trabajadores en huelga es reprimida con violencia y celeridad pinochetista; ahora ocurre que se limitan las pocas libertades públicas, políticas y ciudadanas existentes por medio de leyes antisociales. El temor del Estado corporativo, instrumento de las clases tutelares, sobreactúa rabiosamente, toda vez que la recomposición del movimiento popular está en el prólogo y la lucha de clases se ofrece de manera episódica y sin que las grandes mayorías aún organicen sus fuerzas de manera sustantiva. Santiago, y toda zona de Chile donde hay agrupaciones populares en lucha o simple establecimiento de demandas, está colmada de cámaras de vigilancia, agentes del Estado, control y disciplinamiento social represivo. El gobierno, empecinado en ajustarse a los requerimientos de la OCDE y a la paz de cementerios que demanda la reproducción capitalista, descubre la naturaleza ficticia de la democracia sin pueblo que administra, y emplea la estrategia de castigar inmediatamente cualquier atisbo de protesta social ante la mala vida, y en medio del período más dramático de la crisis del capital en curso. Lo que, ciertamente, no contemplan los analistas cortoplacistas del poder, es que sellando a fuego toda posibilidad de camino institucional para encauzar los requerimientos populares, no hacen más que fundamentar sobradamente la convicción masiva de los límites enanos de la democracia burguesa, y se prepara, paso a paso, las condiciones para dinamizar la indignación organizada, el descrédito de la partidocracia y abre las puertas a un nuevo ciclo de rebeldía ampliada en Chile. Andrés Figueroa Cornejo Agosto 18 de 2009