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viernes, 3 de agosto de 2018
DECLARACION CODEHS SOBRE INDULTOS A CRIMINALES
Difundimos declaración pública del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS
LIBERTAD A LOS PRESOS DE ‘PUNTA PEUCO’
El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
SINDICALES CODEHS, a la opinión
pública nacional e internacional, declara:
En dos sucesivas
sentencias dictadas en las últimas semanas de este mes, la Corte Suprema ha
concedido el indulto a siete (7) personas condenadas por graves violaciones a
los Derechos Humanos y recluidas en la cárcel ‘Punta Peuco’. Esas personas,
autores de ‘delitos de lesa humanidad’, fueron, en un primer momento, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga; posteriormente, Emilio de la Mahotiere González
y Moisés Retamal Bustos.
No puede
considerarse a la Corte Suprema —y al resto de los tribunales chilenos— como entes neutrales. Desde los albores de la República han estado
permanentemente al servicio de las clases dominantes. No está de más recordar
algunos casos al respecto.
En pleno régimen
de la Unidad Popular dio, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces,
Enrique Urrutia Manzano, orden a los jueces de acoger todos los recursos de
amparo que interponían en su favor los enemigos de ese régimen. Fue aquel mismo
sujeto quien, en compañía de los magistrados José María Eyzaguirre y Juan
Pomés, concurrió a saludar al recién instalado gobierno militar en septiembre
de 1973 y, posteriormente, terció la banda presidencial sobre el pecho de de
Pinochet reconociéndolo como legítimo gobernante. Cuando, en 1974, viajó a
Europa una comisión gubernamental, encabezada por el presidente del Colegio de
Abogados de ese entonces Alejandro Silva Bascuñán y el ex político Julio Durán
Neumann, a explicar las razones y fundamentos del golpe militar, se sumó a
ellos el magistrado José María Eyzaguirre quien asumiría, un año más tarde, la
presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Urrutia. ¿Y qué decir de Israel Bórquez, hombre cercano a
Pinochet, que ironizaba con los recursos de amparo a favor de los detenidos
desaparecidos alegando que lo tenían ‘curco’?
La idea de dejar en libertad a
los presos de ‘Punta Peuco’ no es nueva. Ha sido la constante de los grupos
pinochetistas que aún perduran y aprovechan la instancia gubernamental que hoy
detentan. Porque esta situación no es nueva y tiene manifiestos ribetes
políticos. El presidente Piñera no es, en modo alguno, ajeno a ella. Si bien ha
querido aparecer libre de toda sospecha otorgando indulto presidencial —junto a un caso de Temuco y otro de Colina II—, a una persona que falleció sin haber gozado de aquel (el ex coronel
René Cardemil, enfermo de cáncer terminal), dicha acción sólo se enmarca dentro
de una política que aprovecha el retiro de otros magistrados para reemplazarlos
por quienes se inclinan por liberar a los genocidas. La decisión de la Corte
Suprema, por consiguiente, no ha tenido carácter neutro sino eminentemente
político.
Que este fallo
crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado
integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer
respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que “lo más
probable es que se aplique la misma decisión”.
El CODEHS eleva su enérgica voz para protestar por estos actos que no
sólo son atentatorios contra el ordenamiento jurídico vigente y los convenios
internacionales suscritos por Chile sino contra la moral de toda una sociedad,
y justifican de sobremanera recurrir a los organismos internacionales en
demanda de garantías procesales que no parecen existir en este país.
COMITÉ EJECUTIVO (CODEHS)
Santiago, 31
julio de 2018
martes, 12 de junio de 2018
Persecución y prisión política: De las sangres, todas (sobre Héctor Llaitul y prisioneros políticos en Chile y otros estados)
Chile. Persecución y prisión política: De las sangres, todas
Por Andrés Figueroa Cornejo
“Pueblo es la letra, pueblo la ventana, / la cosecha, la escuela, el canto y la palabra; / y suyos son los combates, / suyos los deberes / y el derecho incesante / de alumbrar la tierra / con el incendio de las cárceles”
Patricio Manns
El 8 de junio, los familiares y amigos por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena, antifascista y combatiente internacionalista chileno, hace casi 17 años prisionero político en las cárceles del Brasil, organizaron un foro en las dependencias de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde participaron el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul; el revolucionario Jaime Castillo Petruzzi; y los abogados de DDHH, Alberto Espinosa y Rodrigo Román. La cita fue bienvenida por el presidente de la Fech, Alfonso Mohor.
“En la figura del hermano Mauricio Hernández Norambuena se puede expresar todo lo que podemos decir sobre la persecución y la cárcel política”, sentenció el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, el líder mapuche Héctor Llaitul.
“Por eso arranco con un homenaje a Mauricio. Por el sentido que tienen los distintos diálogos entre mapuche y no mapuche para compartir las luchas por los derechos de nuestros pueblos. Seguramente Mauricio Hernández tendrá noticias de este encuentro, del cual considero un honor participar”, agregó Llaitul.
-¿Desde dónde hablas?
“Desde mi condición de vocero de una organización mapuche autonomista, revolucionaria, la CAM. Por eso mi voz se dirige a la persecución y prisión política de mi Pueblo Nación Mapuche. Y les transmito con la autorización debida, el abrazo de dos grandes líderes de mi pueblo que hoy padecen la prisión política: el Machi Celestino Córdova y Facundo Jones Huala. Celestino está actualmente en huelga de hambre por retornar a su rewe (lugar sagrado), reclamo integrado al ámbito de nuestra espiritualidad antigua. Así es como nosotros levantamos una concepción desde nuestra historia propiamente mapuche y somos un aporte al combate de la humanidad por su libertad plena. La lucha del Machi Celestino no proviene del mundo de la razón instrumental occidental, sino que de un mandato de nuestra espiritual ancestral, de nuestras fuerzas y energías. De la naturaleza, que es el mundo con el que convivimos y que debemos defender. Tiene que ver con la esperanza, con la vida, con la justicia. Debido a ello, el Estado chileno le niega a Celestino la visita a su rewe. La institucionalidad de Chile sabe que de nuestras prácticas culturales, simbólicas, espirituales, provienen fuerzas tales que permitirían a nuestro pueblo proyectar un proceso de liberación.
Asimismo, hablo por la voz del lonko del puelmapu, Facundo Jones Huala, también prisionero político en huelga de hambre, esta vez, castigado por el Estado argentino. Facundo desde muy joven sintió una gran identidad con nosotros, y con el tiempo y con su compromiso, cobró altura en nuestro pueblo. Nosotros, los weichafe (combatientes), tal vez logremos alcanzar algún día un rol de mayor importancia, cuando se defina mejor el estado de beligerancia, como fue en antaño. Por ahora, para reconstruir ese tejido social, político, simbólico, cultural y espiritual, las figuras presentes de nuestras autoridades ancestrales nos son de vital importancia. Facundo se resignifica como tal en el desenvolvimiento de la lucha misma. A pesar de la cárcel.”
-¿Qué significa persecución política para el mapuche en lucha?
“No sólo el acoso y la persecución a una propuesta o línea política. Tiene que ver con aquello que nos alimenta en medio de una lucha absolutamente desigual y de desventaja estratégica, como la que han sufrido las y los revolucionarios en todos los campos, cada vez que luchamos contra el sistema capitalista y sus Estados opresores. En nuestro caso, la emancipación mapuche y sus medios, no pueden ser comprendidos sin la unidad con su espiritualidad.”
-¿Se inscriben en la lucha por la libertad de todas y todos los seres humanos?
“Nos queremos liberar, pero de acuerdo a nuestra condición compleja de mapuche. Y esperamos reciprocidad, como la que tenemos nosotros ante cualquier desarrollo liberador de los oprimidos de cualquier pueblo. En consecuencia, rodeamos a nuestros hermanos internacionalistas, antifascistas, anticapitalistas, que están en distintas prisiones. Me sumo a la causa libertaria de la América Morena, del Abya Yala, de la América Indiana. Me hago uno con la solidaridad de todos los pueblos que hoy resisten y que mañana también lo harán.”
-Tú has sido un prisionero político…
“Me ha tocado la hora de pasar por la cárcel y, quizás, venga otra vez. La lucha de nuestro pueblo se encuentra en proceso, y nuestra organización, la CAM, está comprometida con dotar de continuidad a lo que hemos sostenido. Los mapuche nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Si nos derrotan ahora, nos derrotarán para siempre. Sólo entonces puede entenderse nuestra definición de un autonomismo revolucionario, conforme al contexto de agudización de la beligerancia que se ha instalado en el wallmapu, con sus formas criminalizadoras, racistas, militarizadas, en contra de nuestras reivindicaciones históricas y prácticas de resistencia. Sobre todo cuando la gobernanza capitalista neoliberal tiene la fuerza que todos conocemos.”
-¿Y qué ocurre con la propuesta política de la CAM?
“Ella es la que se persigue y encarcelada cuando se encarna en militancia. Únicamente así se explican la llamada Operación Huracán y la ley antiterrorista. Sobre esta última, ya habrán oído las modificaciones que quieren hacerle a la actual normativa. Es una herramienta del Estado en contra del Pueblo Nación Mapuche, pero no es exclusiva para nosotros. Lo que sucede en el wallmapu es lo que le ocurrirá al movimiento popular chileno. Cuando Piñera asumió el gobierno chileno fue al territorio nuestro a plantear las modificaciones a la ley antiterrorista. El fascismo le llama la “modernización” de la presente legislación. Pero los pueblos sabemos que se trata del perfeccionamiento de la represión en contra de todas y todos quienes nos enfrentamos al sistema capitalista y al Estado opresor.”
-¿Qué proponen desde la CAM ante el “perfeccionamiento” de la represión?
“Unificar criterios entre los distintos movimientos organizados que pugnan por la libertad y la conquista de derechos sociales. ¿Cómo hacemos un frente común ante las arremetidas criminales del Estado chileno? La ley antiterrorista no puede quedar en manos del congreso chileno. Debemos echar a andar una discusión entre los propios movimientos organizados para resolver cómo encararla. Por ejemplo, yo me enteré por la prensa que estaba en medio de una causa judicial de la cual luego fui sobreseído. Un procedimiento jurídico de espionaje, de sabotaje informático. Supuestamente, otra persona y yo teníamos la capacidad de hackear al jefe de la Inteligencia y de la unidad operativa que funcionaba en el wallmapu. Así como también podíamos hackear e infiltrar al fiscal jefe de alta complejidad encargado de la persecución penal contra la resistencia mapuche. ¡Imagínense! Posiblemente, a través de este montaje, el objetivo era condenarme por asociación ilícita terrorista. Piñera quiere imponer ahora la figura del “terrorista informático”, del “terrorista individual”. Se habla de judicializar “la apología de la violencia” para perseguir las ideas. Observen los alcances que pretenden hacerle a la ley antiterrorista. Incluso dicen que, ya una vez resueltas las condenas por terrorismo, los acusados carezcan de la posibilidad de obtener su libertad, bajo el sistema intrapenitenciario. Se trata de iniciativas que buscan golpear a los militantes, a las organizaciones que vamos a luchar por nuestros pueblos. Gracias al acompañamiento y a la solidaridad hemos conseguido parcialmente frenar esta ley. Sin embargo, se está creando un escenario social, político y mediático que puede favorecer los cambios a una ley que, para todos nosotros, es una creatura al servicio del fascismo.
Y respecto de la Operación Huracán, consideramos que fue diseñada no para castigar a un grupo en particular que estaba realizando una acción específica, sino que la finalidad del montaje fue poner en rodaje un medio para enfrentar cualquier propuesta política anticapitalista y revolucionaria en el mundo mapuche. Estamos hablando de más de 200 teléfonos móviles intervenidos ilegalmente; y de 60 supuestamente de manera legal. Una de las modificaciones a la ley antiterrorista, precisamente, consistiría en la legalización de las intervenciones telefónicas indiscriminadamente. De hecho, si algún artista me saludó en un evento público y me envió un saludo por mensajería móvil, a ese artista también le intervinieron el teléfono y fue involucrado en el montaje estatal.
La represión quiere ahogar a una organización mapuche que está visibilizándose.
Lo cierto es que el poder, hasta el momento, siempre ha tomado la iniciativa en nuestra contra, y no existe un pronunciamiento de la opresión organizada al respecto. En ese sentido, insto a la comprensión de que la prisión política es otra trinchera de lucha. Y la cárcel no nos debe atemorizar. La valentía y convicción de nuestras prisioneras y prisioneros políticos, más allá del proyecto liberador específico, es una forma de resistencia activa. Con ese entendimiento venceremos y nos levantaremos diez veces.”
“Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos”
Uno de los abogado históricos de la defensa de los DDHH en Chile, Alberto Espinosa, actualmente jurista del ex combatiente antifascista e internacionalista chileno Mauricio Hernández Norambuena, quien sufre un cautiverio de casi 17 años en los calabozos más destructivos del Brasil, distinguió dos momentos que contiene la condición de prisionero político, “como víctima y como luchador social, a la vez. El prisionero político es una víctima de la persecución de los aparatos del Estado mediante la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Asimismo, es sometido a un enjuiciamiento cuyos procedimientos legales no existen, como el derecho a la defensa y a ser oído en un marco de garantías mínimas. Las normas que recibe son básicamente represivas, como la justicia militar, las leyes antiterroristas, la ley de seguridad interior del Estado o la doctrina de la seguridad nacional. A mí no me gusta la perspectiva del prisionero político como víctima”.
-¿Por qué?
“La acción de la justicia está determinada por la política dispuesta por los poderes fácticos. Sin embargo, yo observo al prisionero político como un luchador social porque su práctica está asociada a una concepción de transformación profunda de la sociedad tal como la conocemos. En general, en Chile fueron perseguidos y prisioneros políticos aquellos que constituyeron, en distintos roles, las fuerzas sociales que explican la Unidad Popular de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque la Unidad Popular se presentó como un proyecto de sociedad distinto a la supremacía de las relaciones sociales capitalistas. Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos. Se trata de la gente que, como luchador y luchadora social, estuvo comprometida con el cambio radical de la sociedad. Luego están las y los prisioneros que asumieron la resistencia ante la represión de la dictadura cívico militar. Allí yo conocí a los prisioneros políticos en su situación de combatientes y revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, del Partido Comunista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Mapu-Lautaro. Asimismo, y desde tiempos anteriores a la fundación del Estado chileno, se encuentran las y los prisioneros políticos mapuche.”
-¿En qué se diferencia el PP mapuche del no mapuche?
“Yo no veo ninguna distinción sustantiva. La condición de luchador social es la misma. Es el mismo Estado el que reprime física y simbólicamente a la resistencia y a las reivindicaciones de derechos sociales arrebatados. La cárcel estatal es un medio de los intereses privados condensados en un Estado burgués que está subordinado a los intereses de las clases sociales dominantes, de los grandes grupos económicos, del gran capital. Es el mismo comportamiento que adopta frente a los derechos sociales conculcados de la población sobre la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los servicios básicos.”
“Ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos”
El abogado defensor en los últimos años de miembros del Pueblo Nación Mapuche, Rodrigo Román, manifestó que “la prisión política es preciso tratarla desde el Derecho Penal Político en tanto forma por excelencia de control social y legislación antiterrorista. Esa ley se hizo en los 80 del siglo XX para perseguir a la resistencia más resuelta contra la dictadura, principalmente proveniente del MIR, del FPMR y del Lautaro. Hoy, esa misma ley se aplica a la resistencia mapuche en el wallmapu, esta vez, mediante un remake edulcorado formalmente”.
-¿Cuál es la finalidad de la ley antiterrorista?
“Combatir a los combatientes. Primero durante la dictadura, luego durmió un rato, y el 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue la respuesta ante la ofensiva emancipadora del pueblo mapuche, y trasladada al sur de Chile, a zonas rurales. Y se expresa de manera concentrada y caricaturesca en el caso Luchsinger-Mackay, donde en la primera y segunda resolución judicial fue tratado como un caso común de incendio con resultado de muerte, pero en su tercer momento, los jueces abiertamente se han sometido a los poderes de los ricos y poderosos, aplicando la ley antiterrorista.” (El presente texto se editó antes de que los hermanos Tralcal fueran condenados a cadena perpetua por el caso mencionado.)
-¿Y quiénes califican esos hechos?
“Los más ricos entre los ricos de la región, los grandes latifundistas agrupados gremialmente. ¿Qué ocurre entonces? Que quienes han sido calificados de transgredir la ley antiterrorista deben pasar largos períodos en la llamada “cárcel preventiva”, que en la práctica funciona como condena anticipada. Estamos hablando de más de 200 mapuche que han debido sufrir la prisión preventiva antes de ser absueltos. La ley antiterrorista “a la chilena” no es tolerada internacionalmente, y hasta la propia Corte Suprema del país (que no tiene nada de progresista), ha acusado los visos de ilegalidad que contiene esa ley.
Tanto la ley antiterrorista como la ley de seguridad interior del Estado son usualmente invocadas en contra de la disidencia política. Sin embargo, hasta los juzgados de diversos lugares de Chile coinciden con nosotros en que, bajo un Estado de Derecho, existen normas básicas que no pueden ser violadas por las presiones políticas. Las normas mencionadas tienen que ver con la actuación de las policías y las fiscalías, instituciones que muchas veces operan fuera de la ley.”
-¿Por ejemplo?
“En el bullado caso Huracán, donde se imputó de asociación ilícita a personas mapuche sobre la base de la intercepción de las mensajerías de la telefonía móvil. Y ahora ocurre que, en menos de un mes, la fiscalía va a formalizar judicialmente a toda la plana mayor de la Inteligencia de la policía, justamente por el delito de asociación ilícita. En otras palabras, en muy poco tiempo, los mapuche acusados sin pruebas y luego absueltos del delito de asociación ilícita, verán en el banquillo de los acusados, por la misma figura jurídica, a los mandarines de la Inteligencia de Carabineros. Y en este caso, ya nosotros, los abogados de DDHH, no actuaremos como defensores de los mapuche, sino que de querellantes en contra de la policía.”
-¿Qué otras herramientas ha usado el Estado policial chileno en contra de las disidencias sociales y políticas?
“La ley de control de armas y explosivos. Las llamadas “bombas molotov”, empleadas históricamente desde hace más de un siglo en la resistencia de los pueblos del mundo y de los pueblos de Chile, no estaba considerada dentro de la ley de control de armas y explosivos. Sin embargo, desde el 2005, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar las incluyó en la ley de control de armas y explosivos. Y en el 2017 la bomba Molotov tomó el estatus de cualquier arma en general, y, por tanto, con el mismo nivel de penalización. De hecho, los jóvenes estudiantes y luchadores sociales, en cantidad innumerable, han sido sancionados por ello. Incluso, antes de probar el porte de botellas con combustible, las y los chicos pasan por la prisión política, y luego son absueltos.
Por otra parte, y en el colmo del cinismo pragmático y sin principios de la institucionalidad política, muchas autoridades de la Nueva Mayoría que hasta hace tres meses, cuando aún eran gobierno, usaron la ley antiterrorista en contra de los mapuche, en la actualidad dicen solidarizarse con los mismos mapuche que criminalizaron. Al final del día, lo cierto es que ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos.”
“Mauricio Hernández Norambuena está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial”
Jaime Castillo Petruzzi, combatiente internacionalista, ex militante del MIR y del peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue prisionero en el país de Mariátegui durante 23 años y en octubre de 2018 cumplirá dos años de su libertad y retorno a Chile.
“Estoy muy identificado con la causa de la vida y la libertad del compañero Mauricio Hernández Norambuena. Yo no viví los años 90 en Chile, entonces llegar a la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ubicada en lo que fuera un centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura, es profundamente emocionante. Y agradezco el nombre nuevo que tiene esta calle: José Carrasco Tapia, periodista, miembro del Comité Central del MIR, luchador inagotable, prisionero político y asesinado por la tiranía. También quiero reconocer públicamente a Héctor Llaitul, a quien vi por primera vez, mientras lo detenían, por la televisión de mi celda.”
-¿Qué se le pide al prisionero político?
“Dignidad y coherencia. Por eso considero que Mauricio Hernández Norambuena resume esos valores. Hoy, y desde hace mucho, está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial. Él se encuentra en las peores condiciones carcelarias imaginables; recibiendo un mínimo de visitas. Y cuando uno está prisionero lo que más necesita saber es que afuera la gente no se olvida de nuestra condición. No olvida que la lucha nuestra no fue en vano. Es preciso acompañar al prisionero político mediante la solidaridad.”
-Después de tantos años fuera de Chile, ¿Cómo viste al país a tu regreso?
“Lo que pude constatar al poco andar fue lo dispersas que están las familias rodriguista, mirista, lautarista, libertaria. Entonces la cuestión es cómo integrar nudos que apoyen la lucha radical por los DDHH, la lucha consecuente por la libertad de nuestros pueblos. Lo que se observa son “capillas políticas”, incapaces de salir de su metro cuadrado. Si no nos unimos, no le hacemos ni un solo rasguño al Estado.”
-¿Qué es la prisión política hoy?
“Tiene el rostro de los mapuche encarcelados y la pregunta sobre qué hacemos nosotros por ellos, además de las manifestaciones ocasionales. Lo verdaderamente importante es la organización que les ofrezca solidaridad permanente a los prisioneros.”
“Aprovecho de enviarles dos saludos: uno de los compañeros prisioneros políticos del MRTA en el Perú, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, y Lucero Cumpa Miranda. Y el segundo, de los compañeros venezolanos de la Coordinadora Simón Bolívar, en la voz grabada del periodista y diputado chavista, Juan Contreras”, dijo Jaime Castillo justo antes de presentar el audio, luego de lo cual añadió que “luchamos por la liberación del continente de todas las sangres, sin fronteras ni Estados opresores; sin ejércitos que hagan carne de cañón con nuestros pueblos. La sociedad socialista latinoamericana, primer paso al comunismo en Nuestramérica, tiene que ser nuestro horizonte desde ya.”
viernes, 20 de enero de 2017
Declaración: bajas condenas a torturadores de José Tohá
Declaración Pública
En
Santiago, a 18 de enero de 2017, las organizaciones de derechos humanos y
sociales que suscriben esta declaración expresan su rechazo e indignación por
la ratificación de las bajas condenas y remisión de ellas que ha resuelto la
Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de aplicación
de tormentos reiterados a don José Tohá González, exministro del gobierno de la
Unidad Popular.
A pesar
del reconocimiento explícito de que don José Tohá fue sometido reiteradamente a
tortura física y sicológica, tratos crueles y degradantes con el objeto de
doblegar su voluntad -acciones todas definidas como tortura en la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, la
Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso una pena
irrisoria a los responsables de estos crímenes, Ramón Pedro Cáceres
Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejías, lo que contraviene el numeral
2 del artículo 4º de la Convención señalada, que indica que “Todo
Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en
cuenta su gravedad”.
Además de
lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los recursos de las
partes querellantes, quienes instaron porque además de sancionar los hechos que
tuvo por acreditado el Ministro instructor como constitutivos de tormentos,
fuesen también estos sancionados porque son constitutivos del delito de
secuestro simple, ya que la víctima fue ilegítimamente privada de su libertad.
A lo
anterior, la resolución del tribunal de ratificar la remisión condicional de la
pena se convierte en una trasgresión al anhelo de justica de las víctimas, sus
familiares y, claramente, a la conciencia universal de la humanidad, que ha
considerado que la tortura es una de las acciones más aberrantes contra la
dignidad humana y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene justificación.
Como bien lo señala la Convención, “En ningún caso podrán invocarse
circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como
justificación de la tortura”.
Condenamos
y repudiamos, en primer lugar, el fallo del Ministro Jorge Zepeda Arancibia y,
además, la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago,
quienes con sus decisiones dejan en la impunidad acciones criminales
consideradas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra y como
crímenes de lesa humanidad. Les hacemos responsable de que aún hoy se torture
en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para
asegurar su no repetición.
Nuestra
indignación es tan profunda que demandamos que jueces tan veniales, que ignoran
los compromisos internacionales de DDHH asumidos por Chile, dejen sus cargos de
tan alta responsabilidad o, de no ser así, se inicie un proceso de destitución
por grave incumplimiento del deber de aplicar justicia tan gravemente
conculcado.
Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Comunidad
Ecuménica Martin Luther King
Corporación
Memoria Lonquén
Asociación
por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Comisión
Funa
Observatorio
por el Cierre de la Escuela de las Américas
Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua
Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos de Antofagasta
Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso
Brigada
Salvador Allende (BRISA)
Corporación
La Serena Dieciséis de Octubre
Asociación
Mutual Expresas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular
Coordinadora
Nacional Expresas y Presos Políticos “Salvador Allende”
lunes, 30 de noviembre de 2015
Viernes 27: Vibrante actividad de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela.
Santiago de Chile:
Actividad de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela.
El pasado viernes
27, organizaciones populares se hicieron presentes una vez más para manifestar
su respaldo al proceso de cambios revolucionarios en favor de las clases populares,
que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, y a la vez para repudiar
la injerencia del poder judicial chileno, que pretende dar cátedra de derechos
humanos a Venezuela.
Luego de una corta
marcha desde la esquina de las avenidas Pedro de Valdivia con Francisco Bilbao,
unos 250 manifestantes llegaron al frontis de la Embajada venezolana, donde se
realizó un acto político cultural con la lectura de un manifiesto y la
participación musical de José Cerpa, el Trío Memorial y otros artistas.
El próximo domingo 6 de diciembre, se
realizarán elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el poder legislativo
dura cinco años en sus cargos. Las organizaciones bolivarianas están plenamente
confiadas en que nuevamente, el mundo popular de Venezuela manifestará su
respaldo al proceso que dirige el Presidente Nicolás Maduro eligiendo un
parlamento mayoritariamente revolucionario.
El imperialismo yanki sólo busca
derrocar al gobierno de Maduro, para afianzar su poder en el país que tiene las
mayores reservas de petróleo disponibles en Occidente. Por eso la prensa
proimperialista y los parlamentarios vendidos al oro yanki, mienten
descaradamente acerca del proceso venezolano.
Es absurdo que un poder judicial que aún
mantiene presos en Chile, víctimas de montajes judiciales, que se declara “independiente”
ante los crímenes de la represión policial militarizada en Chile (léase
asesinatos de mapuche y de trabajadores Cisternas y Quichiyao, léase
desaparición de José Huenante, léase asesinato por carabineros y paramilitaresen Cañete, de Ricardo Parra Flores), hoy esté clamando por la libertad de
golpistas en Venezuela, autores intelectuales del asesinato de 43 personas sólo
en las protestas de 2013, por parte de bandas fascistas bien financiadas por
las agencias de Estados Unidos.
TEXTO DEL MANIFIESTO LEÍDO EL 27 DE NOVIEMBRE
CHILENOS:
¡DENUNCIAMOS CONSPIRACION
CONTRA VENEZUELA!!!
Las organizaciones sociales, políticas y de solidaridad que
suscribimos el presente manifiesto, denunciamos ante el país y la comunidad
internacional que la oposición venezolana nucleada en la MUD invisibilizó a sus
candidatos, no se manifiesta en las calles para captar electores; la oligarquía
venezolana apuesta a que el esfuerzo de revertir el proceso bolivariano lo haga
EEUU con una campaña internacional para deslegitimar a un gobierno democrático
elegido en un proceso electoral de incuestionable trasparencia después de más
de 20 auditorías, transparencia que se repetirá una vez más en las elecciones
parlamentarias este 6 de diciembre de 2015.
Denunciamos que bajo el amparo de una feroz ofensiva mediática y
política dirigida desde el gobierno de Estados Unidos se han intensificado las
maniobras desestabilizadoras en contra del legítimo gobierno del presidente
Nicolás Maduro Moros, con la intención de crear un clima de tensión,
inestabilidad e incertidumbre en torno al proceso electoral del 6 de diciembre.
Así, el gobierno bolivariano soporta amenazas, bloqueos, campañas
difamatorias, acusaciones infundadas de supuestos atropellos a los derechos
humanos y una intensa guerra económica de boicot a la producción, especulación
y desabastecimiento inducido principalmente de alimentos y medicamentos como la
que conocimos bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Con este
tinglado, el gigantesco arsenal mediático contrarrevolucionario y la derecha internacional
confabulada proclaman fraude por adelantado, llaman a desconocer el resultado
electoral y demandan derechamente la intervención política y militar externa.
En este cuadro que tuvo como preludio el decreto de Obama que
declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad
nacional de los Estados Unidos, el espionaje de la NSA a PDVSA y otras
instituciones venezolanas, así como la vergonzosa carta del Secretario General
de la OEA, Luis Almagro denostando de la justicia e imparcialidad del proceso
electoral venezolano, se inscribe la insólita, vergonzosa e injerencista resolución
de la Corte Suprema de Chile que pretende “vía OEA” se obligue al gobierno de
Chile a oficiar de alcahuete amparando al conspirador sedicioso Leopoldo López,
quien capitaneó en Venezuela actos violentos fascistoides como las “guarimbas” que
condujeron a la muerte de 43 seres humanos –entre ellos, nuestra compatriota chilena
Gisella Rubilar– provocando también más de 800 heridos, numerosos incendios,
destrucción de escuelas, centros de salud, universidades, desconcierto y temor
generalizado en la población.
Más allá de esta insólita resolución dividida de una sala del
máximo tribunal, recordamos la triste experiencia de la Corte Suprema cuando
bajo el régimen de Pinochet ignoró o rechazó sistemáticamente miles de recursos
de amparo a favor de víctimas de la dictadura, al extremo que Israel Bórquez,
entonces presidente de ese poder del Estado, pronunciara su desafortunada frase
“Los desaparecidos me tienen curco”.
Vale también recordar que ya en 1973 “la Suprema” había gestado una
declaración contra del gobierno constitucional del presidente Allende en apoyo al
golpismo fascista. Este mismo órgano sucumbe hoy a la presión mediática y
lobbista del imperio y absurdamente acoge un “recurso de amparo” gestado en una
inocente velada pre-navideña en… Estados Unidos.
Otro puntal de la conspiración internacional está constituido por los
tres ex presidentes derechistas de este país que se han sumado al coro de vagos
ex presidentes iberoamericanos, y una plataforma de parlamentarios chilenos
armada por el lobby internacional para crear bulla mediático-política
victimizando a la oposición de derecha de Venezuela y forjándole al gobierno
bolivariano una imagen apocalíptica como violador de todos los derechos
humanos, cuando la realidad es que ha sido el gobierno de Chávez y Maduro el
más garantista de todos los Derechos en su país.
Estos diputados, senadores y otros políticos herederos del dictador
Pinochet que buscan con premura fungir de guardianes del proceso electoral
venezolano, se gestaron bajo el ilegitimo sistema electoral binominal heredado
de la constitución pinochetista y hoy están cuestionados por el financiamiento
espurio de sus campañas por empresas que invirtieron en ellos para obtener
leyes en su beneficio. Estos personajes se deben a Soquimich, al grupo Penta, a
la colusión de las farmacias, a los productores de pollo, a la papelera de
Eliodoro Matte, a las pesqueras… y están recibiendo el rechazo transversal de
la ciudadanía; son los mismos que se niegan a aceptar el cambio de la
constitución pinochetista que actualmente nos rige.
Si tanta es su preocupación por los Derechos Humanos, entonces ¿por
qué estos politiqueros no votan en Chile la anulación de la Ley de Amnistía y
la Ley Antiterrorista?, o ¿por qué no se interesan en que se castigue a los
asesinos de la única chilena muerta en los actos de violencia fascista promovidos
por Leopoldo López el pasado año 2014 en Venezuela, la compañera Gisella
Rubilar?
También podrían preocuparse por traer de vuelta a la Patria a los
presos políticos chilenos que hay en Perú y Brasil; e intervenir a favor de los
presos políticos y víctimas del paramilitarismo, el crimen organizado y el
narcotráfico en sus socios de la Alianza del Pacífico; Perú, Colombia y México,
así como por los prisioneros de Estados Unidos que son torturados en la Base de
Guantánamo.
Exhortamos a todos los sectores políticos que participan en el proceso
electoral de Venezuela a acoger el llamado del Consejo Nacional Electoral y la
UNASUR de respetar los resultados, sean cuales fueren, e impedir que la
manipulación mediática cree el clima de confrontación que busca el imperio.
Estamos comprometidos con las causas de los pueblos del continente,
pero también nos duelen las agresiones que sufren los pueblos del medio oriente.
Llamamos a mantener a América como un continente de paz y reafirmamos la solidaridad
irrestricta con el proceso de la revolución bolivariana en la Venezuela de
Simón Bolívar y Hugo Chávez.
Santiago de Chile, 27 de noviembre 2015.
lunes, 23 de febrero de 2015
Mapucistas renegados tras los crímenes capitalistas
Informamos sobre la labor golpista proimperialista de José Miguel Insulza. Ahora, veremos algo sobre la falsa licenciatura (y por ende, del título de abogado) de Insulza, calificado por su adversario judicial, como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”. También nos referiremos al lobby del PS donde milita Carlos Montes, para echar tierra a las investigaciones de fraude tributario, para poner a cargo a un hijo de éste. Una Santísima Trinidad más: el Padre, el Hijo y el Espíritu del Lucro.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
De vacaciones en México, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte Andrés Montes se enteró de su designación a cargo del caso que involucra a la minera SQM, por un eventual fraude tributario en el que hasta ahora, aparecen vinculados parlamentarios de la Nueva Mayoría, a partir de la emisión de boletas presuntamente irregulares. Montes, según informa La Tercera, habría recibido la noticia con molestia ya que se enteró por la prensa de su designación y además sus nuevas funciones lo exponen a un cuestionamiento público ya que se ve como desplazando al fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora había llevado la investigación desde la Fiscalía Oriente.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
El llamado Pentagate va ampliando sus aristas de investigación, ya no es sólo la empresa Penta y la supuesta utilización de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas electorales. Por ejemplo, esta tarde, se le había otorgado al fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, la investigación de las operaciones bursátiles para evadir patentes comerciales, que habría realizado Penta entre 2009 y 2013.
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
A pesar de que la Cámara de Diputados debiera sesionar con 120 honorables, hace meses que solo funciona con 119 representantes. El 12 de mayo del 2014, el entonces diputado de RN, Rosauro Martínez, fue desaforado por la causa que se sigue en su contra, donde se lo acusa de homicidio calificado de tres miristas en 1981.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
Sabas Chahuán retoma sus funciones este martes 24
Fiscal Nacional retrocede y evalúa sacar a Montes de la arista SQM
A raíz de los amplios cuestionamientos públicos por la designación y desde sectores políticos incluido el bloque oficialista, el Ministerio Público estaría considerando revisar la decisión en torno a la causa que persigue determinar fraude tributario al interior de la empresa minera y que presuntamente incluye financiamiento irregular de campañas en el que hasta ahora aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayoría.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
PUBLICADO POR JUSTICIA
Otras informaciones:
http://justicianadamasperonadamenos.blogspot.com/2015_02_01_archive.html
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015
Sorpresivo comunicado a última hora de hoy, después que se vinculara a Nueva Mayoría
Pentagate: Fiscalía le quita arista Soquimich a Gajardo y la pone en manos del hijo del senador Montes
Cerca de las 20:00 hrs. la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que existiría un cambio en la dirección de la investigación del controversial Caso Penta. Ya no será el fiscal Carlos Gajardo, quien inició las indagaciones, el que estará a cargo de una de las nuevas aristas del escándalo, SQM, sino que un nuevo fiscal, Andrés Montes. Esto, luego de que en una semana negra para la coalición gobernante, por el caso Dávalos, además se dieran luces de una real vinculación con el Pentagate.
por Macarena Segovia
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2015
Interponen querella por supuesta falsificación del título universitario de José Miguel Insulza
Fuente: Verdad Ahora.
18 de febrero 2015
18 de febrero 2015
Un empresario chileno de origen canadiense presentó una querella en contra del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, por la presunta adulteración del certificado de licenciatura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
Senadores, diputados y dirigentes enfrentan procesos en la Justicia
Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales
El último mes ha estado marcado por los procesos judiciales que enfrentan senadores como Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar –quién será formalizado por fraude al fisco– y el diputado UDI Felipe de Mussy, quien forma parte del ramillete gremialista cuestionado por el Caso Penta. Según analistas, una ciudadanía crítica, un mayor acceso a la información y un hastío por cómo la clase política dirige al país, cambiaron las condiciones que reinaron en la transición y pusieron un potente foco sobre los movimientos del poder.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
UNA LUPA GIGANTE
Para la directora de investigación e incidencia de la fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, el actual panorama se configura a partir de dos hechos claves: la promulgación de la Ley de Transparencia y la indignación ciudadana con los abusos y la forma de hacer política en Chile: “La ciudadanía está más indignada por el tema de los abusos. Es un tema bastante mundial, yo creo que la ciudadanía está pidiendo más participacion en los asuntos públicos, ya no estamos tan desde afuera, estamos exigiendo más. Más rendición de cuentas, más transparencia”.“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
PUBLICADO POR JUSTICIA EN 7:33 NO HAY COMENTARIOS:
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