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viernes, 3 de agosto de 2018

DECLARACION CODEHS SOBRE INDULTOS A CRIMINALES

Difundimos declaración pública del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS


LIBERTAD A LOS PRESOS DE ‘PUNTA PEUCO’

El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

En dos sucesivas sentencias dictadas en las últimas semanas de este mes, la Corte Suprema ha concedido el indulto a siete (7) personas condenadas por graves violaciones a los Derechos Humanos y recluidas en la cárcel ‘Punta Peuco’. Esas personas, autores de ‘delitos de lesa humanidad’, fueron, en un primer momento, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga; posteriormente, Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos.

No puede considerarse a la Corte Suprema —y al resto de los tribunales chilenos— como entes neutrales. Desde los albores de la República han estado permanentemente al servicio de las clases dominantes. No está de más recordar algunos casos al respecto.

En pleno régimen de la Unidad Popular dio, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Enrique Urrutia Manzano, orden a los jueces de acoger todos los recursos de amparo que interponían en su favor los enemigos de ese régimen. Fue aquel mismo sujeto quien, en compañía de los magistrados José María Eyzaguirre y Juan Pomés, concurrió a saludar al recién instalado gobierno militar en septiembre de 1973 y, posteriormente, terció la banda presidencial sobre el pecho de de Pinochet reconociéndolo como legítimo gobernante. Cuando, en 1974, viajó a Europa una comisión gubernamental, encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de ese entonces Alejandro Silva Bascuñán y el ex político Julio Durán Neumann, a explicar las razones y fundamentos del golpe militar, se sumó a ellos el magistrado José María Eyzaguirre quien asumiría, un año más tarde, la presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Urrutia. ¿Y qué decir de Israel Bórquez, hombre cercano a Pinochet, que ironizaba con los recursos de amparo a favor de los detenidos desaparecidos alegando que lo tenían ‘curco’?

La idea de dejar en libertad a los presos de ‘Punta Peuco’ no es nueva. Ha sido la constante de los grupos pinochetistas que aún perduran y aprovechan la instancia gubernamental que hoy detentan. Porque esta situación no es nueva y tiene manifiestos ribetes políticos. El presidente Piñera no es, en modo alguno, ajeno a ella. Si bien ha querido aparecer libre de toda sospecha otorgando indulto presidencial junto a un caso de Temuco y otro de Colina II, a una persona que falleció sin haber gozado de aquel (el ex coronel René Cardemil, enfermo de cáncer terminal), dicha acción sólo se enmarca dentro de una política que aprovecha el retiro de otros magistrados para reemplazarlos por quienes se inclinan por liberar a los genocidas. La decisión de la Corte Suprema, por consiguiente, no ha tenido carácter neutro sino eminentemente político.

Que este fallo crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que “lo más probable es que se aplique la misma decisión”.

El CODEHS eleva su enérgica  voz para protestar por estos actos que no sólo son atentatorios contra el ordenamiento jurídico vigente y los convenios internacionales suscritos por Chile sino contra la moral de toda una sociedad, y justifican de sobremanera recurrir a los organismos internacionales en demanda de garantías procesales que no parecen existir en este país.

COMITÉ EJECUTIVO (CODEHS)

Santiago, 31 julio de 2018



martes, 12 de junio de 2018

Persecución y prisión política: De las sangres, todas (sobre Héctor Llaitul y prisioneros políticos en Chile y otros estados)

Chile. Persecución y prisión política: De las sangres, todas

Por Andrés Figueroa Cornejo 

“Pueblo es la letra, pueblo la ventana, / la cosecha, la escuela, el canto y la palabra; / y suyos son los combates, / suyos los deberes / y el derecho incesante / de alumbrar la tierra / con el incendio de las cárceles”
Patricio Manns

El 8 de junio, los familiares y amigos por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena, antifascista y combatiente internacionalista chileno, hace casi 17 años prisionero político en las cárceles del Brasil, organizaron un foro en las dependencias de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde participaron el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul; el revolucionario Jaime Castillo Petruzzi; y los abogados de DDHH, Alberto Espinosa y Rodrigo Román. La cita fue bienvenida por el presidente de la Fech, Alfonso Mohor.

“En la figura del hermano Mauricio Hernández Norambuena se puede expresar todo lo que podemos decir sobre la persecución y la cárcel política”, sentenció el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, el líder mapuche Héctor Llaitul.
“Por eso arranco con un homenaje a Mauricio. Por el sentido que tienen los distintos diálogos entre mapuche y no mapuche para compartir las luchas por los derechos de nuestros pueblos. Seguramente Mauricio Hernández tendrá noticias de este encuentro, del cual considero un honor participar”, agregó Llaitul.

-¿Desde dónde hablas?
“Desde mi condición de vocero de una organización mapuche autonomista, revolucionaria, la CAM. Por eso mi voz se dirige a la persecución y prisión política de mi Pueblo Nación Mapuche. Y les transmito con la autorización debida, el abrazo de dos grandes líderes de mi pueblo que hoy padecen la prisión política: el Machi Celestino Córdova y Facundo Jones Huala. Celestino está actualmente en huelga de hambre por retornar a su rewe (lugar sagrado), reclamo integrado al ámbito de nuestra espiritualidad antigua. Así es como nosotros levantamos una concepción desde nuestra historia propiamente mapuche y somos un aporte al combate de la humanidad por su libertad plena. La lucha del Machi Celestino no proviene del mundo de la razón instrumental occidental, sino que de un mandato de nuestra espiritual ancestral, de nuestras fuerzas y energías. De la naturaleza, que es el mundo con el que convivimos y que debemos defender. Tiene que ver con la esperanza, con la vida, con la justicia. Debido a ello, el Estado chileno le niega a Celestino la visita a su rewe. La institucionalidad de Chile sabe que de nuestras prácticas culturales, simbólicas, espirituales, provienen fuerzas tales que permitirían a nuestro pueblo proyectar un proceso de liberación.

Asimismo, hablo por la voz del lonko del puelmapu, Facundo Jones Huala, también prisionero político en huelga de hambre, esta vez, castigado por el Estado argentino. Facundo desde muy joven sintió una gran identidad con nosotros, y con el tiempo y con su compromiso, cobró altura en nuestro pueblo. Nosotros, los weichafe (combatientes), tal vez logremos alcanzar algún día un rol de mayor importancia, cuando se defina mejor el estado de beligerancia, como fue en antaño. Por ahora, para reconstruir ese tejido social, político, simbólico, cultural y espiritual, las figuras presentes de nuestras autoridades ancestrales nos son de vital importancia. Facundo se resignifica como tal en el desenvolvimiento de la lucha misma. A pesar de la cárcel.”

-¿Qué significa persecución política para el mapuche en lucha?
“No sólo el acoso y la persecución a una propuesta o línea política. Tiene que ver con aquello que nos alimenta en medio de una lucha absolutamente desigual y de desventaja estratégica, como la que han sufrido las y los revolucionarios en todos los campos, cada vez que luchamos contra el sistema capitalista y sus Estados opresores. En nuestro caso, la emancipación mapuche y sus medios, no pueden ser comprendidos sin la unidad con su espiritualidad.”

-¿Se inscriben en la lucha por la libertad de todas y todos los seres humanos?
“Nos queremos liberar, pero de acuerdo a nuestra condición compleja de mapuche. Y esperamos reciprocidad, como la que tenemos nosotros ante cualquier desarrollo liberador de los oprimidos de cualquier pueblo. En consecuencia, rodeamos a nuestros hermanos internacionalistas, antifascistas, anticapitalistas, que están en distintas prisiones. Me sumo a la causa libertaria de la América Morena, del Abya Yala, de la América Indiana. Me hago uno con la solidaridad de todos los pueblos que hoy resisten y que mañana también lo harán.”

-Tú has sido un prisionero político…
“Me ha tocado la hora de pasar por la cárcel y, quizás, venga otra vez. La lucha de nuestro pueblo se encuentra en proceso, y nuestra organización, la CAM, está comprometida con dotar de continuidad a lo que hemos sostenido. Los mapuche nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Si nos derrotan ahora, nos derrotarán para siempre. Sólo entonces puede entenderse nuestra definición de un autonomismo revolucionario, conforme al contexto de agudización de la beligerancia que se ha instalado en el wallmapu, con sus formas criminalizadoras, racistas, militarizadas, en contra de nuestras reivindicaciones históricas y prácticas de resistencia. Sobre todo cuando la gobernanza capitalista neoliberal tiene la fuerza que todos conocemos.”

-¿Y qué ocurre con la propuesta política de la CAM?
“Ella es la que se persigue y encarcelada cuando se encarna en militancia. Únicamente así se explican la llamada Operación Huracán y la ley antiterrorista. Sobre esta última, ya habrán oído las modificaciones que quieren hacerle a la actual normativa. Es una herramienta del Estado en contra del Pueblo Nación Mapuche, pero no es exclusiva para nosotros. Lo que sucede en el wallmapu es lo que le ocurrirá al movimiento popular chileno. Cuando Piñera asumió el gobierno chileno fue al territorio nuestro a plantear las modificaciones a la ley antiterrorista. El fascismo le llama la “modernización” de la presente legislación. Pero los pueblos sabemos que se trata del perfeccionamiento de la represión en contra de todas y todos quienes nos enfrentamos al sistema capitalista y al Estado opresor.”

-¿Qué proponen desde la CAM ante el “perfeccionamiento” de la represión?
“Unificar criterios entre los distintos movimientos organizados que pugnan por la libertad y la conquista de derechos sociales. ¿Cómo hacemos un frente común ante las arremetidas criminales del Estado chileno? La ley antiterrorista no puede quedar en manos del congreso chileno. Debemos echar a andar una discusión entre los propios movimientos organizados para resolver cómo encararla. Por ejemplo, yo me enteré por la prensa que estaba en medio de una causa judicial de la cual luego fui sobreseído. Un procedimiento jurídico de espionaje, de sabotaje informático. Supuestamente, otra persona y yo teníamos la capacidad de hackear al jefe de la Inteligencia y de la unidad operativa que funcionaba en el wallmapu. Así como también podíamos hackear e infiltrar al fiscal jefe de alta complejidad encargado de la persecución penal contra la resistencia mapuche. ¡Imagínense! Posiblemente, a través de este montaje, el objetivo era condenarme por asociación ilícita terrorista. Piñera quiere imponer ahora la figura del “terrorista informático”, del “terrorista individual”. Se habla de judicializar “la apología de la violencia” para perseguir las ideas. Observen los alcances que pretenden hacerle a la ley antiterrorista. Incluso dicen que, ya una vez resueltas las condenas por terrorismo, los acusados carezcan de la posibilidad de obtener su libertad, bajo el sistema intrapenitenciario. Se trata de iniciativas que buscan golpear a los militantes, a las organizaciones que vamos a luchar por nuestros pueblos. Gracias al acompañamiento y a la solidaridad hemos conseguido parcialmente frenar esta ley. Sin embargo, se está creando un escenario social, político y mediático que puede favorecer los cambios a una ley que, para todos nosotros, es una creatura al servicio del fascismo.

Y respecto de la Operación Huracán, consideramos que fue diseñada no para castigar a un grupo en particular que estaba realizando una acción específica, sino que la finalidad del montaje fue poner en rodaje un medio para enfrentar cualquier propuesta política anticapitalista y revolucionaria en el mundo mapuche. Estamos hablando de más de 200 teléfonos móviles intervenidos ilegalmente; y de 60 supuestamente de manera legal. Una de las modificaciones a la ley antiterrorista, precisamente, consistiría en la legalización de las intervenciones telefónicas indiscriminadamente. De hecho, si algún artista me saludó en un evento público y me envió un saludo por mensajería móvil, a ese artista también le intervinieron el teléfono y fue involucrado en el montaje estatal.

La represión quiere ahogar a una organización mapuche que está visibilizándose.

Lo cierto es que el poder, hasta el momento, siempre ha tomado la iniciativa en nuestra contra, y no existe un pronunciamiento de la opresión organizada al respecto. En ese sentido, insto a la comprensión de que la prisión política es otra trinchera de lucha. Y la cárcel no nos debe atemorizar. La valentía y convicción de nuestras prisioneras y prisioneros políticos, más allá del proyecto liberador específico, es una forma de resistencia activa. Con ese entendimiento venceremos y nos levantaremos diez veces.”



“Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos”
Uno de los abogado históricos de la defensa de los DDHH en Chile, Alberto Espinosa, actualmente jurista del ex combatiente antifascista e internacionalista chileno Mauricio Hernández Norambuena, quien sufre un cautiverio de casi 17 años en los calabozos más destructivos del Brasil, distinguió dos momentos que contiene la condición de prisionero político, “como víctima y como luchador social, a la vez.  El prisionero político es una víctima de la persecución de los aparatos del Estado mediante la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Asimismo, es sometido a un enjuiciamiento cuyos procedimientos legales no existen, como el derecho a la defensa y a ser oído en un marco de garantías mínimas. Las normas que recibe son básicamente represivas, como la justicia militar, las leyes antiterroristas, la ley de seguridad interior del Estado o la doctrina de la seguridad nacional. A mí no me gusta la perspectiva del prisionero político como víctima”.

-¿Por qué?
“La acción de la justicia está determinada por la política dispuesta por los poderes fácticos. Sin embargo, yo observo al prisionero político como un luchador social porque su práctica está asociada a una concepción de transformación profunda de la sociedad tal como la conocemos. En general, en Chile fueron perseguidos y prisioneros políticos aquellos que constituyeron, en distintos roles, las fuerzas sociales que explican la Unidad Popular de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque la Unidad Popular se presentó como un proyecto de sociedad distinto a la supremacía de las relaciones sociales capitalistas. Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos. Se trata de la gente que, como luchador y luchadora social, estuvo comprometida con el cambio radical de la sociedad. Luego están las y los prisioneros que asumieron la resistencia ante la represión de la dictadura cívico militar. Allí yo conocí a los prisioneros políticos en su situación de combatientes y revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, del Partido Comunista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Mapu-Lautaro. Asimismo, y desde tiempos anteriores a la fundación del Estado chileno, se encuentran las y los prisioneros políticos mapuche.”

-¿En qué se diferencia el PP mapuche del no mapuche?
“Yo no veo ninguna distinción sustantiva. La condición de luchador social es la misma. Es el mismo Estado el que reprime física y simbólicamente a la resistencia y a las reivindicaciones de derechos sociales arrebatados. La cárcel estatal es un medio de los intereses privados condensados en un Estado burgués que está subordinado a los intereses de las clases sociales dominantes, de los grandes grupos económicos, del gran capital. Es el mismo comportamiento que adopta frente a los derechos sociales conculcados de la población sobre la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los servicios básicos.”

“Ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos”
El abogado defensor en los últimos años de miembros del Pueblo Nación Mapuche, Rodrigo Román, manifestó que “la prisión política es preciso tratarla desde el Derecho Penal Político en tanto forma por excelencia de control social y legislación antiterrorista. Esa ley se hizo en los 80 del siglo XX para perseguir a la resistencia más resuelta contra la dictadura, principalmente proveniente del MIR, del FPMR y del Lautaro. Hoy, esa misma ley se aplica a la resistencia mapuche en el wallmapu, esta vez, mediante un remake edulcorado formalmente”.

-¿Cuál es la finalidad de la ley antiterrorista?
“Combatir a los combatientes. Primero durante la dictadura, luego durmió un rato, y el 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue la respuesta ante la ofensiva emancipadora del pueblo mapuche, y trasladada al sur de Chile, a zonas rurales. Y se expresa de manera concentrada y caricaturesca en el caso Luchsinger-Mackay, donde en la primera y segunda resolución judicial fue tratado como un caso común de incendio con resultado de muerte, pero en su tercer momento, los jueces abiertamente se han sometido a los poderes de los ricos y poderosos, aplicando la ley antiterrorista.” (El presente texto se editó antes de que los hermanos Tralcal fueran condenados a cadena perpetua por el caso mencionado.)

-¿Y quiénes califican esos hechos?
“Los más ricos entre los ricos de la región, los grandes latifundistas agrupados gremialmente. ¿Qué ocurre entonces? Que quienes han sido calificados de transgredir la ley antiterrorista deben pasar largos períodos en la llamada “cárcel preventiva”, que en la práctica funciona como condena anticipada. Estamos hablando de más de 200 mapuche que han debido sufrir la prisión preventiva antes de ser absueltos. La ley antiterrorista “a la chilena” no es tolerada internacionalmente, y hasta la propia Corte Suprema del país (que no tiene nada de progresista), ha acusado los visos de ilegalidad que contiene esa ley.
Tanto la ley antiterrorista como la ley de seguridad interior del Estado son usualmente invocadas en contra de la disidencia política. Sin embargo, hasta los juzgados de diversos lugares de Chile coinciden con nosotros en que, bajo un Estado de Derecho, existen normas básicas que no pueden ser violadas por las presiones políticas. Las normas mencionadas tienen que ver con la actuación de las policías y las fiscalías, instituciones que muchas veces operan fuera de la ley.”

-¿Por ejemplo?
“En el bullado caso Huracán, donde se imputó de asociación ilícita a personas mapuche sobre la base de la intercepción de las mensajerías de la telefonía móvil. Y ahora ocurre que, en menos de un mes, la fiscalía va a formalizar judicialmente a toda la plana mayor de la Inteligencia de la policía, justamente por el delito de asociación ilícita. En otras palabras, en muy poco tiempo, los mapuche acusados sin pruebas y luego absueltos del delito de asociación ilícita, verán en el banquillo de los acusados, por la misma figura jurídica, a los mandarines de la Inteligencia de Carabineros. Y en este caso, ya nosotros, los abogados de DDHH, no actuaremos como defensores de los mapuche, sino que de querellantes en contra de la policía.”

-¿Qué otras herramientas ha usado el Estado policial chileno en contra de las disidencias sociales y políticas?
“La ley de control de armas y explosivos. Las llamadas “bombas molotov”, empleadas históricamente desde hace más de un siglo en la resistencia de los pueblos del mundo y de los pueblos de Chile, no estaba considerada dentro de la ley de control de armas y explosivos. Sin embargo, desde el 2005, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar las incluyó en la ley de control de armas y explosivos. Y en el 2017 la bomba Molotov tomó el estatus de cualquier arma en general, y, por tanto, con el mismo nivel de penalización. De hecho, los jóvenes estudiantes y luchadores sociales, en cantidad innumerable, han sido sancionados por ello. Incluso, antes de probar el porte de botellas con combustible, las y los chicos pasan por la prisión política, y luego son absueltos.
Por otra parte, y en el colmo del cinismo pragmático y sin principios de la institucionalidad política, muchas autoridades de la Nueva Mayoría que hasta hace tres meses, cuando aún eran gobierno, usaron la ley antiterrorista en contra de los mapuche, en la actualidad dicen solidarizarse con los mismos mapuche que criminalizaron. Al final del día, lo cierto es que ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos.”

“Mauricio Hernández Norambuena está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial”
Jaime Castillo Petruzzi, combatiente internacionalista, ex militante del MIR y del peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue prisionero en el país de Mariátegui durante 23 años y en octubre de 2018 cumplirá dos años de su libertad y retorno a Chile.
“Estoy muy identificado con la causa de la vida y la libertad del compañero Mauricio Hernández Norambuena. Yo no viví los años 90 en Chile, entonces llegar a la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ubicada en lo que fuera un centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura, es profundamente emocionante. Y agradezco el nombre nuevo que tiene esta calle: José Carrasco Tapia, periodista, miembro del Comité Central del MIR, luchador inagotable, prisionero político y asesinado por la tiranía. También quiero reconocer públicamente a Héctor Llaitul, a quien vi por primera vez, mientras lo detenían, por la televisión de mi celda.”

-¿Qué se le pide al prisionero político?
“Dignidad y coherencia. Por eso considero que Mauricio Hernández Norambuena resume esos valores. Hoy, y desde hace mucho, está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial. Él se encuentra en las peores condiciones carcelarias imaginables; recibiendo un mínimo de visitas. Y cuando uno está prisionero lo que más necesita saber es que afuera la gente no se olvida de nuestra condición. No olvida que la lucha nuestra no fue en vano. Es preciso acompañar al prisionero político mediante la solidaridad.”

-Después de tantos años fuera de Chile, ¿Cómo viste al país a tu regreso?
“Lo que pude constatar al poco andar fue lo dispersas que están las familias rodriguista, mirista, lautarista, libertaria. Entonces la cuestión es cómo integrar nudos que apoyen la lucha radical por los DDHH, la lucha consecuente por la libertad de nuestros pueblos. Lo que se observa son “capillas políticas”, incapaces de salir de su metro cuadrado. Si no nos unimos, no le hacemos ni un solo rasguño al Estado.”

-¿Qué es la prisión política hoy?
“Tiene el rostro de los mapuche encarcelados y la pregunta sobre qué hacemos nosotros por ellos, además de las manifestaciones ocasionales. Lo verdaderamente importante es la organización que les ofrezca solidaridad permanente a los prisioneros.”

“Aprovecho de enviarles dos saludos: uno de los compañeros prisioneros políticos del MRTA en el Perú, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, y Lucero Cumpa Miranda. Y el segundo, de los compañeros venezolanos de la Coordinadora Simón Bolívar, en la voz grabada del periodista y diputado chavista, Juan Contreras”, dijo Jaime Castillo justo antes de presentar el audio, luego de lo cual añadió que “luchamos por la liberación del continente de todas las sangres, sin fronteras ni Estados opresores; sin ejércitos que hagan carne de cañón con nuestros pueblos. La sociedad socialista latinoamericana, primer paso al comunismo en Nuestramérica, tiene que ser nuestro horizonte desde ya.”




viernes, 20 de enero de 2017

Declaración: bajas condenas a torturadores de José Tohá

Declaración Pública

En Santiago, a 18 de enero de 2017, las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben esta declaración expresan su rechazo e indignación por la ratificación de las bajas condenas y remisión de ellas que ha resuelto la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de aplicación de tormentos reiterados a don José Tohá González, exministro del gobierno de la Unidad Popular.

A pesar del reconocimiento explícito de que don José Tohá fue sometido reiteradamente a tortura física y sicológica, tratos crueles y degradantes con el objeto de doblegar su voluntad -acciones todas definidas como tortura en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso una pena irrisoria a los responsables de estos crímenes, Ramón Pedro Cáceres Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejías, lo que contraviene el numeral 2 del artículo 4º de la Convención señalada, que indica que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.

Además de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los recursos de las partes querellantes, quienes instaron porque además de sancionar los hechos que tuvo por acreditado el Ministro instructor como constitutivos de tormentos, fuesen también estos sancionados porque son constitutivos del delito de secuestro simple, ya que la víctima fue ilegítimamente privada de su libertad.

A lo anterior, la resolución del tribunal de ratificar la remisión condicional de la pena se convierte en una trasgresión al anhelo de justica de las víctimas, sus familiares y, claramente, a la conciencia universal de la humanidad, que ha considerado que la tortura es una de las acciones más aberrantes contra la dignidad humana y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene justificación. Como bien lo señala la Convención, “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Condenamos y repudiamos, en primer lugar, el fallo del Ministro Jorge Zepeda Arancibia y, además, la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes con sus decisiones dejan en la impunidad acciones criminales consideradas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Les hacemos responsable de que aún hoy se torture en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para asegurar su no repetición.

Nuestra indignación es tan profunda que demandamos que jueces tan veniales, que ignoran los compromisos internacionales de DDHH asumidos por Chile, dejen sus cargos de tan alta responsabilidad o, de no ser así, se inicie un proceso de destitución por grave incumplimiento del deber de aplicar justicia tan gravemente conculcado.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Corporación Memoria Lonquén

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Comisión Funa

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Antofagasta

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso

Brigada Salvador Allende (BRISA)

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Asociación Mutual Expresas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular

Coordinadora Nacional Expresas y Presos Políticos “Salvador Allende”



lunes, 30 de noviembre de 2015

Viernes 27: Vibrante actividad de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela.

Santiago de Chile: Actividad de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela.

El pasado viernes 27, organizaciones populares se hicieron presentes una vez más para manifestar su respaldo al proceso de cambios revolucionarios en favor de las clases populares, que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, y a la vez para repudiar la injerencia del poder judicial chileno, que pretende dar cátedra de derechos humanos a Venezuela.
Luego de una corta marcha desde la esquina de las avenidas Pedro de Valdivia con Francisco Bilbao, unos 250 manifestantes llegaron al frontis de la Embajada venezolana, donde se realizó un acto político cultural con la lectura de un manifiesto y la participación musical de José Cerpa, el Trío Memorial y otros artistas.

El próximo domingo 6 de diciembre, se realizarán elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el poder legislativo dura cinco años en sus cargos. Las organizaciones bolivarianas están plenamente confiadas en que nuevamente, el mundo popular de Venezuela manifestará su respaldo al proceso que dirige el Presidente Nicolás Maduro eligiendo un parlamento mayoritariamente revolucionario.

El imperialismo yanki sólo busca derrocar al gobierno de Maduro, para afianzar su poder en el país que tiene las mayores reservas de petróleo disponibles en Occidente. Por eso la prensa proimperialista y los parlamentarios vendidos al oro yanki, mienten descaradamente acerca del proceso venezolano.

Es absurdo que un poder judicial que aún mantiene presos en Chile, víctimas de montajes judiciales, que se declara “independiente” ante los crímenes de la represión policial militarizada en Chile (léase asesinatos de mapuche y de trabajadores Cisternas y Quichiyao, léase desaparición de José Huenante, léase asesinato por carabineros y paramilitaresen Cañete, de Ricardo Parra Flores), hoy esté clamando por la libertad de golpistas en Venezuela, autores intelectuales del asesinato de 43 personas sólo en las protestas de 2013, por parte de bandas fascistas bien financiadas por las agencias de Estados Unidos.








TEXTO DEL MANIFIESTO LEÍDO EL 27 DE NOVIEMBRE

CHILENOS:
 ¡DENUNCIAMOS CONSPIRACION CONTRA VENEZUELA!!!

Las organizaciones sociales, políticas y de solidaridad que suscribimos el presente manifiesto, denunciamos ante el país y la comunidad internacional que la oposición venezolana nucleada en la MUD invisibilizó a sus candidatos, no se manifiesta en las calles para captar electores; la oligarquía venezolana apuesta a que el esfuerzo de revertir el proceso bolivariano lo haga EEUU con una campaña internacional para deslegitimar a un gobierno democrático elegido en un proceso electoral de incuestionable trasparencia después de más de 20 auditorías, transparencia que se repetirá una vez más en las elecciones parlamentarias este 6 de diciembre de 2015.

Denunciamos que bajo el amparo de una feroz ofensiva mediática y política dirigida desde el gobierno de Estados Unidos se han intensificado las maniobras desestabilizadoras en contra del legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, con la intención de crear un clima de tensión, inestabilidad e incertidumbre en torno al proceso electoral del 6 de diciembre.

Así, el gobierno bolivariano soporta amenazas, bloqueos, campañas difamatorias, acusaciones infundadas de supuestos atropellos a los derechos humanos y una intensa guerra económica de boicot a la producción, especulación y desabastecimiento inducido principalmente de alimentos y medicamentos como la que conocimos bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Con este tinglado, el gigantesco arsenal mediático contrarrevolucionario y la derecha internacional confabulada proclaman fraude por adelantado, llaman a desconocer el resultado electoral y demandan derechamente la intervención política y militar externa.

En este cuadro que tuvo como preludio el decreto de Obama que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, el espionaje de la NSA a PDVSA y otras instituciones venezolanas, así como la vergonzosa carta del Secretario General de la OEA, Luis Almagro denostando de la justicia e imparcialidad del proceso electoral venezolano, se inscribe la insólita, vergonzosa e injerencista resolución de la Corte Suprema de Chile que pretende “vía OEA” se obligue al gobierno de Chile a oficiar de alcahuete amparando al conspirador sedicioso Leopoldo López, quien capitaneó en Venezuela actos violentos fascistoides como las “guarimbas” que condujeron a la muerte de 43 seres humanos –entre ellos, nuestra compatriota chilena Gisella Rubilar– provocando también más de 800 heridos, numerosos incendios, destrucción de escuelas, centros de salud, universidades, desconcierto y temor generalizado en la población.

Más allá de esta insólita resolución dividida de una sala del máximo tribunal, recordamos la triste experiencia de la Corte Suprema cuando bajo el régimen de Pinochet ignoró o rechazó sistemáticamente miles de recursos de amparo a favor de víctimas de la dictadura, al extremo que Israel Bórquez, entonces presidente de ese poder del Estado, pronunciara su desafortunada frase “Los desaparecidos me tienen curco”.

Vale también recordar que ya en 1973 “la Suprema” había gestado una declaración contra del gobierno constitucional del presidente Allende en apoyo al golpismo fascista. Este mismo órgano sucumbe hoy a la presión mediática y lobbista del imperio y absurdamente acoge un “recurso de amparo” gestado en una inocente velada pre-navideña en… Estados Unidos.

Otro puntal de la conspiración internacional está constituido por los tres ex presidentes derechistas de este país que se han sumado al coro de vagos ex presidentes iberoamericanos, y una plataforma de parlamentarios chilenos armada por el lobby internacional para crear bulla mediático-política victimizando a la oposición de derecha de Venezuela y forjándole al gobierno bolivariano una imagen apocalíptica como violador de todos los derechos humanos, cuando la realidad es que ha sido el gobierno de Chávez y Maduro el más garantista de todos los Derechos en su país.

Estos diputados, senadores y otros políticos herederos del dictador Pinochet que buscan con premura fungir de guardianes del proceso electoral venezolano, se gestaron bajo el ilegitimo sistema electoral binominal heredado de la constitución pinochetista y hoy están cuestionados por el financiamiento espurio de sus campañas por empresas que invirtieron en ellos para obtener leyes en su beneficio. Estos personajes se deben a Soquimich, al grupo Penta, a la colusión de las farmacias, a los productores de pollo, a la papelera de Eliodoro Matte, a las pesqueras… y están recibiendo el rechazo transversal de la ciudadanía; son los mismos que se niegan a aceptar el cambio de la constitución pinochetista que actualmente nos rige.

Si tanta es su preocupación por los Derechos Humanos, entonces ¿por qué estos politiqueros no votan en Chile la anulación de la Ley de Amnistía y la Ley Antiterrorista?, o ¿por qué no se interesan en que se castigue a los asesinos de la única chilena muerta en los actos de violencia fascista promovidos por Leopoldo López el pasado año 2014 en Venezuela, la compañera Gisella Rubilar?

También podrían preocuparse por traer de vuelta a la Patria a los presos políticos chilenos que hay en Perú y Brasil; e intervenir a favor de los presos políticos y víctimas del paramilitarismo, el crimen organizado y el narcotráfico en sus socios de la Alianza del Pacífico; Perú, Colombia y México, así como por los prisioneros de Estados Unidos que son torturados en la Base de Guantánamo.

Exhortamos a todos los sectores políticos que participan en el proceso electoral de Venezuela a acoger el llamado del Consejo Nacional Electoral y la UNASUR de respetar los resultados, sean cuales fueren, e impedir que la manipulación mediática cree el clima de confrontación que busca el imperio.

Estamos comprometidos con las causas de los pueblos del continente, pero también nos duelen las agresiones que sufren los pueblos del medio oriente. Llamamos a mantener a América como un continente de paz y reafirmamos la solidaridad irrestricta con el proceso de la revolución bolivariana en la Venezuela de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Santiago de Chile, 27 de noviembre 2015.









lunes, 23 de febrero de 2015

Mapucistas renegados tras los crímenes capitalistas

Informamos sobre la labor golpista proimperialista de José Miguel Insulza. Ahora, veremos algo sobre la falsa licenciatura (y por ende, del título de abogado) de Insulza, calificado por su adversario judicial, como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”. También nos referiremos al lobby del PS donde milita Carlos Montes, para echar tierra a las investigaciones de fraude tributario, para poner a cargo a un hijo de éste. Una Santísima Trinidad más: el Padre, el Hijo y el Espíritu del Lucro.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.

Sabas Chahuán retoma sus funciones este martes 24

Fiscal Nacional retrocede y evalúa sacar a Montes de la arista SQM

A raíz de los amplios cuestionamientos públicos por la designación y desde sectores políticos incluido el bloque oficialista, el Ministerio Público estaría considerando revisar la decisión en torno a la causa que persigue determinar fraude tributario al interior de la empresa minera y que presuntamente incluye financiamiento irregular de campañas en el que hasta ahora aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayoría.
De vacaciones en México, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte Andrés Montes se enteró de su designación a cargo del caso que involucra a la minera SQM, por un eventual fraude tributario en el que hasta ahora, aparecen vinculados parlamentarios de la Nueva Mayoría, a partir de la emisión de boletas presuntamente irregulares. Montes, según informa La Tercera, habría recibido la noticia con molestia ya que se enteró por la prensa de su designación y además sus nuevas funciones lo exponen a un cuestionamiento público ya que se ve como desplazando al fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora había llevado la investigación desde la Fiscalía Oriente.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes,  vistos  inclusos  como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración   la posibilidad de que el propio Andres  Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por  sus nuevas funciones.