LUIS THIELEMANN H.
Historiador
12 de septiembre de 2014
En una columna publicada por El
Mostrador el día 10 de septiembre, Roberto Meza intenta dar con una explicación
del discurso del terror o del terrorista (que para él son lo mismo). Comienza
con un argumento de autoridad (“Se afirma que…”) y a lo largo de todo el
escrito cita a “los estudiosos”, pero sin indicar a ninguno de ellos, sin citar
fuente alguna para construir su argumento sobre el terrorismo. Además de esta
carencia de fuentes teóricas o primarias, a lo largo de todo el texto se habla
del terrorismo como un genérico actor social que viene de ninguna parte, de un
afuera no identificable, y que por su psicología particular, está fuera también
de toda sociedad. Para el señor Meza: “Se trata de un fenómeno epocal, que se
ha instalado en todo el mundo y que Chile había venido experimentando en forma
larvaria, hasta este punto de inflexión del 8 de septiembre, cuando el
monstruo, parido desde las entrañas de la insatisfacción vital, ha dado
infaustamente su primer y espantoso vagido”. Me parece que este escrito, y
similares posicionamientos de actores y políticos locales, además de una
melodramática floristería lírica, presentan varios errores, exageraciones y
desajustes con lo que ha sido el terrorismo en Chile y América Latina. El
objetivo principal de este texto, más allá de discutir algunos puntos menores
con el señor Meza, es situar el terrorismo en el justo lugar y dimensión que
tiene en la historia y sociedad chilena y latinoamericana.
I
Comencemos por la pregunta: ¿qué
ha sido el terrorismo en la historia? Hay dos formas de responder a esa
pregunta. La primera responde a las categorías de distinción en la historia de
la violencia política. La segunda, con el uso político de la categoría
terrorismo. Desde la primera forma, terrorismo es un tipo de violencia
destinada a obtener ganancias de fuerza política mediante la intimidación de la
población civil. Esta definición implica dos elementos que es importante
explicar bien: a) el que la violencia obedece a razones; y b) que
necesariamente los objetivos del acto deben ser civiles.
a) Decimos que en el terrorismo la violencia
es racional pues implica un uso adecuado a fines. Esto puede ser difícil de
tragar, pero con toda la brutalidad y el desquiciamiento que implica, por
ejemplo, volar un auto en plena calle o quemar vivos a dos jóvenes en Estación
Central, eso no es una volición presa de la locura desatada de un demente, sino
un acto que busca fines precisos: intimidar a un colectivo humano, anunciarle
que la muerte, o actos peores, acecha desde cualquier lugar y a toda hora, pero
siempre y cuando no se cumplan los deseos del actor que intimida. En un libro
sobre el nazi Adolf Eichmann y su juicio en Jerusalén en 1960-61, Hannah Arendt
reflexionó sobre el burócrata, el agente, el funcionario de la violencia
terrorista. El Eichmann que describió Hannah Arendt es un tipo “normal”, no un
sanguinario psicópata ni un fanático nazi, sino una pieza, “banal”, de una
maquinaria de exterminio cuyos fines estaban determinados por objetivos, por
intereses directos y generales, de colectivos humanos identificables (los
industriales y la nobleza alemana, en ese caso). En resumen, el terrorista no
es un loco, o bien puede serlo y no ser importante, su acción no es una locura,
sino que un acto racional, que se adecúa a esos fines, y que por muy terrible
que sea, le sirve a un interés determinado. Establecer ello es muy importante a
la hora de analizar la violencia, pues el atribuir un estado especial de maldad
al funcionario de la violencia, termina por perdonar la maquinaria
institucional de la violencia y el sector social que la organiza para sí.
b) Que los objetivos deben ser
civiles es algo fundamental en el uso de la categoría terrorismo, pues si los
objetivos fuesen determinados personajes políticos beligerantes o grupos que
han asumido la categoría de beligerante, estamos ante violencia política en
cualquiera de sus grados. Si la violencia política es entre grupos que se
disputan el control del Estado y los objetivos del acto buscan alcanzar esa
meta, directamente, por la vía de someter al enemigo y sin necesidad de
convencer a mayorías electorales o efectivas en una lucha ciudadana o social,
entonces eso es una guerra civil. El terrorismo, para ser tal, implica que sea
contra objetivos civiles. El terror es precisamente para afectar el estado de
ánimo de la población civil o para usarla como costo para los gobiernos, de
cualquiera de las dos formas su objetivo no es hacer daño, sino que mediante el
daño alcanzar un objetivo (ya dijimos que es racional). Es por ello que
Robespierre, Marat y los Jacobinos entendieron que debía morir Luis XVI, no
para reemplazarlo, sino para mostrarles a los franceses que era posible
cortarle la cabeza al rey, y a muchos otros nobles, y que no iba a venir dios
alguno a la tierra a vengar la revocación de su voluntad. Lo mismo en el acto
de los bolcheviques al cortar toda semilla de los Romanov: no se busca
aterrorizar a los nobles, sino a los rusos, declarando que ya no había vuelta
atrás en la revolución después de matar a la familia designada por dios y la
sangre para gobernarlos. Con el asesinato de las familias reales y de otros
colaboradores de los regímenes depuestos, civiles, el terror revolucionario
dejó en claro que estaba dispuesto a todo.
La segunda forma de definir
terrorismo es como un epíteto. Toda violencia política que nos sensibilice
demasiado es tachada de “terrorismo”: desde una bomba de ruido hecha por
adolescentes hasta una portada de un diario. Es claro que no debemos
profundizar en este uso, salvo para decir que si la categoría no discrimina los
hechos de violencia política, unos de otros, entonces no sirve. A menos que se
use, como ha sido estos días, como arma arrojadiza a cualquier rebeldía o a
cualquier insubordinación.
II.
Pero detengámonos un momento en
lo dicho por el señor Meza, en la construcción misma de su idea de terrorismo,
ya que es importante hacerlo en estos días de una interesada confusión dirigida
por la gran prensa. Dejemos a un lado los rudimentos de sicología que se
ofrecen en el texto y centrémonos en la teoría política. ¿De dónde obtienen
–Meza y los demás– esa definición de lo que es y ha sido el terrorismo? Pues
hay dos formas de definir un fenómeno social: por las generalidades de su
comportamiento pasado (lo que ha sido) y por las formas de su comportamiento
presente (lo que es). Como casi nadie, tampoco el señor Meza, indica de dónde
proviene su teoría y explicación de qué es y qué ha sido el terrorismo en Chile
y el continente, es difícil saber a qué lugar y tiempo se refieren. Entonces, partamos
por una hipótesis al respecto: casi todo lo dicho sobre el terrorismo desde el
8 de septiembre, sobre todo en el texto de Meza, está basado en una definición
genérica de terrorismo, dada por los hechos ocurridos en Europa y Estados
Unidos, a lo más Oriente Medio, pero no calzan en la historia de Latinoamérica,
no en su historia moderna. En los dos siglos de historia republicana del
continente casi no ha habido terrorismo desde los grupos subalternos, no han
existido grupos que hayan tenido “impulsos suicidas” a los que les “place
coquetear con la muerte”, por lo tanto, no sé a qué terrorismo se refiere Meza
cuando habla de él con tanta experticia.
III.
Porque, y entremos a lo
importante, en este continente ha existido mayoritariamente sólo un tipo de
terrorismo (sí, hay más de un tipo, algo más complejo que “el terrorista”, así,
en singular), el Terrorismo de Estado. En Sudamérica los momentos de mayor
violencia tuvieron que ver con el sometimiento de poblaciones indígenas por el
Estado (o sea, las instituciones civiles y armadas del orden social específico,
que en la región ha sido dominantemente oligárquico), las guerras civiles (por
lo tanto, entre fracciones del Estado), y la represión a las organizaciones de
izquierda y sociales populares en los largos años 60 del siglo XX. Casi no se
cuentan en este período ataques a civiles de parte de organizaciones armadas no
estatales, y es claro entre quienes han estudiado ese tema que nunca fue ese su
objetivo. Ni siquiera es un tema claro para la organización típica a la hora de
buscar terrorismo en el continente, a saber, las FARC en Colombia. Sólo los
países de la órbita norteamericana se han allanado, desde 2008, a otorgarle un
estatus político de “terrorista” a dicho grupo, y, con justicia para los hechos,
el gobierno de Chile no se cuenta entre los mismos. Sendero Luminoso, tal vez
el grupo más violento que haya existido entre las organizaciones armadas del
continente, es definido como “terrorista” por el Informe final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación del Perú, aunque haciendo la salvaguarda
importante de que ese terrorismo se escondía en un discurso de violencia
revolucionaria (algo muy distinto a lo mencionado por el señor Meza), y que se
dio en una situación de guerra civil. Allí se destaca que en el enfrentamiento
del Estado a Sendero Luminoso se “produjeron masivas violaciones a los derechos
humanos por parte de agentes del Estado”. Otros grupos políticos armados del
continente, como el ELN en Colombia, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y
el ERP en Argentina, no han sido considerados terroristas por los politólogos e
historiadores. Más bien son identificados con vanguardias armadas, guerrillas
urbanas o incluso, para el caso de los Tupamaros, un grupo de arte político
como indicó el artista e intelectual Luis Camnitzer.
Así, salvo el caso de Sendero
Luminoso y con las enmiendas mencionadas, el terrorismo en América Latina hay
que buscarlo no entre los grupos de la izquierda armada, no entre ese tipo
ideal que dibuja el señor Meza y tantos otros, llenos de esa necesidad
provinciana de tener una historia parecida a la de los países del norte (o más
bien, a la que cuentan las películas de allí, con terroristas y ‘John McClane’
por doquier). Así, podemos decir algo aceptado entre los cientistas sociales e
historiadores del continente: el terrorismo en América Latina ha sido
mayoritaria y abrumadoramente estatal.
IV
A esta definición del terrorismo
como principalmente estatal en el continente, debemos agregar que no ha sido en
cualquier momento del Estado, sino que en ciertos momentos donde éste reafirma
su carácter de clase, su afinidad y funcionalidad para un grupo social
privilegiado, a la vez que contra otros grupos sociales subalternos. No sólo ha
sido mayoritaria y abrumadoramente estatal, sino que además ha sido propio de
los gobiernos, de hecho o de derecho, apoyados o sostenidos por la oligarquía.
Este carácter social del terrorismo de Estado es sostenible además desde la
constatación de que los objetivos han sido siempre grupos subalternos y que han
cuestionado dicha dominación oligárquica: indígenas, sindicalistas, pobres del
campo y la ciudad, militantes de izquierda, minorías sexuales, sacerdotes
obreristas, etc. Basten algunos ejemplos: en toda su historia el ejército
chileno ha matado más trabajadores chilenos que soldados peruanos, argentinos y
bolivianos juntos. La Fuerza Aérea de Chile sólo ha tenido dos acciones armadas
reales: el ataque a la escuadra sublevada en 1932 y el bombardeo a La Moneda en
1973. Al parecer Gustavo Leigh quiso realizar una tercera: bombardear la
población La Legua, en el sur de Santiago. Afortunadamente no pudo Leigh
agrandar tan lustroso registro. El terror en Chile, el uso de la violencia, no
buscó exterminar a la izquierda, sino mediante el asesinato de casi toda la
primera línea de dirigentes del Movimiento Popular, se buscó amedrentar al
resto del país, a ese millón y seiscientos mil votantes que tuvo la izquierda
en 1973. Lo mismo puede decirse en todo el cono sur: la figura del militante
era atacada como lo peor del país, un cáncer a extirpar con violencia brutal, y
tan víctimas como aquellos que fueron lanzados dentro de barriles con cemento
al Río de La Plata, son sus amigos y familiares que sintieron la desaparición
como un sinfín de posibilidades horrorosas a modo de advertencia sobre lo que
podía ocurrirle a quien intentase luchar. El Estado, mediante el terror, disciplinó
las rebeldías sudamericanas de los 60.
Esta explicación no es un relato
que haga síntesis a posteriori, sino que era una idea consciente antes incluso
que se desataran las dictaduras en el Cono Sur. En la Conferencia de los
Ejércitos Americanos realizada en Buenos Aires, en 1966, el dictador trasandino
Juan Carlos Onganía propuso crear formalmente una fuerza permanente
interamericana de defensa, con capacidad de actuar contra el enemigo
subversivo. Quien impidió esto fue el general René Schneider, que aún no asumía
como jefe del Ejército chileno, y que sería asesinado en 1970 por agentes
ligados a la ultraderecha, a la CIA y al mismo ejército. Esta idea venía dada
por los aprendizajes de la Escuela de las Américas, institución norteamericana
formadora de terroristas de Estado, torturadores y agentes especializados
contra la izquierda radical y los luchadores sociales, donde pasaron muchos
oficiales sudamericanos desde 1946 y especialmente en la década de 1960. El
terrorismo de Estado en Sudamérica fue, además de oligárquico, organizado
conscientemente como tal, y la tortura, desaparición y asesinato como método de
aterrorización de la población civil fueron organizadas con premeditación. No
vale pensar tales acciones como locuras o demencias, tampoco como fanatismos
ideológicos propios de un contexto, sino como crímenes útiles a civiles que los
financiaron y organizaron y que hoy permanecen sin recibir sanción social o
judicial por ello.
Ante ello, el intento de crear
guerrillas urbanas, grupos armados de ataque o de autodefensa, parece como una
leve resistencia. En el enfrentamiento armado a la dictadura, en los Tupamaros
del Uruguay o en el intento de guerra civil emprendido por la izquierda y el
peronismo en la Argentina, no hay un objetivo de intimidar a la población
civil. Lo que hay allí es una violencia política directa, antagonista, que
buscó derrotar militarmente (o político-militarmente) a sus enemigos. Así,
cualquiera que hable de “el terrorista” o de su “discurso” o “psicología”, debe
definir a qué terrorismo se refiere, y en el caso de Sudamérica, asumir bajo el
peso de los hechos reales que el terrorismo ha sido mayormente de este tipo:
oligárquico y estatal.
V
En el específico caso chileno, el
terrorismo se ha generado en el Estado con una exclusividad superior a casi
todos los demás países del continente. De la misma forma, el carácter
oligárquico de ese terrorismo de Estado es el más marcado. La lucha armada
generada por grupos de izquierda radical, como el MIR, o la autodefensa armada
del FPMR no alcanzan para ser catalogadas de terrorismo.
Según Gabriel Salazar,
han habido sólo tres actos dignos de ser catalogados de terroristas y que
vengan desde la sociedad civil en la historia de Chile: el asesinato de Edmundo
Pérez Zujovic, en 1971, el asesinato de Carol Urzúa, en 1983, y el asesinato de
Jaime Guzmán, en 1991.
La bomba del 8 de septiembre de 2014 no puede
considerarse el cuarto, pues no sabemos quién lo hizo ni por qué. En cambio,
por parte del Estado oligárquico, el mismo Salazar parte con un larguísimo
conteo de acciones terroristas: el asesinato de Manuel Rodríguez; los
fusilamientos por parte de Portales a los jóvenes de Curicó; el asesinato a
hachazos a los oficiales prisioneros en la batalla de Lircay, por orden de
Joaquín Prieto; el descuartizamiento de los oficiales demócratas que se
rebelaron en Quillota contra Portales; los fusilamientos a opositores en el
gobierno de Manuel Montt; las ocho masacres de trabajadores de comienzos del
siglo XX, hasta 1930 (especialmente la de Santa María de Iquique, donde el
ejército mató en tres minutos igual cantidad de trabajadores que soldados
chilenos muertos en toda la Guerra del Pacífico); las masacres del siglo XX,
como las de Copiapó, Ranquil, del Seguro Obrero, Plaza Bulnes, Santiago en 1957,
de la Población José María Caro, de los obreros de El Salvador, de Pampa
Irigoin, todas en los 60, y para qué mencionar las decenas de miles de
torturados, los miles de ejecutados y desaparecidos bajo la dictadura de
Pinochet y de la oligarquía. Sumemos a ellos a Daniel Menco, asesinado por la
policía en 1999, a Matías Catrileo, bajo iguales victimarios en 2008, y al
crimen terrorista más horroroso ocurrido en democracia: el asesinato de Manuel
Gutiérrez, un niño de 14 años, víctima de las balas disparadas por carabineros
la noche el 24 de agosto de 2011. ¿Habrá algo más terrorista que asesinar a un
niño con balas disparadas a modo “de advertencia”?
Como dice el mismo Salazar: “En
doscientos años de historia, no han sido las autoridades del Estado (o del
Mercado) las que han sido víctimas notorias de la violación de derechos humanos
por parte de ‘la soberanía’ popular, sino por miles y miles, el mismo
pueblo-ciudadano de Chile a manos de estas autoridades”.
En el uso puntual de bombas
contra blancos civiles, la asimetría entre acciones civiles y acciones del
Estado se vuelve aún más radical. El FPMR, el Lautaro y el MIR llevaron a cabo
este expediente como instrumento de ataque directo a las fuerzas armadas y de
orden, por lo que se asumen como fuerzas beligerantes y no terroristas. Las
bombas reivindicadas por los anarquistas insurreccionalistas han sido siempre
contra blancos deshabitados, y por mucha lírica de la violencia liberadora que
pudiera haber en sus panfletos, están más cerca de constituir una vanguardia
estética que una organización terrorista. Es más, tristemente, sus únicos
blancos han sido ellos mismos, en una ocasión con consecuencias de muerte. Por
el lado del Estado, la dictadura tiene varios ejemplos: los asesinatos de Prats
y de Letelier organizados por la DINA y Manuel Contreras, usando el mismo tipo
de bomba. El intento de asesinato por el aparato internacional de la DINA y con
colaboración de fascistas italianos, de Bernardo Leighton y su esposa.
Probablemente uno de los usos de bomba más macabros por parte de agentes del
Estado ocurrió el 12 de diciembre de 1984, cuando la estudiante de Psicología
de la UC y militante del MIR, Alicia Ríos Crocco, fue asesinada con una bomba
instalada por la CNI en su bicicleta y que estalló mientras ella pedaleaba. Los
días siguientes sus compañeros fueron detenidos, allanados e interrogados,
también por agentes del Estado.
Esta asimetría en el uso del
terrorismo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil,
específicamente las de la izquierda y el movimiento popular, es expresiva a su
vez de una asimetría mayor, la del uso de la violencia política en Chile. En
otra oportunidad hemos hecho revisión al disciplinamiento histórico de la
violencia desde las clases propietarias, la ausencia de toda tradición de
“pueblo armado” entre los sectores populares en Chile y el terror de la élite
ante fenómenos de soberanía desde los sectores populares, al que históricamente
ha respondido con terrorismo estatal, de su Estado.
VI
De esta forma, creemos que hay
mejores formas de reflexionar sobre la violencia política y el terrorismo en
Chile. No es correcto ni educativo ni comunicador el festín alarmista y
tendencioso que ha realizado la gran prensa a partir del bombazo del 8 de
septiembre en el Metro de Santiago. Tampoco una vinculación rápida de los
hechos con el terrorismo como tipo de violencia política, sin saber aún qué y
quiénes están detrás de la bomba. La historia concreta de la violencia en Chile
está lejos de darles la razón a quienes han achacado burda e interesadamente
toda violencia posible a la izquierda radical o los movimientos sociales en
lucha. Más bien, cabría preguntarse, serenamente, desde qué sectores del Estado
y la sociedad ha venido la peor de las violencias y su uso disciplinador mediante
el terror. También, preguntarnos con sinceridad qué razones ha tenido la
violencia política en nuestra historia, a quién ha beneficiado y, ya que
sabemos mucho de los anarquistas y fantasmas varios, cabe hacerse una última
pregunta que da escalofríos de sólo pensarla: qué han hecho en estos
veinticuatro años de gobiernos civiles los miles y miles de agentes del Estado
especializados en terrorismo y fanatizados de anticomunismo. Sea como sea, el
terrorismo debe ser medido sobre la base de la historia real de la región y de
Chile. Con definiciones en abstracto, sicologizantes, o usando el concepto como
bala de cañón, sólo se confunde en momentos en que se debe ser claros para no
allanar el camino al autoritarismo y la violencia represiva. Así, debemos ser
claros en nuestra historia concreta: el terrorismo en Chile ha sido
principalmente de Estado, y ese Estado no es un significante vacío en la
historia, pues su violencia ha tenido predominantemente una sola dirección, a
saber, sobre la izquierda y las clases populares y sus organizaciones.
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