En el período 73-90 se
privatizaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a la CORFO; de
ellas 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas y
35 fueron privatizadas dos veces. Las llamaron “el área rara”, porque fueron
privatizadas, luego quebraron, por lo que el Gobierno Militar las estatizó, les
dio solvencia, y las volvió a privatizar. En su mayoría fueron bancos afectados
por la crisis de 1982 y los créditos no pagos y las recién constituidas AFP.
Antes
de 1979, se liquidó la Reforma Agraria iniciada por el Gobierno de Frei
Montalva en 1964. Se entregó a privados 3.912 predios que contaban con
3.182.225 Hás. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores
propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos.
Junto con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la intermediación
agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas
agroindustriales y el mercado de aguas.
Según
el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso
público, no pudiendo particulares gozar o disponer libremente de las aguas de
regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que estas seguían siendo de
uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado “derecho de
aprovechamiento”, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición y
este puede ser transferido libremente sin contemplarse un uso específico ni su
caducidad.
Entre
otras donaciones, la CORFO donó 65 inmuebles al Fisco y a privados y el
Ministerio de Bienes Nacionales donó 15.888 inmuebles, de los cuales 10.869
fueron a manos de privados.
La
Contraloría General de la República informó que gran parte de las empresas
privatizadas fueron vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro.
Según sea el método de cálculo, las pérdidas oscilan entre un 27, un 42 o un
62% del capital vendido y el cálculo neto que informa esta entidad es de más de
US$2.500 millones de dólares, sólo por concepto de precio de venta, según el
método del valor libro.
El
30% de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a la CORFO y se destinó
a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas. Según la CORFO
en el período 74-78 vendieron 95 empresas: diez a sociedades y personas
jurídicas nacionales y extranjeras, 47 a empresas nacionales, 21 a personas
naturales nacionales, 16 a trabajadores de las empresas y 1 a una cooperativa.
Agrega
que las acciones bancarias se vendieron a 5.463 personas naturales y jurídicas
y el Banco O”Higgins a 35 cooperativas agrícolas. Debido a la descapitalización
del sector privado, la CORFO entregó gran cantidad de créditos, sin exigir
patrimonio, lo que la obligó, posteriormente, a perdonarlos, o “castigarlos”,
es decir rebajarlos, con la consiguiente pérdida patrimonial.
Debido
a la insolvencia de los deudores y la crisis de 1982, muchos bancos
privatizados quebraron, lo que llevó al gobierno a realizar intervenciones
reguladoras en 16 instituciones financieras, algunas para ser liquidadas y
otras para que recuperaran su solidez financiera.
Estas
fueron posteriormente reprivatizadas. Se liquidó el Banco Hipotecario de Chile,
el Banco Unido de Fomento y la Financiera CIGA SA. Se intervino el Banco Chile,
el Banco de Santiago, el Banco Concepción, el Banco Internacional y el Banco
Colocadora Nacional de Valores que entraron en un régimen de administración
provisional. Todos ellos representaban hacia fines de 1982 un 40% de las
colocaciones del sistema. Se intervinieron las recién creadas AFP PROVIDA y
Santa María, la ISAPRE Luis Pasteur; y empresas como COPEC, INFORSA, Celulosa
Arauco, Celulosa Constitución.
Después
de 1987 se privatizaron las últimas cuarenta empresas estatales, entre las que
se destacó: el Banco Chile, la ENDESA, ECOM y EMEL.
Dada
la concentración de la propiedad que se produjo con las primeras
privatizaciones, la dictadura y sus ideólogos inventaron el capitalismo
popular, cuyo objetivo era “diseminar la propiedad”. El mecanismo se usó en un
porcentaje en la reprivatización de los bancos Chile y Santiago y en las AFP
Santa María y PROVIDA.
Las
nuevas acciones de estos Bancos se ofrecieron al público general a crédito y en
las AFP se hizo con el 60% de PROVIDA y el 49% de Santa María para garantizar
la eficiencia. Luego se impulsó el “capitalismo laboral” con el objetivo de
“posibilitar el acceso a la propiedad a todos los chilenos”.
Se
dio la posibilidad de que los trabajadores invirtieran en sus AFP, “porque la
AFP invertirían los recursos de los trabajadores en instrumentos solventes y
rentables, lo que aumentaría sus fondos”. Pero para evitar nueva concentración
de la propiedad, se estableció que ni individuos ni grupos pudieran controlar
más del 20% de las acciones.
Sin
embargo, hasta hoy, es notable, que en ningún Directorio de estas empresas,
particularmente de las AFP, se encuentre ningún capitalista laboral o popular.
Ello hace evidente que el objetivo de diseminar la propiedad no se logró,
puesto que Chile se destaca por ser uno de los países con mayor concentración
económica en el mundo. Pocos países del tamaño de Chile cuentan con seis o
siete grupos entre los más ricos del mundo según los records de Forbes. En
otras palabras, lo logrado fue justamente lo contrario a lo esperado.
Según
los partidarios de la dictadura, el cambio de la estructura económica del país
y la desnacionalización de la economía fueron legales. En efecto todo fue
legal, dadas las nuevas normas y la nueva legalidad que impuso la dictadura.
Sin
embargo, dentro de esa legalidad, se destaca la información privilegiada con
que contaron los más cercanos al régimen, especialmente funcionarios de la
CORFO, como Julio Ponce Lerou, Bruno Phillippi, Roberto de Andraca, el General
Guillermo Letelier Skinner.
Los
que ponían precios y condiciones a las acciones que vendían desde la CORFO
también compraban, como trabajadores, bajo el concepto de capitalismo laboral.
Entre ellos se destacaron los nombrados, Jorge Yuraszeck y miembros de la Junta
Militar que también compraron acciones de grandes empresas.
El
propio Pinochet adjudica su fortuna a las acciones compradas de ENDESA. Fortuna
denunciada por el Senado norteamericano en sus cuentas en el Banco Riggs y en
otras que manejaba con nombres falsos, como Daniel López.
Pero
todo eso se acalla en Chile. Las grandes mayorías nos basamos más bien en
intuiciones, ya que los medios de comunicación se encargan, especialmente, de
ocultar la información que realmente importa.
(*)
Directora de Conadecus
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