Información de La Nación, jueves 7 de enero de 2010. Conviene saber si se llegó a realizar querella.
Ver interesante blog mapuche de Derechos Humanos:
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Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad.
Por Jorge Escalante / La Nación
La autoridad interpondrá las acciones criminales como superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos de ese ministerio. Al menos diez corresponden a víctimas por las cuales hasta ahora no existe un juicio.
Jueves 7 de enero de 2010 País
La presentación de las acciones criminales es una esperanza para los familiares de ejecutados políticos. Foto: La Nación
En un acto inédito en los 20 años de gobierno de la Concertación, el subsecretario de Interior, abogado Patricio Rosende, interpondrá en los próximos días en la Corte de Apelaciones de Santiago, en nombre de la “sociedad chilena”, 24 querellas por delitos de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior (PDHMI), la acción que emprende el subsecretario es la primera por la cual este organismo interpone querellas por este tipo de delitos, y también será la primera vez que se hace por víctimas que tienen la calidad de ejecutados políticos, y no de detenidos desaparecidos.
Otro elemento nuevo será que de las 24 acciones criminales, 10 corresponderán a ejecutados por los cuales no existe hasta ahora un juicio abierto.
De esta manera, el subsecretario Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
La Ley 20.405 vino a fortalecer las atribuciones del Programa de Derechos Humanos de este ministerio, y de paso causó el mismo efecto respecto del cargo de subsecretario de Interior, jefe máximo de este organismo.
El PDHMI constituye hoy el principal soporte de los procesos abiertos por los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas, pues el trabajo sistemático de sus abogados dedicados exclusivamente a esta tarea permite no sólo monitorear todas las causas a través del país, sino darles movimiento mediante la petición de diligencias y aportar antecedentes tanto jurídicos como de los hechos que rodearon los crímenes.
Hasta ahora el PDHMI es parte en todos los procesos que existen por detenidos desaparecidos, pero ahora lo podrá hacer también por los ejecutados, vale decir, por aquellas víctimas asesinadas cuyos cuerpos no desaparecieron.
A ello se suma la facultad de querellarse a nombre de la sociedad chilena y solicitar por ello el procesamiento de los autores, cómplices y encubridores.
Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que acciona en nombre del Estado chileno en las causas, si bien actúa en este tipo de procesos no lo hace en todos, lo que a juicio de los organismos de derechos humanos refuerza la importancia de la acción y permanencia del PDHMI.
EL EVENTUAL FACTOR PIÑERA
Pero dado que este programa continuador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la posterior Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, fue creado por un decreto supremo (Nº 1005 de 1997) y no por una ley, puede ser eliminado por la misma vía tan sólo por un acto administrativo del Ejecutivo.
Por ello sus integrantes temen que ante un eventual triunfo de la derecha el próximo 17 de enero, el gobierno de Sebastián Piñera si bien no lo borre de una plumada, realice cambios que en la práctica lo transformen en un ente que, más que activar los juicios, colabore de una manera sutil a su paulatino descuido o abandono.
Eso, teniendo en cuenta de que hasta ahora Piñera ha sido evasivo para revelar cómo enfrentará en concreto su eventual gobierno el curso de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Aunque, al menos en sus reuniones privadas con centenares de militares que cometieron crímenes o fueron parte del aparato represivo, o que ocuparon funciones de Estado bajo el dictador Augusto Pinochet, ha mostrado como intención de principios interceder para tratar de poner fin cuanto antes a estas causas, acusando veladamente a los jueces de no aplicar los principios del debido proceso, de ser parciales con los militares involucrados, poniendo en cuestión de que el Estado de derecho se esté aplicando en plenitud por el Poder Judicial en estos juicios.
Por ello, en su momento recibió la respuesta del entonces vocero de la Corte Suprema, actual presidente Milton Juica, quien le replicó diciendo que en el Poder Judicial se aplican los principios del debido proceso a los acusados.
EL “PASAPORTE”
En las nuevas querellas que interpondrá el subsecretario Rosende, lo que ocurriría la próxima semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, éste solicitará la designación de nuevos ministros en visita o de fuero para que las instruyan, pudiendo también ocurrir que la corte, si las acoge a tramitación, las reparta entre los ministros que actualmente tramitan estos procesos.
En sus presentaciones, la autoridad dejará claramente establecido que las acciones criminales que se interponen tienen como fundamento el artículo 10 transitorio de la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que faculta al PDHMI ahora para “presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso”.
Resolución del pleno de la Suprema
El pleno de la Corte Suprema resolvió el 13 de mayo de 2009 que, dado que los jueces del crimen y la figura de los ministros en visita o de fuero debían terminar a fines del año pasado de acuerdo a la última fase de la reforma procesal penal, los ministros de Corte de Apelaciones que conocen estas causas continuarán a cargo de ellas “hasta su término”.
De esta manera, el pleno despejó la duda que existía acerca de la suerte que correrían todos estos procesos, y dejó categóricamente establecido que estos juicios no tendrán plazo de término y que se extenderán hasta que los jueces les pongan fin cumplidas todas las fases del antiguo proceso penal por el que se rigen.
Actualmente existen 22 ministros de corte en visita extraordinaria o de fuero, para instruir 297 procesos, de los cuales casi el 80% están concentrados en la Región Metropolitana. En estas causas por delitos de lesa humanidad, existen a la fecha 779 agentes encausados, de los cuales 279 ya tienen una condena, sea que ellas se encuentren ya confirmadas por la Corte Suprema, o que aún estén en estado de apelación. De los 279 condenados, 55 de ellos tienen más de una condena, mientras que entre los no condenados aún, 232 tienen más de un procesamiento.
Un paso trascendente
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior Patricio Rosende interpondrá 24 querellas por delito de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
De esta manera, Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
Este es un acto trascendente en materia de derechos humanos así como la inauguración del Museo de la Memoria, que se realizará el próximo lunes 11 en un acto al que están invitadas unas mil personas, procedentes de todas las regiones y de otros países. La única oradora será la Presidenta Michell Bachelet.
María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, calificó como “discusiones ficticias” informes de prensa que hablaron de polémica sobre incorporar o no el período del gobierno de Salvador Allende en el museo, así como incluir casos de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el espacio que se inaugurará en el barrio Matucana.
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7 de Enero de 2010
Gobierno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos
Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.
por EFE
El Gobierno presentará en los próximos días 24 querellas por otros tantos ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de los que diez no habían llegado nunca ante los tribunales de Justicia.
Así lo adelanta hoy el diario “La Nación”, que precisa que las querellas serán presentadas por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en nombre “de la sociedad chilena” contra quienes resulten responsables de esos delitos, catalogados “de lesa humanidad”.
Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.
Serán además las primeras acciones legales que emprende el Gobierno en el marco de las facultades que le otorgó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según el periódico, en estos casos podrían ser procesados agentes represores de la dictadura que hasta ahora han logrado permanecer al margen de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Hasta el momento, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones de los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.
Durante la dictadura unas 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 tienen la condición de detenidos desaparecidos, según estableció el informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Comisión Rettig y la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos también durante la dictadura de Pinochet, serán reabiertas en las próximas semanas y durante seis meses, por iniciativa del Gobierno, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.
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