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jueves, 19 de octubre de 2017

Caravana de la Muerte en Antofagasta

Publicado originalmente en: 


El 19 de octubre de 1973 a la 01:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas:

-         Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta.  Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluido.

 -            Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.

-            Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.

-            Segundo Norton FLORES ANTIVILO, de 25 años de edad, asistente social de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena, militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente. 

  -            Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.



-     José Boerlindo GARCIA BERRIOS, de 66 años de edad, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista; detenido en Tocopilla el 12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  En varias oportunidades, durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en Cerro Moreno.

-        Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad. 

-       Danilo MORENO ACEVEDO, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; quien se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público.  Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública. 

-       Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.


-     Eugenio RUIZ ‑ TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público.  Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período. 

MARIO SILVA Y SU ESPOSA, GRACIELA ÁLVAREZ ORTEGA

-            Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO‑Norte, ex‑Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia. 

-     Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Presidente del Sindicato de esa empresa y Tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta.  Permaneció incomunicado durante toda su detención.

-     Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA, de 46 años de edad, ingeniero, Alcalde de Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de Septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre, a la Cárcel de Antofagasta. 

-       Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  Durante el período de su detención permaneció incomunicado. 

        El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz‑Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que "las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno...".  El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por "resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas...", las ya indicadas.

No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre.

        Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra.  En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz‑Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349‑73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz‑Tagle "su participación en el delito de malversación de caudales públicos... y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular.  Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973...  el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973".  En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que "su participación en estos actos se comprobó fehacientemente ".  En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar...En el proceso respectivo ...  se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973". 

    Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida.  Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:

   Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados.  Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.

      La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluido en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;

Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió;

Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;

Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra;

Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;

Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago. 

(Informe Rettig)


Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

Si posee cualquier información sobre este caso,  nuevas o mejores imágenes, relatos, testimonios, etc., escribanos a info@memoriaviva.com

Agradecemos también enviar información a: mapusantiago@gmail.com

  Estas paginas (de Memoria Viva.Com) han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres © 1996 - 2015


ALGUNOS ENLACES RELACIONADOS:

SOBRE MARIO SILVA IRIARTE:  http://loslatidosdelamemoria.cl/microbiografia/mario-silva/

domingo, 20 de enero de 2013

Chile: Responsabilidad de civiles en el Golpe


Martes, 15 de Enero de 2013 00:00 Alvaro Cuadra*- Clarín


Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de los civiles en el golpe de estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente, tuvo en carácter cívico – militar. Si bien Augusto Pinochet fue el rostro visible de la conspiración para instalar en nuestro país una atroz dictadura que costó miles de torturados y asesinados, se olvida que hubo muchos políticos de derechas que prepararon el camino y, más tarde, sirvieron como sostenedores y funcionarios del régimen. Basta examinar la prensa de la época para constatar que prominentes políticos de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.

Durante el mes diciembre del año 2012, los abogados Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza Bascuñan han presentado una querella criminal, inédita en la justicia chilena, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados y civiles, con una clara complicidad de la prensa de la época. De hecho, todos los informes sobre derechos humanos y algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en Chile, en efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera ilegal, torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.

Pinochet y Aylwin. www.socialismoallendista.blogspot.com

Una importante fuente en torno a la participación de civiles, chilenos y extranjeros, en la conspiración que culminó con la dictadura de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano llamado Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la intervención de la CIA y los pagos a personeros de la política, las fuerzas armadas y la prensa en suelo chileno con el propósito de derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. De acuerdo a dicho informe, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos invirtió ocho millones de dólares durante el periodo 1970 – 1973, financiando al diario de Agustín Edwards “El Mercurio” y al poderoso gremio de los camioneros para sostener una prolongada huelga durante 1972. 

Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera débil y parcial las querellas presentadas contra personeros civiles responsables como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes, durante y después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de un juez a casi un mes de su presentación. La desidia de los tribunales nacionales contrasta con sus homólogos de otras latitudes como es el caso de Uruguay, a lo que se suma el desinterés de la prensa chilena de hoy por esclarecer estos temas, lo que está señalando con claridad que los civiles responsables de graves ilícitos todavía siguen impunes, muchos de ellos, en posiciones de poder hasta el presente.

A casi cuarenta años, la responsabilidad de los civiles en el golpe militar que sumió a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue siendo un imperativo ético y político pendiente. No es concebible una democracia más plena sin el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un país vivir el clima de impunidad que ha caracterizado durante todos estos años nuestra institucionalidad democrática. Las nuevas generaciones de chilenos reclaman en las calles por la verdad y la justicia, única manera de superar el dolor y avanzar hacia un mañana más digno.

Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS

Enlaces relacionados:
  1. Los dichos históricos de Patricio Aylwin sobre Allende y ... - La Tercera

    www.latercera.com/.../674-463441-9-los-dichos-historico...Compartir
    29/05/2012 – Días antes de producirse el golpe de Estado de 1973, el en ese entonces presidente de la DC, Patricio Aylwin, dijo en una entrevista a The ...
  2. [PDF] 

    1973 10 Patricio Aylwin y el golpe militar - Archivo Chile

    www.archivochile.com/.../gob.../GOBsobreaylwin0002.pd...
    Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat
    PATRICIO AYLWIN: ANÁLISIS “ANTES Y DESPUÉS” DEL 11 septiembre 1973. (Publicado en ERCILLA. N°1995. Semana del 24 al 30 de octubre de 1973...


sábado, 10 de marzo de 2012

CALAMA TAMBIÉN SE PREPARA

Por todo Chile, rechazo a la "clase política" de las dos derechas: descontento con Piñera, descontento frente a la Concerta.



Alcalde de Calama ante dichos de Chadwick: “Si se nos quiere dar aspirinas, la comunidad sabrá responder de manera drástica y severa”.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, salió al paso de las declaraciones del ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, quien señaló este jueves en Cooperativa que si bien La Moneda debe entregar respuesta a las demandas de dicha comuna antes del 30 de marzo, hay aspiraciones “que el país no está en condiciones de poder satisfacer”.

El jefe comunal loíno, dijo que “El Gobierno conoce bien las demandas de Calama; pueden ofrecernos la nueva Región de El Loa, recursos para financiar algunas cuantas obras u otras medidas que pueden resolver necesidades inmediatas, y las tomaremos, pero nuestra mirada y exigencia va más allá: queremos un fondo que nos entregue recursos permanentes, porque el estar en el distrito minero más importante del mundo y que más dinero le entrega al Estado, nos genera necesidades permanentes, necesidades que nunca han sido resueltas y para las cuales no sirven las aspirinas. No queremos que se repita la historia de las oficinas salitreras, no queremos sobrevivir, queremos vivir en Calama”.

El edil sostuvo que los calameños vienen dialogando desde el 2009, que con dos paros comunales a su haber, las movilizaciones han sido de carácter familiar, responsable y promoviendo el diálogo, por tanto “no se  nos puede seguir postergando más. En Aysén exigen terminar con los bloqueos para retomar el diálogo, pero acá no hemos llegado todavía a esos extremos, el proceso ha sido distinto y aun así el diálogo no nos ha entregado las respuestas que esperamos y que en justicia merecemos”.

“Claramente, si se nos quiere dar calmantes o prolongar el diálogo, la comunidad sabrá responder de manera drástica y severa. La Asamblea Ciudadana está preparada para esa eventualidad”, agregó.

Por último, el alcalde Velásquez dijo aún conservar algún grado de optimismo “de que el Presidente honrará su palabra, porque él comprometió públicamente  en campaña un Fondo de Desarrollo para el Norte, que es una de las alternativas que hemos promovido para percibir el financiamiento permanente en razón de lo que Calama y otras zonas producen. Miles de nortinos deben haber votado por él tras escuchar esa promesa, los que sin duda sabrán cobrarle la palabra si no hay pronunciamiento al respecto”, puntualizó.

Fuente: El Ciudadano

sábado, 22 de octubre de 2011

HOMENAJE A GASTÓN CORTÉS

MAPUCISTA ASESINADO POR LA DICTADURA EN ANTOFAGASTA



Gastón Cortés Valdivia nació el 1º de agosto de 1934 en la Oficina Chacabuco, trabajó en oficinas salitreras, en la Constructora Pérez Zújovic y finalmente fue operario de la Compañería de Cervecerías Unidas de Antofagasta. Fue dirigente sindical y militaba en el MAPU. Supuestamente hubo un tiroteo cerca de la CCU, poco después del golpe de 1973, por lo que fue detenido cinco veces por personal de Investigaciones.
Una vez fue careado con Washington Muñoz, interventor de la CCU y quien posteriormente sería ejecutado el 19 de octubre.
La última vez fue detenido el 29 de diciembre del mismo año. Su compañera, Virginia Amor, le llevó alimentos al día siguiente; el 31 ya los policías se lo negaron, diciendo que preguntase a Carabineros. El 3 de enero de 1974, en "El Mercurio" de Antofagasta se afirmaba que "aprovechando una acción extremista contra el vehículo en que era transportado desde su lugar de detención hasta la Cárcel Pública, el 1° de enero de 1974, a las 2:30 horas, Gastón Jesús Cortés Valdivia se dio a la fuga escabulléndose en la oscuridad".
Dejó a su compañera, a cuatro hijos y un nieto. Su hijo Mario Enrique Cortés Rojo presentó una querella por secuestro de su padre, pero las diligencias fueron entorpecidas por la desaparición de documentos que probasen que Gastón estuviese preso o quienes fueron los funcionarios de Investigaciones en 1973.
El entonces Juez Militar, Brigadier General Ricardo Izurieta Caffarena, intentó en 1991 dejar impune el caso, pidiendo la incompetencia del Tribunal de Tocopilla, lo que fue denegado por el juez Jorge Cortés-Monroy. El caso sigue sin esclarecerse.

Cuando la CCU mata.
A Gastón Cortés lo mataron, sin duda, por haberse enfrentado como sindicalista a los intereses del Clan Edwards, que hasta la intervención del gobierno popular, controlaba la CCU. No se explica tanta saña contra dirigentes sindicales, contra interventores como los compañeros Jaime Aldoney Vargas o Washington Muñoz. No tomaron las armas contra nadie, simplemente exigieron derechos para que los trabajadores no fuesen TAN explotados y levantaron una propuesta, de una nueva sociedad sin explotación, pero algo que debía ser construido con el esfuerzo de todos y todas. Por eso nadie merece la muerte, señores Edwards.