SINDICALISTAS APOYAN DEMANDAS DE ESTUDIANTES

Sindicalismo Independiente entrega carta dirigida al Ministro de Educación apoyando las demandas estudiantiles

Fuente: http://elrodriguista.cl

Dirigentes del Sindicalismo Independiente entregaron una carta dirigida al ministro Bulnes en el ministerio de educación. Víctor Quijada presidente del sindicato nacional de la ACHS y Ramón López dirigente de una de la federaciones integrantes de la Confederación de sub-contatristas del Cobre depositaron en la oficina de partes del ministerio la misiva.

Además de los mencionados dirigentes, estaban acompañaron la actividad representantes de la Confederación Bancaria, del Sindicato de Trabajadores Inter-empresas de la Región Metropolitana, (SITREM), de sindicatos de Maipú, del sindicato  Unidad de Santiago, entre otros.

En el exterior por calle Alameda, una veintena de trabajadores y trabajadoras  desplegaron un lienzo con la consigna “Trabajadores por una educación gratuita y de calidad”, repartieron volantes a los transeúntes y convocaron a sumarse al paro por la educación de la próxima semana.

Además estuvieron presentes Ronny Nebott a nombre del CODESOPO, Carlos Ruiz del MAPU y  Marco Riquelme del MPMR.

La carta

Señor

Felipe Bulnes

Ministro de Educación

República de Chile

Hacemos llegar a usted, nuestra declaración de apoyo y solidaridad hacia los estudiantes de Enseñanza Media, Enseñanza Técnico-Profesional y a los estudiantes de las diversas Universidades a lo largo de nuestro país.

Los abajo firmantes somos dirigentes(as) sindicales, trabajadores y trabajadoras de Chile, nuestra nación. Apoyamos y hacemos nuestras las demandas del movimiento estudiantil.

TRABAJADORES DE CHILE POR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD

Chile tiene aproximadamente un millón de estudiantes en la educación superior que se encuentran concentrados en Institutos Profesionales (IP), centros de Formación Técnica (CFT), Universidades Públicas y Universidades Privadas. En todos estos establecimientos hay un elemento común, cual es el alto valor de sus aranceles. Según datos de la OCDE, son los aranceles más caros del mundo, es decir, una carrera universitaria en Chile cuesta en promedio 3.400 dólares por año, lo que equivale a más del 22% del PIB per cápita nacional. Estas cifras son superiores a las de cualquier país del mundo y establece que Chile es el único país donde las familias financian el 85% de la educación superior, y el Estado sólo un 15%, los que en promedio son más altos que el valor del sueldo mínimo y este alcanza solo a los $182.000, por lo tanto,  un  estudiante que trabaja todo el mes por el sueldo mínimo, no puede costear el arancel en la universidad, sea ésta pública o privada, a no mediar que se endeude.

Día a día, cada uno de los habitantes de Chile tributa al Estado pagando una variedad de impuestos como contribuciones, tazas, impuesto a la renta, pago de IVA, impuesto territorial que grava a los bienes raíces, etc. Con el propósito que éste cumpla con los fines propios de Estado, entre ellos, dar educación y formación a sus ciudadanos.

Pero no basta con tributar o pagar toda la vida impuestos al Estado y poder acceder a la educación superior, puesto que en Chile además, se debe continuar pagando elevados aranceles para tener posibilidad de educarse. El Estado nos cobra nuevamente, por algo que estamos continuamente pagando y pagaremos por siempre; configurándose lo que en derecho Penal Tributario se considera  y se configura como una,  exacción ilegal, es decir, el delito de gravar o cobrar impuestos dos veces por el mismo objeto.

Aún más, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26 señala:

1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser    gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción Técnica y Profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

EN el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito y ratificado por Chile, señala:

Artículo Nº 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.

Artículo Nº 13: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria Técnica y Profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

Por lo que podemos afirmar que en virtud de que día a día y siempre hemos pagado y seguiremos pagando por la educación a través de nuestros impuestos  y en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, el Estado debe propender a garantizar un sistema de educación superior gratuito, lo que hoy por hoy es manifiestamente incumplido por el Estado de Chile, propendiendo por el contrario a lo establecido en los tratados, a fortalecer un sistema de educación pagado tanto público como privado, a raíz de la política de auto-financiamiento de las universidades, implantada por la dictadura de Pinochet y profundizada por los gobiernos de la Concertación y actualmente por la derecha empresarial.

Sabemos que todas las generaciones que durante estos últimos años han estado en el gobierno, gozaron y usufructuaron de los beneficios de educarse gratuitamente en establecimientos públicos y de vocación pública financiados por el Estado. Es esa educación la que ha construido el Chile de mayor ingreso per cápita en décadas, pero también sabemos que esa misma generación es la que se ha empeñado tanto en dictadura con en democracia, en terminar con el mismo sistema universitario que tantos beneficios le entregó. Es insólito pensar que aquellos que se educaron gratuitamente en una educación que les ha permitido reconocimiento internacional, ahora quieran destruirlo con el argumento de que se valora más aquello que se ha conseguido mediante el pago.

Es por eso que hoy, los distintos dirigentes(as), trabajadores y trabajadoras de esta Patria, ratificamos y hacemos nuestro, cada uno de los puntos de las demandas del movimiento estudiantil.

Septiembre 2011.

Y LA SALUD, ¿CUANDO?

Ana T. Toro

Chile, agosto y 2011. Las calles repletas de estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales y otros miles, exigiendo educación pública y gratuita. Los hijos, hijas, nietos y nietas exigiendo sus derechos y reclamando lo que los padres, madres, abuelos, la izquierda...no hemos logrado conseguir, ni siquiera hemos logrado organizarnos, convocarrnos como lo están haciendo ellos.

En salud, al igual que en la Educación, estamos regidos por la macabra constitución de 1980 que garantiza y prioriza el lucro en dos de los más básicos derechos del hombre. En ambas se aplican políticas de mercado, en ambas el individuo es el único responsable de garantizar su acceso, el Estado, cada vez más se desliga de su responsabilidad, por tanto, el ser humano persiste inserto en este sistema de dominación donde las reacciones son consecuencia directa de las distintas formas de represión que se desprenden del capitalismo como forma de este Estado. La sociedad capitalista donde vivimos hace habitual la aplicación de la violencia en todas sus formas, la violencia sistémica sigue siendo por excelencia el vehículo del Estado para la perpetuación de la dominación del hombre.

La coacción violenta y el terror, impuestas por la dictadura de Pinochet, creó un contexto social que favoreció cambios en la mentalidad de los chilenos, que claramente tienden al ensimismamiento, al aislamiento social, por ende anulan su participación colectiva, social. Esta coacción ha sido mantenida por los gobiernos posteriores .Se logró instalar el miedo como elemento de control para inmovilizar al individuo para finalmente obtener la inamovilidad social y política, que se había mantenido, prácticamente intacta hasta estas últimas manifestaciones multitudinarias.

Sin embargo, en nuestras calles se echa de menos la presencia de la gran masa trabajadora de la SALUD. Sectores aislados , principalmente dirigentes, hacen presencia y manifiestan su apoyo, pero los últimos descuentos en los salarios de los empleados públicos se ponen de manifiesto  hoy en día en la ausencia por miedo tal vez, al castigo económico al finalizar el mes, obviamente, también se pone de manifiesto la pérdida de confianza en la CUT y sus dirigentes, desde que asumieron una posición oficialista durante el gobierno de Bachelet, e incluso desde antes no han estado a la altura de los dirigentes estudiantiles que hoy en día dan una lección de rebeldía y convicción, como hace años no se veía.

En abril de 2011, un informe realizado por la OCDE dio a conocer que Chile se encuentra en el primer lugar de los países con peor distribución del ingreso y con los mayores índices de pobreza entre los miembros de esta entidad. A la par, la imagen internacional de Chile, vendida por los gobiernos concertacionistas y el actual, es la de un crecimiento económico floreciente y una estabilidad envidiable, que hace de Chile un paraíso terrenal. Lo que no mencionan obviamente es que dicho crecimiento económico no disminuye en lo más mínimo la brecha entre los ingresos económicos, y que esta desigualdad imperante en los ingresos es consecuencia directa y lógica del sistema económico que se ha mantenido intacto desde la dictadura de Pinochet, es un problema estructural. 

Ninguno de los gobiernos posteriores a Pinochet ha manifestado la voluntad política de realizar cambios profundos que tiendan a buscar la igualdad en el país, al contrario, han insistido en la aplicación de políticas públicas propias de la dictadura, apoyadas en la Constitución de 1980. De todos los países de la OCDE, sólo Estados Unidos, México y Chile tienen más gasto privado que público en salud. Chile también forma parte de los países con menos gasto pér capita en salud, junto con México y Turquía.

Según la Base de datos de la OCDE sobre salud 2011, en el año 2009 Chile dedicó el 8.4% de su PIB a salud, 1 punto porcentual por debajo de el promedio de los países de la OCDE, quienes dedicaron un 9.5% al gasto sanitario. El gasto en salud crece con el nivel de ingreso y, en general, en los países de la OCDE con un PIB más alto tienden a presentar un per capita mayor.

Así, entonces, Chile está por debajo del promedio de los países de la OCDE en cuanto al gasto sanitario per capita con un gasto de 1,186 USD el año 2009, comparado con el resto de países de la OCDE que está en 3,223 USD (www.ocde.org).Vivimos entonces en uno de los países más privatizados en salud del mundo entero, donde el financiamiento principal viene de los bolsillos de los hombres y mujeres a quienes no se les reconoce la salud como un derecho humano inalienable, sino como dijo Piñera de la Educación, como un bien de consumo. Al igual que en la educación, el acceso y la calidad en salud es directamente proporcional al ingreso económico: a menor ingreso, menor acceso y calidad. “Alguien tiene que pagar” y ese alguien, en Chile, sigue siendo el pueblo.

Durante los 17 años de dictadura se consolidó la más vulgar privatización de la salud. Los 20 años subsiguientes de gobiernos concertacionistas sólo se esforzaron en demostrar mejoras en atención, pero no se resolvió la crisis de salud existente por falta de infraestructura , hospitales, consultorios, recursos humanos y técnicos, más bien se profundizó, se continuó con la municipalización de la salud. Se continuó considerando a la salud según la Constitución de 1980, donde sólo se garantiza el acceso, no se le considera como un derecho. 

No hubo en ningún gobierno concertacionista la voluntad política de un cambio constitucional relevante en materia de salud. El inicio del proceso de reforma de la salud de Lagos, fue sólo eso, una reforma, sin consideración de las bases, inconsulta, una reforma de un sistema podrido, desigual, excluyente y discriminador. Bachelet, a pesar de haber estado en parcial desacuerdo con su implementación, le da continuidad, una continuidad llena de lastres imposibles de descolgar. El Plan Auge y la Autogestión hospitalaria, regalos de la Concertación para que los posteriores gobiernos terminen de privatizar la salud. 

No hay ninguna intención de mejorar la salud, no la hubo durante la desmemoriada Concertación, ni la habrá en el actual gobierno. Al parecer sólo sigue existiendo un estado natural de carencias, de burlas, de abandono, de irrespeto a la clase trabajadora y al más de 75% de los chilenos que siguen siendo usuarios del sistema de salud de mercado chileno y no sujetos de derecho.

En este momento histórico, los movimientos sociales que se han generado a partir de las luchas estudiantiles, deben mantenerse, crecer y están cobrando una relevancia inconmensurable en las luchas de todo el pueblo chileno. Y acá cabe la pregunta...Y LA SALUD...CUANDO?

Eran otros tiempos: un Presidente médico, un gobierno popular, al menos el intento de cambiar las políticas de salud y que los pueblos, y en especial las madres y los niños y niñas del país ganasen en calidad de vida.

REFORMA DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

 Por Jaime Yanes Guzmán [Especialmente para Fortin Mapocho]

La llamada huelga de los “pingüinos” estremeció al país. Colocó definitivamente el tema de la educación como un tema estratégico, denunciando todas sus precariedades. A esta huelga se sumaron profesores y otros profesionales, los cuales se transformaron en críticos de nuestro vetusto, trasnochado, vulgar, de baja calidad, no equitativo, ineficiente e ineficaz sistema educacional. Resultado de la huelga, fuera de la caída del Ministro de Educación de ese entonces, fue la formación de una Comisión Asesora Presidencial de Bachelet, que tenía por objetivo encontrar las soluciones pedidas por los estudiantes, los profesores y toda la sociedad chilena.

Desgraciadamente dicha Comisión no fue la instancia relevante para superar en toda la línea el profundo decaimiento en que se encuentra nuestra educación. La razón se encuentra en que en ella, la mayoría de sus componentes eran los mismos que administran la actual crisis de la educación. Reformar cualitativamente la educación en Chile es lo único que puede garantizar el desarrollo multilateral del conjunto de la población y de cada uno de los chilenos en los planos material, cultural, intelectual y espiritual. 

En nuestro país se ha profundizado el carácter alienante del trabajo. Hoy más que ayer el trabajo precario se ha generalizado, despersonalizando y rebajando a obreros y empleados hasta el estado de sólo medios de producción de cosas. Ese es el rol que el capitalismo globalizado nos ha impuesto con la nueva división internacional del trabajo, y que la institucionalidad chilena a través de las políticas educacionales de los últimos treinta años ha avalado. Hay que convertir nuevamente el trabajo en un proceso de desarrollo de todas las aptitudes humanas en la perspectiva de la formación del hombre y la mujer integrales. Para ello es necesario que el conjunto de los nuevos profesionales en todos sus niveles asimilen la cultura humana universal, construyendo personalidades universales. Esta es la única manera de abrirse verdaderamente al desarrollo libre y democrático de nuestra sociedad para hacer posible construir ya, ahora, un país distinto, liberado de las ataduras subyugantes del capitalismo globalizado. 

LEER MÁS: http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=2263

La omisión de los derechos indígenas en los '12 compromisos' de E. Frei

Chile. Elecciones presidenciales. Publicado por el Centro de Políticas Públicas El día 20 de diciembre de 2009, se han conocido los “12 compromisos por la democratización y el avance social de Chile” con que la candidatura presidencial de Eduardo Frei pretende captar los votos progresistas que necesita en el balotage del 17 de enero del 2010. Entre los “12 compromisos” hay algunas ideas valorables, sin embargo no hay compromiso específico y claro respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Sólo se hace, al pasar, una mención ambigua al Convenio 169 de la OIT y a una plurinacionalidad vaciada de derechos. Ni una palabra respecto a implementar las recomendaciones del Relator ONU, James Anaya. Ni un compromiso sobre recomendaciones de comités de Tratados, menos aun, respecto a la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Similares omisiones se constatan en la otra candidatura de Sebastián Piñera. Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, con esas omisiones, y en pleno Bicentenario, no estamos ante propuestas serias de democratización, ni avance social. Al contrario, al eludirse obligaciones de Estado respecto a derechos, estamos ante un alarmante retroceso. Y ante la crónica de un conflicto anunciado. ¿Será posible corregir rumbos? Seguir leyendo aquí http://www.politicaspublicas.net/panel/cl/elecciones-2009/442-omision-frei.html www.politicaspublicas.net INFORMACIÓN RELACIONADA: Ex primera dama y Presidente enturbian las aguas del Biobío (Por Carlos Ruiz R., Consejería Indígena Urbana). PUBLICADO EN: http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=172 Mapuexpress, 8 de agosto de 2005. La mentira en política tiene una larga data de existencia. Pero la memoria es el antídoto contra la mentira. Recientemente pudimos aclarar ciertos dichos de Juan Agustín Figueroa, quien ante el Tribunal ocultó la verdad de las relaciones entre su padre y las comunidades mapuche en los años 60 y 70. Ahora vemos cómo el 30 de julio nos informaba La Tercera, de cómo Lagos agradeció a Frei por haber impuesto la construcción de la represa Ralco, para conjurar las acusaciones de la desubicada Martita Larraechea, quien dijo que durante el gobierno de su esposo no se trabajó con familiares, a diferencia del gobierno de Lagos. Todos sabemos que este es un país muy nepótico, donde la parentela vale más que el mérito personal. Por eso, sin ir muy lejos, las sagas de políticos padre-hijo-nieto, que sin contar los clanes en el parlamento, la justicia y el alto clero, ya nos ha dado dos presidentes Errázuriz, tres Montt, dos Alessandri y dos Frei, el último de los cuales, sin más mérito de llevar nombre y apellido paterno. Pues bien, aparte de que en el gobierno de Frei II se favoreció (como es “normal” en los gobiernos) a muchos amigos, parientes de amigos y parientes de parientes, el mismo Presidente se vio involucrado en el hecho de autobeneficiarse con la construcción de Ralco. Este asunto ya lo había denunciado el periodista Cristián Opaso (Ver mapuche.nl). En la investigación, salieron al baile la mujer del entonces presidente y el hermano de éste, Francisco Frei. Otros enlaces se pueden hacer poniendo en el buscador: [“Francisco Frei” corrupción]. Esperamos sean ciertos los prometidos beneficios materiales de la construcción de la represa, lo que se verá cuando se pruebe plenamente su eficiencia técnica. Entonces veremos si fue una acertada elección como estrategia de producción de energía. Pero en lo que el Presidente Lagos ha mentido al país, fue al decir el 2002 que sin la represa, el costo de la electricidad subiría. De todas formas subió, y la economía de la "familia chilena" no se benefició. Preguntémonos entonces, cuáles son las familias beneficiadas con el asunto Ralco. Y de paso, preguntemos a los habitantes de Hualqui y otros lugares de la cuenca, que quedan ahora sistemáticamente inundados con las aguas del Biobío, cuál ha sido su balance en lo material. Para refrescar la memoria de este país, es conveniente hacer de nuevo enlace con la investigación periodística de Opaso. Las inoportunas declaraciones de la sra. Larraechea no ayudan para nada a los fines de su coalición gobernante, dejando ver los conflictos intestinos que origina el poder. Acaso por esos desaciertos, la sra. Larraechea no le ha ganado en política a nadie, incluyendo al sr. Lavín. Ralko y los negocios de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. http://www.mapuche.nl/publ/ralco_eduardofrei.htm Investigación periodística demuestra cómo el ex Presidente de la República utilizó sin asco y hasta la hora postrera sus atribuciones para favorecer a Endesa por Cristian Opaso* :: Resistencia Mapuche - Julio de 2002 LEER MÁS: "El juraméntico jamás cumplídico Es el causántico del desconténtico" (Violeta Parra, Mazúrquica Modérnica.

Las consultas inconsultas del gobierno chileno ofenden a los pueblos indígenas

Por José Llancapan Calfucura, Consejero Indígena Urbano. El gobierno chileno, operando a través del Ministro Viera-Gallo, está intentando imponer la realización de una consulta a los pueblos indígenas para establecer una nueva institucionalidad. Esta maniobra es burda: contradictoriamente, se impone una “consulta inconsulta”, fraudulenta por su origen, motivos y ejecución. Lo que buscan el gobierno y los megapoderes económicos y políticos que se mueven detrás del sillón presidencial, a través de Viera-Gallo y sus operadores (diversos funcionarios de confianza de los partidos y que ejercen diversos puestos claves en la gestión de gobierno), es anular los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a través de una legislación que haga inefectiva la puesta en aplicación de la ley 19.253 y del Convenio 169 de la OIT. La inconsulta maniobra, actúa contra los derechos y contra el sentir de los pueblos indígenas, suplantando la verdadera participación por una fraudulenta, antidemocrática y por ende no representativa “consulta”. Es una casi perfecta maniobra de “dar vuelta” el sentido de las palabras, los significados, los símbolos. A través de una nueva institucionalidad, los poderes intentan minimizar la escasa participación que han tenido los pueblos indígenas en el manejo de la cosa pública. Los gobiernos, desde que la ley sobre pueblos indígenas fue promulgada en 1993, jamás han dado fuerza a la participación de nuestros pueblos ni dentro ni fuera de la institucionalidad de la Conadi. Para que la letra de la ley no hubiese llegado a ser letra muerta, el Estado debía haber acondicionado la institucionalidad para su efectivo cumplimiento; debía haber establecido mecanismos y espacios de gestión y participación y debió haber dotado a éstos de recursos presupuestarios, cosa que en 16 años no ocurrió. El desorden institucional de la Conadi, que las autoridades ya no pueden ocultar, es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno chileno. La Conadi, es de acuerdo a la ley, una de las pocas instituciones de gobierno en que los beneficiarios tendríamos una participación en la gestión, como contraparte a través del Consejo Nacional. Esta virtud de esta repartición, queda anulada en la práctica por el hecho de que los representantes elegidos por los pueblos indígenas, siempre estuvieron en minoría ante los consejeros designados por el gobierno, a cuyo voto se agrega el del director general, el cual por sus funciones siempre será fiel a los intereses del gobierno que lo designa. Los consejeros indígenas siempre hemos estado en desmedro ante los funcionarios, los que cuentan con recursos para operar, mientras nosotros no sólo no tenemos presupuesto para ejercer el cargo (ya que estas funciones no están reconocidas por la ley de Presupuestos), sino que las funciones establecidas representan un mínimo de alcance y atribuciones. En 16 años, los gobiernos concertacionistas jamás quisieron “quedar bien” con el mundo indígena, si el precio de ello era “quedar mal” con la oposición de la derecha parlamentaria y los megapoderes. Toda crítica a la Conadi, toda descalificación, cualquier investigación sobre su mala gestión, sólo afecta a la institucionalidad que la estableció y al estamento de gobierno que ha tenido la gestión a cargo, y no a los indígenas: no somos responsables ni los consejeros ni los beneficiarios de las escasas y mezquinas políticas que debieran favorecer a la población indígena. En lo concreto y en lo relativo a la “consulta inconsulta”, debemos denunciar que hay un mal uso del derecho de consulta a la población indígena. El artículo 34 de la ley 19.253, desde 1993 ha establecido la obligación de que el gobierno consulte a los pueblos indígenas antes de decidir y ejecutar cualquier iniciativa que tenga que ver con “cuestiones indígenas”. Desde entonces, este artículo no ha sido reglamentado para una efectiva aplicación, lo que genera la indefensión de la comunidad indígena ante cualquier proyecto estatal, y a la vez la inexistencia de mecanismos de solución de conflictos, lo que ha llevado a exacerbar la conflictividad de la relación de nuestros pueblos con el Estado y la sociedad dominantes. Ahora bien, en la actualidad el gobierno está queriendo hacer creer que la normativa acerca del derecho a consulta sea un logro de la puesta en vigencia del Convenio 169, lo que no es tal, ya que ello estaba ya establecido en la ley 19.253. Tenemos dudas sobre los verdaderos propósitos que busque la eventual reglamentación de la participación. Tenemos el derecho a sospechar (y con muchas buenas razones) de que esta reglamentación, así como la propuesta gubernamental de una nueva institucionalidad inconsulta, sólo pretendan poner nuevas trabas al ejercicio de los derechos colectivos que nos asisten como pueblos originarios. Y que a través del mecanismo de la “inversión” (dar vuelta los conceptos), terminemos perdiendo estos derechos. Los pueblos originarios tenemos una inmensa reserva moral, valórica y espiritual frente a un mundo que nos aparece cada vez como más injusto, inhumano e inequitativo. Tenemos la posibilidad de ofrecer justicia, humanidad, equidad, tolerancia y respeto a las culturas y a la diversidad de todas las formas de vida al interior de los espacios que habitamos. Tenemos derecho a nuestro propio desarrollo. Tenemos la obligación de defender y respetar a nuestras autoridades ancestrales. Tenemos derecho a elegir libremente respecto de qué personas creemos que pueden representar mejor nuestros intereses y constituirse en nuestras autoridades en el plano público. Art. 34 de la ley 19.253. “Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas regiones y comunas de alta densidad de población indígena, éstos a través de sus organizaciones y cuando así lo permita la legislación vigente, deberán estar representados en las instancias de participación que se reconozca a otros grupos intermedios”. Fuente: http://indigenasurbanos.blogspot.com

La criminalización de las demandas, movilizaciones y protestas populares.

Apuntes para la reflexión, el debate, estudio y acción. Se observa un endurecimiento de la estrategia y prácticas represivas, que se extienden hacia formas más sutiles de represión: - Se reprimen los medios de comunicación alternativos. Restricción y proscripción a radios, canales y otros medios populares. - Se conculca el derecho a reunión (represión selectiva al MPT en el 1º de mayo, fichaje ilegal de detenidos). - La Municipalidad de Santiago cierra el Galpón Víctor Jara. - Arremeten contra casas Okupa. - Roban dinero, documentos y equipos computacionales a sedes de organizaciones obreras (anteriormente se hizo contra organizaciones mapuche, abogados defensores de presos mapuche, ambientalistas, etc.). Cuando no roban, hackean, interceptan. - Continúa la criminalización de la demanda mapuche, se hacen montajes judiciales y se cometen autoatentados para inculpar al movimiento mapuche en general. - En trámite proyecto de ley que penaliza agresiones verbales a carabineros y fuerzas de orden. - Intento de ley que hace a los convocantes a manifestaciones, responsables civiles y criminales de los desmanes que se produzcan tras los actos convocados. El aparato opresor comienza a imponer una legislación que busca reducir y anular la capacidad de movilidad de los opositores, evitando la manifestación del descontento, sofisticando el control de los espacios de la protesta y de la concienciación. Para este aparato opresor, no sólo se penaliza la violencia física contra los organismos armados que ejercen el control estatal, sino ahora se trata de reprimir y criminalizar la expresión espontánea de indignación que causa la “violencia verbal”. La policía inventó el “Decálogo del carabinero frente al detenido”, que incluye afirmaciones como que el detenido merece respeto, el carabinero debe mantener la imparcialidad, etc., lo que en la práctica es constantemente burlado. Ahora, el congreso intenta aprobar una ley para criminalizar la violencia producida a partir de la convocatoria a manifestaciones, autorizadas o no, traspasando la responsabilidad de los desmanes y destrucciones de bienes públicos y privados, hacia los convocantes. Ello, busca simplemente que las organizaciones sociales y políticas no se atrevan a convocar a manbifestaciones de ningún tipo, ya que independientemente del carácter de la convocatoria, los hechos que escapen a ésta serán imputados al convocante. Ello permite que mediante la infiltración de provocadores, se realicen desmanes que permitan reprimir a las organizaciones. También obligaría a la autoconvocatoria y terminaría por llevar a los movimientos sociales a un callejón sin salida, lo que provocará que deban expresarse de manera cada más violenta y al margen de manifestaciones públicas. Para qué decir lo que ocurre en las regiones con presencia de comunidades mapuche. Allí se vive ya un régimen militarizado, con allanamientos, control de carreteras y caminos por parte de la policía, patrullajes en mar y lagos por parte de la Marina, todo en favor de los intereses de las forestales y de complejos como Celco de los Angelini. En ese territorio no hay democracia, el Ejecutivo es juguete de las tropas y títere del gran capital, hasta la Concertación pierde las elecciones y la izquierda formal no es alternativa, dada la gran confusión ideológica y mediática reinante. Se estará, entonces, en presencia de leyes draconianas que darán a las fuerzas represivas y a los poderes del Estado una suerte de facultades extraordinarias (que desde entonces serán permanentes) en plena “democracia” formal. Un Estado de Sitio perpetuo. A la vez, la propuesta del gobierno para la creación de un Instituto de Derechos Humanos acarrea la posibilidad de que nuevamente se haga efectiva la impunidad en estas materias y que el gobierno blanquee su imagen y anule los intentos de justicia y reparación que plantean los organismos de derechos humanos. Son políticas del Imperio para reprimir a los pueblos y los trabajadores ante la crisis La implantación de estos dispositivos aumenta el poder omnímodo del Ejecutivo y del ordenamiento económico y social que hay detrás del trono. Se imponen en un contexto de Imperio y buscan anular cualquier manifestación que pueda hacer un contrapeso a la implantación del capitalismo salvaje, a la usurpación de bienes comunitarios y públicos de los pueblos y a la superexplotación de la fuerza de los trabajadores. Un sistema impedido de crecer en términos económicos aumentando la plusvalía, solo puede seguir manteniendo su lógica de voracidad insaciable, a partir de aumentar el plus-producto, disminuir la capacidad del salario real, aumentando la jornada de trabajo y prolongando la vida laboral en desmedro del derecho a jubilar. Estamos ante la pérdida de los logros históricos como la jornada de ocho horas (con ocho para dormir y otras ocho para compartir con la familia, amig*s y compañer*s). Entonces, la crisis viene con empobrecimiento real de la capacidad adquisitiva, ensanche del abismo social, aumento de la desigualdad ante el reparto del producto. Un sistema como éste se ha planteado minimizar el valor de la fuerza de trabajo y de su capacidad de recibir la retribución. A la vez, no solo aumenta el llamado “ejército de reserva” de cesantes y subempleados, sino la marginalidad absoluta y permanente, con la secuela de lumpenización y el aumento de la delincuencia, ya sea por el derecho a subsistir o porque el delito paga mejor que el empleador. Dado que esta política se hace cada vez más impopular, el sistema se está acondicionando para enfrentar el descontento popular. Eso, el sistema lo logra disminuyendo su inversión en “zanahorias” y sofisticando cada vez más el uso del “garrote”. Menos zanahoria y más garrote en Chile. ¿Y el sindicalismo en qué está? El mismo sentido que el aumento de la criminalización lo tiene la disminución de la “inversión social”, es decir la “zanahoria” del régimen. Por eso, la crisis capitalista es enfrentada por el Gobierno mediante paliativos que no son efectivos en cuanto a suplir las necesidades de las clases afectadas y condenadas a pagar la crisis que provocaron los grandes dueños del capital. Los paliativos buscan encubrir esta dura realidad y tienen un efecto mediático que hace aparecer como “benefactor” a un Estado que ya dejó de serlo y hoy muestra con descaro su verdadero carácter de servicial a la depredación y a la opresión. Los representantes “oficiales” de los afectados, que son los dirigentes de organizaciones como la CUT, no consiguen negociar digna y eficientemente, ni levantar una movilización frente a la situación de crisis. Dada su condición de organización cooptada, la CUT ha permitido la implantación de un espurio acuerdo-marco entre los trabajadores y los empresarios. La CUT ha pasado de ser mediadora a convertirse cada vez más en un engranaje del aparato opresor, que ayuda a anular y deslegitimar la obediencia al sistema y la manifestación del descontento popular. En este caso, las clases trabajadoras terminan también por recibir menos zanahorias (aunque con una mínima parte de las mismas se retribuye a los cooptados) y el Estado queda con las manos libres para dar más garrote. Ante ello, al sindicalismo consecuente y digno le queda presente el desafío de organizarse mejor, con autonomía, con otra concepción y diseño que coordine y unifique las luchas sectoriales y territoriales. El MPT se plantea participar en este proceso con todas sus fuerzas, sus capacidades, su amplitud, su posibilidad de articular las organizaciones sindicales, de la mano con el mundo poblacional, estudiantil, con los pueblos originarios. ALGUNOS ENLACES RELACIONADOS Diputados a punto de aprobar ley contra las manifestaciones públicas. http://www.elciudadano.cl/2009/06/17/diputados-a-punto-de-aprobar-ley-contra-las-manifestaciones-publicas/ Las amenazas contra fiscales y defensores públicos que se hagan a través de Internet serán sancionadas. Hasta cinco años de cárcel pueden arriesgar quienes incurran en ese comportamiento. También se sancionarán las amenazas que se realicen desde proveedores extranjeros. http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090728/pags/20090728211741.html PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS, RELATIVOS A REPRESIÓN N° Boletín: 3587-02 Título: Aumenta la penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves Fecha de Ingreso: Martes 6 de Julio, 2004 Iniciativa: Mensaje Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Etapa: Tramitación terminada Ley Nº 20.064 (D.Oficial: 29/09/05) N° Boletín: 5969-02 Título: Sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile. Fecha de Ingreso: Jueves 10 de Julio, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Segundo trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Defensa Nacional N° Boletín: 6226-01 Título: Modifica la ley indígena para los efectos de impedir la adquisicion de terrenos por parte del Estado cuando han sido objeto de actos de violencia. Fecha de Ingreso: Miércoles 3 de Diciembre, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural N° Boletín: 5583-07 Título: Regula el ejercicio del derecho a reunirse pacíficamente. Fecha de Ingreso: Lunes 17 de Diciembre, 2007 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Reforma constitucional Cámara de origen: Senado Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Fuente: http://sil.congreso.cl/pags/index.html “Decálogo del carabinero frente al detenido”. http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857__201755303_3,00.html

Situación política y posición frente a las elecciones de 2009

DOCUMENTO DEL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES - MPT 1. En el marco de la crisis económica mundial en curso, fundada sobre la sobreproducción de capital financiero a través de las denominadas “burbujas”, que ha devenido en que el imperialismo norteamericano aumente estratosféricamente su deuda pública y privada (déficit estructural), y sostenga aún su poderío mediante la preeminencia del dólar como divisa hegemónica y la superindustria armamentista; en Chile los trabajadores y los pueblos, explotados y oprimidos, sufren los efectos tardíos (pero no por ello, menos severos) de la crisis multidimensional del capital. El Producto Interno Bruto (PIB) arrojó una contracción de -4,5 % en el segundo trimestre de 2009 respecto del mismo trimestre del año anterior. Según el Banco Central, la demanda interna se desplomó un 10,6 % debido a la fuerte caída de las inversiones e inventarios. Los últimos 7 meses, las exportaciones de cobre y sus derivados han disminuido un 46 %; el sector maderero durante el segundo trimestre del año, un 32 %; la pesca, un 27 %, y la Industria, un 17%. Según Inversiones Security, a fines de 2009, el PIB se habrá derrumbado en un -2 %. Por su lado, la banca es la única industria que ha mantenido sus ganancias mediante la restricción del crédito, el no traspaso de la baja de las tasas de interés del Banco Central a los usuarios y Pymes, el aumento de las provisiones en relación a las colocaciones, y la intensificación de la explotación de sus funcionarios. En tanto, la destrucción de fuerzas productivas se traduce en más de un millón de desempleados; la proliferación del trabajo informal, subcontratismo, comercio ambulante y aumento del crimen organizado. 2. Además de los conflictos bélicos que mantiene el imperialismo contra los pueblos de Irak, Afganistán, Palestina, y las tensiones sobre Irán y Corea del Norte, ahora la administración de Obama echa mano a la vieja estrategia ofensiva político-militar contra los pueblos de Latinoamérica. El golpe de Estado en Honduras y la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano son parte de la misma escalada de agresión imperialista tendiente a disciplinar, controlar y subordinar al polo de gobiernos de la Región que procura construir un camino independiente para el porvenir de sus pueblos. La gravedad de los hechos pone en alerta al conjunto de los sectores antiimperialistas del Continente y demanda la construcción de agrupaciones de resistencia, solidaridad y denuncia activa frente a los acontecimientos, pasando de acciones reactivas a la iniciativa política. Asimismo, la OEA persiste en su tarea original de imponer los intereses del Estado corporativo norteamericano sobre América Latina, mientras UNASUR, debido a su composición, apoya cínicamente al presidente depuesto de Honduras, José Manuel Zelaya, con el objetivo de que, esta vez, sea desalojado del mapa político hondureño en las próximas elecciones de ese país, con el apoyo político y pecuniario del imperialismo. Al respecto, en Chile, el gobierno de Michelle Bachelet ha sostenido reuniones con el principal satélite de los intereses norteamericanos en América Latina, el presidente colombiano Álvaro Uribe, y, por otra parte, presionada internacionalmente, debió solicitar el retiro del embajador hondureño en el país, cómplice del gobierno golpista en ese territorio centroamericano. 3. Cuando ya resta muy poco para que finalice el gobierno de Bachelet, la mandataria, replicando las políticas norteamericanas, ha construido su propio Eje del Mal en el país. Así, el Eje del Mal criollo estaría compuesto por los mapuche en lucha por sus tierras y su libertad, y el movimiento social y popular en pleno período de recomposición. La ofensiva estatal al respecto es ilustrada trágicamente con el asesinato del peñi mapuche Jaime Mendoza Collío, por medio de una bala disparada por la espalda por un funcionario de la policía militarizada chilena en territorio en conflicto. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales forestales. En este sentido, resulta imperativo que, con la amplitud, comprensión y lejos de instrumentalizaciones malsanas, dogmáticas y fundadas en la ignorancia, se promueva la alianza urgente entre la lucha mapuche ancestral y la de los intereses históricos de los pueblos y los trabajadores. Sobre ello, la superación de la contradicción capital/trabajo se reúne en un complejo emancipador con las contradicciones capital/naturaleza, y dictadura del capital/concepción plurinacional de convivencia. Del mismo modo, a mediados de agosto fue aprobado el proyecto de leyes que criminaliza la protesta social en el país, procurando jurídicamente, contener los eventuales episodios de lucha de clases que se gatillan y gatillarán a causa de la mala vida generalizada de las grandes mayorías nacionales. Como si fuera poco, entre gallos y medianoche, sólo hace unos días fue aprobada la Ley General de Educación que no hace otra cosa, sino consagrar la educación de clases, el negocio de la enseñanza privada y castigar aún más la ya maltrecha Educación Pública chilena. 4. Políticamente, en la vitrina ficticia del diferendo entre ambos rostros del bloque en el poder, la Alianza por Chile y la Concertación, que representan estratégicamente los mismos intereses de la clase minoritaria que domina, Piñera y Frei continúan arrojando promesas demagógicas, en tanto el candidato Marco Enríquez-Ominami, con alta penetración mediática, procura convertirse en alternativa aparente y “transversal”, toda vez que su programa y discurso, salvo matices liberales en el campo “cultural”, no toca en lo absoluto los intereses centrales de la burguesía (de cuyos miembros también alimenta económicamente su campaña electoral). Un evento grave lo constituye la derechización del Partido Comunista, cuyo pacto “instrumental” para enfrentar las elecciones parlamentarias, muta a alianza cardinal con la Concertación con el objetivo retórico de “formar nuevas mayorías”, hipotecando los objetivos fundadores de esa tienda, destruyendo militancia, fortaleciendo desde sus debilidades a la Concertación y sus políticas históricamente antisociales, y ofreciendo su apoyo a Frei entre líneas y antes de la primera vuelta electoral. De este modo, y sin ninguna seguridad de obtener parlamentarios, el PC camina a pasos agigantados a agregarse como apéndice del bloque en el poder, abandonando definitivamente la lucha radical contra el actual orden dominante y antipopular. 5. En el ampliado extraordinario de agrupaciones federadas del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), el pasado 15 de agosto, frente a la coyuntura electoral, democráticamente, se decidió hacer un llamado activo a anular el voto, tanto en las presidenciales, como en las parlamentarias. Los argumentos medulares del voto nulo con contenido, corresponden a que ninguna candidatura en campaña representa la independencia política de los intereses de los pueblos y los trabajadores. El MPT sólo tiene 5 meses de vida y hace poco ha comenzado la labor nuclear de territorializar sus fuerzas en el campo popular de manera organizada política y orgánicamente. Para la Federación, la participación en las elecciones de la democracia de los que mandan, es una táctica que se inscribe en el empleo de todas las formas de lucha contra la hegemonía burguesa, y debe emplearse cuando convenga y existan las condiciones. El MPT se construye desde abajo y, por tanto, debe concentrarse en un proceso dinámico de acumulación de fuerzas sociales en lucha creciente. Ello, en medida determinante, estará sujeto al propio desarrollo de la lucha de clases, actuando como dínamo del movimiento popular, participar-conduciendo, rimando su consolidación y crecimiento en una relación dinámica con la maduración del movimiento popular real. Pese a que al interior del MPT conviven múltiples corrientes y sensibilidades del socialismo anticapitalista, todavía debe ampliarse, tanto hacia el pueblo profundo, como a agrupaciones que todavía no están en su seno. Pasadas las elecciones, en 3 meses más, el cuadro de fuerzas políticas sufrirá un nuevo reordenamiento de acuerdo a los resultados en las urnas. Al respecto, es dable considerar que pueden provocarse rupturas y resquebrajamientos en movimientos como el MAS de Navarro, nuevas escisiones del PC y del propio PS que, de presentarse el MPT como un contingente amplio, mestizo, unitario, radicalmente democrático y con vocación de alternativa política de mayorías, logre funcionar como polo de agrupación de masas con alto poder de convocatoria, espacio de desarrollo político plural (dentro de las coordenadas estratégicas convenidas) y gran organización porosa y numerosa que, con las fuerzas reunidas y las por venir, logre, de menos a más, ingresar a las ligas mayores de la formación política capaz de sintetizar los intereses genuinos de las mayorías expoliadas y comenzar la disputa concreta, en todos los ámbitos, contra la hegemonía del capital y su representación burguesa. CONSEJO EJECUTIVO MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES - MPT Agosto de 2009

MPT RESPONSABILIZA A GOBIERNO DEL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLÍO

EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES MPT, ANTE EL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLÍO, DECLARA A LA OPINIÓN PÚBLICA: Repudiamos la acción criminal del gobierno, responsable directo del accionar de Carabineros de Chile, que ha practicado el terrorismo de Estado contra las comunidades y organizaciones del pueblo mapuche. Pese a las hipócritas declaraciones del Gobierno, los responsables directos de este nuevo crimen no son sólo los uniformados, sino también la casta dirigente de la Moneda, que aplica a sangre y fuego el modelo capitalista de despojo contra los pueblos, dejando al país en el papel de pobre proveedor de riquezas naturales a favor de las grandes empresas. Este modelo no solo no ha repartido equitativamente el empleo y sus beneficios, sino ha empobrecido a la sociedad en su conjunto y especialmente a los pueblos y a los trabajadores del campo y la ciudad. Este gobierno y su sanguinario ministro Edmundo Pérez han actuado a pedido de los usurpadores y de los parlamentarios de la ultraderecha. Este nuevo asesinato de un mapuche demuestra el verdadero carácter del régimen gobernante, servicial a los grandes intereses de los poderosos, y a la vez insensible y represivo ante las necesidades y los derechos de las mayorías de los pueblos. El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que han adquirido el Estado y la sociedad chilena, que han dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades. Las comunidades han sufrido por largo tiempo la impunidad ante el despojo territorial, ante la eliminación de sus miembros, la discriminación en su contra y ante el saqueo de su patrimonio inmaterial, negando sus derechos a la preservación de la cultura ancestral. La institucionalidad chilena no ha abierto caminos de restitución de los territorios usurpados ni a la ejecución de efectivos programas de reparación a favor de las comunidades mapuche. Ha habido una repartija de migajas con las que se ha buscado anular la capacidad de participación de las comunidades y sus dirigentes. Ello ha prolongado el conflicto que viven las comunidades. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales. La política estatal cada vez se hace más represiva, en todos los sectores populares. Se aprueban leyes contra las manifestaciones de descontento social, se persigue a las organizaciones populares, se acallan sus medios de comunicación y se impone un ambiente de militarización tanto en territorio mapuche como en el resto del país. Lo hemos visto en Tambillos, en Salamanca, en los ataques y detenciones contra activistas de derechos humanos y medioambientales, en los montajes judiciales, en el envío de fuerzas especiales a hacer la guerra a las comunidades mapuche. Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno. Que los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes, se vayan desengañando. Que no crean que puede haber un mal mayor que éste, de ser oprimidos sin derecho a respuesta. Llamamos a la organización de l*s mapuche, mestiz*s y chilen*s, a la unidad de los pueblos y los trabajadores, a extender la protesta, levantando multitudes que defiendan sus derechos, que coordinen un accionar efectivo y colectivo, que presenten nuevas propuestas frente a un sistema opresor, a la vez genocida y autodestructivo. Exijamos la libertad de los prisioneros mapuche, y que se impongan actos de justicia contra los actos impunes de asesinos desalmados enfrentando a manifestantes desarmados. Denunciemos los montajes con que las grandes empresas y sus cómplices de los poderes del Estado buscan castigar aun más a nuestros hermanos. Denunciemos los engaños propagandísticos con que la Concertación busca limpiar su imagen. Exijamos la renuncia al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y al subsecretario Patricio Rosende, por ser responsables directos del accionar brutal de Carabineros; al Ministro José Antonio Viera-Gallo, a la Intendenta Nora Barrientos y al Comisionado Rodrigo Egaña, porque sus actuaciones sólo han servido para agudizar el conflicto que afecta al pueblo mapuche y para entrabar por todas partes cualquier solución efectiva y sujeta al Derecho emanado de los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno. Que la comunidad internacional y las organizaciones de los pueblos, suscriban una pública condena y sanción moral contra el régimen chileno y su felonía. En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo. TIERRA Y LIBERTAD PARA LOS MAPUCHE