Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/04/05/156492/la-renuncia-de-bachelet-que-no-ha-sido-desmentida-y-la-asamblea-constituyente-como-salida-democratica/
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domingo, 5 de abril de 2015
La renuncia de Bachelet que no ha sido desmentida y la Asamblea Constituyente como salida democrática
No compartimos la totalidad de las expresiones de este artículo pero su circulación es un elemento importante para el debate y la búsqueda de proposiciones para una salida a a la crisis de gobierno, credibilidad y honradez que enfrenta el Estado de Chile y en especial su aparato de gobierno.
Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/04/05/156492/la-renuncia-de-bachelet-que-no-ha-sido-desmentida-y-la-asamblea-constituyente-como-salida-democratica/
Hasta ahora los rumores de renuncia en torno a Michelle Bachelet que ni siquiera Camilo Escalona ha querido desmentir en la entrevista de Tomas Mosciatti, emitida este jueves en la edición central de Megavisión, están por todos lados.
Es tan delicado el tema que el silencio oficial del Gobierno indica que existe una alta posibilidad que sea cierta la “información” que compartió el Periodista de radio Bio-Bio quien señaló "Es tal la hecatombe que Michelle Bachelet ha hablado de renunciar, y no ha sido cauta y lo ha dicho ante personas que no son de su confianza, incluso ante desconocidos”.
El actual escenario político institucional es extremadamente endeble. Las acusaciones de ilegalidad alcanza sin excepción a todo el orbe político. Las pugnas internas al interior de los partidos de la alianza y de la nueva mayoría o vieja concertación alcanzan niveles de suicidio colectivo voluntario. Las filtraciones de información parcializada desde la Moneda, Fiscalía, Servicios de Impuestos Internos, incluso policías, evidencian la pugna real entre los que realmente quieren transparencia y los que necesitan salvar el pellejo de una casta política enferma y distorsionada sin corazón de país. La institucionalidad está seriamente dañada y su funcionamiento condicionado entre el deber ser y la actual realidad política.
Esto es solo parte del complejo escenario político que estamos viviendo y en donde la corrupción ha adoptado una clara connotación sistémica.
Existe también otro escenario igualmente complejo. Un escenario sicosocial.
El estrés provocado a la ciudadanía por los aluviones del norte, los incendios y la sequia del sur, la estacionaria desaceleración económica, las sucesivas reformas y su discusión sin altura de miras, la sensación de impunidad ante la delincuencia, la crisis moral de las instituciones eclesiásticas con protagonistas como Barros o el Pastor Soto y otras han deslindado en un clamor ciudadano que apunta como gran responsable a la clase política y al gobierno, repercutiendo directamente en el Estado de Chile.
La sociedad chilena herida demanda renuncias, justicia, decencia, fin a la corrupción sin medir consecuencia y como única válvula de escape a esta frustración social que alguna vez fue impulsada por la clase política tras la búsqueda de dividendos que hoy se vuelven contra ellos mismo. Han creado un monstruo que esta a las puertas del Pais y cuya puerta pareciera ser que nadie puede cerrar.
50 investigadores de las más importantes universidades chilenas han emitido una declaración pública indicando que no se puede obviar el grave daño que provocan estos actos sistemáticos de corrupción, y su posterior naturalización, en nuestra convivencia democrática, ya que impactan negativamente en las condiciones materiales de vida de la ciudadanía .
Lo que no que no señalan los académicos firmantes es que esta situación también daña la imagen del país en el extranjero. Durante años nos hemos mantenido bien posicionados en materia de corrupción. Actualmente ocupamos el número 23 del mundo. Inversionistas extranjero han considerado nuestro país como un lugar reputado para consolidar relaciones, negocios, proyectos. Todo ello actualmente está puesto sobre la balanza y hemos sido hallados culpables como Estado, como Gobierno y como Sociedad. Los Mercados Internacionales aun no se han pronunciado. No se puede desconocer que las repercusiones de lo interno podrían afectar y desestabilizar nuestra economía y su relación con los Mercados Internacionales. Nuestra imagen país en un mundo globalizado e influenciado por el marketing ha sido debilitada desde el interior . A rio revuelto ganancia de pescadores. El Chile de 15 días atrás que enfrentaba la demanda de Bolivia ante la Haya lamentablemente ya no es el mismo.
La eventual renuncia de Michelle Bachelet no solucionará el conflicto. La constitución establece que ante tal eventualidad asumirá el Presidente del Senado, en este caso Patricio Walker creando con ello un abisal vacío de poder. Los chilenos no votaron por Isabel Allende. Somos un país inmaduramente político que ha crecido bajo la lógica del binominalismo. Esta cultura de la polarización política nos llevaría a un conflicto de legitimidad institucional e incluso a un posible estallido social e incredulidad publica cuyo daño sería peor que el actual estado de las cosas.
Por lo tanto debemos adoptar decisiones país en forma responsable. Friamente. Sin revanchismo ni odiosidades. Sin calculadora política. Renunciando a nuestro típico y muy nacional egoísmo político. Dispuesto a asumir un sacrificio personal, individual y también colectivo. Pero ser responsable significa también ser impopular por lo que se debemos estar dispuesto a pagar el precio.
Para ello se debe Establecer un acuerdo político transversal a través de una mesa ampliada e invocar Razones de Estado y detener la investigación de la arista política del caso Penta y Soquimich o al menos decretar una prohibición de informar aunque con ello se atente contra la libertad de expresión, contra la ética y la moral pública. Una medida excepcional con el fin de conservar la salud y fuerza del Estado, bajo el supuesto de que la supervivencia es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos. Hay que recordar que cuando la naciente democracia estuvo en peligro bajo los Gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei y bajos las amenazas del llamado “ejercicio de enlace” y “el boinazo” por el caso de corrupción conocido como Pinocheques fueron las Razones de Estado que suprimieron toda investigación y salvaron la democracia conquistada en las urnas.
Paralelamente y bajo un estado de excepción se debe aprobar e implementar un serie de articulados transitorios en la Constitución Política que permita sucesivamente : dar prioridad y aumentar recursos humanos, logísticos y económicos que permita llegar a conclusiones definitivas e inapelables en cuanto a la responsabilidad de quienes en contravención con la legalidad han operado políticamente defraudando la fe pública y la ley en torno al financiamiento ilegal de la actividad política.
Suspender y prohibir bajo los mismo mecanismos la participación política de quienes sean sancionados por su responsabilidad ante estos graves hechos.
Convocar a una nueva elección política parlamentaria y presidencial en un plazo prudencial.
Establecer una Asamblea Constituyente transitoria que defina un nuevo marco regulatorio para la actividad política en Chile y cuyos integrantes constitucionalistas estén avalados principalmente por la comunidad académica, alejando de la ecuación a los partidos políticos deslegitimizados por su solo accionar. En definitiva un golpe de estado ciudadano.
Establecer como obligatorio la reinscripción de los partidos políticos en Chile a fin de ratificar su legitimidad, debe ser otra de la prioridades.
Mientras que en el ámbito legal se deben establecer modificaciones a las leyes que sancionan los actos de corrupción o similares ampliando la responsabilidad penal y sancionatorias no solo a las personas sino que también al RUT o a la EMPRESA a fin de desincentivar la practicas de hechos delictivos estableciendo mecanismo fuertes y autorregulatorios de carácter ejemplarizador. (Hoy día solo están en prisión preventiva Délano y Lavín mientras que Penta sigue operando como si nada)
Todas medidas que aunque suenen impopulares enviarían una potente señal de que en Chile somos capaces de legítimamente resolver nuestros conflictos interno en un marco de sana convivencia, sana civilidad restituyendo la imagen país que hemos construido entre todos y que se ve deteriorada por unos pocos.
No avalamos ni la impunidad, ni la corrupción. Ni el secretismo. Pero debemos aprender a hacer concesiones morales y dogmaticas si queremos salvar la integridad del Estado de Chile, nuestra imagen país y la convivencia interna para no caer en la disyuntiva que impopularmente pero con objetividad plantea el ex senador Sergio Bitar quien cuestiona “¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar?”.
Claro que lo nuestro, aquí y ahora, es solo una opinión, a menos que usted pueda entregar con justo equilibrio una alternativa distinta.
radiochile-canada.net/EL Ciudadano
La corrupción de la "clase política" ha llevado al país al empobrecimiento, a la desigualdad y a la crisis de las instituciones. Es una "democracia" que en su ambición se hace un auto-golpe.
jueves, 19 de marzo de 2015
LA CLASE POLÍTICA CHILENA CORRUPTA Y DEGENERADA.
“Chile fértil provincia y señalada
en la región antártica famosa,
de remotas naciones respetada
por fuerte principal y poderosa;
la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida”.
Tanto hemos cambiado, que nos sucedió, de nación
principal, pasamos a ser lacayos del imperialismo. De un pueblo tan granado,
tan soberbio, tan gallardo, pasamos a convertirnos en una tropa de estafadores,
de ladrones y cobardes. Tanto hemos cambiado desde que Alonso de Ercilla y
Zúñiga escribiera su poema épico.
Esa fértil provincia, ahora llena de cemento y
edificios de departamentos sin ninguna finura arquitectónica. Deambulan los
seres anónimos, viajan por el transantiago, por la ironía de la vida ese medio
de transporte colectivo mutó en un sistema socialista, ya que la gente, esa
misma gente que vota (los que votan cada cuatro años, porque los otros se
abstienen sin saber porque se abstienen), en su mayoría no paga el pasaje, tal
vez se dirán en silencio. “Bueno si todo roban, porque no robo yo también”.
Los que no
viajan en micro lo hacen en el metro, hombres, mujeres, escolares, madres con
sus hijos en coche, obreros de la construcción, oficinista, estudiantes apretados
como sardinas, eso sí hay un denominador común la mayoría de los pasajeros
expresan sin temor su relación de naturaleza simbiótica entre el hombre y la
maquina, o mejor dicho entre las dos manos y su celular.
Este chileno medio como orgullosamente se gusta auto
definirse, vive atrapado o mejor dicho vive en un estado de naturaleza
permanente de alienación, entre vender o arrendar diariamente su fuerza de
trabajo, al capitalista, después que se ha vendido por 10 o más horas, queda
atrapado por las tarjetas de créditos, el constante endeudamiento al
supermercado, al banco, las tiendas comerciales.
Nuestro ciudadano medio sigue adentrándose en el laberinto
neoliberal, huyendo de su verdadera realidad de trabajador explotado, olvidó
cual es su papel en esta sociedad, pasó de una rica fase de organización y
enfrentamiento contra el poder burgués, a un estado pasivo y de resentimiento
social no contra su explotadores sino contra sus iguales, que de vez en cuando
saca a relucir su racismo frustrado contra el peruano, el colombiano, pero no
dice nada o mejor dicho queda en silencio rastrero ante los españoles, que
huyen de una España que está envuelta en una crisis económica.
“Pobrecito mortal” (como dice una canción de Florcita
Motuda), desde que se levanta para ir al trabajo, donde pierdes horas y horas
en el transporte público, que la mayor parte de su vida asalariada lo pasa en
el trabajo, y los ratos de ocios va junto a su familia al Mall más cercano de
su casa.
En qué momento los millones de trabajadores, los
esclavos del neoliberalismo, con un salarios promedio inferior a $ 400.000,
mientras los Bravos de PENTA ganan 36 millones de pesos, los ministros los diputados
y senadores con sueldos superiores a 20 millones.
Los millones de trabajadores ¿en qué momento tienen
una pausa, ya sea en su lugar de trabajo, o en su casa, para ver las noticias,
o comprar un diario e informarse de lo que pasa en este largo y quebrajado
país?
No lo tienen, el neoliberalismo depredador le inoculó
en su ADN, el individualismo, el egoísmo, el apoliticismo, el desprecio a una
noble actividad que es participar en política, y cuando hablo de política, no
me refiero a la política partidista; Aristóteles sostenía que los ciudadanos
que no se preocupaban de los asuntos de la ciudad “Eran unos idiotas”. Hoy en
día los idiotas salen por todos poros de la ciudad, que duerme en un letargo
permanente.
Mientras los otros, se enriquecen, y quienes son los
otros, esos mismo que azuzaron a los militares para derrocar al Gobierno
Constitucional del Doctor Salvador Allende, esos otros son los mismos que
gobernaron junto al tirano, y se enriquecieron vendiendo las empresas que
estaban en manos del Estado, esos mismos los otros que han gobernado y siguen
gobernando con los Gobiernos de la Concertación, el Gobierno de la “alianza por
Chile”, y los mismos políticos de antaño se cambian de nombre y se hacen llamar
“la nueva mayoría”; esos los otros, no somos nosotros, no es el pueblo
trabajador, que está totalmente ajeno a la riqueza que han acumulados los ricos
de la dictaduras y los nuevos ricos de los Gobiernos postdictatorial.
Es una santa alianza entre pinochetistas, empresarios
y los políticos corruptos y degenerados de la flamante “nueva mayoría”.
Que los comunistas no se laven las manos, ellos son
parte integrante de los otros, por lo tanto deben asumir ante la historia su
responsabilidad política de ser parte de un Gobierno cobarde, rastrero,
yanacona, anti obrero, que no venga después con la misma cantinela de
victimarse y aún que se laven las manos, las seguirán teniendo sucias.
Nuestro pueblo trabajador ha perdido su capacidad de
asombrase, de tener una mentalidad crítica frente a los hechos cotidianos que constantemente
están sacudiendo al país, ¿Porqué? Por que perdió su conciencia de clase,
conciencia que le legaron los obreros organizados en la combativa Federación
Obrera de Chile, en la clasista Central Única de Trabajadores, la del año 53,
la que fundó el legendario Clotario Blest; también dejo de lado su conciencia
política, perdió todo interés de participar en sindicatos, no se involucra en
los problemas mínimos de su población, dejó de motivarse y perdió todo interés
en la actividad política.
Los otros son la minoría, tienen el poder político,
económico y militar, son dueños de las AFP, de la banca, del comercio, de la
gran industria minera, de las tierras, el agua y un cuanto hay; compran
Diputados, Senadores y Alcaldes, estafan al fisco, sobornan al empleado
público, no acatan los fallos de la Corte Suprema, los Ministros están dentro
de su nomina de pagos; por lo tanto trabajan para los otros no para nosotros.
¿Y porque pueden hacer todo eso y mucho más todavía?, Los otros fuera de tener
a sus pies los tres poderes de la democracia burguesa, el legislativo, el
judicial y ejecutivo, debemos incluir a las fuerzas armadas, cuentan con una
herramienta mucho más poderosa, que todos esos poderes juntos, esos otros que
son minoría, son una minoría poderosa porque están organizados.
Nosotros por otro lado somos mayoría, mayoría
trabajadora desorganizada, apática, totalmente enajenada, nos manda la tarjeta
de plástico, somos rehenes de los préstamos usureros de la banca.
El año 1907 los capitalistas de la minería del salitre
junto a los militares mataron a 2600 obreros salitreros, una de sus
reivindicaciones era eliminar la ficha como forma de pago; hoy en día la clase
trabajadora lleva en sus carteras un sinnúmero de fichas plásticas, tenemos más
tarjetas de créditos y celulares, que habitantes.
Esta mayoría que somos nosotros, no los otros, no
tiene opinión política, no se preocupa de los graves problemas de la nación,
problemas que lo atañe directamente, por citar algunos casos: La rebelión de
las provincias, por tener mayor participación en el gasto público, la
destrucción del bosque nativo, para después plantar pinos y eucaliptos, árboles
que son unas verdaderas bombas de sacar agua. El robo legalizado de nuestras
pensiones. El mercado descarado de la educación. La rebelión justa del pueblo
Mapuche por su autonomía.
La mayoría cada 4 años toma importancia relativa,
cuando los políticos corruptos y degenerados nos convocan para votar, porque
esta democracia tan peculiar le permite a esta mayoría solamente participar en
actuaciones muy determinadas como son:
Para presidente. Para diputados y senadores, para
alcaldes y concejales, para los CORES, y ahora para intendente y nada más
después ándate para tú casa y no te metas tus narices, déjanos a nosotros, no
queremos controles de ningún tipo.
Somos ciudadanos cada cuatro años, en ese día los
medios de comunicación escrito, radial y televisivo, junto a los bufones del
neoliberalismo, como los Correas, los Tironis, los Navia, los Vidal y toda la
ralea de comentaristas políticos, que ensalzan la madurez cívica de nuestro
pueblo.
Nosotros somos mayoría, pero somos débiles, porque no
estamos organizados, ¿y porque no estamos organizados? Podemos dar muchas
razones, solamente tomaremos dos tesis.
Primera tesis: La izquierda histórica PC, PS: Estos
dos partidos que nacieron a la luz en situaciones históricas diversas lograron
en un período bastante acotado generar una base obrera que les permitió una
base de sustentación, para desarrollar su política alrededor del Estado
burgués, no para destruirlo sino para penetrarlo y desde adentro ir haciendo
los cambios necesarios para mejorar económica y socialmente al pueblo
trabajador. Estos dos partidos en vez de desatar el ímpetu revolucionario de la
clase obrera lo ataron, lo redujeron, lo debilitaron en forma paulatina, lo
metieron a la jaula de la institucionalidad burguesa.
Segunda tesis: El movimiento sindical: el sindicalismo
(no confundirlo con el movimiento obrero), aportó también su grano de arena al
institucionalizar las reivindicaciones económicas, sociales y políticas del
proletariado. El despertar de la clase obrera chilena fue mucho más temprano
que en otros países de América Latina, producto de una burguesía más
emprendedora, por las condiciones de aislamiento del país y de sus riquezas
mineras.
Este proletariado compuesto en su mayoría por peones
libres, jayanes campesinos, mestizos y Mapuche, desarrolló su actividad
reivindicatoria al margen de la institucionalidad del Estado burgués, y de sus
partidos, en el fondo el bajo pueblo estaba generando su propia estructura
orgánica en forma paralela a la institucionalidad capitalista y católica; un
ejemplo de esto es la constante pugna que se generó entre los sindicatos libres
y los sindicatos legales cuando Alessandri promulgó el Código del Trabajo.
La CUT a pesar que su declaración de principios es
bastante rupturista y clasista también encauzó la lucha de clase por la vía
institucionalizada. Esta colaboración entre movimiento sindical y Estado fue
mucho más evidente cuando el aparato sindical del partido comunista y
socialista sacó del camino al dirigente sindical Clotario Blest.
Entonces las razones del apoliticismo, la apatía y la
pérdida de la conciencia de clase del pueblo trabajador, no están solamente en
la destrucción que hizo la dictadura criminal de los patrones y el imperialismo
sino que también son por razones históricas.
POLÍTICOS CORRUPTOS:
Lenin decía “los políticos hacen todo lo contrario a
lo que hablan y prometen”, esta frase caracteriza a los políticos chilenos;
hablan de democracia en las conferencias de prensa, y en secreto promulgan
leyes que atenta contra la democracia.
Promulgan leyes para la transparencia de la actividad
pública, y al mismo tiempo se blindan para burlar esas mismas leyes, hay un
dicho “hecha la ley, hecha la trampa”.
Forman comisiones para combatir la corrupción y en
privado se preparan para estafar al fisco, con boletas y facturas falsas, a su
esposa, hijos y a familiares y los colocan en los mejores cargos de la
administración pública.
POLÍTICOS DEGENERADOS:
El conglomerado más degenerado en la historia política
de Chile, es la Nueva Mayoría, conocida en antaño “Concertación para la
Democracia”, En ese conglomerados se reúnen en una santa alianza entre
demócratas cristianos golpistas, socialista traidores a la persona de Salvador
Allende, y al programa de la Unidad Popular. Un partido instrumental como el
PPD, una organización estructurada para saquear al Estado. Los radicales con su
conocido lema. “no me den, póngame donde hay”. Y por último los comunistas, siempre
los pobrecitos comunistas, tan desesperados por ser parte integrante de la
Concertación, para obtener unos escaños en el parlamento.
Donde está la moral, donde quedó la ideología, en qué
lugar ocultaron los valores. La pregunta que nos debemos hacer es que si estos
partidos nacieron con un programa, para cambiar la sociedad, fueron derrotados,
o simplemente el sistemas los absorbió, para que terminaran siendo portavoces y
defensores del neoliberalismo, en el proceso evolutivo de la política
degeneraron en partidos corruptos y mentirosos.
POLÍTICA Y NEGOCIO.
La señora Bachelet es seguidora de la filosofía de
Parménides: “Todas las cosas son ilusiones de la mente”. La presidente es
primero madre, así que para ella no existía ningún problema con su querido hijo
Sebastián Dávalos, con información privilegiada y con un buen respaldo
político, el de su mamá, se reuniera con uno de los dueños de Chile: el señor
Luksic le otorgo un crédito por $6.500 millones a Caval, para comprar unos
terrenos en Machalí y luego venderían por $9.500 millones.
La señora Presidenta se enteró por la prensa de los
negocios de su hijo y su nuera, ella no sabía (Bueno, nunca sabe nada), por lo
tanto para Bachelet las cosas existen cuando ella las ve o mejor dicho cuando
ella las lee en la prensa, por fortuna en este país existe el duopolio, sino no
hubiera sabido absolutamente nada, no creo que se haya enterado por la prensa
que tiene hijos.
El caso PENTA, que involucra fundamentalmente a
partido de ultraderecha la UDI, una agrupación de políticos que desarrollaron
su actividad política bajo el manto protector de la dictadura criminal de
Pinochet.
Por tomar estos dos casos, sin necesidad de recordar
hechos de corrupción que sucedieron en el gobierno del señor lago y que
involucró a la Concertación esta misma clase política, corrupta, degenerada y
mentirosa que nos gobierna.
QUE HACEMOS.
La interrogante el
pueblo trabajador en las condiciones de
pauperización social, de falta de organización, de nula conciencia de clase,
con sindicatos débiles, podrá levantarse de su pasividad y desarrollar una
lucha de clase, para derrotar al sistema capitalista.
El enfrentamiento tiene que ser global, tenemos que
dejar de lado las reivindicaciones de carácter particular, ante una sociedad
burguesa globalizada, tenemos que tener una clase trabajadora con peticiones
globales.
El pueblo trabajador Argentino acuñó la frase “Que se
vayan todos, que no quede ninguno”. En este país contaminado con políticos
corruptos la ciudadanía debe auto convocarse para llamar a un Paro ciudadano
popular y prolongado; levantado un pliego de peticiones de naturaleza global.
La ciudadanía debe dejar de lado las peticiones
particulares, los estudiantes con sus marchas loables y particulares es poco lo
que pueden hacer. Los Mapuches por su reivindicación de autonomía y libertad,
los conflictos ecológicos, el movimiento sindical con sus sindicatos débiles,
todos estos movimientos sociales en sus demandas en forma separada bastante
poco lograrán ante el poderoso Estado burgués neoliberal.
La ciudadanía debe auto convocarse para llamar a un
PARO CIUDADANO.
Todos los ciudadanos LE DECIMOS NO al neoliberalismo.
Fernando Juka. Integrante del CODEHS.
Huechuraba / 16 / 03 / 2015.
domingo, 15 de marzo de 2015
El buen pasar del hijo de Bachelet
El enriquecimiento súbito de Sebastián Dávalos Bachelet no pasó inadvertido para la prensa de derecha, incluso cuando faltaba casi un año para que la madre de éste ganara las elecciones para llegar a su segundo período. El tema "reventó" justo cuando el gobierno hizo frente al escandaloso asunto de Penta y los ilícitos cometidos por empresarios y miembros de la UDI.
No sería "malo" en sí el ascenso económico, basado en el emprendimiento, en el juego limpio de los negocios, pero esto se transforma en un asunto de preocupación pública cuando involucra el uso de redes de poder.
Dávalos mantiene vínculos con Agrosuper, la empresa que contamina todos los lugares donde tiene plantas de crianza de cerdos. El caso de la contaminación de Freirina es un ejemplo: el problema aún no es resuelto debidamente, a pesar de que los habitantes de la ciudad se movilizaron con todas sus fuerzas: basta un telefonazo de un lobbista, dirigido al poder judicial o al gobierno regional o a la policía, para que el esfuerzo de la ciudadanía quede anulado.
Desde antes del segundo gobierno de Bachelet, la alianza de esta "familia real" con Luksic, quedó sellada. Entonces, el poderoso clan Luksic tiene al gobierno de la señora Michelle en su bolsillo.
Estas redes de lucro, de permisividad ante lo ilegal, lo ilícito y lo éticamente condenable, hacen imposible un gobierno de las mayorías, pensado en el bien común. Los gobiernos chilenos, hasta los años 70-80, dieron la imagen ante el mundo de probidad y de incorrupción. Pero con el advenimiento del neoliberalismo y los pactos de impunidad entre la clase política civil y la dictadura saliente, echaron por tierra esa imagen de honradez. Usando la nomenclatura de México (paraíso de la corrupción estatal), en Chile hoy predominan la "mordida" (1)y la "piñata" (2).
¿Qué diferencia hay, entonces, entre un gobierno de la ultraderecha tradicional, y uno "progresista", "humanista", "socialista", "izquierdista"? Uno de los problemas de fondo es la corrupción que domina el campo de la clase política gobernante. Gobernar es tener acceso a fuentes de poder, principalmente económico. Gobernar (hasta ahora) es entrar al saqueo del Estado y a asociarse con los grandes explotadores, responsables de la infelicidad de las mayorías.
1.- Mordida = coima, cohecho, el provecho que saca un funcionario por alguna actuación en el límite de lo lícito.
2.- Piñata = Por similitud con el juego infantil, es el reparto de cargos públicos que se produce en cada cambio de gobierno, donde "el que pesca, pesca".
No sería "malo" en sí el ascenso económico, basado en el emprendimiento, en el juego limpio de los negocios, pero esto se transforma en un asunto de preocupación pública cuando involucra el uso de redes de poder.
Dávalos mantiene vínculos con Agrosuper, la empresa que contamina todos los lugares donde tiene plantas de crianza de cerdos. El caso de la contaminación de Freirina es un ejemplo: el problema aún no es resuelto debidamente, a pesar de que los habitantes de la ciudad se movilizaron con todas sus fuerzas: basta un telefonazo de un lobbista, dirigido al poder judicial o al gobierno regional o a la policía, para que el esfuerzo de la ciudadanía quede anulado.
Desde antes del segundo gobierno de Bachelet, la alianza de esta "familia real" con Luksic, quedó sellada. Entonces, el poderoso clan Luksic tiene al gobierno de la señora Michelle en su bolsillo.
Estas redes de lucro, de permisividad ante lo ilegal, lo ilícito y lo éticamente condenable, hacen imposible un gobierno de las mayorías, pensado en el bien común. Los gobiernos chilenos, hasta los años 70-80, dieron la imagen ante el mundo de probidad y de incorrupción. Pero con el advenimiento del neoliberalismo y los pactos de impunidad entre la clase política civil y la dictadura saliente, echaron por tierra esa imagen de honradez. Usando la nomenclatura de México (paraíso de la corrupción estatal), en Chile hoy predominan la "mordida" (1)y la "piñata" (2).
¿Qué diferencia hay, entonces, entre un gobierno de la ultraderecha tradicional, y uno "progresista", "humanista", "socialista", "izquierdista"? Uno de los problemas de fondo es la corrupción que domina el campo de la clase política gobernante. Gobernar es tener acceso a fuentes de poder, principalmente económico. Gobernar (hasta ahora) es entrar al saqueo del Estado y a asociarse con los grandes explotadores, responsables de la infelicidad de las mayorías.
1.- Mordida = coima, cohecho, el provecho que saca un funcionario por alguna actuación en el límite de lo lícito.
2.- Piñata = Por similitud con el juego infantil, es el reparto de cargos públicos que se produce en cada cambio de gobierno, donde "el que pesca, pesca".
El buen pasar del hijo de Bachelet
El primogénito de la ex Presidenta de la República cuenta con seis sociedades, cuatro automóviles Lexus y un domicilio comercial en la Torre Santa María.
por EL MOSTRADOR
La revista Qué Pasa hizo mención de un hecho que no pasó inadvertido el día en que la secretaria general de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, salió de su casa en La Reina para asegurar: “Hablamos en marzo”. Los periodistas que se encontraban esperando a la ex mandataria se percataron de la llegada del hijo mayor de Bachelet y lo hacía conduciendo un descapotable negro del 2012, de marca Lexus modelo New IS 250. Vehículo que está avaluado en Chile en 27 millones de pesos.
La publicación consigna que Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa, Natalia Compagnon, participan desde hace años en —al menos— seis sociedades comerciales que tienen entre sus giros la asesoría y representación de empresas nacionales y extranjeras. A través de la sociedad Caval Limitada se compraron el automóvil que conduce el hijo de la ex presidenta y otros tres Lexus, un New IS 250 y dos Station Wagon 4×4 modelo RX 350, cada uno avaluado en $ 30 millones.
Entre los clientes de la empresa está, por ejemplo, el empresario Gonzalo Vial Concha, controlador de Graneles de Chile e hijo del dueño de Agrosuper.
Según Qué Pasa, la creación de la primera sociedad se remonta a diciembre de 2006, cuando Dávalos, cientista político de la Universidad Central, trabajaba como asistente de la Unidad Asia de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), y a inicios del gobierno de su madre, Michelle Bachelet.
Entonces, el hijo de la ex jefa de Estado integró el equipo negociador del TLC con Japón. En esa misa fecha, su pareja, Natalia Compagnon, constituyó con el académico de origen taiwanés Yun-Tso Lee la sociedad “Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers”, cuyo nombre de fantasía es Inversiones APB Limitada y realiza asesorías a empresarios chinos que vienen en busca de inversiones mineras. El académico es director del Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD) y tiene una vieja amistad con Dávalos, la que data desde la época en que le hacía clases en la Universidad Central. Más tarde, ambos firmarían juntos un documento sobre las relaciones entre Chile e India, y Dávalos haría clases en la UDD.
Mientras Dávalos fue asistente del departamento OMC de Direcon se asoció con un grupo de amigos para crear CBR Group Ltda., con un capital de $ 4 millones, cuyo objeto era importar equipos de audio y video. Sin embargo, el proyecto no dio resultado y, aunque la sociedad sigue vigente, está inactiva. La segunda sociedad, C&D Asociados, la creo Dávalos con Manuel Contreras Chamorro con un capital de $ 3 millones para asesorías informáticas.
En febrero de 2012, el hijo de Bachelet y su pareja crearon dos empresas de asesorías en el mismo domicilio: Exportadora y de Gestión Caval Limitada, y Compagnon y Dávalos Sociedad Anónima. Ambas ubicadas en Los Conquistadores 1700, oficina 9 B (en la célebre Torre Santa María). El noveno piso es propiedad de una figura conocida en el bacheletismo, el ex ministro del Interior Belisario Velasco.
Por último, está la empresa “Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A” con un capital de $ 5 millones, de los cuales $ 4,5 fueron depositados por Compagnon, y el resto por su madre, Margarita Soto.
Según Qué Pasa, Dávalos además solicitó un crédito hipotecario de 5.000 UF para comprar una casa vecina a la que tiene Bachelet en La Reina.
(Foto: Revista Qué Pasa)
Fuentes:
Que Pasa. 3 de enero de 2013. http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2013/01/19-10894-9-los-negocios-de-davalos-bachelet.shtml
El Mostrador. 4 de enero de 2013. http://www.elmostrador.cl/pais/2013/01/04/el-buen-pasar-del-hijo-de-bachelet/
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lunes, 23 de febrero de 2015
EL CASO PENTA: FIRMAR para que renuncien a sus cargos
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Mapucistas renegados tras los crímenes capitalistas
Informamos sobre la labor golpista proimperialista de José Miguel Insulza. Ahora, veremos algo sobre la falsa licenciatura (y por ende, del título de abogado) de Insulza, calificado por su adversario judicial, como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”. También nos referiremos al lobby del PS donde milita Carlos Montes, para echar tierra a las investigaciones de fraude tributario, para poner a cargo a un hijo de éste. Una Santísima Trinidad más: el Padre, el Hijo y el Espíritu del Lucro.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
De vacaciones en México, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte Andrés Montes se enteró de su designación a cargo del caso que involucra a la minera SQM, por un eventual fraude tributario en el que hasta ahora, aparecen vinculados parlamentarios de la Nueva Mayoría, a partir de la emisión de boletas presuntamente irregulares. Montes, según informa La Tercera, habría recibido la noticia con molestia ya que se enteró por la prensa de su designación y además sus nuevas funciones lo exponen a un cuestionamiento público ya que se ve como desplazando al fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora había llevado la investigación desde la Fiscalía Oriente.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
El llamado Pentagate va ampliando sus aristas de investigación, ya no es sólo la empresa Penta y la supuesta utilización de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas electorales. Por ejemplo, esta tarde, se le había otorgado al fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, la investigación de las operaciones bursátiles para evadir patentes comerciales, que habría realizado Penta entre 2009 y 2013.
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
A pesar de que la Cámara de Diputados debiera sesionar con 120 honorables, hace meses que solo funciona con 119 representantes. El 12 de mayo del 2014, el entonces diputado de RN, Rosauro Martínez, fue desaforado por la causa que se sigue en su contra, donde se lo acusa de homicidio calificado de tres miristas en 1981.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
Informaciones, obtenidas del blog Justicia Nada Más, Pero Nada Menos, y de El Mostrador. Difundir.
Sabas Chahuán retoma sus funciones este martes 24
Fiscal Nacional retrocede y evalúa sacar a Montes de la arista SQM
A raíz de los amplios cuestionamientos públicos por la designación y desde sectores políticos incluido el bloque oficialista, el Ministerio Público estaría considerando revisar la decisión en torno a la causa que persigue determinar fraude tributario al interior de la empresa minera y que presuntamente incluye financiamiento irregular de campañas en el que hasta ahora aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayoría.
A esto se agrega el hecho de que Montes, es hijo del senador socialista Carlos Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios involucrados en esta arista, que surgió a partir del caso Penta. Este dato biográfico ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista se haya cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio Carlos Montes, quien consideró “inadecuado” los cambios de fiscal y aunque no se refirió directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrés Montes que se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estaría evaluando que el escenario es adverso y por eso no descartaría la posibilidad de echar pie atrás en las designaciones cuando retome su trabajo el próximo martes 24 de febrero. Sabas Chahuán tendría en cuenta para su decisión el ambiente de tensión y cuestionamiento público que han generado estos ajustes, vistos inclusos como un “golpe blanco” contra la gestión del fiscal Carlos Gajardo quién había logrado importantes avances en la investigación, abriendo la indagatoria hacia otros sectores políticos y no sólo la UDI que tiene a varios de sus militantes en el caso Penta.
Pero especialmente, Sabas Chahuán tendría en consideración la posibilidad de que el propio Andres Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal Metropolitano Centro Norte, se habría comunicado con Solange Huerta, a cargo de la Fiscalía Nacional, quien comunicó la decisión y con el propio Chahuán para expresar su “sorpresa” por sus nuevas funciones.
PUBLICADO POR JUSTICIA
Otras informaciones:
http://justicianadamasperonadamenos.blogspot.com/2015_02_01_archive.html
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015
Sorpresivo comunicado a última hora de hoy, después que se vinculara a Nueva Mayoría
Pentagate: Fiscalía le quita arista Soquimich a Gajardo y la pone en manos del hijo del senador Montes
Cerca de las 20:00 hrs. la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que existiría un cambio en la dirección de la investigación del controversial Caso Penta. Ya no será el fiscal Carlos Gajardo, quien inició las indagaciones, el que estará a cargo de una de las nuevas aristas del escándalo, SQM, sino que un nuevo fiscal, Andrés Montes. Esto, luego de que en una semana negra para la coalición gobernante, por el caso Dávalos, además se dieran luces de una real vinculación con el Pentagate.
por Macarena Segovia
Pero no era el único cambio del día, horas más tarde, la página web de la Fiscalía Nacional de Chile informaba que “la dirección de la investigación en la arista Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes serán investigados bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala”.
Según el texto, la “Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”, esto basado en “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, finaliza el comunicado.
Este cambio está marcado por una semana en la que se han develado más antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligarían a personeros de la Nueva Mayoría.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado Pentagate, ponía algo más que nerviosos a los miembros de la coalición gobernante. Esto, debido a que en el mundo político es un secreto a voces que más de un parlamentario –especialmente en el norte del país, donde se ubica el corazón de los negocios de la compañía– ha recibido financiamiento de SQM para sus campañas, ya que el dueño de la compañía, Julio Ponce Lerou, habría sido muy generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las últimas elecciones de 2013, apostando a mejorar su complicada situación por el Caso Cascadas, que en 2014 le valió una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos a La Moneda para poner un cierre a la investigación que llevaba Gajardo, eran más que recurrentes. “Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC especialmente”, precisó un asesor de Palacio, “gestiones” que tendrían como objetivo evitar que las acusaciones que han más que manchado a la UDI salpiquen, también, a la Nueva Mayoría, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de dirección que ha realizado la Fiscalía, se suma a otro hecho que ha sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayoría del caso Penta. Hace más de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella que deja fuera de la investigación las últimas campañas políticas de 2013. Querella que investiga específicamente al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Al respecto, De la Cerda reconoció que Wagner le pidió una boleta a nombre de SQM que, según los datos que han trascendido, habría servido como aporte a la campaña en la que Joaquín Lavín postuló al Senado en 2009. Es así como esta táctica –que según fuentes cercanas al SII es sólo un volador de luces– habría establecido que “la línea es clara: dejaron fuera el período de campaña”.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautación de documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, que la investigación realizada por Gajardo comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayoría con uno de los mayores escándalos políticos y tributarios que recuerde nuestro país.
En la nómina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, según la investigación de la Fiscalía Oriente, fueron extendidas en 2009, figura María Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de $4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte, específicamente, Tarapacá, Arica y Parinacota. Ante dicha información, Molina aseguró que el servicio fue efectivamente prestado y que “no tiene ninguna vinculación con Fulvio”. Por otra parte, el senador PS aseguró que su asesora no tenía vínculo laboral con él en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el único, en la nómina aparecen también el hijo del diputado DC, Roberto León, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500 mil. El ex embajador está estrechamente ligado a Gutenberg Martínez. A mediados de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofía en la Católica y militaba en la JDC, Martínez ya era dirigente.
Además se encuentran en similar situación el diputado por Curicó Roberto León. Su hijo Roberto León Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. León es diputado desde 1994 e históricamente ha estado en la facción de los “guatones”, como se le conoce en el partido, y que encabezó Martínez junto a otros militantes, como Juan Carlos Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es así como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontró, en un período de un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilícitos y que vinculan a políticos de la Nueva Mayoría, en una situación que puede ser similar a la que está acreditada en Penta respecto del financiamiento de campañas.
Es a partir de estos datos que la división de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tenía dos caminos para ampliar la investigación sobre los eventuales delitos tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo encabezado por el fiscal Carlos Gajardo podía pedir al tribunal una orden de incautación y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009 y 2014, y la otra vía era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta ahora, es sólo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.
Asimismo, se informó que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que componen el listado de 21 boletas, las que serían llamadas a declarar en calidad de testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigación más allá de la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Acelerador y presión que parece quedar en un camino incierto y con una nueva dirección, luego de la decisión informada por la Fiscalía Nacional de Chile, de designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM, que –como se ha señalado– es la que ha ligado a la Nueva Mayoría con uno de los más grandes escándalos que vinculan al mundo del dinero y la política.
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2015
Interponen querella por supuesta falsificación del título universitario de José Miguel Insulza
Fuente: Verdad Ahora.
18 de febrero 2015
18 de febrero 2015
Un empresario chileno de origen canadiense presentó una querella en contra del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, por la presunta adulteración del certificado de licenciatura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, el cual consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
El ex gerente general de la Inmobiliaria Norcan Chile S.A., Clement Ponce Molina, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en compañía de su abogado Daniel Castillo Uslar para solicitar que se investigue al otrora ministro del Interior de Chile por el posible delito de falsificación de instrumento público.
Ponce, quien alega haber sufrido una persecución del ex ministro Insulza en el año 2003 para beneficiar a un competidor en la construcción del campamento Nueva Calama de Codelco, ingresó además una presentación de estudio al Pleno de la Corte Suprema para que retire el título de abogado del militante PS.
Según consta en documentos judiciales que Verdad Ahora tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario de Norcan, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la ciudad de Curicó.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Clement Ponce fue sobreseído de los cargos.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado por la cantidad de $200 millones de dólares, todo gracias a las acciones penales emprendidas por José Miguel Insulza.
En este sentido, se solicitó al gobierno de Canadá que investigara administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
Senadores, diputados y dirigentes enfrentan procesos en la Justicia
Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales
El último mes ha estado marcado por los procesos judiciales que enfrentan senadores como Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar –quién será formalizado por fraude al fisco– y el diputado UDI Felipe de Mussy, quien forma parte del ramillete gremialista cuestionado por el Caso Penta. Según analistas, una ciudadanía crítica, un mayor acceso a la información y un hastío por cómo la clase política dirige al país, cambiaron las condiciones que reinaron en la transición y pusieron un potente foco sobre los movimientos del poder.
Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.
En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.
“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: ‘Esto se presenta al Senado’. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización”, detalló Claudia López a La Segunda.
Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.
Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”, dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.
El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.
Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.
Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.
Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.
Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.
UNA LUPA GIGANTE
Para la directora de investigación e incidencia de la fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, el actual panorama se configura a partir de dos hechos claves: la promulgación de la Ley de Transparencia y la indignación ciudadana con los abusos y la forma de hacer política en Chile: “La ciudadanía está más indignada por el tema de los abusos. Es un tema bastante mundial, yo creo que la ciudadanía está pidiendo más participacion en los asuntos públicos, ya no estamos tan desde afuera, estamos exigiendo más. Más rendición de cuentas, más transparencia”.“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos… todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.
De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.
Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.
Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.
El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los ‘supremazos’ durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.
El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.
“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.
A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.
PUBLICADO POR JUSTICIA EN 7:33 NO HAY COMENTARIOS:
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