Matías Catrileo y el MAPU

 

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El pensamiento social y político de Matías Catrileo, podemos pensar que se formó a partir de varias vertientes, según se puede seguir en la biografía que escribió Fernando Pairicán:

1. La vertiente de la izquierda allendista, representada por su madre Mónica Quezada.
2. El pensamiento crítico y analítico, con formación matemática, representada por su padre y madre.
3. La corriente Punk.
4. La corriente anarquista.
5. La identidad ancestral y las tradiciones entregadas por su laku, abuelo paterno, Valentín Catrileo, mapuche pikunche.
6. El rakiduam mapuche, adquirido en un proceso, acaso de varias vertientes en que confluyen las ideas y vivencias transmitidas por sus padres, el colegio Puelche, amigos mapuche y sus parientes políticos Mariman Catrileo, sus compañeros del curso de mapuzugun del profesor Juan Minchiqueo en 2002.
7. El pensamiento crítico y ambientalista anticapitalista, entregado por su profesor Rubén Carrillo, ex-mapucista, director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Frontera, 2005.

“El pensamiento ácrata fue otra de las matrices de las cuales bebió Matías durante su adolescencia. Como dice Víctor Muñoz, a partir de la década de los 90’ comenzó ‘un nuevo anarquismo’, el que se nutrió de diversas fuentes, como las subculturas y el mundo punk, los grupos armados como MIR, FPMR, MJL, movimientos indigenistas y ecologistas”[1].

“Rubén Carrillo era el director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Frontera en el año 2005, impartía el curso Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable durante el primer semestre, convirtiéndose en un curso troncal y casi el manifiesto social dela carrera. Para sus cercanos, fue uno de los profesores que marcó a Matías durante esos primeros meses en Temuco. Ex militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Carrillo era un pedagogo crítico al modelo económico y sobre todo al modelo extractivista implementado por las forestales bajo la dictadura militar. Bajo los gobiernos de la Concertación, no tan solo se prolongó este modelo, sino también se expandió hacia nuevos espacios territoriales”[2].

“La subordinación de la naturaleza al desarrollo económico fue uno de los principales temas que se abordaban en sus clases, complementadas por terrenos en granjas experimentales de la Universidad de La Frontera. Mario Catrileo, plantea que esto último fue lo que inclinó a Matías por optar a la UFRO en vez de la Universidad Católica de Chile, la puesta en práctica de la teoría universitaria desde el primer año. El docente no quedaba suscrito solamente a la teoría universitaria, su historia de militante, seguramente atrajo a Matías. Carrillo perteneció a la fracción más rupturista al interior del MAPU, encabezada por Óscar Guillermo Garretón, que luego del quiebre de 1971, agregó el subtítulo de Obrero y Campesino. Con la misma convicción que defendió el ala rupturista de la revolución chilena al socialismo, discrepa con el camino que tomaron algunos de los liderazgos de su partido, en especial Garretón, José Miguel Insulza y Enrique Correa. El primero renovado al punto de ser uno de los empresarios más exitoso luego de la revolución capitalista decretada por la dictadura militar, el segundo, Ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, y el tercero un lobbyista”[3].

“Para muchos no era entendible ese giro, más allá de que esa opción sea reprochable, es que muchos murieron con las banderas del MAPU siendo torturados para defender otro tipo de discursos”, señaló Carrillo a Pairican. Sigue éste, “No obstante, rescata la formación intelectual de los miembros del MAPU como una de las características de este partido de cuadros”[4].

“Uno de los aspectos que sorprendió a Carrillo de Catrileo eran sus capacidades intelectuales, su perspectiva crítica, así como sus reflexiones sobre la sociedad, algo novedosas en la carrera y en la generación de Matías, ‘una postura crítica pero que iba más allá de lo que eran los partidos políticos’, dice su docente. Esto generaba discrepancias en sus compañeros e inclusive en algunos profesores dela carrera que encontraban a Matías ‘radical’”[5].

Fuente:http://mapuenlalucha.blogspot.com/2016/07/apoyo-campamento-el-esfuerzo-de-conchali.html

Pairican comete errores al reseñar al MAPU. El quiebre del MAPU en dos fracciones tuvo lugar en marzo de 1973, y Garretón se mantuvo al mando del sector que conservó el nombre original, siendo el otro sector, conducido por Jaime Gazmuri, el que habiendo perdido el conflicto judicial por el nombre del Partido, llevado ante el servicio Electoral, tuvo que modificar el nombre, al que agregaron “Obrero y Campesino”. Este aditivo aun en el presente genera confusión entre la gente, que cree que el PMOC, por ser “Obrero y Campesino”, sea más radicalizado y proletarizado que el MAPU.

El autor de la biografía de Matías analizó correctamente la influencia que tuvo un mapucista en la opción revolucionaria del joven mapuche. Tiene el mérito de que no invisibiliza al MAPU, sino que lo menciona con todas sus letras, a diferencia de lo que hace la seudointelectualidad postdictatorial, que omite hablar del MAPU. Hay sólidos indicios de que hay una censura tácita de los poderes fácticos en contra del hecho de mencionar a este Partido: una acción planificada para intentar borrarlo de la memoria de las clases y de los pueblos oprimidos por el capitalismo.

Podemos imaginar que el nombre del Partido, con su doble significado y su historial de lucha por la tierra, por los indígenas y por el campesinado, y su figura icónica, Lautaro, han sido para varias generaciones de jóvenes populares, un símbolo de resistencia y de lucha contra la figura de un imperio opresor. Lamentablemente, la reconstrucción del MAPU, emprendida en un primer ciclo, 1999-2001, y reemprendida en forma sostenida desde noviembre de 2007, llegó demasiado tarde para haberse constituido en alternativa de militancia para un joven como Matías Catrileo, quien asumió su participación en la Coordinadora Arauco Malleko en el mismo año 2007.

Han pasado más de diez años desde la muerte de Matías y desde el inicio de la reconstrucción del MAPU. Creemos que el tiempo seguirá corriendo en contra del proyecto de organización del anticapitalismo en la perspectiva de dejar la defensiva y pasar a la ofensiva, si no hay una fuerza anticapitalista con voluntad de hacerlo y además con suficiente arraigo en las clases populares y movimientos sociales contrarios al modelo capitalista y dependiente, que impera en el país. El MAPU debe ser parte protagónica de ese proceso, debe considerarse un destacamento proletario con raíces originarias y multiculturales, integrado al conjunto de fuerzas que tienen un objetivo común, el mismo por el que cayeron antes de ayer Lefxaru y Miñchemapulongko, ayer Lincoyan Huenul y en nuestros días Lemun y Kaxilew.

Las madres de Ariel Antonioletti, de los hermanos Vergara Toledo y de Matías.

Son un ejemplo para much*s compañer*s 

que a los 50 se van a sus cuarteles de invierno y "no quieren más guerra".

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[1] Pairican, p. 87. Cita a Víctor Muñoz Cortés, Sin Dios ni patrones. Historia, diversidad y conflictos del anarquismo en la región chilena (1890-1990). Ediciones Mar y Tierra, pp. 6 y 87.

[2] Pairican, p. 116.

[3] Ibíd., 116-117.

[4] Ibíd., 117. En la cita de Carrillo, transcrita por Pairican, parece haber algún error de sintaxis, pero se entiende la idea de la inconsecuencia entre los traidores, agravada por la consecuencia de los que murieron por defender las mismas ideas.

[5] Id., ibíd.

MADRE, EN TU DÍA

Día inventado por el comercio, para mercantilizar el aniversario justo, debido y honesto de l*s hij*s a sus madres.

En décadas anteriores, cuando el neoliberalismo no se experimentaba en Chile, el Día de la Madre era en primavera, como parte de la Semana del Niño.

No avalamos el negocio, pero ya que much*s hij*s están expresando su cariño a las mamás (y a las hijas-mamás, hermanas-mamás, amigas-mamás) nosotros también aquí pensamos en la mamá de Ariel, la mamá de Pancho, de los Carlos (Carrasco, Godoy), de los y las Maureiras, Alcayagas, Recabarren, Vergara Toledo; en las pu ñuke de Lemun, Katrilew, Wentekura, Mendoza Kolliw, por nombrar algunas de tantas compañeras, pu lamgen, pu ñuke, mamakuna, kullakanaka, que fueron madres en la adversidad, en la soledad, en la angustia, pero no en el olvido. Aquí están, aquí estamos, aquí seguiremos en la lucha: por la Mapu, por la Ñuke Mapu, y por todos sus hijos e hijas.

Saludo llegado:

Mañana es el día de la madre y a través tuyo les hago llegar a las madres de los desaparecidos, presos y ejecutados

mi respeto y gratitud por haber dado a luz a héroes de nuestra  historia de  libertad y dignidad.

Un abrazo a esas madres que se angustian al no poder darle el pan diario a sus hijos;

a esa madre maltratada  y que ve a sus peques sin ayuda sanitaria, sin escolaridad. A esas chilenas que siguen revelándose ante la injusticia

y que salen a las calles exigiendo derechos pisoteados y leyes más justas.

Un abrazo grande y solidario,

Victoria

Elena Muñoz de Maureira con algunos de sus hijos 

Madres que luchan toda una vida

Guillermina Zepeda de Alcayaga, hijas y familiares

Ana González de Recabarren

Ana María Antonioletti, Luisa Toledo y Mónica Quezada,
madres de Marcos Ariel Antonioletti, hermanos Vergara Toledo y Matías Catrileo Quezada
(Foto: Unidad MPT)

Laurisa Rosales, madre de Jenny Barra, y compañeras de la AFDD

Cecilia Bahamonde, madre de Silvio Francisco Bettancourt

Norma Matus, madre de Carlos Carrasco Matus

Elena Muñoz de Maureira
(Foto Rodolfo Palominos, flickr.com)

Paulette, madre de Héctor Alejandro Venegas Gauthier (Jano)

El terrorismo en perspectiva histórica y regional

LUIS THIELEMANN H.

 Historiador

12 de septiembre de 2014

En una columna publicada por El Mostrador el día 10 de septiembre, Roberto Meza intenta dar con una explicación del discurso del terror o del terrorista (que para él son lo mismo). Comienza con un argumento de autoridad (“Se afirma que…”) y a lo largo de todo el escrito cita a “los estudiosos”, pero sin indicar a ninguno de ellos, sin citar fuente alguna para construir su argumento sobre el terrorismo. Además de esta carencia de fuentes teóricas o primarias, a lo largo de todo el texto se habla del terrorismo como un genérico actor social que viene de ninguna parte, de un afuera no identificable, y que por su psicología particular, está fuera también de toda sociedad. Para el señor Meza: “Se trata de un fenómeno epocal, que se ha instalado en todo el mundo y que Chile había venido experimentando en forma larvaria, hasta este punto de inflexión del 8 de septiembre, cuando el monstruo, parido desde las entrañas de la insatisfacción vital, ha dado infaustamente su primer y espantoso vagido”. Me parece que este escrito, y similares posicionamientos de actores y políticos locales, además de una melodramática floristería lírica, presentan varios errores, exageraciones y desajustes con lo que ha sido el terrorismo en Chile y América Latina. El objetivo principal de este texto, más allá de discutir algunos puntos menores con el señor Meza, es situar el terrorismo en el justo lugar y dimensión que tiene en la historia y sociedad chilena y latinoamericana.

I

Comencemos por la pregunta: ¿qué ha sido el terrorismo en la historia? Hay dos formas de responder a esa pregunta. La primera responde a las categorías de distinción en la historia de la violencia política. La segunda, con el uso político de la categoría terrorismo. Desde la primera forma, terrorismo es un tipo de violencia destinada a obtener ganancias de fuerza política mediante la intimidación de la población civil. Esta definición implica dos elementos que es importante explicar bien: a) el que la violencia obedece a razones; y b) que necesariamente los objetivos del acto deben ser civiles.

a)    Decimos que en el terrorismo la violencia es racional pues implica un uso adecuado a fines. Esto puede ser difícil de tragar, pero con toda la brutalidad y el desquiciamiento que implica, por ejemplo, volar un auto en plena calle o quemar vivos a dos jóvenes en Estación Central, eso no es una volición presa de la locura desatada de un demente, sino un acto que busca fines precisos: intimidar a un colectivo humano, anunciarle que la muerte, o actos peores, acecha desde cualquier lugar y a toda hora, pero siempre y cuando no se cumplan los deseos del actor que intimida. En un libro sobre el nazi Adolf Eichmann y su juicio en Jerusalén en 1960-61, Hannah Arendt reflexionó sobre el burócrata, el agente, el funcionario de la violencia terrorista. El Eichmann que describió Hannah Arendt es un tipo “normal”, no un sanguinario psicópata ni un fanático nazi, sino una pieza, “banal”, de una maquinaria de exterminio cuyos fines estaban determinados por objetivos, por intereses directos y generales, de colectivos humanos identificables (los industriales y la nobleza alemana, en ese caso). En resumen, el terrorista no es un loco, o bien puede serlo y no ser importante, su acción no es una locura, sino que un acto racional, que se adecúa a esos fines, y que por muy terrible que sea, le sirve a un interés determinado. Establecer ello es muy importante a la hora de analizar la violencia, pues el atribuir un estado especial de maldad al funcionario de la violencia, termina por perdonar la maquinaria institucional de la violencia y el sector social que la organiza para sí.

b) Que los objetivos deben ser civiles es algo fundamental en el uso de la categoría terrorismo, pues si los objetivos fuesen determinados personajes políticos beligerantes o grupos que han asumido la categoría de beligerante, estamos ante violencia política en cualquiera de sus grados. Si la violencia política es entre grupos que se disputan el control del Estado y los objetivos del acto buscan alcanzar esa meta, directamente, por la vía de someter al enemigo y sin necesidad de convencer a mayorías electorales o efectivas en una lucha ciudadana o social, entonces eso es una guerra civil. El terrorismo, para ser tal, implica que sea contra objetivos civiles. El terror es precisamente para afectar el estado de ánimo de la población civil o para usarla como costo para los gobiernos, de cualquiera de las dos formas su objetivo no es hacer daño, sino que mediante el daño alcanzar un objetivo (ya dijimos que es racional). Es por ello que Robespierre, Marat y los Jacobinos entendieron que debía morir Luis XVI, no para reemplazarlo, sino para mostrarles a los franceses que era posible cortarle la cabeza al rey, y a muchos otros nobles, y que no iba a venir dios alguno a la tierra a vengar la revocación de su voluntad. Lo mismo en el acto de los bolcheviques al cortar toda semilla de los Romanov: no se busca aterrorizar a los nobles, sino a los rusos, declarando que ya no había vuelta atrás en la revolución después de matar a la familia designada por dios y la sangre para gobernarlos. Con el asesinato de las familias reales y de otros colaboradores de los regímenes depuestos, civiles, el terror revolucionario dejó en claro que estaba dispuesto a todo.

La segunda forma de definir terrorismo es como un epíteto. Toda violencia política que nos sensibilice demasiado es tachada de “terrorismo”: desde una bomba de ruido hecha por adolescentes hasta una portada de un diario. Es claro que no debemos profundizar en este uso, salvo para decir que si la categoría no discrimina los hechos de violencia política, unos de otros, entonces no sirve. A menos que se use, como ha sido estos días, como arma arrojadiza a cualquier rebeldía o a cualquier insubordinación.

II.

Pero detengámonos un momento en lo dicho por el señor Meza, en la construcción misma de su idea de terrorismo, ya que es importante hacerlo en estos días de una interesada confusión dirigida por la gran prensa. Dejemos a un lado los rudimentos de sicología que se ofrecen en el texto y centrémonos en la teoría política. ¿De dónde obtienen –Meza y los demás– esa definición de lo que es y ha sido el terrorismo? Pues hay dos formas de definir un fenómeno social: por las generalidades de su comportamiento pasado (lo que ha sido) y por las formas de su comportamiento presente (lo que es). Como casi nadie, tampoco el señor Meza, indica de dónde proviene su teoría y explicación de qué es y qué ha sido el terrorismo en Chile y el continente, es difícil saber a qué lugar y tiempo se refieren. Entonces, partamos por una hipótesis al respecto: casi todo lo dicho sobre el terrorismo desde el 8 de septiembre, sobre todo en el texto de Meza, está basado en una definición genérica de terrorismo, dada por los hechos ocurridos en Europa y Estados Unidos, a lo más Oriente Medio, pero no calzan en la historia de Latinoamérica, no en su historia moderna. En los dos siglos de historia republicana del continente casi no ha habido terrorismo desde los grupos subalternos, no han existido grupos que hayan tenido “impulsos suicidas” a los que les “place coquetear con la muerte”, por lo tanto, no sé a qué terrorismo se refiere Meza cuando habla de él con tanta experticia.

III.

Porque, y entremos a lo importante, en este continente ha existido mayoritariamente sólo un tipo de terrorismo (sí, hay más de un tipo, algo más complejo que “el terrorista”, así, en singular), el Terrorismo de Estado. En Sudamérica los momentos de mayor violencia tuvieron que ver con el sometimiento de poblaciones indígenas por el Estado (o sea, las instituciones civiles y armadas del orden social específico, que en la región ha sido dominantemente oligárquico), las guerras civiles (por lo tanto, entre fracciones del Estado), y la represión a las organizaciones de izquierda y sociales populares en los largos años 60 del siglo XX. Casi no se cuentan en este período ataques a civiles de parte de organizaciones armadas no estatales, y es claro entre quienes han estudiado ese tema que nunca fue ese su objetivo. Ni siquiera es un tema claro para la organización típica a la hora de buscar terrorismo en el continente, a saber, las FARC en Colombia. Sólo los países de la órbita norteamericana se han allanado, desde 2008, a otorgarle un estatus político de “terrorista” a dicho grupo, y, con justicia para los hechos, el gobierno de Chile no se cuenta entre los mismos. Sendero Luminoso, tal vez el grupo más violento que haya existido entre las organizaciones armadas del continente, es definido como “terrorista” por el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, aunque haciendo la salvaguarda importante de que ese terrorismo se escondía en un discurso de violencia revolucionaria (algo muy distinto a lo mencionado por el señor Meza), y que se dio en una situación de guerra civil. Allí se destaca que en el enfrentamiento del Estado a Sendero Luminoso se “produjeron masivas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado”. Otros grupos políticos armados del continente, como el ELN en Colombia, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el ERP en Argentina, no han sido considerados terroristas por los politólogos e historiadores. Más bien son identificados con vanguardias armadas, guerrillas urbanas o incluso, para el caso de los Tupamaros, un grupo de arte político como indicó el artista e intelectual Luis Camnitzer.

Así, salvo el caso de Sendero Luminoso y con las enmiendas mencionadas, el terrorismo en América Latina hay que buscarlo no entre los grupos de la izquierda armada, no entre ese tipo ideal que dibuja el señor Meza y tantos otros, llenos de esa necesidad provinciana de tener una historia parecida a la de los países del norte (o más bien, a la que cuentan las películas de allí, con terroristas y ‘John McClane’ por doquier). Así, podemos decir algo aceptado entre los cientistas sociales e historiadores del continente: el terrorismo en América Latina ha sido mayoritaria y abrumadoramente estatal.

IV

A esta definición del terrorismo como principalmente estatal en el continente, debemos agregar que no ha sido en cualquier momento del Estado, sino que en ciertos momentos donde éste reafirma su carácter de clase, su afinidad y funcionalidad para un grupo social privilegiado, a la vez que contra otros grupos sociales subalternos. No sólo ha sido mayoritaria y abrumadoramente estatal, sino que además ha sido propio de los gobiernos, de hecho o de derecho, apoyados o sostenidos por la oligarquía. Este carácter social del terrorismo de Estado es sostenible además desde la constatación de que los objetivos han sido siempre grupos subalternos y que han cuestionado dicha dominación oligárquica: indígenas, sindicalistas, pobres del campo y la ciudad, militantes de izquierda, minorías sexuales, sacerdotes obreristas, etc. Basten algunos ejemplos: en toda su historia el ejército chileno ha matado más trabajadores chilenos que soldados peruanos, argentinos y bolivianos juntos. La Fuerza Aérea de Chile sólo ha tenido dos acciones armadas reales: el ataque a la escuadra sublevada en 1932 y el bombardeo a La Moneda en 1973. Al parecer Gustavo Leigh quiso realizar una tercera: bombardear la población La Legua, en el sur de Santiago. Afortunadamente no pudo Leigh agrandar tan lustroso registro. El terror en Chile, el uso de la violencia, no buscó exterminar a la izquierda, sino mediante el asesinato de casi toda la primera línea de dirigentes del Movimiento Popular, se buscó amedrentar al resto del país, a ese millón y seiscientos mil votantes que tuvo la izquierda en 1973. Lo mismo puede decirse en todo el cono sur: la figura del militante era atacada como lo peor del país, un cáncer a extirpar con violencia brutal, y tan víctimas como aquellos que fueron lanzados dentro de barriles con cemento al Río de La Plata, son sus amigos y familiares que sintieron la desaparición como un sinfín de posibilidades horrorosas a modo de advertencia sobre lo que podía ocurrirle a quien intentase luchar. El Estado, mediante el terror, disciplinó las rebeldías sudamericanas de los 60.

Esta explicación no es un relato que haga síntesis a posteriori, sino que era una idea consciente antes incluso que se desataran las dictaduras en el Cono Sur. En la Conferencia de los Ejércitos Americanos realizada en Buenos Aires, en 1966, el dictador trasandino Juan Carlos Onganía propuso crear formalmente una fuerza permanente interamericana de defensa, con capacidad de actuar contra el enemigo subversivo. Quien impidió esto fue el general René Schneider, que aún no asumía como jefe del Ejército chileno, y que sería asesinado en 1970 por agentes ligados a la ultraderecha, a la CIA y al mismo ejército. Esta idea venía dada por los aprendizajes de la Escuela de las Américas, institución norteamericana formadora de terroristas de Estado, torturadores y agentes especializados contra la izquierda radical y los luchadores sociales, donde pasaron muchos oficiales sudamericanos desde 1946 y especialmente en la década de 1960. El terrorismo de Estado en Sudamérica fue, además de oligárquico, organizado conscientemente como tal, y la tortura, desaparición y asesinato como método de aterrorización de la población civil fueron organizadas con premeditación. No vale pensar tales acciones como locuras o demencias, tampoco como fanatismos ideológicos propios de un contexto, sino como crímenes útiles a civiles que los financiaron y organizaron y que hoy permanecen sin recibir sanción social o judicial por ello.

Ante ello, el intento de crear guerrillas urbanas, grupos armados de ataque o de autodefensa, parece como una leve resistencia. En el enfrentamiento armado a la dictadura, en los Tupamaros del Uruguay o en el intento de guerra civil emprendido por la izquierda y el peronismo en la Argentina, no hay un objetivo de intimidar a la población civil. Lo que hay allí es una violencia política directa, antagonista, que buscó derrotar militarmente (o político-militarmente) a sus enemigos. Así, cualquiera que hable de “el terrorista” o de su “discurso” o “psicología”, debe definir a qué terrorismo se refiere, y en el caso de Sudamérica, asumir bajo el peso de los hechos reales que el terrorismo ha sido mayormente de este tipo: oligárquico y estatal.

V

En el específico caso chileno, el terrorismo se ha generado en el Estado con una exclusividad superior a casi todos los demás países del continente. De la misma forma, el carácter oligárquico de ese terrorismo de Estado es el más marcado. La lucha armada generada por grupos de izquierda radical, como el MIR, o la autodefensa armada del FPMR no alcanzan para ser catalogadas de terrorismo. 

Según Gabriel Salazar, han habido sólo tres actos dignos de ser catalogados de terroristas y que vengan desde la sociedad civil en la historia de Chile: el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, en 1971, el asesinato de Carol Urzúa, en 1983, y el asesinato de Jaime Guzmán, en 1991. 

La bomba del 8 de septiembre de 2014 no puede considerarse el cuarto, pues no sabemos quién lo hizo ni por qué. En cambio, por parte del Estado oligárquico, el mismo Salazar parte con un larguísimo conteo de acciones terroristas: el asesinato de Manuel Rodríguez; los fusilamientos por parte de Portales a los jóvenes de Curicó; el asesinato a hachazos a los oficiales prisioneros en la batalla de Lircay, por orden de Joaquín Prieto; el descuartizamiento de los oficiales demócratas que se rebelaron en Quillota contra Portales; los fusilamientos a opositores en el gobierno de Manuel Montt; las ocho masacres de trabajadores de comienzos del siglo XX, hasta 1930 (especialmente la de Santa María de Iquique, donde el ejército mató en tres minutos igual cantidad de trabajadores que soldados chilenos muertos en toda la Guerra del Pacífico); las masacres del siglo XX, como las de Copiapó, Ranquil, del Seguro Obrero, Plaza Bulnes, Santiago en 1957, de la Población José María Caro, de los obreros de El Salvador, de Pampa Irigoin, todas en los 60, y para qué mencionar las decenas de miles de torturados, los miles de ejecutados y desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet y de la oligarquía. Sumemos a ellos a Daniel Menco, asesinado por la policía en 1999, a Matías Catrileo, bajo iguales victimarios en 2008, y al crimen terrorista más horroroso ocurrido en democracia: el asesinato de Manuel Gutiérrez, un niño de 14 años, víctima de las balas disparadas por carabineros la noche el 24 de agosto de 2011. ¿Habrá algo más terrorista que asesinar a un niño con balas disparadas a modo “de advertencia”?

Como dice el mismo Salazar: “En doscientos años de historia, no han sido las autoridades del Estado (o del Mercado) las que han sido víctimas notorias de la violación de derechos humanos por parte de ‘la soberanía’ popular, sino por miles y miles, el mismo pueblo-ciudadano de Chile a manos de estas autoridades”.

En el uso puntual de bombas contra blancos civiles, la asimetría entre acciones civiles y acciones del Estado se vuelve aún más radical. El FPMR, el Lautaro y el MIR llevaron a cabo este expediente como instrumento de ataque directo a las fuerzas armadas y de orden, por lo que se asumen como fuerzas beligerantes y no terroristas. Las bombas reivindicadas por los anarquistas insurreccionalistas han sido siempre contra blancos deshabitados, y por mucha lírica de la violencia liberadora que pudiera haber en sus panfletos, están más cerca de constituir una vanguardia estética que una organización terrorista. Es más, tristemente, sus únicos blancos han sido ellos mismos, en una ocasión con consecuencias de muerte. Por el lado del Estado, la dictadura tiene varios ejemplos: los asesinatos de Prats y de Letelier organizados por la DINA y Manuel Contreras, usando el mismo tipo de bomba. El intento de asesinato por el aparato internacional de la DINA y con colaboración de fascistas italianos, de Bernardo Leighton y su esposa. Probablemente uno de los usos de bomba más macabros por parte de agentes del Estado ocurrió el 12 de diciembre de 1984, cuando la estudiante de Psicología de la UC y militante del MIR, Alicia Ríos Crocco, fue asesinada con una bomba instalada por la CNI en su bicicleta y que estalló mientras ella pedaleaba. Los días siguientes sus compañeros fueron detenidos, allanados e interrogados, también por agentes del Estado.

Esta asimetría en el uso del terrorismo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las de la izquierda y el movimiento popular, es expresiva a su vez de una asimetría mayor, la del uso de la violencia política en Chile. En otra oportunidad hemos hecho revisión al disciplinamiento histórico de la violencia desde las clases propietarias, la ausencia de toda tradición de “pueblo armado” entre los sectores populares en Chile y el terror de la élite ante fenómenos de soberanía desde los sectores populares, al que históricamente ha respondido con terrorismo estatal, de su Estado.

VI

De esta forma, creemos que hay mejores formas de reflexionar sobre la violencia política y el terrorismo en Chile. No es correcto ni educativo ni comunicador el festín alarmista y tendencioso que ha realizado la gran prensa a partir del bombazo del 8 de septiembre en el Metro de Santiago. Tampoco una vinculación rápida de los hechos con el terrorismo como tipo de violencia política, sin saber aún qué y quiénes están detrás de la bomba. La historia concreta de la violencia en Chile está lejos de darles la razón a quienes han achacado burda e interesadamente toda violencia posible a la izquierda radical o los movimientos sociales en lucha. Más bien, cabría preguntarse, serenamente, desde qué sectores del Estado y la sociedad ha venido la peor de las violencias y su uso disciplinador mediante el terror. También, preguntarnos con sinceridad qué razones ha tenido la violencia política en nuestra historia, a quién ha beneficiado y, ya que sabemos mucho de los anarquistas y fantasmas varios, cabe hacerse una última pregunta que da escalofríos de sólo pensarla: qué han hecho en estos veinticuatro años de gobiernos civiles los miles y miles de agentes del Estado especializados en terrorismo y fanatizados de anticomunismo. Sea como sea, el terrorismo debe ser medido sobre la base de la historia real de la región y de Chile. Con definiciones en abstracto, sicologizantes, o usando el concepto como bala de cañón, sólo se confunde en momentos en que se debe ser claros para no allanar el camino al autoritarismo y la violencia represiva. Así, debemos ser claros en nuestra historia concreta: el terrorismo en Chile ha sido principalmente de Estado, y ese Estado no es un significante vacío en la historia, pues su violencia ha tenido predominantemente una sola dirección, a saber, sobre la izquierda y las clases populares y sus organizaciones.

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Velatón por la causa mapuche

En escalinatas de la Biblioteca Nacional, Santiago, se manifestaron más de 150 personas por la causa mapuche, exigiendo reparación al pueblo mapuche, libertad a todos los prisioneros, autonomía para los pueblos originarios, fin a la represión y a la militarización del territorio wallmapuche, no a ley Hinzpeter y otras demandas. Se exigió una vez más verdad y justicia ante los asesinatos de comuneros mapuche (Lemun, Wentekura, Katrilew, Kolliw) y de jóvenes populares como Manuel Gutiérrez.

Luego de leer la carta suscrita por numerosas organizaciones populares de la Región Metropolitana, y algunas intervenciones de representantes y público presente, se realizó una velatón por las demandas planteadas.

Declaración organizaciones sociales sobre Conflicto en la Araucanía 

Las organizaciones abajo firmantes, ante el recrudecimiento de la violencia ejercida por el estado chileno en contra de las comunidades y el territorio Mapuche, declaramos:

1) Históricamente, desde que se constituyó el Estado chileno, el eje vertebral de su política hacia los pueblos originarios ha sido el genocidio, el despojo y la negación.

2) En el caso específico del pueblo Mapuche, la implementación de las políticas neoliberales ha significado la agudización del despojo de este pueblo para instalar proyectos de explotación de los recursos naturales del territorio Mapuche, a través de empresas forestales, energéticas, mineras y pesqueras, entre otras.

3) El modelo neoliberal ha sido sostenido por una institucionalidad elaborada en dictadura y perfeccionada por los gobiernos post dictadura.

4) Frente a esta realidad, la legítima resistencia al modelo y la institucionalidad por parte de las organizaciones Mapuche ha tenido por respuesta por parte del Estado el incremento de la represión, la militarización del territorio, asesinatos, prisión y torturas.

Frente a este escenario, debemos movilizarnos y sensibilizarnos como sociedad, entendiendo que la solución es “política” y no “policial, militar ni jurídica”. Para ello proponemos:

- Dejar sin efecto la aplicación de la Ley Antiterrorista

- Dejar sin efecto los juicios y encarcelamientos de todos los presos políticos

- Frenar la implementación de nuevas políticas represivas como la ley llamada “Hinzpeter” y el retiro inmediato de las fuerzas policiales, militares y de inteligencia del territorio mapuche, terminando con el estado de sitio de facto.

- Aplicación de todos los convenios y tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos, aplicación de la justicia y término de la impunidad

- De manera especial, exigimos la aplicación plena del convenio 169 de la OIT, ratificada por el Estado chileno

- Generar las condiciones para un diálogo permanente con el Pueblo-nación mapuche con la participación de la sociedad civil,historiadores, observadores internacionales, entre otros, que avance hacia el pleno respeto y ejercicio de sus derechos en la perspectiva de un Chile plurinacional

- Hacemos nuestro el llamado humanitario, para contribuir al término de la Huelga de hambre de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, del grupo de 12 personalidades académicas y sociales de público reconocimiento

- Solicitamos de manera enfática la vista urgente del relator de las Naciones Unidas para los Pueblos originarios James Anaya, así como de organizaciones internacionales de carácter humanitario como la Cruz Roja Internacional, a quien le pedimos instalar un puesto de trabajo en Wallmapu, territorio Mapuche

- Demandamos el término de la intervención política de personeros de gobierno y del parlamento que a través de los medios de comunicación estimulan y promueven la acción armada de grupos paramilitares, la movilización ilegítima de grupos de presión empresariales como la realizada por los camioneros, y el indebido y permanente emplazamiento al poder judicial para que abandone su independencia y rol garante de los derechos humanos

Finalmente, llamamos al pueblo de Chile a solidarizar activamente con el Pueblo Mapuche, rompiendo la insensibilidad y el individualismo en favor de la vida.



FIRMAN:

Federación de Estudiantes Universidad de Chile

Federación de Estudiantes Universidad Católica

Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María Campus Santiago

Federación de Estudiantes Universidad del Bío Bío Concepción

Federación de Estudiantes Universidad de Santiago

Federación de Estudiantes Universidad de Concepción

Federación de Estudiantes Universidad de La Serena

Federación de Estudiantes Universidad Alberto Hurtado

Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso

Federación de Estudiantes Universidad Bernardo O’higgins

Federación de Estudiantes Universidad Santo Tomás Viña del Mar

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios

Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios

Comité Iniciativa 40 años de Resistencia, Lucha y construcción

Comisión Ética contra la Tortura

Colectivo 119, Familiares y compañeros

Corporación 3 y 4 Alamos

Casa Memoria José Domingo Cañas

Memoria Feminista

Memorial Nido 20

Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo

Sindicato de la ACHS

Lonko Kilapán

Izquierda Comunista

Brigada Salvador Allende BRISA

Colectivo Teoría y Lucha BRISA

Colectivo EPU BRISA

Colectivo Raco BRISA

Colectivo Plomo BRISA

Colectivo BRISA Talca

G80 / Generación 80

Agrupación Nacional de Ex-Presos Políticos

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Coordinadora Nacional de Ex-Presos Político

CUARTA DECLARACIÓN DE HISTORIADORES RESPECTO DE LA CUESTIÓN NACIONAL MAPUCHE

Al igual que en enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando emitimos sendas declaraciones a propósito de los asesinatos por la espalda de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío perpetrados por las fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración queremos expresar nuestra preocupación y punto de vista por los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía que concluyeron con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y desataron una serie de allanamientos a diversas comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente:

1. Los hechos de violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Mediante una prolongada campaña militar, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asistenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos.

2. No obstante esta comprensión de las causas estructurales de la violencia en la Araucanía, lamentamos la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo modo como lamentamos toda pérdida humana, pero advertimos a la opinión pública que no es justo criminalizar a todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones representativas de dicho pueblo. En este sentido, coincidimos plenamente con una reciente Declaración emitida por un grupo de destacados investigadores mapuches especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades cuando señalan: “Creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. Refuerzan la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones políticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”.

3. Consideramos que solo un cambio radical de la posición del Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile. También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural.

Igualmente se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos políticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de la militarización de la Araucanía y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de los Derechos Humanos.

4. Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo con sentido de identidad propia y el derecho a lograr una mayor participación en la gestación de las políticas que consideren apropiadas para impulsar su desarrollo.

5. Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que opone al Estado de Chile y los empresarios de la Araucanía, por un lado, y el pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. Negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico.

La Araucanía - Santiago, 19 de enero de 2013.

Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.

Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012.

Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas

de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Fabián Almonacid, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción.

Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Universidad de Los Lagos, Osorno.

Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

Mario Garcés Duran, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.

Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar.

Juan Ñanculef Huaiquinao, Jefe Unidad de Cultura y Educación CONADI Dirección Nacional –Temuco.

Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile).

Florencia E. Mallon, académica de University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales.

Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania.

Fernando Pairicán, Magíster © Universidad Santiago de Chile.

José del Pozo, académico de la Université de Québec à Montréal (UQAM), Montreal, Canadá.

José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas.

Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena.

Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Sergio Caniuqueo Huircapan, Magister © Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Comunidad de Historia Mapuche.

Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso.

Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Margaret Power, académica del Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.

Pablo Aravena Núñez, académico de las universidades de Valparaíso y Viña del Mar.

Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos.

Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales.

Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones.

Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar.

Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Jorge Magasich, académico del Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) de Bruselas, Bélgica.

Bernardo Subercaseaux, académico de la Universidad de Chile.

Carlos Ruiz Rodríguez, académico del Instituto Profesional Chile, Carrera de Educación General Básica, Campus San Joaquín.

Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Milton Godoy Orellana, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Claudia F. Rojas Mira, Dra © en Estudios Americanos especialidad Historia, IDEA,

Universidad de Santiago de Chile.

Claudio Pérez, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico.

Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile.

Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso.

Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

María Eugenia Albornoz Vásquez, Dra. © de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

Enrique Fernández Darraz, académico de la Universidad de Tarapacá, Santiago.

Robinson Silva Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile.

Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.

Carlos Mondaca Rojas, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

César Cerda Albarracín, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Daniel Palma Alvarado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Pedro Bravo Elizondo, académico de Wichita State University, Wichita, Kansas, Estados Unidos.

Mario Valdés Vera, académico de la Universidad de Concepción.

Ricardo López, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Francisca Giner Mellado, académica de la Universidad de las Américas.

Jorge Iturriaga, Dr. en Historia Pontificia Universidad Católica.

Alfredo Lastra Norambuena, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Polonia.

Luis Corvalán Márquez, académico de la Universidad de Valparaíso.

Luis Cruz Salas, investigador independiente.

Viviana Gallardo Porras, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Mathias Ordenes Delgado, académico de la Universidad Católica de Temuco.

Carlos Gabriel Alfaro Hidalgo, académico de la Universidad Católica del Norte.

Jorge Rivas Medina, académico de las Universidades ARCIS y UCINF.

Michael Reynolds, académico de la Universidad de Chile.

María Soledad Jiménez Morales, académica de la Universidad Alberto Hurtado.

Ricardo Vargas Morales, académico de la Universidad ARCIS Sede Concepción.

Viviana Bravo Vargas, académica de la Universidad Autónoma de México, México.

Gina Inostroza Retamal, académica de la Universidad ARCIS, Sede Concepción, integrante Corporación Instituto Mujeres del Sur (ONG).

José Luis Cifuentes Toledo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Danny Marcelo Ahumada Vargas, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Pablo Artaza, académico de la Universidad de Chile.

Carolina Andaur Marín, académica de la Universidad Viña del Mar.

Patricio Herrera González, Doctorando en Historia de El Colegio de Michoacán, México.

Martín Correa Cabrera, investigador independiente.

José Luis Tasso Valdés, académico de la Universidad UCINF.

Manuel Andrade Valenzuela, Comisión Ética Contra la Tortura.

Eduardo Godoy Sepúlveda, Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.

Rodrigo Henríquez Vásquez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Paulina Peralta, Editora de textos escolares de Historia y Ciencias Sociales.

Bárbara Chiu Stange, profesora de Historia.

Juan Guillermo Muñoz Correa, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Víctor Muñoz Cortés, Santiago, investigador independiente.

Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos IDEA-Universidad de Santiago de Chile, Becario CONICYT.

Hernán Delgado, académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno.

Lucía Valencia Castañeda, académica Universidad de Santiago de Chile.

Isabel Jara, académica de la Universidad de Chile.

Xochitl Inostroza, Dra. © en Historia, Universidad de Chile.

Alberto Harambour Ross, académico de la Universidad Diego Portales.

Isabel Möller, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Daniel Madariaga Arias, profesor de Historia.

Gustavo Martin Montenegro, professor del Holy Spirit College de Wollongong, NSW, Sidney, Australia.

Luis Azúa, Licenciado en Historia, París, Francia.

Dina V. Picotti, académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Mario Matus González, académico de la Universidad de Chile.

Armando Chaguaceda, académico de la Universidad Veracruzana (México) y Coordinador de Grupo de Trabajo de CLACSO.

James Cockcroft, académico jubilado de la State University of New York, Estados Unidos.

Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile.