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domingo, 5 de abril de 2015

La red de protección de Ponce Lerou: traidores a la izquierda, demócratagusanos, pinochetistas, todos unidos...

Escrito por Manuel Salazar
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 825, 3 de abril, 2015
No parece una coincidencia que los protagonistas de los llamados “casos Penta y SQM” -convertidos en paradigma de la corrupción- provengan de las entrañas de la dictadura militar. Todos ellos ayudaron a construir el modelo económico neoliberal. Más tarde, cuando se vislumbró la recuperación de la democracia, se apropiaron de las empresas del Estado, se atrincheraron en sólidos grupos financieros y estructuraron un sistema político que les permitiera evitar que se investigaran los métodos con los cuales se enriquecieron.
Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador, se rodeó a partir de 1990 de conspicuos ex ministros de la dictadura militar, a los cuales incorporó al directorio de Soquimich y las sociedades que controlaban el holding de la mayor empresa minera no metálica del mundo. Pero pocos años más tarde, empezó a sumar figuras de la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, hoy Nueva Mayoría. Su actual asesor estratégico es el ex ministro Enrique Correa Ríos y sus vínculos político-financieros se extienden sobre todo hacia los partidos Socialista y Demócrata Cristiano.

En 1990 el directorio de Soquimich lo integraban Julio Ponce Lerou, Patricio de Solminihac, Michael Kisch, Juan Rassmuss, Tomás Simunovic, Sergio de Castro Spikula y Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriega. Ese año, el periodista Emilio Filippi, director del diario La Epoca, y el ministro de Minería y ex senador DC, Juan Hamilton, vendieron la revista Hoy a Marcelo Rozas, también DC e integrante de un grupo partidario conocido como “los salvadoreños”, porque trabajaron en El Salvador asesorando al represivo gobierno del democratacristiano José Napoleón Duarte (1984-89), responsable de graves violaciones de los derechos humanos. “Los salvadoreños” eran muy cercanos a Gutenberg Martínez, ex presidente de la DC y de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina (ODCA)(Nota 1). 
Martínez todavía tiene gran influencia en su partido. Soquimich financió abundante publicidad en la revista Hoy, hasta que esa publicación cerró en 1998.

En abril de 1993 se sumó al directorio de Soquimich el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi Buc, considerado junto a Sergio de Castro como los arquitectos del modelo neoliberal. Por su parte, Büchi y Juan Hurtado Vicuña, cabeza del conglomerado familiar que entre otras empresas controla al grupo Consorcio, habían sido compañeros de curso en Ingeniería de la Universidad de Chile y trabajaron desde 1975 con la dictadura (ver PF N° 824). Pocos años después, Juan Hurtado Vicuña incorporó a Hernán Büchi a su grupo económico como presidente del directorio de CB Previsión y Seguros. En los meses y años siguientes hizo lo mismo con los hermanos del ex ministro de Hacienda: Antonio Büchi, en la gerencia de Central Puerto, en Buenos Aires; Marcos, en la gerencia de Chilquinta; y Richard, en la gerencia general de Entel.

Ponce invitó, además, a otros dos ex ministros de Pinochet a incorporarse al directorio de SQM: Sergio de la Cuadra y Juan Antonio Guzmán. Guzmán fue presidente del directorio de Express de Santiago, uno de los operadores del Transantiago; integra el directorio de Sonda, empresa de Andrés Navarro que gestiona la tecnología del Transantiago; encabeza el directorio de la Clínica Indisa; también de la empresa de comunicación estratégica Extend, propiedad de las hijas de Belisario Velasco; es consejero de la Sofofa, Scotiabank y del consejo directivo de la Universidad Andrés Bello. Socio además de Bruno Philippi y del socialista Oscar Guillermo Garretón en Austral Biotech, empresa cuya gerente general es María Virginia Garretón Rodríguez, hija del ex secretario general del ala izquierdista del Mapu, partido que integró la Unidad Popular. Garretón fue subsecretario de Economía del presidente Allende.

CREADOR DE LAS “CASCADAS”
El abogado Roberto Guzmán Lyon participó a fines de los 80 en la creación de Oro Blanco y Norte Grande, dos de las sociedades que controla Julio Ponce.
Guzmán Lyon fue el principal artífice de las sociedades “cascadas” y se desempeñó como gerente general en varias. Estudió en el colegio San Ignacio de Alonso Ovalle e ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, donde fue compañero de Jaime Guzmán, Jovino Novoa y Máximo Silva. Su primer trabajo fue en la fiscalía de Copec, junto al abogado y político Francisco Bulnes Sanfuentes. En 1973 formó Guzmán y Cía. y se especializó en temas de gobierno corporativo. Por esa especialidad Julio Ponce lo llamó como asesor a fines de los 80. Guzmán Lyon fue muy cercano a la familia Pinochet. Hoy está dedicado a su casa y parque en Zapallar.

PONCE LEROU Y SUS NEXOS CON LA CONCERTACION
Al comenzar el siglo XXI Julio Ponce estaba viviendo en Austria. Una empresa canadiense, PCS, adquirió un importante paquete de acciones de Soquimich y Ponce se vió obligado a regresar a Chile para defender el control de su imperio. Ponce vio que era necesario ampliar sus contactos en el mundo político. La expansión de Soquimich en las áreas del yodo, los fertilizantes y el litio requería apoyo en el gobierno y Parlamento, ahora en manos de la Concertación. Así, Ponce sumó al directorio de SQM al socialista Osvaldo Puccio Huidobro, ex ministro secretario general de Gobierno y ex embajador en Austria, Brasil y España. También a Alejandro Ferreiro, DC, ex superintendente de AFPs, Valores y Seguros y ex ministro de Economía en la administración Lagos. Luego contrató la costosa asesoría del socialista Enrique Correa Ríos, ex Mapu, ex ministro secretario general de Gobierno de Aylwin que devino en prominente actor de las asesorías comunicacionales y del lobby. En su empresa -Imaginaccion-, Correa tiene bajo su mando a Juan Carvajal Trigo, socialista, ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de la Presidencia de la República, muy cercano a Michelle Bachelet en su primer gobierno, y que ahora se encarga en Imaginaccion de las relaciones con los ejecutivos de SQM.
El gerente de la empresa de Enrique Correa fue hasta hace poco uno de sus hijos, Carlos Correa Bau, ahora funcionario de gobierno. Correa Bau dirige, como subrogante, la Secom. El presidente del PS, Osvaldo Andrade, pidió que Correa Bau fuera removido de ese cargo en La Moneda.
Otro ejecutivo de Imaginaccion es Moisés Valenzuela, DC, ex asesor político de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Valenzuela también ha participado como asesor en la ODCA; ha sido consultor y director del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades). En 2010 se integró al area de asuntos públicos de Imaginaccion y en la actualidad ocupa el cargo de gerente.

EL ROL DE CEGADES
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que Julio Ponce entregó importantes cantidades de dinero a miembros de casi todo el espectro partidario. El senador socialista Fulvio Rossi y el subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier (radical), están inquietos tras identificarse boletas de honorarios suyas o de colaboradores entre los pagos efectuados por SQM.

Los abogados de la Fundación Ciudadano Inteligente -Mauricio Daza, Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo-, querellantes por accionistas minoritarios de SQM, solicitaron al fiscal Sabas Chahuán que investigue las facturas o boletas de servicios supuestamente prestados a SQM entre 2009 y 2014 por el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades); por tres funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji); por Sofía Daniela Jaña Cabezas, secretaria ejecutiva de la juventud de la UDI; por el ya mencionado Rodolfo Baier y la empresa Pecado Kapital.

Cegades es un think tank vinculado a Gutenberg Martínez y su directora ejecutiva es Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta del PDC. Los abogados de Ciudadano Inteligente solicitaron que se cite a declarar a los representantes de Cegades y se les interrogue sobre las boletas o facturas de servicios supuestamente prestados a SQM entre 2009 y 2014, los montos involucrados y el destino del dinero recibido.

Entre los miembros de Cegades, en el último tiempo, destacan:
Santiago Torres Espina: economista; en 1994 ingresó a Codelco, en el área de medioambiente y desarrollo sustentable; ocupó el cargo de gerente. En diciembre de 2007 Codelco lo designó gerente corporativo de nuevos negocios en China.

Víctor Salas Opazo: doctor en economía de la Universidad de Lovaina, profesor titular de la Universidad de Santiago.
Alex Figueroa Muñoz: médico, ex ministro de Salud de Frei Ruiz-Tagle; ex rector de la Universidad Bolivariana y actual decano de la Facultad de Salud de la Universidad Internacional SEK.

Pablo Villalobos Mateluna: ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad de Talca, jefe del comité asesor del ex ministro de Agricultura, Alvaro Rojas. Ha supervisado proyectos de cooperación en países de la región, a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional.
Miguel Angel Candia Irarrázabal: desde junio de 2014 es director de la División Administrativa y de Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Sergio Elgueta Barrientos: secretario general de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva en 1964, y generalísimo del candidato Radomiro Tomic, en 1970. Entre 1990 y 2002, diputado por el Distrito 57. Actual notario en Puerto Varas.
José Luis Moure Oportot: presidente de Lan entre 1994 y 2000. Ex socio de Gutenberg Martínez.
Luis Patricio Méndez López: director de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional en la Quinta Región.
Carolina Leitao Alvarez-Salamanca: en 1999, jefa de gabinete del diputado Gutenberg Martínez. Ex concejala de Providencia. Actual alcaldesa de Peñalolén.
Francisco Javier Jara Reyes: periodista, secretario ejecutivo de la ODCA. Ha sido productor de documentales de TV para Radio Televisión Italiana (RAI), Venevisión, de Venezuela e Hispanic Broadcasting Company (HBC). Consultor de comunicaciones en los gobiernos de Napoleón Duarte (El Salvador, 1984-1989), Vinicio Cerezo (Guatemala 1985-1988); y agregado de prensa de la embajada de Chile en Costa Rica entre 2006 y 2010.
Entre los diputados del PDC asesorados por Cegade en 2012 figuran Juan Carlos Latorre, Jorge Sabag, Gabriel Ascencio, Aldo Cornejo, Gabriel Silver, Jorge Burgos y José Miguel Ortiz.
Fuentes judiciales señalan que la Fiscalía Nacional tiene facturas del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI; de Imaginaccion Consultores, y de la Fundación Chile 21, creada por Ricardo Lagos Escobar y cuyo presidente ejecutivo es el ex senador socialista Carlos Ominami, padre adoptivo del presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami. En la fundación también participan Enrique Dávila, Álvaro García, Soledad Larraín, Osvaldo Torres, Gonzalo Navarrete, Gonzalo Martner, Guido Girardi y Francisco Vidal, todos vinculados a la coalición de gobierno, Nueva Mayoría.
Francisco Vidal, ex ministro de Lagos y Bachelet, reconoció que la fundación recibía aportes de SQM. Pero negó que se utilizaran en campañas políticas como la campaña de Enríquez-Ominami. La cifra conocida bordea los 90 millones de pesos entre 2012 y 2013.

MANUEL SALAZAR SALVO

(Nota 1) La ODCA se distingue por su oposición a los procesos revolucionarios en América Latina. Apoyó el golpe contra Hugo Chávez en 2002 y ahora lo promueve contra el presidente Nicolás Maduro, junto con la Internacional Socialdemócrata. La esposa de Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, DC, ocupaba la Cancillería en el gobierno de Ricardo Lagos (PS) cuando se fraguó el abortado golpe a Chávez. Lagos y Alvear se apresuraron a reconocer al gobierno del empresario Pedro Carmona, que duró 48 horas. (N. de PF).

sábado, 8 de noviembre de 2014

Concertacionistas que ayudan a PENTA a enfrentar su escandalosa crisis

El tristemente célebre Guatón Correa, nuevamente se presta para servir a la derecha económica. Lo mismo hacen las hermanas Velasco, hijas de Belisario Velasco y de la famosa Marilú Silva. La manoseada frase, La izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas vuelve a usarse, encubriendo que la Concertación, o Nueva Mayoría, o como le llamen sus managers, no puede calificarse de "izquierda".
Conforma comité presidido por ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno

Enrique Correa entra como asesor de crisis de Penta y de sus socios controladores Délano y Lavín

Personaje familiar cuando las empresas están en problemas, requieren tender puentes con el gobierno o hacer lobby frente a proyectos de ley, el ex vocero de Patricio Aylwin aparece ahora como asesor de Empresas Penta en la crisis por el financiamiento irregular de campañas políticas y la acusación de evasión tributaria de las cónyuges de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. A Imaginacción se suma Extend, de las hermanas Velasco, con quienes conforman un comité de crisis presidido por el ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno Charme. La izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas.
En medio de la investigación por el financiamiento irregular de campañas políticas de personeros de la UDI y ex candidatos presidenciales y la acusación de evasión tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) por la entrega de boletas de sus cónyuges por trabajos no realizados, Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Empresas Penta, recurrieron a los servicios de Imaginacción, la compañía de Enrique Correa.
Personaje familiar cuando las empresas están en problemas, requieren tender puentes con el gobierno o hacer lobby frente a proyectos de ley, el ex vocero de gobierno de Patricio Aylwin asesora también a Julio Ponce Lerou, a quien la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó la multa más alta de la historia –US$70 millones– por infringir tres artículos de la Ley de Sociedades Anónimas y dos de la Ley de Mercados de Valores, y a Álvaro Saieh, cuya cadena de supermercados SMU ha debido renegociar pasivos después de caer en mora y evitar la quiebra. En ambos casos, Soquimich y CorpBanca son clientes con los que trabaja desde hace, al menos, cinco años. No está solo: Matías Cartajena y su agencia Simplicity se encargan del manejo de crisis. Correa, de las relaciones institucionales, prensa y del lobby con autoridades y parlamentarios.
Fundada en 1996, Imaginacción posee distintas líneas de negocios –comunicación estratégica, asesoría legislativa, seguimiento de políticas públicas–, pero el lobby es la que la ha hecho más conocida. Es la única que reconoce participar en este negocio, aunque no informa quiénes son sus clientes.
Correa no es la única agencia contratada en medio de la crisis que viven Empresas Penta y sus socios, Délano y Lavín. Extend, la empresa de las hermanas Marilú y Pilar Velasco, quienes al igual que Correa son cercanas a la Nueva Mayoría –la segunda fue secretaria de prensa del gobierno de Aylwin–, también está prestando asesoría. “No podemos confirmar ni desmentir”, afirma Pilar Velasco, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que su empresa está trabajando con el grupo Penta en el manejo de crisis.
“No lo hacemos a menos que ellos quieran dar a conocer que cuentan con nuestra asesoría, porque tenemos acuerdos de confidencialidad”, sostiene Moisés Valenzuela, gerente de asuntos públicos de la agencia, al ser consultado por El Mostrador acerca de su nexo contractual con Empresas Penta, que en gestión de prensa opera con Rumbo Cierto, de la periodista Valentina Giacaman.
Otros de sus clientes son la Asociación de Clínicas, Anatel, la Universidad Santo Tomás, Aguas Andina, Claro, el grupo Mall Plaza, y Blanco y Negro, la concesionaria de Colo Colo. También es un antiguo asesor de la familia Luksic, que cuenta para varias de sus empresas con la agencia de comunicaciones Nexos.
En el pasado, fue contratado por las centrales Campiche y Castilla, Dicom, Cruz Verde –durante la tramitación del proyecto de ley de venta de remedios en supermercados– y Colliguay, la cuestionada sociedad de los privados que entró en 1991 a la propiedad de la Empresa Periodística La Nación y se opuso a su disolución.
Asesoró ad honorem al entorno más estrecho de Michelle Bachelet en su primer gobierno: a los abogados de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, formalizados y acusados por cuasidelito de homicidio a raíz de las muertes provocadas al no alertar el maremoto del 27 de febrero de 2010.
No son todos los clientes, por cierto. “Correa está en muchos más lugares de los que se lo ve”, afirma una fuente del mundo de los negocios. Un capítulo que revela el poder de Correa en su negocio fue lo ocurrido con LCH&H, la empresa de asesorías de Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Pese a sus contactos, no lograron reclutar interesados por su cercanía con el gobierno de Piñera, por lo que firmaron un acuerdo con Imaginacción para atender clientes en conjunto. Días después de que El Mostrador hiciera pública la alianza y, a través de una carta al director de El Mercurio, se terminó LCH&H, “para evitar cualquier interpretación equivocada sobre sus objetivos”.

EXTEND, EL OTRO ASESOR        

Correa no es la única agencia contratada en medio de la crisis que viven Empresas Penta y sus socios, Délano y Lavín.
Extend, la empresa de las hermanas Marilú y Pilar Velasco, quienes al igual que Correa son cercanas a la Nueva Mayoría –la segunda fue secretaria de prensa del gobierno de Aylwin–, también está prestando asesoría.
“No podemos confirmar ni desmentir”, afirma Pilar Velasco, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que su empresa está trabajando con el grupo Penta en el manejo de crisis. De hecho, estas fuentes precisan que ambas consultoras conforman un comité de crisis, que es presidido por el ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno, ex director de Falabella, ex presidente de Icare y hombre cercano a Agustín Edwards.
Por tratarse de una asesoría puntual no figura como cliente en la página web de Extend. En total, son 51 empresas, entre ellas, Agrosuper y La Polar –a las que prestaban servicios desde antes de las crisis de Freirina y el fraude, respectivamente–; Enersis, que tomaron cuando fue cuestionada a raíz del aumento de capital; la Fach, que contrató sus servicios después del accidente de Juan Fernández; y otras, como Echeverría Izquierdo, Aconcagua, PF, Pizarreño, Azul Azul, Provida, Cruz Blanca.
Penta está en el centro del caso que lleva adelante el Fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, quien comenzó a investigar en 2013 una denuncia por devolución fraudulenta del FUT, hasta dar con una red de reclutadores de clientes, contadores y funcionarios del SII, quienes abultaban costos y servicios para simular pérdidas y obtener, así, la devolución del  FUT de forma ilegal.
Uno de los reclutadores, Jorge Valdivia –ex colaborador de la CNI, acusado de abuso sexual en contra de la hija de una ex pareja y quien se presentaba como martillero público–, declaró antes de morir sus vínculos con Hugo Bravo, gerente general de Empresas Penta hasta 2010 y director de varias filiales hasta poco antes de que fuera denunciado por el SII, el 29 de julio pasado, por devolución fraudulenta del FUT por $260 millones en dos sociedades de su propiedad. La PDI, los fiscales Gajardo y sus ayudantes Pablo Norambuena y José Luis Villalobos, incautaron en las oficinas de Penta computadores y libros de contabilidad de todas las empresas del grupo.
Las declaraciones de Valdivia fueron ratificadas por el ex funcionario del SII, Iván Álvarez, quien fue formalizado y está en prisión preventiva.
Bravo, al ser interrogado, habría revelado que Empresas Penta entregó boletas por, al menos, $10 millones al chofer de Iván Moreira para financiarle a éste su campaña a senador, sin que hubiese trabajos que respaldaran el pago; agregó, asimismo, que había otras boletas ficticias que eran marcadas con lápiz pasta en el reverso con las iniciales del destinatario. La revista Capital en su última edición informa que las letras son IM, LG y AV, las que corresponderían a Iván Moreira, Laurence Golborne y Andrés Velasco.
A juzgar por los hechos, ni Extend ni Imaginacción han podido frenar la ola informativa que ha inundado a los medios, como tampoco acercar posiciones para lograr un acuerdo político entre el gobierno y la UDI.
Hasta ahora Lavín y Délano guardan silencio, mientras Hugo Bravo –quien trabajó con ellos desde 1987 hasta el 28 de julio pasado– revela en su demanda laboral por indemnización detalles que sus ex empleadores jamás hubiesen querido sacar a la luz.