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sábado, 31 de marzo de 2012

PESCADORES DE AYSÉN EN ALERTA: NO HAY SOLUCIONES DE FONDO



« ALERTA

Descontento entre los pescadores artesanales. El gran movimiento aysenino se originó a partir de la situación de los pescadores, ellos iniciaron el movimiento, pero a poco andar apareció un movimiento “de reemplazo”, con dirigentes que asumieron la conducción sin estar suficientemente mandatados por las bases. Hoy se negocia, pero la ley de pesca (que condena a muerte esta actividad milenaria y protege a las transnacionales) sigue incólume. Muchos pescadores se sienten como “moneda de cambio”, lo que los negociadores cedieron a cambio de otros logros.

Hay que romper el cerco informativo. La prensa (de izquierda o derecha), por lo general, ha destacado las movilizaciones, las barricadas, las marchas (para bien o para mal) pero no se fija en que las soluciones que esperan los ayseninos/as no son satisfactorias para su pueblo. Los pescadores que se retiran de la Mesa Social están dando la señal de alerta de que algo no anda bien, que no todos han salido ganando tras el movimiento aysenino.

Pescadores de Aysén exigen retiro de proyecto de ley de Pesca para avanzar en negociaciones

Fuente: El Clarín



Insatisfechos quedaron los dirigentes de la mesa sectorial de Pesca  de Aysén con las propuestas entregadas por el subsecretario del ramo, Pablo Galilea, en la materia, informa radio Universidad de Chile.

El gremio, liderado por Carlos Torres y el vocero del Movimiento Social, Iván Fuentes, exigió que para poder avanzar en las negociaciones se retire inmediatamente el proyecto de ley que regula esta materia, que se está discutiendo en el Congreso.

Los dirigentes aseguraron que el texto legal significaría una muerte segura para el sector artesanal, que constituyó una de las fuerzas más relevantes en medio del conflicto que se dio en el sur.

Por lo mismo, dieron un plazo de una semana al Ejecutivo para que se detenga el debate parlamentario sobre esta iniciativa.  Este jueves, Galilea había señalado que están trabajando en una reingeniería para la pesca artesanal de Aysén, que se pueda concretar en el transcurso de este Gobierno: “Son más de cinco mil millones de pesos los que vamos a invertir en distintas líneas, que van primero en la renovación de las flotas, en diversificar las pesquerías y en generar una cartera de productos que hoy no están siendo explotados para que no sea solo la merluza el recurso sobre el cual los pescadores piensen que van a tener un futuro mejor”, sostuvo la autoridad.

En la instancia de este viernes participó el 90 por ciento de los pescadores de la región representados por 40 dirigentes, exceptuando a los voceros de las islas Gaviota y Melinka.

Desde el inicio de las negociaciones se especuló que esta mesa podría generar los mayores conflictos ya que incluso un sector de los pescadores abandonó la mesa social, después de que los voceros visitaran Santiago.

viernes, 30 de marzo de 2012

Descripción de la situación socio-política de Chile



La hierba seca incendiará la hierba húmeda




Por Hervi Lara.

Publicación original: El Clarín
Recibida por cortesía de Hervi Lara.


La actual situación de Chile se puede comprender en el contexto de dos variables fundamentales: la Ideología de la Seguridad Nacional y la economía de mercado. Esta última no se habría podido implementar sin la aniquilación previa del “enemigo interno”, lo cual ha sido garantizado por las FFAA, garantía que ha continuado a través de la policía militarizada de Carabineros.

Una vez realizado el plebiscito de 1980, sin registros electorales ni derechos civiles, y que impuso la Constitución que aún rige al país, las organizaciones sociales opositoras a la dictadura se vieron enfrentadas a dos posibilidades para retornar al sistema democrático: a) derrotar a la tiranía mediante un amplio movimiento de unidad de todas las fuerzas opositoras; y b) buscar la transición a la democracia a través del entendimiento con las FFAA y los grandes empresarios, asegurándoles que, si Pinochet perdía el plebiscito de 1988 y las elecciones a realizarse dos años más tarde, ellas mantendrían cuotas de poder, el esquema socioeconómico y la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.

Primó la transición pactada a la democracia, lo que se expresó a través de las negociaciones entre Patricio Aylwin (representando a los opositores a la dictadura), Carlos Cáceres y Sergio Onofre Jarpa (ambos ministros de Pinochet y empresarios) y las FFAA. Los acuerdos a que llegaron se hicieron públicos en junio de 1989 y se aprobaron en un referéndum del 30 de julio del mismo año, derogándose el artículo 8º de la Constitución (que prohibía la difusión de ideas y de opiniones y restableciéndose el pluralismo político). Sí se mantuvo incólume la inamovilidad de los comandantes en jefe de la FFAA y del general director de Carabineros; el Consejo de Seguridad Nacional constituido por igual número de miembros civiles y uniformados; senadores designados y vitalicios. (Estos puntos se han modificado progresivamente, pues han dejado de ser favorables a la derecha). Aún se mantienen el sistema binominal de elecciones y los tribunales militares juzgando a civiles, para así garantizar la impunidad de los violadores de derechos humanos.

Patricio Aylwin ganó las elecciones del 11 de diciembre de 1989, asumiendo la Presidencia de la República el 11 de marzo de 1990.

En el intertanto, Pinochet dictó las “leyes de amarre”, tales como, entre otras medidas, la ley orgánica aprobada por la Junta Militar estableciendo que el poder legislativo no tendría facultad de fiscalizar las actuaciones de las autoridades anteriores al 11 de marzo de 1990; mantuvo el Decreto Ley de Amnistía (Nº 2191) de 1978, que deja en la impunidad los crímenes políticos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978; estableció “leyes secretas” relacionadas con la impunidad de Pinochet y otros miembros de las FFAA; el día 10 de marzo de 1990 se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), sustrato de la crisis de la educación y del movimiento estudiantil de 1911.

En consecuencia, el marco establecido para el período democrático quedó “atado de manos” en base a la impunidad de los violadores de derechos humanos y, al mismo tiempo, las destrucción del tejido social que se había rearticulado en el proceso popular de desestabilización de Pinochet. Todo esto con el acuerdo de la Concertación de Partidos por la Democracia, que asumió el liderazgo sin considerar a los dirigentes sociales ni a las organizaciones que habían luchado contra el dictador.

El efecto de lo anterior fue la “domesticación” de los sectores populares, orientándose hacia el mercado, la competencia y el sometimiento a la explotación laboral, lo que ha tenido como corolario el individualismo, la inequidad y la falta de solidaridad. Esto ha repercutido en el movimiento de derechos humanos, cuya lucha se ha pretendido reducir a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Dicha situación satisfizo al gobierno, a las FFAA y a los empresarios, que no pudieron obviar el problema bajo la presión internacional y aceptaron avanzar en verdad, pero no en justicia. De allí los planteamientos eufemísticos de “justicia en la medida de lo posible”, “justicia con clemencia”, “justicia para casos símbolos”. Es así como el eje de la política gubernamental de derechos humanos ha tendido a equiparar a víctimas y victimarios.

En 1984, para reprimir la protesta social en su contra, Pinochet promulgó la ley 18.314, Ley de Conductas Terroristas, conocida como Ley Antiterrorista y que continúa vigente, siendo aplicada desde el 2001 en forma casi exclusiva al pueblo mapuche. Esta ley establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo. Tampoco garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos; la existencia de “testigos sin rostro”; e impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Además, aplica elevada penalidad y duplica en varios casos lo establecido en la legislación ordinaria.

Los mapuche reclaman por ser discriminados y usurpadas sus tierras, fundamento de su identidad cultural, lo que les permitiría la autodeterminación en sus propios asuntos. Junto a lo anterior, piden respeto a sus derechos civiles y políticos amenazados por transnacionales, empresarios nacionales y agentes del Estado; exigen la no aplicación de la ley antiterrorista por ser antidemocrática, así como también la desmilitarización territorial de sus comunidades.

En Chile siguen existiendo presos políticos de origen mapuche, a lo que se suman quienes padecen pena de extrañamiento y los que son acusados como terroristas, como ha ocurrido con el denominado “Caso Bombas”. Todo esto, pese a las obligaciones respecto del Convenio 169 de la OIT y de las recomendaciones de relatores especiales de la ONU, la Federación Internacional de DDHH (FIDH) y de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

Respecto de procesos a violadores de DDHH durante la dictadura, hasta mayo del 2011 estaban vigentes 1.446 causas por delitos de desapariciones, ejecuciones, torturas, inhumación ilegal y asociación ilícita, cometidos entre 1973 y 1990. Al respecto, 773 ex agentes de servicios de seguridad han sido procesados por crímenes de lesa humanidad. De ellos, 245 han recibido sentencias definitivas en la Corte Suprema, pero sólo 66 se encuentran en prisión.

La impunidad es una de las causas del malestar subjetivo de la población.

En marzo de 1990 se instituyó la Comisión de Verdad y Reconciliación. El posterior Informe Rettig de allí emanado, estableció el número de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos. También permitió la apertura de procesos, pudiéndose aplicar el Decreto Ley de Amnistía o trasladando la competencia a los tribunales militares.

Hubo una velada tendencia a olvidar las violaciones de derechos humanos y la mantención de la impunidad hasta la detención de Pinochet en Londres, con 500 días de arresto, desde el 16 de octubre de 1998. Este hecho permitió la organización de los ex presos políticos, reivindicándose la lucha contra la dictadura y la necesidad de justicia frente al delito de tortura.

Entre las múltiples gestiones para mantener la impunidad de Pinochet, se estableció la denominada Mesa de Diálogo, bajo el título “Hacia el reencuentro de todos los chilenos”. Esta instancia obligó a las FFAA a reconocer que un listado de detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar y a los ríos. Se nombraron jueces especiales para investigar jurídicamente bajo la figura del secuestro calificado. Se hizo pública la Operación “Traslado de Televisores”, consistente en el desmantelamiento de los entierros clandestinos que derivaron en exhumaciones e inhumaciones ilegales. Se reconstituyeron algunos de los crímenes, lo que significó el proceso a varios cientos de oficiales. Por último, aunque “a regañadientes”, las FFAA reconocieron su responsabilidad institucional en el genocidio. Sin embargo, altos oficiales participantes de la Mesa de Diálogo encargados de recopilar información, aparecieron vinculados a los crímenes.

En marzo de 2001, surgió la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), generando la presentación de acciones jurídicas por el delito de tortura. La presión de diversos organismos nacionales e internacionales obligaron al gobierno de Ricardo Lagos a formular la propuesta “No hay mañana sin ayer”, en el marco de los 30 años del golpe de Estado (2003). Se instituyó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, de la que emanó el Informa Valech. Este Informe acogió el testimonio de 35.868 personas, calificando 27.255. El 67,4% estuvo en prisión en 1973. Se utilizaron 1.132 recintos de reclusión. No quedaron dudas sobre la responsabilidad institucional de las FFAA. Se individualizaron las víctimas a través de sus propios testimonios; se caracterizaron los mecanismos de represión aplicados en todo el país; y se propusieron medidas de reparación.

Ricardo Lagos, como Presidente de la República, asumió la tortura y la prisión política como responsabilidades del Estado. Además, propuso la creación de un Instituto de Derechos Humanos, recientemente implementado, para promover el respeto de los derechos humanos y para resguardar la información recopilada desde los Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Propuso medidas simbólicas y colectivas, así como el restablecimiento de los derechos ciudadanos de las víctimas, compensación económica, nivelación gratuita de estudios, atención sin costo en instituciones públicas de salud y tratamiento preferencial para acceder a beneficios de vivienda.

La Comisión Valech ha efectuado un escaso trabajo de difusión a nivel nacional en los medios de comunicación más relevantes. El tiempo de funcionamiento reducido sólo a seis meses, ha sido muy breve. Por tanto, se hace necesaria una entidad permanente. Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos deben considerarse también a quienes han sido detenidos en manifestaciones públicas; quienes padecieron tortura fuera de los recintos oficiales de detención; las víctimas que ya han fallecido; los niños que fueron detenidos con sus padres o nacieron durante el cautiverio; los extranjeros; las víctimas de la Operación Cóndor; los detenidos por menos de cinco días; la pensión mensual debe compensar el daño físico y psicológico inferido, acorde al artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura; se debe abrir indefinidamente la posibilidad de todas las víctimas puedan acreditar su condición de tales; se debe anular el Decreto Ley de Amnistía; y, lo más relevante, se debe eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura efectuadas por las víctimas o sus familiares, lo que se implica con la consagración de impunidad que significa la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones de delitos denunciados por la Comisión Valech.

Alguna vez dijo Balzac que “tras toda fortuna se esconde un crimen”. Esta aseveración significa que las violaciones a los derechos humanos han tenido motivaciones económicas. El golpe de Estado y los años de dictadura se efectuaron para retrotraer la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la nacionalización de la Banca, el Area Social de la Economía, las mejores condiciones de vida de los trabajadores.

El movimiento de derechos humanos centrado sólo en los crímenes de carácter penal, ha permitido a la Escuela de Chicago y a los grupos económicos escapar de sus responsabilidades de su sangriento laboratorio. Incluso el Informe Church del Senado de USA señala que “en una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité de los 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para la oposición chilena. La mayor parte de este dinero fue para el Partido Demócrata Cristiano, pero una parte sustancial fue destinada al Partido Nacional y a “El Mercurio”.

Todo lo anterior puede explicar los acontecimientos del 2011: la explosión del malestar subjetivo por fuentes objetivas, como la desigualdad y el abuso. Dicho malestar se había mantenido en el ámbito privado. No obstante, las manifestaciones de malestar se expresaban el elevado número de suicidios, duplicado en el 2008 en relación a 1990. Entre 1990 y 2004, el consumo de antidepresivos creció en un 470,2%. Es así como las manifestaciones públicas significan una reacción frente al abuso empresarial y a la incapacidad de las instituciones de proporcionar estabilidad y control a las demandas sociales, debido al desmantelamiento del Estado.

El 2011 ha mostrado el derrumbe de las instituciones, lo que quedó en evidencia tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. La irrupción pública del malestar subjetivo ha permitido la repolitización de la sociedad, poniéndose el fin del miedo a la dictadura militar y el cuestionamiento del modelo económico que ha dejado de ser percibido como exitoso y eficiente. En otros términos, ha quedado en evidencia que el modelo económico ha sido impuesto por la violencia armada, generándose así una sociedad esencialmente injusta.

Los detentadores del sistema habían desarrollado la idea de focalización del gasto público desde el sector privado, en el sentido de que el mercado asumiera los requerimientos sociales y, al fallar éste, el Estado salvaría la situación. Es la forma en que se ha implementado el financiamiento de la educación: financiamiento compartido en el ámbito escolar y créditos con aval del Estado en la educación superior. El sistema de salud privado es bueno para quienes no se enferman. El sistema provisional significa que sobre el 50% de las pensiones son menores a la pensión mínima y, por tanto, el Estado deberá suplir lo que falta. Las carreteras están concesionadas a empresas privadas. Las grandes transnacionales de la minería depredan los campos de cultivo, contaminan el aire, agotan el agua y no pagan impuestos. Las empresas forestales terminan con los bosques milenarios para plantar pinos y eucaliptos para la fabricación de papel, contaminando los ríos, los lagos y el mar. El mar ha sido privatizado, con exterminio de especies y el fin de la pesca artesanal. Las salmoneras han contaminado zonas marítimas y también han exterminado la fauna y la flora. Las inmobiliarias arrasan con terrenos agrícolas para extender las urbes sin planificación. El comercio ha sido concentrado en pocas manos que se coluden entre sí y, dados los bajos salarios y la intensidad de la propaganda televisiva, se mantiene endeudada a gran parte de la población. En síntesis, se descubre que los efectos del neoliberalismo tienden a desestructurar la sociedad y que la Concertación había frenado los derechos ciudadanos bajo el argumento del temor al retorno de la dictadura.

Es así como el modelo económico ha conducido a Chile a estar entre los doce países con peor distribución del ingreso del mundo, con la secuela de mercantilización del sentido de la vida, lo que deshumaniza a las personas y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas por completo a lo que significan monetariamente, siendo la cantidad de dinero acumulado la medida del éxito en la vida. Los medios de comunicación de masas, el sistema educativo y las autoridades se encargan de remarcar que se vive en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que, merced a su espíritu emprendedor, vencen en el mercado. Los grandes empresarios son presentados como “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. Las empresas internalizan en la conciencia de los trabajadores que el camino correcto pasa por el esfuerzo individual, el distanciamiento respecto de los compañeros y la subordinación a los empleadores. Las personas se endeudan progresivamente, hasta padecer de “endeudamiento crónico”, tornándose en personas tensas, agresivas, violentas, sumergiéndose en el estrés, la depresión, el alcohol y la droga. Chile exhibe una de las jornadas de trabajo más largas en el mundo, al mismo tiempo que se ubica en el tercer lugar de maltrato infantil, y lidera la región en alteraciones mentales, accidentes de tránsito, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción juvenil.

En el marco descrito, pareciera inevitable que el 2011 se haya constituido en el nuevo amanecer de la historia, debido a la irrupción popular: se ha terminado el temor a la dictadura y se ha tomado conciencia del significado de las leyes laborales, así como del monopolio informativo. Hubo estallidos sociales en Magallanes, en Arica y en Calama, a lo que se sumaron los pobladores de Dichato damnificados por el terremoto, así como también los grupos de diversidad sexual, los ecologistas y los defensores del pueblo mapuche. Ello ha significado una crisis del gobierno que representa al empresariado y, por tanto, también es una crisis del empresariado.

La crisis del gobierno se expresa en el desgobierno, porque ofreció prosperidad y eficiencia y sólo ha mostrado ineficiencia, lo que ha llegado al máximo en relación a la reconstrucción post terremoto.

El gobierno ha jugado a la autodestrucción que vive la Concertación de Partidos por la Democracia y al agotamiento del movimiento estudiantil. En otros términos, busca un Chile sin política, pues no reconoce el malestar social, la desconfianza y la pérdida de legitimidad de las instituciones. En el período próximo, tenderá a satanizar la educación pública, a visibilizar las contradicciones de sus opositores y a desgastar los movimientos sociales.

No obstante, es un hecho que hoy Chile ha ampliado sus vías hacia una democracia plena, porque la caída de las instituciones más simbólicas exige que los ciudadanos asuman sus responsabilidades sociales y políticas.

Las instituciones más simbólicas y que se han desplomado Ens. Legitimidad son las FFAA y las Iglesia Católica, dejando a la sociedad sin el marco referencial al que la Concertación de Partidos por la Democracia acudía en los conflictos sociales que era incapaz de resolver por sí sola. En 1995, el 80% de la población depositaba su confianza en la Iglesia Católica. En 2011, sólo el 38%.

En cuanto a las FFAA, además de represión policial irracional, se ha visto al descubierto en casos de corrupción, autonomía económica y legal, carrera armamentista amenazando la paz de la región, muertes masivas de conscriptos, aprovechamiento personal de recursos públicos, además de la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

En consecuencia, para el pueblo de Chile queda pendiente la construcción de un nuevo marco de referencia desde la soberanía popular. Esta transformación de fondo implica cambiar la Constitución de 1980, lo que desemboca en el llamado a Asamblea Constituyente, reforma tributaria, nacionalizaciones del cobre, de la Banca, del agua y de los servicios básicos, así como la ruptura del monopolio de la información, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones y a la organización y movilización sociales.

Se ha puesto en tela de juicio la “política de los acuerdos” entre la derecha y la Concertación de Partidos por la Democracia, cuestionándose así la legitimidad del modelo de "democracia de baja intensidad” Es necesario que la movilización por la educación pública busque puntos comunes con el movimiento del pueblo mapuche, los defensores de la ecología, los defensores de los derechos humanos, los pequeños agricultores y pequeños y medianos industriales y los pescadores artesanales, que son los sectores más representativos de la oposición al neoliberalismo y que tiene como corolario la lucha por la democracia.

En consecuencia, la columna vertebral debería tender a la creación de nuevos referente políticos, sobre la base de que la soberanía radica en el pueblo.


Descripción de la situación socio-política de Chile.
Exposición del Seminario Internacional ERA FORASTERO Y ME ACOGISTE EN TU CASA. (Un análisis cristiano para la comprensión y acompañamiento de la persona migrante en el contexto de la globalización).
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).
Ciudad de México, 8 – 14 de febrero de 2012.

HERVI LARA B.
Comité Oscar Romero-SICSAL Chile.
Santiago de Chile, 25 de enero de 2012



miércoles, 28 de marzo de 2012

Los crímenes de la dictadura en marzo de 1985


Homenaje a Nattino, Guerrero, Parada, los hermanos Vergara Toledo y Paulina Aguirre.


Carlos Ruiz
MPT

En 1985, ya estaban en ejercicio las líneas centrales de las propuestas insurreccionales de la izquierda más consecuente con la situación de Chile: el PC mantenía vigente la línea de Rebelión Popular, en la que el mayor esfuerzo le tocaba al Frente Patriótico Manuel Rodríguez; el Movimiento Juvenil Lautaro estaba perfilando desde 1983 la Guerra Insurreccional de Masas (GIM). El MIR ya había definido en 1978 su diseño de Guerra Popular. Otras fuerzas de izquierda estaban desperfilándose como tales, día a día, se estaban “renovando” y aceptando el capitalismo como presente y futuro, renunciando a cualquier forma de cambio, que no fuese el relevo al interior de La Moneda, para cambiar el garrote “fascista” por la zanahoria de la Renovación Socialista: de la “Convergencia Socialista” pasarían a constituir la Concertación para administrar el mismo sistema.


Los grandes reprimidos por la dictadura, en los 80 fueron el PC, el FPMR, el MIR y el MAPU-MJL.
Desde 1982, los pueblos estaban reaccionando con valor ante la persistencia de la dictadura, sus políticas económicas antipopulares, la represión castigadora de los cuerpos, las ideas, los libros, las canciones. Las peñas populares y juveniles, se hacían como el festival que aparece en “La Novicia Rebelde”, en los días de la ocupación nazi de Austria. Los y las artistas tenían que cantar ¡y arrancar!

Una enorme cesantía, disfrazada de “empleo mínimo”, echándole la culpa a una recesión mundial desde 1981, pero que no afectaba a los que cada vez más se enriquecían con los negocios de la “economía social de mercado”, nada de social y mucho de mercado (tanto como para exportar momias, claro que rellenas con harta cocaína, comprar tierras baratas a los mapuche (recién hechos “propietarios privados” y vendérselas a las transnacionales de la madera, comprar y vender bancos, actividad en que tiró para arriba Piñera, el mismo que vende hoy lo que queda de recursos del Estado). El mundo popular resistía heroicamente, apareció una economía alternativa y solidaria, de ollas y comedores populares, talleres laborales, confección y venta de artesanías, huertos familiares, vegetarianismo a la fuerza. Bastante ayuda desde el extranjero, que agradecíamos mucho, y que lamentablemente hoy escasea, por la desconfianza, ya que no faltaron los aprovechadores que han hecho dudar de la capacidad de solidaridad y de la honradez del mundo popular.

En diciembre de 1982 se hizo pública la existencia del Movimiento Juvenil Lautaro, que se había desarrollado al interior del MAPU. Se realizó una acción conjunta, de agitación y propaganda, con cortes de calles en Vicuña Mackenna, Recoleta y Lo Ovalle. Poco después hubo una manifestación en el centro de Santiago, con varios detenidos. También ya pre-existía lo que fue el FPMR, que se manifestó públicamente un año después, el 14 de diciembre de 1983.

El 25 de marzo de 1983 coincidió una protesta popular en la Alameda con la conmemoración del asesinato de Monseñor Romero. Con amigos y compañeros de grupos parroquiales, fuimos a la misa en San Francisco. A la salida y de regreso a casa, sin haber estado en la protesta, a un grupo lo detuvieron en la calle por los pacos: un amigo que andaba sin carnet fue detenido y pocos días después salía relegado por tres meses a Pisagua.

Llamados a protestas, entonces, hubo varios, pero la determinación de seguir un proceso ascendente y sostenido, se fue tomando desde mayo de 1983, con los llamados a protestas populares a nivel del país. El 1º de mayo de 1983 hubo una marcha (no autorizada) por el Día de los Trabajadores, la que fue brutalmente reprimida por carabineros vestidos de civil, que fueron apodados los Gurkas, por su brutalidad que recordaba los a mercenarios al servicio de los ingleses en la Guerra de las Malvinas. Quedaron heridos graves, con TEC y compromiso de conciencia, el doctor Manuel Almeyda Medina, hermano de Clodomiro, y el compañero Raúl Arcos Sandoval, de Renca. 

El brutal atentado de agentes de la Dictadura contra civiles manifestándose en una fecha mundialmente  conmemorada desencadenó el llamado a una “protesta nacional” para el 11 del mismo mes, y seguirían de 11 en 11 hasta provocar la caída de la Dictadura, según la convocatoria inicial. Por este consecuente acto de manifestarse pese a la fuerte represión y a los amedrentamientos de todos los días, y en especial en ese 1º de mayo, el doctor Almeyda y mi compadre Raúl -que sigue hoy dando guerra al sistema opresor- merecen nuestro reconocimiento, entre los que hicieron bastante por cambiar la situación, cuando no se le veía salida. Después de ese reprimido 1º de mayo, empezaría a verse otro país, otra forma de actuar de parte de la gente popular, acrecentándose el concepto del Chile Popular hacia el cual dirigíamos nuestra lucha.

Las protestas populares marcaron la agenda de la oposición en 1983, para decaer en 1984, pese a que iban en ascenso, junto con el entusiasmo popular por expresarse contra la dictadura; pero los líderes de esa hora fallaron, algún día se sabrá cómo los fueron “apaciguando”. Como dijimos, el Frente surgió a la acción pública en diciembre de 1983, lo que marcó el carácter que iría tomando la expresión popular: una combinación de actividades de masas con un accionar militar revolucionario. El accionar del Frente y del Lautaro, hicieron que Pinochet cambiase al Ministro del Interior, poniendo en el cargo al nazi Sergio Onofre Jarpa, a quien se le encargó dirigir la represión contra las expresiones de rebeldía popular.

El año 1985 fue muy movido: socialmente, políticamente, y hasta la Madre Tierra se sacudió, formidable como una insurrección general, terrible con la gente. El terremoto del 3 del mes 3 azotó la zona central del país, con grado 7.7 y hubo 177 muertos (los cabalistas no dijeron nada, al parecer el Imperio no usaba tanto este tipo de discursos como ahora para alimentar el control ideológico sobre la psicología de masas).

Otro gran terremoto sucedería en México el 19 del 9. Poco después, el representante de ese país ganó el Festival de la OTI. Según se dijo, el premiado fue México para mitigar el dolor de la catástrofe; dos años después, en 1987, el epicentro de los conflictos era de nuevo Chile, y entonces se nos aplacó con la visita del Papa y la elección de Miss Universo; ambos salieron a su turno por un balcón de la Moneda a saludar al público, junto con el tirano, que se refocilaba como play boy de estar, sin mérito alguno, en tan santificadoras como legitimadoras compañías. Este tipo de “premiaciones” sí parece haber sido hecho conforme a directrices del Imperio, táctica que ya no se está usando tanto, excepto en el caso de los Premios Nobel.

En enero de 1985, fueron detenidos cinco compañeros de la Dirección del MAPU: Guillermo Ossandón con otros cuatro. Quedaron en recintos de Carabineros.
La represión siguió en contra de los compañeros del PC y del MIR. Hubo secuestros y prisiones contra miembros de la AGECh, Asociación Gremial de Profesores de Chile. Los aparatos de exterminio (porque decirles represivos es minimizar su función) prepararon a conciencia un golpe que estaba planeado como “ejemplar” contra la oposición verdadera. Y entonces sucedió la detención y matanza que estremeció a Chile tan fuerte como el terremoto: secuestran a los Manueles, Parada y Guerrero, en el Colegio Latinoamericano de Integración, el viernes 29 de marzo por la mañana, en medio de un espectacular operativo que incluyó corte de calles y apoyo aéreo de un helicóptero. Asimismo secuestran a Santiago Nattino a las 13 horas en calle Badajoz con Apoquindo. Otros carabineros asesinan a Eduardo Antonio y a Rafael Mauricio Vergara Toledo, de 19 y 18 años, en Las Rejas con Cinco de Abril, en un supuesto enfrentamiento. En la noche, la CNI asesina a Paulina Alejandra Aguirre Tobar, del MIR, de 20 años, al volver a su domicilio. La aparición de los cuerpos puso al descubierto el drama. El Estado de Sitio con Toque de Queda buscó intimidar y cubrir los hechos, que se conocerían de todas formas.

La intervención de carabineros, en el secuestro y muerte por degollamiento de los tres compañeros comunistas, se logró saber y demostrar gracias a que unos pacos se fueron de lengua dentro del recinto donde estaban presos los cinco dirigentes mapucistas presos en enero. Con las informaciones que éstos interceptaron, ayudaron mucho a atar cabos sueltos y a lograr que el régimen no pudiese desentenderse. El juez Cánovas investigó el hecho, ante la evidente presión. El 2 de agosto del 85, ante las evidencias, renunciaba a la Junta el paco Mendoza por su responsabilidad en los crímenes, lo que no se podía ocultar ante la indignada opinión pública nacional e internacional.

El beodo vicealmirante Merino (el mismo que hizo el mayor lobby para traer a Chile a los Chicago Boys a experimentar el ultraliberalismo que no se aceptaba en otros regímenes), echó la culpa a comunistas infiltrados en Carabineros y sobre la salida de Mendoza, dijo como algo natural, que “se desgranó el choclo”. En eso tuvo razón, la situación se hizo más insostenible para el dictador.

Los asesinatos de opositores siguieron, de todas formas, y el mismo hecho acrecentó el descontento y se fueron sucediendo nuevos llamados a protestas populares; como la del 2 de julio de 1986, día de Paro Nacional, en que una patrulla militar quemó vivos a Rodrigo Rojas Denegri y a Carmen Gloria Quintana; Rodrigo murió el 6 de julio, Cecilia sobrevivió y su rostro habla de los horrores del régimen militar.

Desde entonces, no podemos sino decir que soldados y policías no sirven sino para degollar profesores y quemar estudiantes. Perdieron la guerra contra la delincuencia y perderán la guerra que sostienen contra los pueblos a los que dicen proteger.

Pero en vez de atemorizarse y paralizarse con tanto crimen, el movimiento popular siguió adelante, creyendo posible derrotar al régimen dictatorial. El error acaso fue confiar en que todos los “de izquierda” seguirían un camino similar y seguirían creyendo que había que abrir las alamedas por donde habíamos pasado en defensa del gobierno popular. Pero para entonces, buena parte de la dirigencia socialista, radical, mapucista (de Gazmuri y de Garretón) y no pocos miristas, ya hacían cola para retirar su bolsa de 30 denarios. Se impuso una conducción “pacifista” para salir de la dictadura; a la larga, pasaríamos en 1990 de Guatemala a Guatepeor. Salimos de las llamas pero no escapamos de las brasas. De todas formas, aunque cuesta harto, vamos saliendo, de a poco, como nuevos Fénix, o como las cigarras, verdes-rojos, rojos-verdes, rojos-negros, amarantos...

Chile será arrasado por las Transnacionales, no por los terremotos


Por Mario Briones R.

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El Ministro de Minería estaba feliz cuando anunció que el incremento de las inversiones mineras proyectadas para el periodo comprendido entre el 2012 y 2018 demandará la incorporación de alrededor de 80.000 nuevos trabajadores, entre profesionales, técnicos y operarios, lo que supondrá un total de 290.000 empleos directos en la minería en el 2018.

La inversión esperada se estima en US$ 91.400 millones de dólares. Para que Ud. tenga una real dimensión de lo que significa esta cifra, les puedo decir que son suficientes para cubrir 3 veces los daños del terremoto del 27 Febrero de Chile y aún sobrarían dólares.

 Fantástico, maravilloso dirá Ud., pero... ¿Porqué tanto interés en invertir en la minería de Chile?

Muy simple señor, ponga atención por favor, es gratis. Vea Ud. algunas de las facilidades para los inversionistas.

1.- Se trata de una “concesión plena”. La empresa explotadora es dueña absoluta del mineral, hasta su total agotamiento y es prácticamente inexpropiable, tendría que pagarse el valor de la tierra, gracias a la astucia del Sr. José Piñera y su Ley Minera.

2.- Para producir cobre y mayor aún si se trata de oro, se necesita abundante agua, un promedio de 8 a 9 metros cúbicos por cada tonelada, en el caso del cobre fino, la cual será gratuita. Se puede encontrar fácilmente en pozos cordilleranos subterráneos, cercanos a los yacimientos. La Ley Minera, dice, “Artículo 110.- El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta.”

3.- La “depreciación acelerada”, es otra “ayudita”, es decir, Ud., puede internar toda la maquinaria que desee y divide el tiempo real de uso en 3, es decir, si un camión minero dura normalmente 15 años, debe amortizarse en 15 años, ahora lo pueden amortizar en 5 años, lo que aumenta el cargo a gastos, deduciendo obviamente las utilidades.

4.- No se moleste en agregar valor al producto, porque puede fundir y refinar el mineral que quiera en su país o en cualquier país del extranjero que le plazca.

5.- El servicio de Impuestos Internos no tiene un departamento altamente especializado, pese a que somos un país minero, para revisar los precios de transferencia entre empresas relacionadas. Difícilmente revisarán la contabilidad y pueden cargar a gastos lo que se les ocurra, los viajes al extranjero, las boletas, facturas, documentos, contratos, menos si están en inglés. Ud puede deducir de impuestos el flete del transporte y los costos de fundición, entre otros gastos asociados, rebajándolos por supuesto de los impuestos.

6.- Si la empresa se lleva el cobre como concentrado lo embarca como tal y dentro del concentrado se llevan el oro, plata, níquel, molibdeno y el azufre. Todo gratis, la Polar es una alpargata al lado de este negocio.

7.- La sindicalización en Chile es de apenas el 12 % del mundo laboral, casi el más bajo del continente y si Ud., tiene problemas con los sindicatos y las huelgas, tenemos el “GOPE” el Grupo de Operaciones Especiales de carabineros que demuele a palos, bombas y agua a cualquier dirigente que se pare en las hilachas.

8.- Chile es un paraíso tributario para las grandes transnacionales del cobre. Las reglas del nuevo “IEM”, Impuesto Específico a la Minería que rige hasta el 2023, eleva la tasa actual que pagan las mineras de 4 ó 5% a una de 4 a 9%. Eso, entre 2010 y 2012. Luego, en 2013, se vuelve al esquema inicial, para elevar nuevamente la tasa a contar de 2018 y hasta 2023. Eso, en un rango de 5 a 14%, según el margen operacional de la compañía. Como incentivo, la ley define una invariabilidad tributaria que se extiende hasta el año 2023. Es fantástico, ni el narcotráfico tiene estas facilidades.
9.- Tenemos una amplia gama de juristas como el ex -presidente de la Corte Suprema, Juan Colombo, ex -Presidente del Tribunal constitucional, José Luis Cea Egaña, ex -Presidente del Tribunal Constitucional, Enrique Silva Cimma, ex -contralor General de la República, Enrique Cury Urzúa, ex -Ministro de la Excma. Corte Suprema, Rene Abeliuk Manasevich, profesor y tratadista de Derecho Civil, Jorge Correa Sutil, ex -Ministro del Tribunal Constitucional, Davor Harasic Y., profesor de Derecho Procesal, Juan Agustín Figueroa, ex -ministro del Tribunal Constitucional, Humberto Nogueira Alcalá, destacado constitucionalista, Juan Carlos Marín, profesor de Derecho procesal, Lautaro Ríos ex integrante del Tribunal Constitucional, Miguel Amunátegui, ex integrante del Tribunal Constitucional y Patricio Zapata Larraín, profesor de Derecho Constitucional, que respaldan la posición de Anglo American, por lo tanto en Chile existen todas las garantías, al máximo nivel jurídico como nación, para respaldar a las transnacionales.

10.- Las transnacionales y los grande grupos chilenos cuentan con la asesoría de las principales consultoras tributarias del mundo (Ernst & Young, Price Waterhouse), y de abogados con postgrados en planificación tributaria, un área que se ha desarrollado fuertemente en los últimos diez años y cuyo principal objetivo es “optimizar la carga impositiva”.

¿Para qué necesita Chile duplicar su capacidad eléctrica?

Para regalársela a la gran minería y a las transnacionales proporcionando una energía barata subsidiada por todos los chilenos que debemos pagar un alto costo por el consumo en los hogares para ayudar a estas “pobres empresas” que nos vienen a civilizar. 

La paralización judicial del proyecto termoeléctrico Castilla a carbón, parece ser una pequeño triunfo. No creo que dure mucho tiempo antes que se revierta la decisión de paralizar la iniciativa ligada al empresario brasileño Eike Batista, que aportará en total 2.100 MW y partiría en 2015. Está ubicada en la Región de Atacama, centro neurálgico de las inversiones mineras que concentra un 30% de los US$ 91.400 millones que se destinarán a iniciativas en esta industria a 2020.
Entre los proyectos más grandes de la zona se destacan Pascua Lama y Cerro Casale (Barrick), Caserones (Pan Pacific Copper), Santo Domingo (Far West), Inca de Oro (Pan Aust), Lobo Marte (Kinross), San Antonio (Codelco), Relincho (Teck) y el también paralizado proyecto El Morro, de Goldcorp.
Créame señor, estas inversiones no nos sirven a los chilenos, están hechas para beneficiar al 2 % de los más ricos y van a dejar el país como queso gruyer, lleno de hoyos. 
Los entreguistas chilenos de siempre vociferarán al cielo gritando y ¿Cómo Ud. no ve la tremenda inversión y los puestos de trabajo que se crearán?
¡Muy bien, analicemos cuanto nos costará sólo en agua estos puestos de trabajo!
El Acta Constitucional, No. 3 de 1976, cuya declaración central sería posteriormente plasmada en la Constitución Política de 1980, amplió y protegió los derechos privados respecto del agua (véase Bauer, 1995:51; Ríos Brehm/ Quiroz, 1995:10-2). En qué medida fue adoptada la doctrina neoliberal por los militares se puede ver en una de las declaraciones de uno de sus principales promotores, Hernán Büchi, quien era partidario de las modificaciones en el ámbito de la legislación y administración del agua: ¿Qué dijo este individuo sobre el régimen de aguas?," El sentido que tuvo la acción gubernativa en este campo fue (...) crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado.
Tanto el Decreto Ley 2.568 de 1979, que fomenta la propiedad privada, como el Decreto con Fuerza de Ley Núm. 1.122, de 1981, que aprueba el nuevo Código de Aguas, dañan muy definitivamente las comunidades aymaras y atacameñas, promoviendo su desintegración.

Si la primera norma es fruto de la ideología neoliberal, y combate la colectivización comunal del suelo agrícola ancestral, la segunda tiene su origen en las exigencias de los agentes del mercado para darle legitimidad a la apropiación privada de uno de los recursos indígenas másvitales en las áreas desérticas, el agua.

Los monopolios y oligopolios de empresas mineras (boro, cobre, oro, azufre), empeñados en la concesión del acceso a las cabeceras de los ríos, de manejo de aguas subterráneas, y de venta libre del bien, liberado o desligado del suelo, van afectando a la sustentabilidad de los pueblos indígenas, de manera irreversible. Una consecuencia directa es el progresivo desecamiento de las vegas y bofedales de Tarapacá y alta bacía del río Loa, que perjudica doblemente los indígenas al presionar los recursos vegetales disponibles para alimentar el ganado y quitarles el agua, fuente de vida.

El Código de Aguas de 1981 ancló tres principios innovadores en la legislación chilena: la libertad en la forma del aprovechamiento del agua; la gratuidad de la concesión de derechos (salvo excepciones); y la limitación del rol del Estado y las instituciones públicas en la regulación de los usos (Gentes, 2000). En concreto, no se identifica ningún uso antepuesto para otorgar nuevos derechos, o sea, el agua potable para consumo humano, por ejemplo, no tiene prioridad sobre el agua de riego ni para uso industrial.

En 1985, la Dirección General de Aguas concede a la Corporación del Cobre, CODELCO, el derecho de extraer las aguas de la fuente que alimentaba la Vega de Turi, situada en la hoya hidrográfica del Río Salado, afluente del Loa. La vega de Turi, (a 3.000 metros de altura), estaba entonces con una extensión de cerca de 1.500 hectáreas de riego donde alrededor de cuarenta construcciones de estancias sostenían unas 2.000 cabezas de ganado, especialmente llamas y ovejas.

Al captar las aguas en las nacientes y pozos hacia 300 metros de profundidad, en el altiplano y la precordillera, la actividad minera ha vaciado el precioso liquido justo donde fluyen los arroyos y, dado que el territorio estudiado está localizado en zona de altas presiones subtropicales, donde casi no llueve, ha comprometido la renovación de la vida.

(Las conclusiones anteriores corresponden a un estudio del 2007 de Isabel Maria Madaleno, Instituto de Investigación Científica Tropical, Portugal, Alberto Gurovich, Universidad de Chile).

Radomiro Tomic nos legó la siguiente frase; “el cobre es la riqueza fundamental que tiene Chile para liberarse de la dependencia exterior y disponer de recursos financieros propios, de inmensa magnitud. El cobre nos permitirá acelerar nuestro desarrollo económico y social, ya que sería intolerable cualquier propósito de financiar dicho desarrollo reduciendo el difícil nivel de vida de las clases asalariadas”.

Están haciendo exactamente lo contrario.

Están entregando el país y liquidando la vida, mientras el gobierno actual no tiene ningún empacho en enviar fuerzas especiales de carabinero a reprimir la población de Aysén porque reclama por algunos metros rumas de leña más o por un mínimo en atención médica de altísimos costo para su nivel de ingresos.

 Una empresa exitosa, según los expertos, obtiene utilidades antes de impuestos si bordea el 20%. En Chile, las mineras han obtenido utilidades en los últimos años por sobre el 50%. En 2010, sumaron US$14.300 millones, cifra similar a la de 2007, el mejor año de su historia y en el primer trimestre de 2011 ya registran un alza de 64,7%. En ese cuadro se plantea que el royalty para las empresas del rubro no sólo les garantiza invariabilidad: es un regalo y puede ser cuantificado. Las empresas del rubro no hicieron sus estudios de inversión con un alto precio del cobre, una ganancia millonaria que cada día se escapa frente a nuestros ojos.
Cualquier desarrollo futuro, ya sea minero o industrial, también provocaría aumentos en la población, y por lo tanto, se necesitarían cantidades adicionales de agua. La demanda de agua potable e industrial se duplicaría como también se debe duplicar la capacidad energética del país.

¿Por qué creen Uds., que le están echando mano a la cuenca del Baker, con una superficie de 26.726 km2, la segunda más extensa del país, y por la heterogeneidad y singularidad de los paisajes relacionados con los diversos cuerpos de agua que la integran, es uno de los sistemas naturales más notables de Chile? Toda esa capacidad de energía se trasladará miles de kilómetros, hacia el norte.
En Chile la utilidad está garantizada contra pérdidas, las empresas pueden arrastrar pérdidas de manera indefinida durante años. ¿Qué implica eso? Que mientras tengan pérdidas, sobre todo durante los primeros años del proyecto, van a pagar menos impuestos hasta que extingan las pérdidas y por consecuencia, no habrá utilidades para tributar. Dan ganas de gritar ¡Viva Chile!
De acuerdo a una reciente investigación, los principales donantes de las universidades de Chile y Católica son empresas mineras: Escondida, BHP Billiton y Los Pelambres, de los Luksic. Incluso más: el Centro de Minería de la Universidad Católica lleva el nombre del fallecido patriarca de lo Luksic.
Y el último dato. ¿saben Uds porqué no han llegado a Chile las grandes mineras chinas? Porque ellos aspiran a traer sus propios trabajadores chinos, además del capital. Pero no se extrañen de nada. En Chile todo puede suceder.
¿Le dice a Ud algo eso? Intente hacer una investigación de los costos al interior de una minera y verá lo que le dicen.

No le tema a los terremotos, témale a las transnacionales.

Gracias por leerme, Saludos,
Mario Briones R

Estimado Mario:
Me sacude y me duele constatar en los hechos cotidianos las verdades que comentas con un rigor basado en fundamentos a prueba de desmentidos.

No sé si has leído el libro titulado 
"LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA", escrito en 1971 por el admirable Eduardo Galeano, de nacionalidad uruguaya, autor además, de varias obras similares, en el que describe con crudeza impactante la atroz verdad del esquilmamiento/desangramiento de nuestro continente americano, que tiene su punto de partida con la llegada de los españoles, que una vez instalados en este rincón del planeta "se fueron de boca" gritando a los 4 vientos acerca de las maravillas de estas tierras generosas, provocando así la imparable invasión hasta hoy, a través de las puertas abiertas de par en par de este gigantesco "cofre americano" repleto de variadas riquezas, a lo que se fue sumando durante el transcurrir de años y años de invasión, la necesidad de la mano de obra gratis para siembras, cosechas, extracción de oro, diamantes, etc... conseguido esto a través de la dominación cruenta e inhumana de los pueblos indígenas que habitaba las tierras invadidas convirtiéndolos en esclavos, sumándoseles los desdichados traídos desde África. Todo esto, claro, luego de casi exterminarlos para dominarlos, o de arrinconarlos hacia los lugares mas inhóspitos de las tierras vírgenes, no sin antes pegarles unos cuantos microbios europeos que los diezmaron por millares.

Así empezó "el desarrollo", o la "civilización" para nuestro Continente, proceso que en realidad grafica con claridad meridiana nuestro SUBDESARROLLO. Pero NO el de los 17 millones de chilenos, seamos justos...solo el de unos 16 millones y medio, porque algunos lograron escalar hasta situarse en la cima del Poderío Económico, repartiéndose entre ellos la suculenta torta, o el trozo igual de suculento que les dejan las Transnacionales de todo tipo, como tú tan claramente expones en el Documento.

La pregunta del millón es ¿qué hacemos en lo que respecta a nuestro indefenso país?

Lo sentimos tan expuesto, atacado por años y años desde dos flancos por donde se ván desangrando cada vez más rápido nuestros Bienes Comunes, como se alude ahora a nuestras Riquezas de todo tipo : uno de estos flancos es la inconcebible irresponsabilidad (por no decir traición) de los gobiernos y sus excusas que se caen solas de burdas, al justificar la entrega de yacimientos, aguas tierras, mar, a cuanta Transnacional se le antoje venir a instalarse y arruinar Comunidades, Pueblos Originarios y sus Costumbres, Tradiciones y Sincronía con la Naturaleza, destruir nuestras Tierras, usar y contaminar ilimitadamente nuestras Aguas, Biodiversidad, Medioambiente, acciones que no terminarán hasta que se hayan robado todo lo que hayan podido: ¡ y vaya que pueden...! Porque el otro flanco por donde se desangra Chile y que les entrega en bandeja todas las facilidades posibles, son las Leyes chilenas "mejoradas" de gobierno en gobierno a la medida de los requerimientos y exigencias de los poderosos invasores, que además retornan esos favores genero$amente a los que no trepidan en ponerse al servicio de su rapiñaje.

Me vuelvo a repetir, con inmensa angustia: ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos dejando invadir y robar?

Julia

lunes, 26 de marzo de 2012

ACLARACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL DE AYSÉN

Reedición de declaración de pescadores artesanales de Aysén, publicada anteriormente como parte de nuestro artículo "Especial Aysén", de febrero de 2012.

Artículo relacionado:  



LA REBELIÓN INCONCLUSA: 
ACLARACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL DE AYSÉN

Febrero 2012.

A principios de Febrero, la pesca artesanal de Aysén inició la rebelión ciudadana regional de la que somos testigos hasta hoy, con la ocupación del aeródromo  de Melinka durante 4 días. Igual demanda han manifestado los pescadores artesanales de Magallanes, de la Región del Maule y de la Región del Bío-Bío, con similares acciones de ocupación de carreteras.

El motivo principal de esta acción desarrollada por Melinka y gatillante de las movilizaciones sociales en la Región de Aysén, es la pronta discusión de una nueva Ley de Pesca que terminaría por dejar, en manos de la pesca industrial, el 95 % de los recursos pesqueros del país, de manera gratuita y al menos por otros 25 años. La pesca artesanal ha solicitado el retiro de esta Ley, que fue negociada por las organizaciones CONFEPACH y CONAPACH con el actual Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, con acusaciones de sobornos de por medio que generaron una crisis terminal en tales organizaciones. A pesar de ello, en la Mesa Social de Aysén, con sede en Coyhaique, esta reivindicación máxima de la pesca artesanal nacional ha desaparecido de las demandas presentadas al Gobierno.

Ello, porque en la Mesa Social se han instalado dos “voceros” de la Pesca Artesanal (Iván Fuentes y Misael Ruiz)  que pertenecen a CORFAPA, una organización que ha apoyado el proceso de Privatización del Mar, la apertura de las Zonas Contiguas entre las X y XI Regiones, el llamado “acuerdo Longueira” que significó un aumento de 50 GRAMOS de aumento por pescador en la distribución de la cuota de merluza, las pescas de investigación de sardinas para alimentar salmones y que actualmente apela por el traspaso del 100% de la cuota de pesca artesanal al sector industrial, es decir, la muerte administrativa de la pesca artesanal.

Ambos dirigentes, que han contado con amplia cobertura mediática porque, precisamente, NO SE OPONEN A LA NUEVA LEY DE PESCA y han sacado de las reivindicaciones regionales aquello que inició la rebelión aisenina, son los principales operadores políticos del ex funcionario de la Dictadura Militar, Antonio Horvath, hoy investido como Eco-Senador, que ha monitoreado personalmente el desempeño de sus “dirigidos” en las reuniones de la Mesa Social de Aysén. Con tales “representantes” de la pesa artesanal de Aysén, resulta imposible visualizar que el tema de la Privatización del Mar Austral, por ejemplo, sea abordado por la Mesa Social de Aysén. En ella están los que defienden esa expoliación, no los que se oponen a ella.

La pesca artesanal de Aysén ha señalado, en sucesivas declaraciones públicas, que cuenta con sus propios representantes para abordar el conflicto que ha creado el nuevo proyecto de Ley de Pesca. Ninguno de estos representantes, sin embargo, ha sido siquiera contactado por la Mesa Social de Aysén, que llegará a un acuerdo con el Gobierno sin contar, entre sus integrantes, con los representantes del sector que gatilló una justa rebelión que culminará, probablemente, con la desaparición de la pesca artesanal regional, es decir, con la desaparición de aquellos que iniciaron la rebelión social y que han sido el objetivo predilecto de las leyes y reglamentos que ha apoyado CORFAPA y que han contado con el voto del Eco-Senador en el parlamento.

Al pie de esta breve nota, se adjunta la Declaración Pública de la pesca artesanal de Aysén emitida el reciente 23 de Febrero.

Héctor Kol
Patagonia Chilena Sin Represas… Sin Salmoneras
Febrero 2012.

DESTACADO:
Declaración Pública
 PESCA ARTESANAL DE AYSÉN

Hoy 23 de Febrero del 2012. Es necesario reconocer la fortaleza y la necesidad de mantener vivo el movimiento ciudadano de la región de Aysén "tu problema es mi problema" el cual tiene el más estricto apoyo del sector pesquero artesanal.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante recalcar y aclarar que existe un conflicto nacional que es el sector pesquero artesanal en propiedad, que corresponde a la aprobación de la ley larga de pesca y acuicultura a discutirse en el mes de marzo, con el único propósito de hundir más al sector pesquero artesanal, por tanto el sector pesquero de nuestra región mantiene y tiene representantes en la mesa nacional para la discusión de esta ley, por cuanto indican que ese ha sido el único propósito de participar en la reunión con el subsecretario de pesca.

Hoy el desencadenamiento de conflictos pesqueros a nivel nacional, están sustentados en la aprobación de esta ley, por ende las confusiones que se han transmitido a través de los distintos medios de comunicación regional y nacional, que la única motivación a tratar dentro de la reunión sostenida con el Subsecretario de Pesca correspondió a los temas asociados al conflicto de la ley larga de pesca, no así al conflicto regional "tu problema es mi problema", movimiento regional ciudadano el cual apoyamos desde sus inicios, dando el puntapié inicial con la quema del bote "El Rebelde".

Es así que queremos recalcar, destacar y apoyar con toda nuestras bases el más estricto apoyo al movimiento regional transversal y ciudadano de la Patagonia que por primera vez nos hace protagonistas de nuestros cambios sociales, en nuestra región de Aysén.

No desconocemos la vocería de este movimiento regional y ciudadano, sin perjuicio de que los voceros de la pesca artesanal regional están definidos por parte de la mesa nacional de la pesca artesanal.

Por lo anterior expuesto cada dirigente es representante del sector pesquero artesanal legalmente constituido, representado en su certificado de vigencia.

PESCA ARTESANAL REGION DE AYSEN