Compañeras y compañeros:
El primer elemento a considerar,
es que los Estados nacionales están sometidos en el presente a acuerdos
internacionales que regulan sus relaciones por encima de cada uno de ellos,
tomando decisiones que relativizan la soberanía que se atribuye a cada Estado.
Ello no es sino resultado de la mundialización del poder, en manos de un mínimo
de personajes que tienen en sus manos el gran capital y han sabido conducir la política
internacional en favor de sí mismos. El que haya cortes internacionales no es
un triunfo de “la justicia” y la “imparcialidad” por encima de la arbitrariedad
de casa Estado, sino que es un triunfo de los grandes capitalistas en su
política por regular el planeta. Aun así, el Estado y la sociedad de Chile
deben aceptar que el país está sujeto a un ordenamiento planetario del que no
se puede restar y cuyas decisiones, ahora y en el futuro, deben ser acatadas,
especialmente en relación a los problemas con países limítrofes.
En ese contexto, es una enorme
ingenuidad que algunos sujetos crean en la soberanía y los valores de la
patria, cuando las principales decisiones de ésta se toman o en los tribunales
internacionales o en los herméticos clubes de los poderosos que dominan la
tierra. Los gobiernos y agrupaciones políticas “nacionalistas”, que ocultan
estas verdades, no son ingenuos sino mal intencionados, y echan a pelear a
ciudadanos de una u otra “nacionalidad” cuando ni estos Estados ni su ciudadanía,
controlan verdaderamente la economía y las relaciones internacionales.
El fallo de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya
ha resuelto una diferencia entre los Estados de Perú y Chile, en relación al
uso de las 200 millas
de mar que cada país sudamericano del Pacífico reivindica como propio de su
soberanía.
No representa cambio alguno en la
situación anterior, con respecto a las primeras 80 millas contadas desde
el Hito 1 de frontera entre Chile y Perú. De ningún modo, introdujo cambio
alguno en las fronteras terrestres, en contra de lo que se había especulado
recientemente, ni en las normas de navegación marítima o aérea en el espacio
marítimo. Es decir, los cambios afectan solamente la explotación económica que
empresas diversas, pueden ejercer en cada área. Ello remite al origen del
diferendo, que ha sido solamente un tema económico.
Se reconoce el derecho del Estado
peruano a ejercer soberanía y uso económico exclusivo en un triángulo a partir
de 80 millas
contadas desde la costa, que anteriormente Chile reivindicaba como propio, a lo
largo del paralelo que corre desde la frontera terrestre.
Este fallo solamente tiene una
implicancia económica en cuanto al uso exclusivo que Perú puede dar al espacio
que se le reconoce como propio. Los expertos han señalado que en el mar, a más
de 80 millas
de la costa, hay menores recursos biológicos que en las primeras 80 millas. Es decir, la
explotación económica del espacio marítimo a más de 80 millas representa un
volumen relativamente bajo de ingresos para la economía de cada país.
La explotación económica, a esas
alturas del mar, sólo ha sido realizada por empresas pesqueras de alta
tecnología: pesca de arrastre, barcos factoría. La pesca artesanal no se
desenvuelve a esa distancia.
La pesca artesanal de Chile y de
Perú, mantendrán sus propias zonas de explotación, y por lo tanto, sus propios
problemas, ya que por igual, chilenos y peruanos son víctimas de la desleal
competencia de las grandes empresas nacionales y transnacionales.
En el caso de Chile, debido a la
ley Longueira, aprobada en el último día del primer gobierno de Michelle
Bachelet, el mar se ha privatizado, quedando la pesca a la merced de las “siete
familias” asignatarias de los mayores beneficios en el área.
La economía chilena bajo el
sistema capitalista neoliberal funciona “por chorreo” y al ciudadano/a no le
alcanza a llegar sino lo más mínimo de la explotación que unas pocas grandes
empresas pesqueras realizan en las aguas en disputa.
La economía neoliberal ya ha
perjudicado a los hogares de Chile. Con o sin fallo de La Haya, el tarro de jurel que
hace 10 años costaba $ 200 hoy cuesta $ 800 y estará llegando pronto a los mil.
Las pescadas que vemos en el terminal, la caleta o la feria, son de la mitad de
tamaño a las que conocimos hace no muchos años. Y así, sucesivamente, cada vez
se hace más caro comer productos del mar. La explicación última no está en el
“calentamiento global”, sino en la sobreexplotación que la gran industria ha
venido haciendo; a ello se suma la emisión de gases por el uso excesivo de
energía en base a petróleo y sus derivados, que es la verdadera causa del
“calentamiento global”, y se puede agregar que el mar se contamina más y más
cada día, a causa de la eliminación de la basura, los desechos industriales y
residuos humanos, que se vacían al mar a mayor o menor distancia de la costa.
Los gobiernos al menos desde 1973
en adelante han regido su política internacional en torno al objetivo de que
los poderes a los que han servido, obtengan el mayor lucro en los negocios que
éstos emprenden. Entre otros, el canciller Alfredo Moreno ha manejado la
política en América Latina como un empresario más, con intereses centrados en
hacer buenas negociaciones mercantiles en el Perú, lucrando con el retail y
empobreciendo por parejo a las clases populares chilenas y peruanas.
La patriotería que las
autoridades han desplegado en estos últimos meses, en torno al resultado del
fallo judicial, oculta estos hechos de fondo: que en Chile la ciudadanía toda
ha perdido la soberanía colectiva y sus derechos al buen vivir, a manos de las
grandes empresas nacionales y transnacionales. Los gobiernos de Chile no han
ejercido ninguna labor patriótica para controlar la voracidad del gran capital
y defender a pescadores/as y consumidores/as. Nuestra ciudadanía ha quedado
desde los tiempos de la dictadura (y sin cambios mayores desde el final de
ésta), a merced de los grandes especuladores. No nos consta que la marina de
Chile haya logrado limpiar las aguas territoriales, de la depredación de barcos
extranjeros intrusos, pero sí que alguna vez se ha ensañado con pescadores como
los de Mehuín, defendiendo con las armas del Estado los recursos de un clan
económico de enorme poder.
Esperamos que tras el fallo, se
apaguen los odios xenófobos alimentados por los propios poderes fácticos que
depredan nuestros recursos. Esperamos que se termine el discurso patriotero que
ha sido usado como elemento distractor y alienante para ocultar las raíces de
nuestros problemas económicos y sociales.
Felicitamos a la ciudadanía ariqueña,
que se ha manifestado por la defensa de la buena convivencia entre pueblos y
Estados que se complementan y se necesitan.
Llamamos a orientar la atención
de la ciudadanía de Chile, en torno a la defensa de los verdaderos intereses a
que tenemos derecho, como es a ejercer soberanía real sobre las riquezas
básicas del mar y de la tierra, que han quedado en manos extranjeras por una
legislación que no protege al habitante del país. Es urgente reorientar nuestra
atención ante el problema de la propiedad de las aguas, el cobre y demás
riquezas que yacen en nuestro subsuelo, y sobre las cuales el país ejerce cada
vez menos control. Es urgente cancelar la ejecución de todos los grandes
proyectos que alteran la naturaleza y empobrecen al humano por el beneficio de
unos pocos poderosos.
Los pueblos no podemos dejar
nuestras relaciones en manos de gobiernos al servicio de los grandes capitales;
estos nunca podrán emprender una política de diálogo, comprensión y
reciprocidad para el bien común de las naciones. Por eso, nuestra Unión
Bicentenaria de los Pueblos, Capítulo de Chile, llama a ejercer directamente
nuestra Diplomacia de los Pueblos,
fortaleciendo espacios de participación latinoamericanista como el ALBA de los
Pueblos y toda iniciativa que surja de la creatividad de los trabajadores y
trabajadoras de cada país, que vayan en beneficio de la armonía y fraterna
convivencia con sus semejantes de Nuestra América.
Entradas
