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lunes, 4 de marzo de 2013

¿CONFLICTO MAPUCHE?


Eduardo Torres Gutiérrez.

¿Sabía usted que el nombre de Chile proviene del idioma indígena quechua Chiri o Chili que significa lugar helado frío y que con ese nombre, también se referían a este Valle de Aconcagua?
¿Sabía que el Padre de la patria Bernardo O’Higgins Riquelme hizo sus primeros estudios en una Escuelita multicultural (Colegio de Naturales de Chillán), donde estudió junto a los hijos de los más grandes caciques mapuche?

¿Sabía usted que O’Higgins y José Miguel Carrera hablaban el mapudüngún (Idioma mapuche)?
¿Sabía usted que uno de los amigos personales de O’Higgins y aliado estratégico de la guerra de la independencia de Chile era el Cacique Venancio Coñuepan, quien también luchó apoyando a José Miguel Carrera?
¿Sabía que el Ejercito Libertador de Chile cruzó la Cordillera gracias a la guía del Lonko mapuche, allende Los Andes, Wentekura y qué por Chile les guió el mestizo Justo Estay?

¿Sabía usted que el primer escudo chileno, de la patria vieja, tenía en sus costados a dos guerreros mapuche con sus ancestrales armas de combate?
¿Sabía usted que aquel ejército chileno que llegó hasta la mismísima capital peruana, tenía entre sus filas a un destacado soldado mapuche, Juan Lorenzo Colipi?
¿Sabía usted que el Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, era descendiente directa del Clan Diaguita Huanchicay del Valle del Elqui y que ella siempre se reconoció india y/o mestiza?

Si Chile le pide y exige a Bolivia que respete los tratados y acuerdos firmados con ellos, también le pide a Perú –ante la Corte de La Haya- que respete los tratados firmados décadas atrás, entonces ¿Por qué Chile no respeta los tratados y acuerdos –plenamente vigentes- firmados con la Corona española y con el Pueblo Nación Mapuche? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué ese torpe olvido?

Fue el Estado chileno,  quien violó -entre las décadas de 1860 y 1880- los acuerdos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Ahora, si usted no sabe esta parte de la historia, preocúpese entonces, pues la educación chilena “de calidad” no le ha contado esta parte omitida de nuestra historia. Infórmese, lea, exija toda la verdad a  sus autoridades y a los profesores de Historia de sus hijos, pues tarde o temprano los Pueblos Indígenas en Chile recurrirán a la Corte de La Haya para exigir el cumplimiento de dichos acuerdos firmados por límites territoriales con el Pueblo Nación Mapuche y frente a ello no se podrá alegar ignorancia.

Recuerde que Chile firmó y se comprometió, ante la Comunidad Internacional, a cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de La ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.


¿Qué dirían hoy  los padres de la patria al ver el trato que les está dando Chile a los pueblos originarios? ¿Quién es el que está en deuda? ¿Quién es el que tiene el conflicto?

“Son tan ingenuos muchos de nuestros mestizos que se creen españoles químicamente puros. El mapuche es un pueblo extraño entre todos los pueblos indígenas… es el más aplastado por el silencio” (Gabriela Mistral).



Visitar: www.huillimapu83.blogspot.com

domingo, 20 de enero de 2013

CUARTA DECLARACIÓN DE HISTORIADORES RESPECTO DE LA CUESTIÓN NACIONAL MAPUCHE



Al igual que en enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando emitimos sendas declaraciones a propósito de los asesinatos por la espalda de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío perpetrados por las fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración queremos expresar nuestra preocupación y punto de vista por los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía que concluyeron con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y desataron una serie de allanamientos a diversas comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente:

1. Los hechos de violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Mediante una prolongada campaña militar, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asistenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos.

2. No obstante esta comprensión de las causas estructurales de la violencia en la Araucanía, lamentamos la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo modo como lamentamos toda pérdida humana, pero advertimos a la opinión pública que no es justo criminalizar a todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones representativas de dicho pueblo. En este sentido, coincidimos plenamente con una reciente Declaración emitida por un grupo de destacados investigadores mapuches especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades cuando señalan: “Creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. Refuerzan la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones políticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”.

3. Consideramos que solo un cambio radical de la posición del Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile. También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural.

Igualmente se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos políticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de la militarización de la Araucanía y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de los Derechos Humanos.

4. Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo con sentido de identidad propia y el derecho a lograr una mayor participación en la gestación de las políticas que consideren apropiadas para impulsar su desarrollo.

5. Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que opone al Estado de Chile y los empresarios de la Araucanía, por un lado, y el pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. Negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico.

La Araucanía - Santiago, 19 de enero de 2013.


Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012.
Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas
de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Fabián Almonacid, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción.
Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Universidad de Los Lagos, Osorno.
Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.
Mario Garcés Duran, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.
Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar.
Juan Ñanculef Huaiquinao, Jefe Unidad de Cultura y Educación CONADI Dirección Nacional –Temuco.
Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile).
Florencia E. Mallon, académica de University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos.
Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales.
Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania.
Fernando Pairicán, Magíster © Universidad Santiago de Chile.
José del Pozo, académico de la Université de Québec à Montréal (UQAM), Montreal, Canadá.
José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas.
Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena.
Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Sergio Caniuqueo Huircapan, Magister © Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Comunidad de Historia Mapuche.
Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso.
Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Margaret Power, académica del Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.
Pablo Aravena Núñez, académico de las universidades de Valparaíso y Viña del Mar.
Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos.
Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales.
Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones.
Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar.
Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
Jorge Magasich, académico del Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) de Bruselas, Bélgica.
Bernardo Subercaseaux, académico de la Universidad de Chile.
Carlos Ruiz Rodríguez, académico del Instituto Profesional Chile, Carrera de Educación General Básica, Campus San Joaquín.
Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
Milton Godoy Orellana, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Claudia F. Rojas Mira, Dra © en Estudios Americanos especialidad Historia, IDEA,
Universidad de Santiago de Chile.
Claudio Pérez, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico.
Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile.
Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso.
Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
María Eugenia Albornoz Vásquez, Dra. © de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.
Enrique Fernández Darraz, académico de la Universidad de Tarapacá, Santiago.
Robinson Silva Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile.
Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.
Carlos Mondaca Rojas, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.
César Cerda Albarracín, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Daniel Palma Alvarado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
Pedro Bravo Elizondo, académico de Wichita State University, Wichita, Kansas, Estados Unidos.
Mario Valdés Vera, académico de la Universidad de Concepción.
Ricardo López, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
Francisca Giner Mellado, académica de la Universidad de las Américas.
Jorge Iturriaga, Dr. en Historia Pontificia Universidad Católica.
Alfredo Lastra Norambuena, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Polonia.
Luis Corvalán Márquez, académico de la Universidad de Valparaíso.
Luis Cruz Salas, investigador independiente.
Viviana Gallardo Porras, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mathias Ordenes Delgado, académico de la Universidad Católica de Temuco.
Carlos Gabriel Alfaro Hidalgo, académico de la Universidad Católica del Norte.
Jorge Rivas Medina, académico de las Universidades ARCIS y UCINF.
Michael Reynolds, académico de la Universidad de Chile.
María Soledad Jiménez Morales, académica de la Universidad Alberto Hurtado.
Ricardo Vargas Morales, académico de la Universidad ARCIS Sede Concepción.
Viviana Bravo Vargas, académica de la Universidad Autónoma de México, México.
Gina Inostroza Retamal, académica de la Universidad ARCIS, Sede Concepción, integrante Corporación Instituto Mujeres del Sur (ONG).
José Luis Cifuentes Toledo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.
Danny Marcelo Ahumada Vargas, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Pablo Artaza, académico de la Universidad de Chile.
Carolina Andaur Marín, académica de la Universidad Viña del Mar.
Patricio Herrera González, Doctorando en Historia de El Colegio de Michoacán, México.
Martín Correa Cabrera, investigador independiente.
José Luis Tasso Valdés, académico de la Universidad UCINF.
Manuel Andrade Valenzuela, Comisión Ética Contra la Tortura.
Eduardo Godoy Sepúlveda, Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
Rodrigo Henríquez Vásquez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Peralta, Editora de textos escolares de Historia y Ciencias Sociales.
Bárbara Chiu Stange, profesora de Historia.
Juan Guillermo Muñoz Correa, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Víctor Muñoz Cortés, Santiago, investigador independiente.
Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos IDEA-Universidad de Santiago de Chile, Becario CONICYT.
Hernán Delgado, académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno.
Lucía Valencia Castañeda, académica Universidad de Santiago de Chile.
Isabel Jara, académica de la Universidad de Chile.
Xochitl Inostroza, Dra. © en Historia, Universidad de Chile.
Alberto Harambour Ross, académico de la Universidad Diego Portales.
Isabel Möller, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Daniel Madariaga Arias, profesor de Historia.
Gustavo Martin Montenegro, professor del Holy Spirit College de Wollongong, NSW, Sidney, Australia.
Luis Azúa, Licenciado en Historia, París, Francia.
Dina V. Picotti, académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Mario Matus González, académico de la Universidad de Chile.
Armando Chaguaceda, académico de la Universidad Veracruzana (México) y Coordinador de Grupo de Trabajo de CLACSO.
James Cockcroft, académico jubilado de la State University of New York, Estados Unidos.
Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile.



lunes, 10 de octubre de 2011

Los movimientos indígenas desde junio de 2011


Análisis de coyuntura. Para el debate.

CON UN SALUDO FRATERNO PARA L«S WEICHAFE DE TODOS LOS PUEBLOS QUE LUCHAN. EN ESTE NUEVO ANIVERSARIO DE LA INVASIÓN EUROPEA.

Visión global 1990-2010

En 1990 irrumpió el Consejo de Todas las Tierras (CTT), como alternativa mapuche frente al desgaste y los intereses individualistas de los partidos chilenos tradicionales. Los indígenas ligados a la Concertación crearon la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que sirvió para cooptar a la dirigencia de los 80 y oponerse al CTT.

Las distintas organizaciones obtuvieron logros importantes, en cuanto a que el tema indígena se volviese a hacer visible y que parte de la sociedad chilena se sensibilizase en torno a la problemática indígena e incluso muchos fuesen asumiendo su mestizaje y niveles de compromiso con la causa de los pueblos originarios.

El movimiento indígena (mapuche, aymara, rapa nui, etc.), importante en la resistencia a la dictadura, y la organización se fueron desgastando en los 90 y parte de la dirigencia de esta y otras organizaciones volvió a prestar servicios (por lo general remunerados) a los partidos del sistema wingka. Otros se mantuvieron en la autonomía ideológica y orgánica, pero no han logrado cohesionarse y constituir alternativas orgánicas.

Los gobiernos concertacionistas y el actual de extrema derecha no han hecho sino administrar el Estado a favor de los intereses de las empresas transnacionales, que tienen el verdadero poder más allá de la ilusión de las elecciones y de las (restringidas) “libertades ciudadanas”. Los distintos gobiernos de la Concertación, desde 1990 desarrollaron políticas clientelistas y de cooptación de las organizaciones, y lograron “ganar tiempo” frente a las demandas de las comunidades, siempre con trucos como el llamado a formar comisiones de estudio, mesas de indígenas y de funcionarios, y “consultas” a parte de las organizaciones ligadas a la institucionalidad. Mientras algunos se mantenían en el nivel de solicitantes, otras comunidades se cansaron de tanta tramitación y emprendieron acciones directas para presionar al Estado y al gobierno de turno. De ahí, la radicalización de la demanda indígena (en especial la mapuche) y la respuesta de los gobiernos, de criminalizar las demandas y las organizaciones, desarrollando una política de clientela y represión, de “zanahoria y garrote”.

La coyuntura actual
Con los movimientos de los pueblos indígenas, está pasando algo parecido a lo analizado con los trabajadores en Chile. Hay numerosas movilizaciones locales, pero las comunidades y organizaciones originarias no han logrado constituir un movimiento cohesionado, con estrategia común, con una política de demandas de cambios estructurales al sistema estatal.

Como en el caso de los trabajadores, ha influido en ello el fenómeno de decepción y rechazo, frente a la pésima conducción concertacionista, lo que ha inducido a creer a algunos (tanto indígenas como chilenos en general) que ya pasó el tiempo de la “izquierda” y creyeron en un tiempo de cambios desde la derecha.

Una iniciativa de cúpula, con apoyo del nacionalismo europeo, el Partido Wallmapuwen, no se logró inscribir en el plazo que dan las leyes chilenas, creadas a la medida para la alternancia entre la Concertación y la derecha clásica. El sistema le acaba de decir “siga participando” y el partido tendría que iniciar el proceso desde cero. Desde luego, ello fue resultado de la mínima inserción de la cúpula organizadora y de que sus propuestas no alcanzan la popularidad que los dirigentes se imaginaban.

Parte del movimiento mapuche, se ha centrado en las demandas de libertad a los presos políticos. A veces se nota entre la dirigencia una falta de conocimiento del aparato estatal. Las organizaciones más radicalizadas demandan al estado en general, o piden al gobierno lo que éste no quiere ni puede conceder, como la libertad para los prisioneros, que ahora depende del poder judicial. Las movilizaciones en favor de los presos en huelga de hambre, no alcanzaron la masividad del movimiento del año pasado.

Aprovechando la dispersión y el desgaste, la derecha gobernante siguió instalando su “consulta” para cambiar la institucionalidad indígena por un aparato más a medida de los intereses de los poderes fácticos (transnacionales) y de los partidos que manejan las políticas públicas. Aunque la CONADI nunca fue un instrumento a favor de los pueblos indígenas, la derecha lo usó como blanco de sus críticas contra la Concertación. Ahora no saben qué hacer con ella, convencidos de que es un instrumento ineficiente, que no consigue captar el interés de los “indígenas amigos”, ni tampoco tiene fuerza suficiente para ejercer políticas clientelistas al nivel que la derecha hubiera querido.

Para transformar la CONADI, el gobierno necesita cumplir las normas establecidas por el derecho internacional, acerca de consultar a los pueblos indígenas al proyectar políticas que los involucran, ya que Chile suscribió el convenio 169 de la OIT. Para burlar el Convenio, los poderes fácticos cuentan con un instrumento que les legó no cualquier concertacionista, sino uno de los que hacen de bisagra y puente de plata entre las dos familias de la mafia capitalista: el sr. Viera-Gallo, primo político del jefe del gobierno de turno. Viera-Gallo, como los antiguos comisarios de naciones que hacían amistad con los indígenas y servían a los españoles y sus redes de negocios y poder, va de lado a lado entre la Concertación y el piñerismo. Su legado fue el decreto 124 de Mideplan del año 2010, que en la práctica desinstala los mecanismos del Convenio 169 y que así queda sin efecto. El Senado inicialmente aprobó solicitar al gobierno dejar sin efecto el decreto 124, pero la derecha se reorganizó para conseguir que la votación se anulase.

La política de “consultas” en Chile significa que el gobierno “consulta” a las organizaciones que sabe que van a responder a su favor cada vez que se les pida su opinión. Es muy diferente el caso de Perú, donde acaba de ser promulgada una ley que oficializa el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, en los casos en que alguna medida estatal afecte los intereses de aquellos.

El empresario chileno de padre alemán con pasado nazi, Felipe Kast, ministro de Planificación de Piñera hasta el reciente cambio de gabinete, resultó afectado por las torpezas de su administración frente al tema indígena; los funcionarios de la CONADI bajo este gobierno, fracasaron en la política de buscar suficientes aliados indígenas que les asegurasen gobernabilidad en sus fechorías. Pasó al ministerio Joaquín Lavín, fracasado frente a los estudiantes, y al que Piñera “tiró a los leones” de los pueblos originarios y de la extrema pobreza. Llama la atención que el movimiento indígena, en especial mapuche, no ha sabido hacer una ofensiva de exigencias legales, ya que este gobierno prometió demasiado a este sector y no ha cumplido en nada.

Hoy, el movimiento estudiantil ha opacado el movimiento mapuche, que tuvo un débil repunte durante la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, ligados a la Coordinadora Arauco Malleco.

Las movilizaciones masivas mapuche han llegado a un punto muerto, a excepción de las acciones de tipo local para impedir (o retrasar) los megaproyectos del Imperio y sus yanakona.
Otro hecho novedoso son las gestiones organizadas por la Red Legislativa Indígena (RILPP), que acaba de conseguir la decisión de Mideplan de suspender las actuales “consultas”. No obstante, la Red llamó a “derogar inmediatamente el decreto 124 de Mideplan que mutila la consulta, y que los senadores de la Alianza retiren su proyecto de acuerdo que contradice el ya aprobado que rechaza la consulta, porque además contradice la reciente decisión del gobierno”.

Sigue faltando una operación de constitución de orgánica que logre golpear políticamente al Estado wingka y las transnacionales, debilitando las fuerzas opresoras y peleando no aislados sino sincronizadamente, como nos enseñó Leftraru.
Esta orgánica debe centrar sus demandas en las justas aspiraciones de la nación mapuche, debe iniciarse en las comunidades y atender a sus problemas concretos, no sólo con demandas ideológicas que las entiende e impulsa una pequeña minoría. Debe ser el cauce, el eco de la voz misma de la Tierra, aukin mapu ñi zügun.
Esta unión puede y debe ser respetando la diversidad de identidades territoriales, tradiciones y métodos de acción: como fue siempre, en los siglos en que la nación mapuche tuvo a raya al Imperio opresor. Además de la unión de las organizaciones mapuche, es necesario que éstas coordinen mayormente con las organizaciones populares anticapitalistas, con los movimientos sociales, porque el proyecto de nuevo país nos interesa a tod«s.

Carlos Ruiz R. Miembro del MPT
(Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores) 
y del Centro Mapuche de Estudio y Acción.


lunes, 15 de agosto de 2011

Senado pretende desconocer derechos indígenas reconocidos internacionalmente




El Senado de Chile aprobó el 3 de agosto de 2011 un correcto Acuerdo en que solicita al Ejecutivo se cumplan las normas internacionales sobre consulta previa y, por tanto, pide suspender una irregular "consulta indigena" que impulsa Mideplan  y la derogación inmediata del arbitrario Decreto 124 -2009 que reglamenta las Consultas.

Tal Acuerdo abrió una insólita disputa política de alcances sorprendentes.

Un grupo de senadores de derecha recurrió a un resquicio para anular  aquel Acuerdo. Propone un nuevo texto de Acuerdo para que el Senado  otorgue ahora  un cerrado respaldo a la cuestionada "consulta indígena". Y de paso redefine al Convenio 169.

Por cierto, el primer Acuerdo del Senado ya habia sido remitido al Presidente de la República, y enviado a la OIT y al  Relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Es posible que el Relator y la OIT reciban dos comunicaciones contradictorias del mismo honorable Senado de Chile, elocuente testimonio de que algo no anda bien en Chile.

EL CUESTIONAMIENTO A LA "CONSULTA INDIGENA" DE MIDEPLAN

El proyecto de acuerdo original fue propuesto por senadores de oposición, acogiendo el llamado de decenas de organizaciones de pueblos indígenas y las recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto al imperativo de que el estado de Chile cumpla con las normas internacionales sobre consulta previa a los pueblos indígenas, y la constatación empírica de que tales normas no se respetan en la denominada "gran consulta indígena" que impulsa el Ministerio de Planificación, Mideplan.

Los cuestionamientos no son nuevos. Diversas organizaciones indígenas han emitido fundadas declaraciones al respecto y la propia Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT publicó en febrero de 2011 un extenso  cuestionario a Chile con observaciones críticas respecto al Decreto 124 de Mideplan, y el cumplimiento de estándares de consulta.

EL ARDID PARA ANULAR LA VOTACION.

La  votación oficial del Senado el dia 3 de agosto fue  12 votos a favor  y 6 en contra.  Sin embargo, en el recuento oficial figura un voto en contra del Acuerdo, correspondiente a un Senador que no se encontraba presente en la Sala. En otras palabras, sólo hubo 5 votos en contra y no 6. ¡Alguien apretó el botón de votaciones de un senador ausente!

El voto cuestionado no altera el resultado, más bien lo reafirma, sin embargo, basándose en aquel incidente, y a exigencia de senadores de derecha, los comités parlamentarios han acordado anular la votación del dia 3 de agosto.

La votación del Proyecto de Acuerdo que cuestiona la "consulta" se repetirá el día martes 16 de agosto. Además, se votará un segundo proyecto que apoya la "consulta". Será un "super martes", de cara y sello.

EL NUEVO PROYECTO DE ACUERDO. DE ANTOLOGIA.

El nuevo proyecto de acuerdo presentado por un grupo de senadores de derecha propone un rotundo respaldo a la cuestionada "consulta indigena" de Mideplan. Y postula singulares conceptos.

El proyecto subentiende a las consultas como meros actos de recabar opinión de los indígenas. Tal concepción ha sido objetada reiteradas veces por la Comisión de Expertos de la OIT, sin embargo, ello no es obstáculo para que los senadores dictaminen que la "consulta indigena" de Mideplan  se ajusta a las normas del Convenio 169 de la OIT. Más aun, se afirma que tal "consulta" se basa en "los más altos estándares internacionales", sin dar pruebas que avalen tan afirmación.

Por otro lado, el texto de los senadores  plantea, al pasar, una radical reinterpretación del Convenio 169, entendiéndolo como un estatuto colonial que regula relaciones jerarquicas entre los estados y "sus" pueblos indígenas. Tal vez equivocados de Convenio, pensando en el 107 y no en su revisión, el 169. Por cierto el documento senatorial evita hablar de derechos de pueblos y obligaciones estatales correlativas.

Asi, el proyecto de Acuerdo pretende que el Senado de Chile se autoerija en instancia autorizada para establecer, sin más prueba que sus votos, el cumplimiento y alcance de normas de derechos humanos.

CHILE ¿ UN PAIS SERIO?

Los senadores están convencidos de la importancia del nuevo proyecto de Acuerdo.  Proponen enviar el documento a la OIT y presentarlo al Relator James Anaya, reemplazando el otro texto anulado, "para dejar constancia" de cómo se hacen las cosas en Chile.

Los hechos en torno al Acuerdo del Senado y la "consulta indígena" recuerdan una anécdota que contaba un antiguo miembro chileno del Consejo de Administración de OIT, Manuel Montt. En una Conferencia de la OIT en Ginebra, 1978 -tiempos de dictadura en Chile- otro miembro del Consejo,  espantado ante las declaraciones de la delegación chilena que intentaba justificar lo injustificable, le pasó un papel por debajo de la mesa: "Ton pays n'est pas sérieux, Manuel".

LA CONSULTA Y "LOS MAS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES".

Organizaciones de los pueblos indígenas han llamado a escribir a los honorables Senadores para que mantengan el Acuerdo original, y que se cumplan las normas internacionales.  Y concurrir al Senado para la sesión del Martes 16 de agosto.

Con todo, hay un punto a rescatar de este nuevo episodio de las "consultas" en Chile.

Existe coincidencia entre los planteamientos del senado, el gobierno y la dirigencia indigena: que la legitimidad y validez de las consultas se mide de acuerdo al cumplimiento de los estándares internacionales. El asunto es serio. ¿Se cumplen los estándares en Chile?  No, no se cumplen. Es un desafío pendiente.



jueves, 4 de agosto de 2011

Pueblos indígenas: Senado solicita derogar decreto 124



www.politicaspublicas.net            04 de Agosto de 2011  

Senado de Chile Acuerda solicitar la derogación del  Decreto 124 que reglamenta consultas, y la suspensión de irregular "Consulta Indígena" de Mideplan



En segunda votación, Senado de Chile aprobó  Proyecto de Acuerdo.
El Miércoles 3 de Agosto de 2011 a las 18:52 hrs.  el Senado de Chile vota y acuerda solicitar al Ejecutivo la derogación del arbitrario Decreto 124-2009 de Mideplan, que reglamenta las consultas a pueblos indígenas,   y que  se instruya a Mideplan la  suspensión de la irregular "gran consulta indigena sobre institucionalidad".
Asimismo, el  Senado acuerda solicitar al Gobierno "Realizar las futuras consultas con estricta sujeción al Convenio 169 de la OIT y los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas".
El Proyecto de Acuerdo patrocinado por los Senadores señores Navarro, Girardi, Gómez, Lagos y Quintana, fue aprobado por 12 votos contra 6. 
Organizaciones de los pueblos indígenas - aymara, rapanui, mapuche, likanantay- enviaron comunicaciones a los Senadores solicitando su voto favorable al Proyecto de Acuerdo.



TEXTO DEL ACUERDO DEL SENADO, Aprobado el 3 de Agosto de 2011.


Boletín Nº S 1.378-12

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señores Navarro, Girardi, Gómez, Lagos y Quintana, sobre consultas indígenas en el marco del Convenio Nº 169 de la O.I.T.

Considerando,
1. Que el Convenio 169 de la OIT dispone en su artículo 6, que:
"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".
2. Que el 27 de marzo de 2011, CONADI notifica la realización de una serie de consultas que se desarrollarán de acuerdo al Decreto Nº 124 de MIDEPLAN, "Reglamento provisional de consultas indígenas", sobre los siguientes temas:
a) La creación de la Agencia de Desarrollo Indígena en reemplazo de la Conadi.
b) Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas.
c) La creación del Consejo de Pueblos Indígenas.
d) El Procedimiento de Consulta y participación.
e) Consulta para el censo indígena 2012 del Instituto Nacional de estadísticas.
f) El nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
3. Que las consultas señaladas se desarrollan con la vulneración de todos y cada uno de los estándares del Convenio 169 de la OIT.
4. Que la Declaración del Encuentro de Autoridades tradicionales y dirigentes de los Pueblos indígenas, que agrupa a 44 comunidades y asociaciones indígenas, suscrita en Santiago, 13 de mayo del 2011, señala: "El Decreto 124 es hoy uno de los principales obstáculos para la aplicación del Convenio 169 en Chile, pues atenta contra su esencia, que es la consulta y participación efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de las medidas legislativas y administrativas que nos conciernen. Por consiguiente, exigimos la derogación inmediata del Decreto Supremo Nº 124 de Mideplan, como señal concreta, y un requisito clave para cualquier proceso de diálogo válido." Los indígenas piden suspender los procesos de "consultas" a pueblos indígenas anunciados por el Gobierno de Chile. Llaman a asignar prioridad a acordar procedimientos de consulta con el Congreso y el Ejecutivo, con participación de los pueblos indígenas, y que cumplan con las normas internacionales.
5. Que el Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas criticó gravemente la consulta señalando: "TRABAJO INTERNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Se dará un apoyo en $ para trabajar con un mínimo de 10 organizaciones en talleres que por la materia a tratar tienen que ser mínimo de doble jornada entonces sí sacamos el cálculo ¿alcanza para cubrir un área de trabajo con 10 organizaciones?, será posible trabajar en forma interna de esa manera? Se tomó en cuenta la dispersión geográfica existente en la Región de Tarapacá?, ¿se tomó en cuenta el acceso y los caminos malos existentes en las comunas rurales especialmente la comuna de Huara y Colchane que son los lugares con más población indígena y con más localidades? Y todo porque...porque están los tiempos por el medio para acelerar el proceso y zanjar de una vez por todas lo que es la consulta. El trabajo interno propuesto por el Gobierno sólo entrampa la participación de los pueblos, limita su accionar (llenado de formularios, plantillas echas) y trata de captar la "participación de los pueblos mediante la entrega de dinero.
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE APORTES Y RESULTADOS: Qué se va a sistematizar, si la gente nunca participó realmente, no se informó como debía, la gente acudió, fue, estuvo pero participación es cuando se logra entender el tema a tratar o tratado por lo tanto se puede opinar y aportar pero eso no se logra en un taller y menos con los temas tratados tan delicados a tratar en estos talleres."
5. Que lo mismo hicieron el Consejo mapuche Huilliche de Osorno; las Comunidades mapuche de Lumaco; y agrupaciones mapuche Nagche.
6. Inclusive, la misma Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile ofició un Acuerdo al Ministro de Planificación, Felipe Kast, pidiendo suspender las consultas y pidiendo la derogación del Decreto 124, que mutila la consulta del Convenio 169 de la OIT.
7. Que en Diciembre de 2010 en su primer Informe Anual, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) establece que el Decreto 124 no fue consultado y que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la consulta, por lo que recomienda al Gobierno y a todos los poderes del Estado se tomen las medidas para garantizar el cumplimiento del deber de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales.
8. Que de acuerdo a una carta enviada a la Unión Europea por la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, "se puede constatar que las consultas están reducidas a una mera encuesta, un papel con alternativas, con preguntas y respuestas inductivas, en idioma español exclusivamente (salvo los saludos en idiomas indígena!), se mezcla la consulta sobre la consulta con las demás. Es impresionante como se ha vulnerado el Convenio 169".
9. Que Katherine Báuerle, Oficial de Prensa e Información, de la Delegación de la Unión Europea en Chile, reconoció en carta al Diario Electrónico Mapuexpress, que la consulta del gobierno está financiada por el Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile –"del cual la consulta indígena es sólo uno de 8 proyectos en total- el que cuenta con un financiamiento de 20,5 millones de euros. El aporte europeo en el caso específico de la consulta indígena suma un total de 508.900 euros", lo que ha abierto un nuevo flanco de indignación en virtud de que el dinero de la Unión Europea se está usando en la vulneración de los derechos indígenas.
10. Que la gravedad de la vulneración de las normas de consulta se hace más patente si percatamos que de acuerdo a dos dictámenes del Comisión de Expertos de la OIT,Observación General sobre el Convenio núm. 169, 79º reunión, 2008 (publicación 2009). Comisión de Expertos, 76º reunión, 2005. Observación Guatemala (párrafo 6) (publicación 2006), se califica al derecho a la consulta indígena como "La piedra angular del Convenio": "El establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les conciernen es la piedra angular del Convenio Nº 169, aunque sigue siendo uno de los principales desafíos que plantea la aplicación plena del Convenio en una serie de países). El Convenio exige que los pueblos indígenas puedan participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses. El establecimiento de mecanismos de consulta es fundamental para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Por ende, los artículos 6 y 7 referidos a consulta y participación resultan disposiciones clave del Convenio Nº 169 sobre las cuales "reposa la aplicación de los demás disposiciones", si bien otros artículos también hacen referencia a la consulta y a la participación. Las disposiciones sobre consulta y participación deben leerse en forma conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y sistemáticas tendientes a implementar los derechos de los pueblos".
11. Que extrañamente este hecho ha sido reconocido por quién diseñó y promovió las actuales consultas antes de renunciar al cargo hace un mes, don Sebastián Donoso R.,ex Asesor Especial para Asuntos Indígenas del Gobierno, en un artículo firmado por él, titulado"¿Cómo se aplica el Convenio 169 de la OIT en Chile?, de 01 de marzo de 2011, reconoce textualmente la entidad de la consulta indígena: "Precisamente es la propia OIT la que ha resaltada una y otra vez que la "piedra angular" del Convenio 169, es la consulta y participación de los pueblos indígenas en respecto a las materias y decisiones que les afectan directamente".

El Senado acuerda:

1.- Solicitar al Presidente de la República instruya al Ministro de Planificación:
a) La suspensión de las consultas indígenas sobre:
La creación de la Agencia de Desarrollo Indígena en reemplazo de la Conadi
Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas
La creación del Consejo de Pueblos Indígenas.
El procedimiento de Consulta y participación
Consulta para el censo indígena 2012 del Instituto Nacional de Estadísticas.
El nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
b) Realizar las futuras consultas con estricta sujeción al Convenio 169 de la OIT y los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente en lo que dice relación con la necesidad de acordar previamente la forma de consultar y luego, los temas futuros que serán consultados.
c) La derogación del Decreto 124 de Mideplan, que fija el Reglamento provisional de consultas indígenas.
2. Comunicar este acuerdo a la OIT para efectos de que tomen conocimiento de las vulneraciones del Convenio 169 de la OIT.
3. Comunicar este acuerdo a James Anaya, Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.




COMENTARIO:
Se trata de un importante logro de la movilización de los pueblos-naciones originarias.
Aunque se da en el contexto de un senado contrario a la voluntad popular (como prueba la designación de senadores a dedo, como en tiempo de los romanos) y originado en una constitución espuria, de todas formas el hecho nos alegra.
Es de esperar que el acuerdo del senado no sea "show", considerando que el decreto 124 lo inventó el "socialista" Viera-Gallo, cuñadito del ex-senador Chadwick Piñera, hoy ministro de su primo, para burlar el Convenio 169, y que mantener burlado este convenio le sirve a las dos derechas:
- la Concertacionista y - la Piñerista-Pinochetista.