Análisis de coyuntura. Para el debate.
Visión global 1990-2010
En 1990 irrumpió el Consejo de
Todas las Tierras (CTT), como alternativa mapuche frente al desgaste y los
intereses individualistas de los partidos chilenos tradicionales. Los indígenas
ligados a la Concertación crearon la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas
(CNPI), que sirvió para cooptar a la dirigencia de los 80 y oponerse al CTT.
Las distintas organizaciones obtuvieron
logros importantes, en cuanto a que el tema indígena se volviese a hacer
visible y que parte de la sociedad chilena se sensibilizase en torno a la
problemática indígena e incluso muchos fuesen asumiendo su mestizaje y niveles
de compromiso con la causa de los pueblos originarios.
El movimiento indígena (mapuche,
aymara, rapa nui, etc.), importante en la resistencia a la dictadura, y la
organización se fueron desgastando en los 90 y parte de la dirigencia de esta y
otras organizaciones volvió a prestar servicios (por lo general remunerados) a
los partidos del sistema wingka. Otros se mantuvieron en la autonomía
ideológica y orgánica, pero no han logrado cohesionarse y constituir
alternativas orgánicas.
Los gobiernos concertacionistas y
el actual de extrema derecha no han hecho sino administrar el Estado a favor de
los intereses de las empresas transnacionales, que tienen el verdadero poder
más allá de la ilusión de las elecciones y de las (restringidas) “libertades
ciudadanas”. Los distintos gobiernos de la Concertación, desde 1990 desarrollaron
políticas clientelistas y de cooptación de las organizaciones, y lograron
“ganar tiempo” frente a las demandas de las comunidades, siempre con trucos
como el llamado a formar comisiones de estudio, mesas de indígenas y de
funcionarios, y “consultas” a parte de las organizaciones ligadas a la
institucionalidad. Mientras algunos se mantenían en el nivel de solicitantes,
otras comunidades se cansaron de tanta tramitación y emprendieron acciones
directas para presionar al Estado y al gobierno de turno. De ahí, la
radicalización de la demanda indígena (en especial la mapuche) y la respuesta
de los gobiernos, de criminalizar las demandas y las organizaciones,
desarrollando una política de clientela y represión, de “zanahoria y garrote”.
La coyuntura actual
Con los movimientos de los
pueblos indígenas, está pasando algo parecido a lo analizado con los
trabajadores en Chile. Hay numerosas movilizaciones locales, pero las
comunidades y organizaciones originarias no han logrado constituir un
movimiento cohesionado, con estrategia común, con una política de demandas de
cambios estructurales al sistema estatal.
Como en el caso de los
trabajadores, ha influido en ello el fenómeno de decepción y rechazo, frente a
la pésima conducción concertacionista, lo que ha inducido a creer a algunos
(tanto indígenas como chilenos en general) que ya pasó el tiempo de la
“izquierda” y creyeron en un tiempo de cambios desde la derecha.
Una iniciativa de cúpula, con
apoyo del nacionalismo europeo, el Partido Wallmapuwen, no se logró inscribir
en el plazo que dan las leyes chilenas, creadas a la medida para la alternancia
entre la Concertación y la derecha clásica. El sistema le acaba de decir “siga
participando” y el partido tendría que iniciar el proceso desde cero. Desde
luego, ello fue resultado de la mínima inserción de la cúpula organizadora y de
que sus propuestas no alcanzan la popularidad que los dirigentes se imaginaban.
Parte del movimiento mapuche, se
ha centrado en las demandas de libertad a los presos políticos. A veces se nota
entre la dirigencia una falta de conocimiento del aparato estatal. Las
organizaciones más radicalizadas demandan al estado en general, o piden al
gobierno lo que éste no quiere ni puede conceder, como la libertad para los
prisioneros, que ahora depende del poder judicial. Las movilizaciones en favor
de los presos en huelga de hambre, no alcanzaron la masividad del movimiento
del año pasado.
Aprovechando la dispersión y el
desgaste, la derecha gobernante siguió instalando su “consulta” para cambiar la
institucionalidad indígena por un aparato más a medida de los intereses de los
poderes fácticos (transnacionales) y de los partidos que manejan las políticas
públicas. Aunque la CONADI nunca fue un instrumento a favor de los pueblos
indígenas, la derecha lo usó como blanco de sus críticas contra la
Concertación. Ahora no saben qué hacer con ella, convencidos de que es un
instrumento ineficiente, que no consigue captar el interés de los “indígenas
amigos”, ni tampoco tiene fuerza suficiente para ejercer políticas
clientelistas al nivel que la derecha hubiera querido.
Para transformar la CONADI, el
gobierno necesita cumplir las normas establecidas por el derecho internacional,
acerca de consultar a los pueblos indígenas al proyectar políticas que los
involucran, ya que Chile suscribió el convenio 169 de la OIT. Para burlar el
Convenio, los poderes fácticos cuentan con un instrumento que les legó no
cualquier concertacionista, sino uno de los que hacen de bisagra y puente de
plata entre las dos familias de la mafia capitalista: el sr. Viera-Gallo, primo
político del jefe del gobierno de turno. Viera-Gallo, como los antiguos
comisarios de naciones que hacían amistad con los indígenas y servían a los
españoles y sus redes de negocios y poder, va de lado a lado entre la
Concertación y el piñerismo. Su legado fue el decreto 124 de Mideplan del año
2010, que en la práctica desinstala los mecanismos del Convenio 169 y que así
queda sin efecto. El Senado inicialmente aprobó solicitar al gobierno dejar sin
efecto el decreto 124, pero la derecha se reorganizó para conseguir que la
votación se anulase.
La política de “consultas” en
Chile significa que el gobierno “consulta” a las organizaciones que sabe que
van a responder a su favor cada vez que se les pida su opinión. Es muy
diferente el caso de Perú, donde acaba de ser promulgada una ley que oficializa
el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, en los casos en que alguna
medida estatal afecte los intereses de aquellos.
El empresario chileno de padre
alemán con pasado nazi, Felipe Kast, ministro de Planificación de Piñera hasta
el reciente cambio de gabinete, resultó afectado por las torpezas de su
administración frente al tema indígena; los funcionarios de la CONADI bajo este
gobierno, fracasaron en la política de buscar suficientes aliados indígenas que
les asegurasen gobernabilidad en sus fechorías. Pasó al ministerio Joaquín
Lavín, fracasado frente a los estudiantes, y al que Piñera “tiró a los leones”
de los pueblos originarios y de la extrema pobreza. Llama la atención que el
movimiento indígena, en especial mapuche, no ha sabido hacer una ofensiva de
exigencias legales, ya que este gobierno prometió demasiado a este sector y no
ha cumplido en nada.
Hoy, el movimiento estudiantil ha
opacado el movimiento mapuche, que tuvo un débil repunte durante la huelga de
hambre de los presos políticos mapuche, ligados a la Coordinadora Arauco Malleco.
Las movilizaciones masivas mapuche
han llegado a un punto muerto, a excepción de las acciones de tipo local para
impedir (o retrasar) los megaproyectos del Imperio y sus yanakona.
Otro hecho novedoso son las
gestiones organizadas por la Red Legislativa Indígena (RILPP), que acaba de
conseguir la decisión de Mideplan de suspender las actuales “consultas”. No
obstante, la Red llamó a “derogar inmediatamente el decreto 124 de Mideplan que
mutila la consulta, y que los senadores de la Alianza retiren su proyecto de
acuerdo que contradice el ya aprobado que rechaza la consulta, porque además
contradice la reciente decisión del gobierno”.
Sigue faltando una operación de
constitución de orgánica que logre golpear políticamente al Estado wingka y las
transnacionales, debilitando las fuerzas opresoras y peleando no aislados sino sincronizadamente,
como nos enseñó Leftraru.
Esta orgánica debe centrar sus
demandas en las justas aspiraciones de la nación mapuche, debe iniciarse en las
comunidades y atender a sus problemas concretos, no sólo con demandas ideológicas
que las entiende e impulsa una pequeña minoría. Debe ser el cauce, el eco de la
voz misma de la Tierra, aukin mapu ñi zügun.
Esta unión puede y debe ser
respetando la diversidad de identidades territoriales, tradiciones y métodos de
acción: como fue siempre, en los siglos en que la nación mapuche tuvo a raya al
Imperio opresor. Además de la unión de las organizaciones mapuche, es necesario
que éstas coordinen mayormente con las organizaciones populares
anticapitalistas, con los movimientos sociales, porque el proyecto de nuevo país
nos interesa a tod«s.
Carlos Ruiz R. Miembro
del MPT
(Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores)
y del Centro Mapuche de Estudio y Acción.
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