supuestamente para entrenamiento de operaciones de paz de la ONU y financiada por el ejército de USA, tal como sucede en muchos países de América Latina, es válido preguntarse por la estrecha relación entre las violaciones de los derechos humanos como medio de imposición del sistema económico que hoy impera en el mundo.
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viernes, 11 de mayo de 2012
TERRORISMO Y LIBERTAD DE MERCADO
A propósito de la implementación
de una base militar en el Fuerte Aguayo de Con-Cón,
supuestamente para entrenamiento de operaciones de paz de la ONU y financiada por el ejército de USA, tal como sucede en muchos países de América Latina, es válido preguntarse por la estrecha relación entre las violaciones de los derechos humanos como medio de imposición del sistema económico que hoy impera en el mundo.
supuestamente para entrenamiento de operaciones de paz de la ONU y financiada por el ejército de USA, tal como sucede en muchos países de América Latina, es válido preguntarse por la estrecha relación entre las violaciones de los derechos humanos como medio de imposición del sistema económico que hoy impera en el mundo.
Milton Friedman, ideólogo de la
economía de mercado, en “Capitalismo y libertad” (Madrid, Rialp, 1966), afirma
que las únicas funciones del Estado consisten en la “protección de nuestras
libertades, contra los enemigos del exterior y los del interior: defender la
ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para
mercados competitivos”.
En otros
términos, asigna al Estado funciones
policiales y militares, porque cualquier otra variable sería una interferencia
injusta en las leyes del mercado, para así desarrollar la absoluta libertad de
movimiento de las grandes empresas y para la anulación del gasto social. Esto se traduce en una gran transferencia de
riqueza pública hacia la propiedad privada, incrementándose las distancias
entre ricos y pobres, además del desarrollo de un nacionalismo agresivo que justifica
gastos de defensa y seguridad.
Ratificación de lo anterior es
una investigación del Senado de USA, en 1975, sobre la intervención en Chile,
poniendo al descubierto que la CIA había entrenado al ejército de Pinochet en
formas de “controlar la subversión”.
(Comité Selecto para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales
Relativas a las Actividades de Inteligencia, Senado de USA, Covert Action in
Chile 1963-1973, - 18-12-1975, pág. 40).
Por su parte, el Informe de la
Comisión de la Verdad, BRASIL: NUNCA MAIS, publicado en 1985, indica que oficiales del ejército asistieron a “clases de
tortura” impartidas por la policía militar, realizándose “demostraciones
prácticas” con prisioneros a los que se torturaba.
Una de las primeras personas en introducir
esta práctica en Brasil fue Dan Mitrione, un agente de policía norteamericano,
quien “recogía mendigos de las calles y los torturó en sus recintos para que la
policía local aprendiera diversas formas de crear en el prisionero la
contradicción suprema entre el cuerpo y la mente”. Más tarde, Mitrione pasó a organizar la
formación de policía en Uruguay. Su lema
era ”El dolor preciso en la cantidad precisa”.
(Galeano, Eduardo, “Memoria del fuego”, vol. 3, Madrid, Siglo XXI,
2006).
También en Brasil, en 1964, los
militares tuvieron especial cuidado en “limpiar” el sector sindical, pues
temían una resistencia a sus programas económicos basados en bajar los salarios
y en la privatización de la economía.
(BRASIL: NUNCA MAIS).
En Argentina, dice el INFORME SABATO
que “una gran parte de las operaciones contra los trabajadores se llevaron a
cabo el mismo día del golpe o inmediatamente a continuación”. En este país, el 81% de los 30.000
desaparecidos tenían entre 16 y 30 años.
“Estamos trabajando ahora para los próximos veinte años”, dijo un
torturador argentino a una de sus víctimas.
En “The Nation” del 28 de agosto
de 1976, Orlando Letelier escribió el artículo “Los Chicago Boys en Chile”, en
el que afirmó que “la violación de los derechos humanos, el sistema de
brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma
de disenso significativo se discuten –y a menudo condenan- como un fenómeno
sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las
políticas clásicas de absoluto libre mercado que han sido puestas en práctica
por la Junta Militar”.
Y agregó que “el
plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía
hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de
campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de
cien mil personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones
vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las
formas de expresión. (…) Represión para las mayorías y “libertad
económica” para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de misma
moneda”. El 21 de septiembre, a menos de
un mes después, Letelier fue asesinado por los sicarios de Pinochet,
financiados por grandes empresarios.
Alguna relación tenía con la aseveración del Informe Rettig en el
sentido de que, hasta 1976, el 80% de los prisioneros políticos de Chile eran
obreros y campesinos. Se trata de
alcanzar una “armonía interna” entre el impulso de extirpar algunos sectores de
la sociedad y la ideología fundamental, que es la economía de mercado.
A las víctimas que se rinden en
la tortura, en la jerga fascista se les llama “quebrados”. Los “capataces” de las transnacionales y de
sus secuaces nacionales, buscan que la sociedad se quiebre y quienes no se
quiebran en las torturas, se quebrarán por la “miseria planificada”, que cobra
tantas o más vidas que las balas. Al
decir de Gandhi, “una guerra económica es una especie de tortura prolongada”.
Es esto lo que explica que el
escritor argentino Rodolfo Walsch, posteriormente a la publicación de su “Carta
abierta de un escritor a la Junta Militar”, fue detenido, su cuerpo fue quemado
y arrojado a un río. Manteniendo la
distancia moral, hago mío lo que Walsch
afirmaba con valerosa claridad, diciendo que escribía “sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí
hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Hervi Lara B.
Comisión Etica contra la Tortura
(CECT-Chile)
Para “El Ciudadano”
6 de mayo de 2012.
martes, 25 de mayo de 2010
La seguridad nacional en su nueva versión
Por Hervi Lara
Comisión Etica contra la Tortura (CECT)
El discurso del Presidente de la República, dirigido al Congreso Nacional el 21 de mayo, se caracterizó por los numerosos anuncios de proyectos que irían en beneficio del pueblo. No obstante, no hizo mención de las concesiones a empresarios privados de varios hospitales públicos. Tampoco aludió a la privatización de empresas eléctricas y sanitarias. Menos aún se refirió a la disminución de los recursos de la educación municipalizada. No recordó la exoneración de que han estado siendo objeto los empleados públicos no adictos a la derecha. Y no hubo una palabra en relación a responder a las demandas del pueblo mapuche, sino más bien recalcó la profundización de la militarización del territorio en disputa con los grandes empresarios.
Respecto de este tema, la autoridad se ha nutrido de la Ideología de la Seguridad Nacional, en una nueva versión, que enfatiza la unidad nacional como principio ético superior, bajo el supuesto de que cualquier sospecha de disidencia u oposición se considera expresión de terrorismo. Luego, en el contexto de la globalización, la unidad nacional exige la represión para asegurar la supervivencia del sistema que sirve a la política exterior de USA y a la protección de los intereses económicos de las transnacionales y de sus socios internos.
De esta manera, también se comprende el agrado con que las autoridades policiales de La Araucanía recibieron los anuncios de Piñera en materia de seguridad, señalando que es un avance para reforzar el trabajo tanto de Carabineros como de la PDI, en el sentido de ampliar la dotación de la planta y la conformación de un mayor número de planes cuadrantes.
Las autoridades policiales olvidan que el aumento de la represión al pueblo mapuche -y a todo tipo de organización social-, se realiza para acrecentar la concentración del capital, tras la alianza entre los grupos económicos nacionales y las transnacionales, situación en que nuestro país es “terreno fértil” de extracción de recursos naturales, y las Fuerzas Armadas y las policías sirven de “guardias pretorianas” del sistema económico imperante, entregando a financistas la soberanía nacional que han jurado defender.
Es por lo anterior que el dirigente mapuche Mauricio Huaiquilao fue acusado de actividades terroristas y, estando en la cárcel, se le envió por tres días a una celda de castigo donde debió dormir y comer en medio de excrementos y orinas humanos.
Juan Lincopán, dirigente de la Comunidad Juan Lincopán de Ranquilhue, en el lago Lleu-Lleu, fue arrestado en diciembre del 2009 en la plaza de Cañete, junto a su hija de ocho años, siendo trasladado a Talcahuano, donde fue interrogado por el fiscal Andrés Cruz, uno de los persecutores del pueblo mapuche. Tras un recurso de protección, la Corte Suprema se vio en la obligación de reconocer que la detención había sido ilegal, pues no existía orden de detención ni autorización de traslado o interrogatorio. El fiscal Cruz persigue a la comunidad Juan Lincopán desde que ésta, a partir del 10 de diciembre de 2009, inició la recuperación del fundo Ranquilhue de la Forestal Mininco, que está en poder del grupo Matte.
Juana Calfunao lleva cuatro años de detención en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Ella ha sido objeto de torturas y hostigamientos por parte de gendarmería y de las demás reclusas, de lo que no se ha realizado ninguna investigación al respecto. El 15 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco culpó a Calfunao de “alterar al orden público” debido a su enfrentamiento con Carabineros en enero de ese mismo año.
En los últimos días, su esposo, Antonio Cadín, al dirigirse a visitarla en la cárcel, fue interceptado por la policía y se le incautó el vehículo en que viajaba. Tras gestiones de Amnistía Internacional, el Ministro del Interior pidió disculpas, mientras Carabineros fueron a la casa de Cadín a avisar “que querían devolver el auto”.
Pascual Pichún, joven estudiante mapuche, desde la cárcel de Traiguén, manifestó que se estaría solicitando la media prescripción de su causa y que espera regresar a La Plata, Argentina, donde había encontrado refugio y realizaba estudios de periodismo.
El abogado mapuche José Lincoqueo fue detenido en Temuco. Ya el año pasado había sufrido el saqueo de su oficina, con destrozos de materiales, de una vieja máquina de escribir, del computador, de sus diplomas y con la leyenda “deja de expresarte”. Los “desconocidos” buscaban los documentos de alrededor de treinta parlamentos que los mapuches celebraron a lo largo de siglos con los españoles, para normar la convivencia y acordar respeto mutuo. Lincoqueo los había recopilado para ponerlos en contexto jurídico ante el Estado de Chile.
En octubre de 2008, la prensa presentó la noticia de una emboscada sufrida por el fiscal Elgueta, que habría sido preparada por un grupo paramilitar mapuche. Seis meses más tarde, el gobierno y el Ministerio Público justificaron la represión de la Comunidad Choque y otras aledañas, así como la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de quince comuneros mapuche. El fiscal, junto a diez vehículos policiales allanaron esa comunidad, ocasión en que el funcionario habría resultado herido, aunque no ha existido constatación de ello.
Se podría continuar con innumerables injusticias similares y peores, no obstante que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como el Comité contra la Tortura, ambas entidades reunidas en mayo del 2009 en Ginebra, condenaron la aplicación de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche y todo tipo de persecución por parte del Estado de Chile. Son datos que un Presidente de la República debería conocer.
Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/05/25/la-seguridad-nacional-en-su-nueva-version/
Comisión Etica contra la Tortura (CECT)
El discurso del Presidente de la República, dirigido al Congreso Nacional el 21 de mayo, se caracterizó por los numerosos anuncios de proyectos que irían en beneficio del pueblo. No obstante, no hizo mención de las concesiones a empresarios privados de varios hospitales públicos. Tampoco aludió a la privatización de empresas eléctricas y sanitarias. Menos aún se refirió a la disminución de los recursos de la educación municipalizada. No recordó la exoneración de que han estado siendo objeto los empleados públicos no adictos a la derecha. Y no hubo una palabra en relación a responder a las demandas del pueblo mapuche, sino más bien recalcó la profundización de la militarización del territorio en disputa con los grandes empresarios.
Respecto de este tema, la autoridad se ha nutrido de la Ideología de la Seguridad Nacional, en una nueva versión, que enfatiza la unidad nacional como principio ético superior, bajo el supuesto de que cualquier sospecha de disidencia u oposición se considera expresión de terrorismo. Luego, en el contexto de la globalización, la unidad nacional exige la represión para asegurar la supervivencia del sistema que sirve a la política exterior de USA y a la protección de los intereses económicos de las transnacionales y de sus socios internos.
De esta manera, también se comprende el agrado con que las autoridades policiales de La Araucanía recibieron los anuncios de Piñera en materia de seguridad, señalando que es un avance para reforzar el trabajo tanto de Carabineros como de la PDI, en el sentido de ampliar la dotación de la planta y la conformación de un mayor número de planes cuadrantes.
Las autoridades policiales olvidan que el aumento de la represión al pueblo mapuche -y a todo tipo de organización social-, se realiza para acrecentar la concentración del capital, tras la alianza entre los grupos económicos nacionales y las transnacionales, situación en que nuestro país es “terreno fértil” de extracción de recursos naturales, y las Fuerzas Armadas y las policías sirven de “guardias pretorianas” del sistema económico imperante, entregando a financistas la soberanía nacional que han jurado defender.
Es por lo anterior que el dirigente mapuche Mauricio Huaiquilao fue acusado de actividades terroristas y, estando en la cárcel, se le envió por tres días a una celda de castigo donde debió dormir y comer en medio de excrementos y orinas humanos.
Juan Lincopán, dirigente de la Comunidad Juan Lincopán de Ranquilhue, en el lago Lleu-Lleu, fue arrestado en diciembre del 2009 en la plaza de Cañete, junto a su hija de ocho años, siendo trasladado a Talcahuano, donde fue interrogado por el fiscal Andrés Cruz, uno de los persecutores del pueblo mapuche. Tras un recurso de protección, la Corte Suprema se vio en la obligación de reconocer que la detención había sido ilegal, pues no existía orden de detención ni autorización de traslado o interrogatorio. El fiscal Cruz persigue a la comunidad Juan Lincopán desde que ésta, a partir del 10 de diciembre de 2009, inició la recuperación del fundo Ranquilhue de la Forestal Mininco, que está en poder del grupo Matte.
Juana Calfunao lleva cuatro años de detención en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Ella ha sido objeto de torturas y hostigamientos por parte de gendarmería y de las demás reclusas, de lo que no se ha realizado ninguna investigación al respecto. El 15 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco culpó a Calfunao de “alterar al orden público” debido a su enfrentamiento con Carabineros en enero de ese mismo año.
En los últimos días, su esposo, Antonio Cadín, al dirigirse a visitarla en la cárcel, fue interceptado por la policía y se le incautó el vehículo en que viajaba. Tras gestiones de Amnistía Internacional, el Ministro del Interior pidió disculpas, mientras Carabineros fueron a la casa de Cadín a avisar “que querían devolver el auto”.
Pascual Pichún, joven estudiante mapuche, desde la cárcel de Traiguén, manifestó que se estaría solicitando la media prescripción de su causa y que espera regresar a La Plata, Argentina, donde había encontrado refugio y realizaba estudios de periodismo.
El abogado mapuche José Lincoqueo fue detenido en Temuco. Ya el año pasado había sufrido el saqueo de su oficina, con destrozos de materiales, de una vieja máquina de escribir, del computador, de sus diplomas y con la leyenda “deja de expresarte”. Los “desconocidos” buscaban los documentos de alrededor de treinta parlamentos que los mapuches celebraron a lo largo de siglos con los españoles, para normar la convivencia y acordar respeto mutuo. Lincoqueo los había recopilado para ponerlos en contexto jurídico ante el Estado de Chile.
En octubre de 2008, la prensa presentó la noticia de una emboscada sufrida por el fiscal Elgueta, que habría sido preparada por un grupo paramilitar mapuche. Seis meses más tarde, el gobierno y el Ministerio Público justificaron la represión de la Comunidad Choque y otras aledañas, así como la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de quince comuneros mapuche. El fiscal, junto a diez vehículos policiales allanaron esa comunidad, ocasión en que el funcionario habría resultado herido, aunque no ha existido constatación de ello.
Se podría continuar con innumerables injusticias similares y peores, no obstante que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como el Comité contra la Tortura, ambas entidades reunidas en mayo del 2009 en Ginebra, condenaron la aplicación de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche y todo tipo de persecución por parte del Estado de Chile. Son datos que un Presidente de la República debería conocer.
Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/05/25/la-seguridad-nacional-en-su-nueva-version/
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