Re-difundimos unas publicaciones de este blog MAPU
en la Lucha, de enero de 2009, que no pierden vigencia, ahora que los poderes
estatales traman “quedar bien” con la extrema derecha, dando un “perdonazo” a
los criminales que violaron los derechos humanos entre 1973 y 1990 (derechos
que se siguen violando hoy en día, especialmente en relación al pueblo mapuche
y luchador*s sociales asesinad*s y criminalizad*s).
Las publicaciones originales se mencionan en el
siguiente artículo:
Damos a conocer tres documentos sobre el tema de
las violaciones a los derechos humanos, ocurridas en Chile desde 1973.
En el primero, de Carlos Ruiz, historiador, se
relee la prensa de 1987 y se recuerda que pese a las circunstancias de la
dictadura, la verdad sobre casos de crímenes contra la humanidad, se estaba
sabiendo con detalles. La pregunta es, entonces, ¿porqué demorar tanto el
esclarecimiento de estos crímenes? Ahora quedan los crímenes impunes, los
culpables mueren en la impunidad (o se hacen el loco) y a la vez,
también van muriendo los sobrevivientes, los testigos clave, los familiares de
las víctimas. Estos apuntes están enfocados especialmente en los casos que
afectaron a militantes del MAPU y MAPUOC.
(Ver escrito completo, más abajo)
En el segundo documento, Héctor Cataldo presenta un
valioso análisis acerca de las políticas reparatorias propuestas por el
gobierno, y que dejan todo el poder de decisión acerca del tema de la
reparación en el Estado, con todas las implicancias que ello tiene, porque el
violador a los derechos humanos fue el Estado entre 1973 y 1990 (no sin ayuda
de particulares -guardias blancas, latifundistas, paramilitares fascistas-, que
han quedado aun en mayor impunidad que los uniformados). Y desde 1990, las
principales violaciones siguen corriendo por parte del Estado.
En el tercero, Felipe Portales, sociólogo, se hace
presente que los crímenes son imprescriptibles y las reparaciones a que
aquellos dan lugar, también. Se propone que el estudio de casos de violaciones
a los DD.HH., tenga lugar en instituciones permanentes, y no en estas
comisiones que se abren y cierran (como si fuesen licitaciones públicas para
asignar empleos) con poca información del público, generando una carrera para
presentar documentos, donde ya ha pasado que los que verdaderamente tienen
derecho, no quedan calificados, mientras que otros con cohecho y engaño, sí lo
logran.
Un cuarto escrito, nuestro comentario sobre “falsos
detenidos-desaparecidos”:
Apuntes sobre crímenes de la dictadura. Del golpe
al fin de la DINA.
Carlos Ruiz (historiador).
Especial para MAPU en la Lucha. 4 de
enero de 2009
En una revista Análisis (Nº 191, de la semana del 7 al 13 de
septiembre de 1987), titulada “Documento histórico. 1973-1987. Memorial de la
dictadura. Cronología de 14 años de pesadilla”, encontramos interesantes
informaciones acerca de los crímenes de la dictadura. Algunos de estos datos
nos permiten “atar cabos sueltos”, otros nos dan cuenta de cómo se
institucionalizó la impunidad. Podemos constatar que ya en 1987, se conocían
detalles que sólo 20 años después están siendo conformados por la “historia
oficial”, la de los informes Rettig y Valech, la de los juicios contra
militares y colaboradores en el exterminio de personas y organizaciones. Pero
ya se había constituido una historia alternativa, reconstruida con testimonios
y evidencias innegables. De hecho, la revista Análisis en ese momento no sufrió
una nueva querella (de las varias que debieron enfrentar su director y editores
durante esos años), mientras que en la actualidad, bajo un régimen supuesta y
oficialmente democrático, hay una mayor intolerancia contra la prensa escrita
opositora, hostigamiento y criminalización en contra de documentalistas,
prohibición de publicar.
En 1987 ya se sabía que el oficial a cargo del Estadio
Chile era “un militar alto, rubio y al que llamaban ‘el Príncipe’”, quien
requirió a Víctor Jara el 13 de septiembre, apareciendo muerto al día siguiente
(pág. 5). También ya se sabía lo siguiente: “Miguel Woodward, de Valparaíso,
detenido y torturado en la Esmeralda y muerto en el Hospital Naval” (18 de
septiembre de 1973, pág. 6). Todas las investigaciones judiciales posteriores,
no han hecho sino confirmar algo que ya era público. “Asesinan a detenidos de
Laja y San Rosendo. Un total de 19 vecinos de Laja y San Rosendo, obreros de la
Papelera, ferroviarios, un regidor, el director y un profesor de la escuela,
pequeños comerciantes y dos estudiantes, todos detenidos en la Tenencia de
Laja, son subidos en horas de la madrugada a un vehículo de la Papelera con
destino desconocido. En el camino a Los Ángeles los prisioneros son conminados
a descender y ametrallados y enterrados en un predio cercano. Años después, los
cadáveres acribillados serán encontrados en el cementerio de Yumbel y
entregados a sus familiares” (18 de septiembre, pp. 6-7).
El 2 de octubre de 1979 ante el Ministro en Visita
José Martínez Gaensly, sus cuerpos fueron desenterrados para investigar el caso
(p. 33) y fueron enterrados definitivamente después de un solemne oficio
religioso presidido por el obispo Alejandro Goic junto a 25 sacerdotes (28 de
noviembre de 1979, p. 34). Los 15 carabineros responsables de las matanzas,
fueron acogidos a la Ley de Amnistía (9 de junio de 1980, p. 37).
Foto: Jorge
Andrés Lamana Abarzúa, Ejecutado en Laja, septiembre de 1973.
“Un coronel de apellido Contreras. Seis militantes de
izquierda, dirigentes portuarios y estibadores, son ejecutados en el Regimiento
de Tejas Verdes por ley de fuga. El entonces coronel Manuel Contreras
Sepúlveda, jefe de la zona en Estado de Sitio, agregará en los próximos días
quince cadáveres más en San Antonio al primer capítulo de lo que será un largo
y sangriento capítulo” (21 de septiembre, p. 7).
Sergio Maureira e hijos.
“Lonquén: carabineros fusilan a campesinos. En
horas de la noche carabineros de Isla de Maipo, al mando del teniente Lautaro
Castro, detienen en sus hogares a 11 campesinos de tres familias de la zona
(Hernández, Astudillo y Maureira) y a cuatro jóvenes que conversaban en la
plaza del pueblo. El pelotón con sus 15 prisioneros se traslada hasta una mina
de cal abandonada en la localidad de Lonquén, donde hace descender a los
detenidos...” (7 de octubre, p. 9). Lautaro Castro y otros siete carabineros
fueron declarados reos como causantes de la muerte de estas 15 personas (2 de
julio, p. 32) pero quedaron en libertad incondicional el 16 de agosto, acogidos
a la Ley de Amnistía (p. 33). “Extraña muerte de un general. En extrañas
circunstancias muere en el Hospital Militar el general Augusto Lutz, jefe del
SIM hasta noviembre del 73, Lutz había sido enviado por Pinochet a hacerse
cargo de la Intendencia de Punta Arenas... la investigación de su muerte es
suspendida por órdenes superiores” (28 de noviembre, p. 13). Con el cambio de
jefe en el SIM, quedó despejado el camino para convertir esa repartición en la
DINA, que oficialmente apareció mediante la publicación del Decreto Ley 521, el
15 de junio de 1974, si bien se sabía de antes su existencia (pág. 19). Ello
permitió que, si el SIM había sido un aparato represivo en los primeros dos
meses de la dictadura, sujeto a la justicia militar, mediante ese cambio de
mando se fue operando la instalación de un poderoso y secreto dispositivo de
exterminio de opositores.
Debemos advertir que el militante mapucista y conscripto Carlos Carrasco
Matus, fue destinado inicialmente al SIM. La muerte del general Lutz aseguró la
desaparición de diversas pruebas sobre la responsabilidad del SIM en la
detención, asesinato y desaparición de personas de izquierda, así como la
constitución secreta de la DINA como organismo de poder ilimitado, con
exclusiva dependencia del jefe de Estado. Posteriormente (23 de enero de 1978),
desapareció desde dependencias del Ministerio de Defensa el agente del SIM,
Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien había sido detenido cuando intentaba
asilarse en la Embajada de Venezuela (p. 28). Un conscripto, Jorge Madariaga,
consiguió asilarse y el 13 de mayo de 1978 salió del país, al igual que el ex
agente del SIM, Rafael González, quien estaba refugiado en la Embajada de
Italia. Creemos que estos detalles pueden ser hebras sueltas que permitieran
conocer alguna otra evidencia o que nos acercaran hacia los responsables en la
desaparición de Carlos Carrasco. Las maniobras mediáticas por descalificar la
verdad sobre las desapariciones en Chile, tienen una antigua data. Del 5 al 11
de mayo de 1977, “una operación de desinformación comienza a tomar forma”.
“Cuatro familiares de presuntos desaparecidos, solicitan a la Vicaría de la
Solidaridad la presentación de recursos de amparo por sus parientes. En los
días siguientes, uno a uno, aparecen los cuatro ‘desaparecidos’, expresando que
su caso no ha sido más que un engaño ideado por la Vicaría. De por lo menos dos
de estos aparecidos se revelan otros antecedentes: uno es un ex miembro de
Patria y Libertad y el otro un militar en retiro” (p. 24). El 13 de agosto se
informó de la disolución de la DINA y creación de la CNI, que quedó siempre a
cargo de Manuel Contreras. Éste dejó el cargo el 2 de noviembre, siendo
ascendido a general. Uno de los últimos actos de la DINA fue la desaparición
del mapucista Raúl Iván Cárcamo Aravena, sucedida en Viña del Mar el 1º de
septiembre de 1977 (no hay referencias sobre este caso en Análisis). Por los
mismos días (1 al 5 de septiembre) la Esmeralda tuvo un complicado viaje, por
las protestas que hubo en Turquía, España y Venezuela en contra de su arribo.
El 22 de octubre, dos testigos clave de los crímenes de la dictadura, el
encapuchado del Estadio Nacional y el Jefe de Protocolo de la Cancillería,
aparecen asesinados. Debemos concluir diciendo que todavía queda bastante por
dilucidarse. Que sigue siendo fundamental la colaboración de personas que tras
estos largos años transcurridos todavía no entregan informaciones que permitan
aclarar algunos de los crímenes de la dictadura. Que hace falta un esfuerzo de
memoria colectiva, de repasar los recuerdos, de encontrar y dar a conocer casos
que aún no se agregan a la información general sobre el tema. ¿Cuántos casos no
se recopilaron en los Informes Rettig y Valech, por temor, por desinformación,
por bloqueo psicológico? ¿No estará llegando la hora de que víctimas y
victimarios vayan diciendo la verdad?
Publicado por Colectivos MAPU
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