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viernes, 26 de agosto de 2016

Verdad, justicia y reparación

Re-difundimos unas publicaciones de este blog MAPU en la Lucha, de enero de 2009, que no pierden vigencia, ahora que los poderes estatales traman “quedar bien” con la extrema derecha, dando un “perdonazo” a los criminales que violaron los derechos humanos entre 1973 y 1990 (derechos que se siguen violando hoy en día, especialmente en relación al pueblo mapuche y luchador*s sociales asesinad*s y criminalizad*s).

Las publicaciones originales se mencionan en el siguiente artículo:

Damos a conocer tres documentos sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas en Chile desde 1973.

En el primero, de Carlos Ruiz, historiador, se relee la prensa de 1987 y se recuerda que pese a las circunstancias de la dictadura, la verdad sobre casos de crímenes contra la humanidad, se estaba sabiendo con detalles. La pregunta es, entonces, ¿porqué demorar tanto el esclarecimiento de estos crímenes? Ahora quedan los crímenes impunes, los culpables mueren en la impunidad (o se hacen el loco) y a la vez, también van muriendo los sobrevivientes, los testigos clave, los familiares de las víctimas. Estos apuntes están enfocados especialmente en los casos que afectaron a militantes del MAPU y MAPUOC.
(Ver escrito completo, más abajo)

En el segundo documento, Héctor Cataldo presenta un valioso análisis acerca de las políticas reparatorias propuestas por el gobierno, y que dejan todo el poder de decisión acerca del tema de la reparación en el Estado, con todas las implicancias que ello tiene, porque el violador a los derechos humanos fue el Estado entre 1973 y 1990 (no sin ayuda de particulares -guardias blancas, latifundistas, paramilitares fascistas-, que han quedado aun en mayor impunidad que los uniformados). Y desde 1990, las principales violaciones siguen corriendo por parte del Estado.

En el tercero, Felipe Portales, sociólogo, se hace presente que los crímenes son imprescriptibles y las reparaciones a que aquellos dan lugar, también. Se propone que el estudio de casos de violaciones a los DD.HH., tenga lugar en instituciones permanentes, y no en estas comisiones que se abren y cierran (como si fuesen licitaciones públicas para asignar empleos) con poca información del público, generando una carrera para presentar documentos, donde ya ha pasado que los que verdaderamente tienen derecho, no quedan calificados, mientras que otros con cohecho y engaño, sí lo logran.

Un cuarto escrito, nuestro comentario sobre “falsos detenidos-desaparecidos”:

Apuntes sobre crímenes de la dictadura. Del golpe al fin de la DINA.
Carlos Ruiz (historiador).
Especial para MAPU en la Lucha. 4 de enero de 2009 

En una revista Análisis (Nº 191, de la semana del 7 al 13 de septiembre de 1987), titulada “Documento histórico. 1973-1987. Memorial de la dictadura. Cronología de 14 años de pesadilla”, encontramos interesantes informaciones acerca de los crímenes de la dictadura. Algunos de estos datos nos permiten “atar cabos sueltos”, otros nos dan cuenta de cómo se institucionalizó la impunidad. Podemos constatar que ya en 1987, se conocían detalles que sólo 20 años después están siendo conformados por la “historia oficial”, la de los informes Rettig y Valech, la de los juicios contra militares y colaboradores en el exterminio de personas y organizaciones. Pero ya se había constituido una historia alternativa, reconstruida con testimonios y evidencias innegables. De hecho, la revista Análisis en ese momento no sufrió una nueva querella (de las varias que debieron enfrentar su director y editores durante esos años), mientras que en la actualidad, bajo un régimen supuesta y oficialmente democrático, hay una mayor intolerancia contra la prensa escrita opositora, hostigamiento y criminalización en contra de documentalistas, prohibición de publicar. 

En 1987 ya se sabía que el oficial a cargo del Estadio Chile era “un militar alto, rubio y al que llamaban ‘el Príncipe’”, quien requirió a Víctor Jara el 13 de septiembre, apareciendo muerto al día siguiente (pág. 5). También ya se sabía lo siguiente: “Miguel Woodward, de Valparaíso, detenido y torturado en la Esmeralda y muerto en el Hospital Naval” (18 de septiembre de 1973, pág. 6). Todas las investigaciones judiciales posteriores, no han hecho sino confirmar algo que ya era público. “Asesinan a detenidos de Laja y San Rosendo. Un total de 19 vecinos de Laja y San Rosendo, obreros de la Papelera, ferroviarios, un regidor, el director y un profesor de la escuela, pequeños comerciantes y dos estudiantes, todos detenidos en la Tenencia de Laja, son subidos en horas de la madrugada a un vehículo de la Papelera con destino desconocido. En el camino a Los Ángeles los prisioneros son conminados a descender y ametrallados y enterrados en un predio cercano. Años después, los cadáveres acribillados serán encontrados en el cementerio de Yumbel y entregados a sus familiares” (18 de septiembre, pp. 6-7).

El 2 de octubre de 1979 ante el Ministro en Visita José Martínez Gaensly, sus cuerpos fueron desenterrados para investigar el caso (p. 33) y fueron enterrados definitivamente después de un solemne oficio religioso presidido por el obispo Alejandro Goic junto a 25 sacerdotes (28 de noviembre de 1979, p. 34). Los 15 carabineros responsables de las matanzas, fueron acogidos a la Ley de Amnistía (9 de junio de 1980, p. 37). 


Foto: Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Ejecutado en Laja, septiembre de 1973. 

“Un coronel de apellido Contreras. Seis militantes de izquierda, dirigentes portuarios y estibadores, son ejecutados en el Regimiento de Tejas Verdes por ley de fuga. El entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la zona en Estado de Sitio, agregará en los próximos días quince cadáveres más en San Antonio al primer capítulo de lo que será un largo y sangriento capítulo” (21 de septiembre, p. 7).
 





Sergio Maureira e hijos.

“Lonquén: carabineros fusilan a campesinos. En horas de la noche carabineros de Isla de Maipo, al mando del teniente Lautaro Castro, detienen en sus hogares a 11 campesinos de tres familias de la zona (Hernández, Astudillo y Maureira) y a cuatro jóvenes que conversaban en la plaza del pueblo. El pelotón con sus 15 prisioneros se traslada hasta una mina de cal abandonada en la localidad de Lonquén, donde hace descender a los detenidos...” (7 de octubre, p. 9). Lautaro Castro y otros siete carabineros fueron declarados reos como causantes de la muerte de estas 15 personas (2 de julio, p. 32) pero quedaron en libertad incondicional el 16 de agosto, acogidos a la Ley de Amnistía (p. 33). “Extraña muerte de un general. En extrañas circunstancias muere en el Hospital Militar el general Augusto Lutz, jefe del SIM hasta noviembre del 73, Lutz había sido enviado por Pinochet a hacerse cargo de la Intendencia de Punta Arenas... la investigación de su muerte es suspendida por órdenes superiores” (28 de noviembre, p. 13). Con el cambio de jefe en el SIM, quedó despejado el camino para convertir esa repartición en la DINA, que oficialmente apareció mediante la publicación del Decreto Ley 521, el 15 de junio de 1974, si bien se sabía de antes su existencia (pág. 19). Ello permitió que, si el SIM había sido un aparato represivo en los primeros dos meses de la dictadura, sujeto a la justicia militar, mediante ese cambio de mando se fue operando la instalación de un poderoso y secreto dispositivo de exterminio de opositores.

Debemos advertir que el militante mapucista y conscripto Carlos Carrasco Matus, fue destinado inicialmente al SIM. La muerte del general Lutz aseguró la desaparición de diversas pruebas sobre la responsabilidad del SIM en la detención, asesinato y desaparición de personas de izquierda, así como la constitución secreta de la DINA como organismo de poder ilimitado, con exclusiva dependencia del jefe de Estado. Posteriormente (23 de enero de 1978), desapareció desde dependencias del Ministerio de Defensa el agente del SIM, Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien había sido detenido cuando intentaba asilarse en la Embajada de Venezuela (p. 28). Un conscripto, Jorge Madariaga, consiguió asilarse y el 13 de mayo de 1978 salió del país, al igual que el ex agente del SIM, Rafael González, quien estaba refugiado en la Embajada de Italia. Creemos que estos detalles pueden ser hebras sueltas que permitieran conocer alguna otra evidencia o que nos acercaran hacia los responsables en la desaparición de Carlos Carrasco. Las maniobras mediáticas por descalificar la verdad sobre las desapariciones en Chile, tienen una antigua data. Del 5 al 11 de mayo de 1977, “una operación de desinformación comienza a tomar forma”. “Cuatro familiares de presuntos desaparecidos, solicitan a la Vicaría de la Solidaridad la presentación de recursos de amparo por sus parientes. En los días siguientes, uno a uno, aparecen los cuatro ‘desaparecidos’, expresando que su caso no ha sido más que un engaño ideado por la Vicaría. De por lo menos dos de estos aparecidos se revelan otros antecedentes: uno es un ex miembro de Patria y Libertad y el otro un militar en retiro” (p. 24). El 13 de agosto se informó de la disolución de la DINA y creación de la CNI, que quedó siempre a cargo de Manuel Contreras. Éste dejó el cargo el 2 de noviembre, siendo ascendido a general. Uno de los últimos actos de la DINA fue la desaparición del mapucista Raúl Iván Cárcamo Aravena, sucedida en Viña del Mar el 1º de septiembre de 1977 (no hay referencias sobre este caso en Análisis). Por los mismos días (1 al 5 de septiembre) la Esmeralda tuvo un complicado viaje, por las protestas que hubo en Turquía, España y Venezuela en contra de su arribo. El 22 de octubre, dos testigos clave de los crímenes de la dictadura, el encapuchado del Estadio Nacional y el Jefe de Protocolo de la Cancillería, aparecen asesinados. Debemos concluir diciendo que todavía queda bastante por dilucidarse. Que sigue siendo fundamental la colaboración de personas que tras estos largos años transcurridos todavía no entregan informaciones que permitan aclarar algunos de los crímenes de la dictadura. Que hace falta un esfuerzo de memoria colectiva, de repasar los recuerdos, de encontrar y dar a conocer casos que aún no se agregan a la información general sobre el tema. ¿Cuántos casos no se recopilaron en los Informes Rettig y Valech, por temor, por desinformación, por bloqueo psicológico? ¿No estará llegando la hora de que víctimas y victimarios vayan diciendo la verdad?

Publicado por Colectivos MAPU 




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