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lunes, 1 de diciembre de 2014

UNA VISION CRÍTICA DE LA AUTORIDAD

MANUEL ACUÑA ASENJO

PRELIMINAR
Las apreciaciones que tenemos de nosotros mismos acerca de nuestras propias cualidades y de los objetos que nos pertenecen, pocas veces son compartidas por los demás; podríamos aseverar, incluso, que la mayor parte de las veces dichas apreciaciones contradicen severamente nuestras más íntimas creencias. Esta forma de concebir nuestro rol dentro de determinado entorno se reproduce también en los grandes grupos humanos. Lo que se piensa de un país no siempre es compartido por los nacionales de otro.

Hay un factor que parece operar con bastante eficacia tras esta forma de calificar los hechos. Se trata de un elemento que ha llamado la atención de numerosos autores, entre otros, de Gilles Deleuze y es la repetición[1]. Y es que todo lo que se repite se hace cotidiano para que, de esa manera, lo cotidiano adquiera el carácter de normal. La repetición, entonces, es la llave que abre paso a la normalidad. Aunque dicha normalidad constituya una verdadera anomalía. Así, pues, por el simple hecho que una conducta extraña comience a repetirse, su ocurrencia no nos causará sorpresa alguna; en adelante, se hará normal ante nuestros ojos y la reconoceremos como parte integrante de nuestro entorno. En virtud de la repetición, la conducta ajena se nos presentará, siempre, como normal, en tanto la nuestra afectará de modo similar a los demás.

Tal es la razón por la cual pocas veces nos sorprenden determinadas conductas ajenas, aunque sean, en verdad, desmesuradas. Esto ocurre especialmente respecto de las autoridades a quienes, por regla general, se les atribuye una suerte de infalibilidad por el simple hecho de haberse transformado tales. Sin embargo, un examen más acucioso de sus actos y la participación de alguien o algunos que nos llamen la atención acerca de aquellos basta para que nuestra estima acerca de las mismas se vea seriamente alterada. Y eso es importante pues, de lo contrario, esas conductas pasan a ser parte, incluso, de nuestra propia forma de vida transformándonos, así, en cómplices de aquellas.

Con esos antecedentes, intentemos formular algunos juicios acerca de algunos sucesos ocurridos en los últimos meses a los que, si se les presta la debida atención, no pueden ser sino calificados de ‘sorprendentes’.

LA CONDUCTA LEGISLATIVA

No es desconocido el hecho que algunos parlamentarios del pacto llamado ‘Nueva Mayoría’ han sido protagonistas de un conjunto de proposiciones extrañas; de seguir adelante con el trámite constitucional, nos colocarían en la difícil tarea de explicar la razón de una verdadera sin razón.  Así, en la segunda quincena de julio recién pasado, más exactamente, el 26 de ese mes, los parlamentarios Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) hicieron pública una moción presentada por ellos en orden a prohibir el uso de los saleros en las mesas de los restaurantes a fin de desincentivar el uso excesivo de la sal. En las declaraciones hechas a la prensa sobre lo que, de esa fecha en adelante, sería conocido como “ley de los saleros”, el primero de ellos señaló:

"El objetivo de este proyecto es cambiar los hábitos de los chilenos para mejorar su salud y para ello, queremos que los saleros no estén en las mesas de los restaurantes y que si una persona desea echarle más sal a sus alimentos, deba pedírselo al garzón"[2].

Un mes antes de tan disparatada propuesta, otro diputado, el demócrata cristiano Jorge Sabag, junto a Marcelo Chávez (DC), José Manuel Edwards (RN), Daniel Farcas (PPD), Iván Norambuena (UDI), Sergio Ojeda (DC) y José Pérez (PRSD), había presentado una iniciativa que, bajo el pomposo título de “Proyecto de ley para modificar el Código Penal para perfeccionar la protección de la dignidad de las autoridades”, pretendía sancionar a
“[…] quienes realicen amenazas o profieran insultos contra la autoridad por medio de plataformas electrónicas, ya sea de forma textual o gráfica, considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad o que intenten obstaculizar la identificación del computador desde el cual se difunde el mensaje”[3].

Este proyecto, que sería conocido como ‘ley de represión de los memes’, establecía una
“[…] pena de reclusión menor en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales (entre 463.958 y 632.670 pesos) a quienes amenacen o insulten a las autoridades”[4].

No está de más decir que tan estúpida proposición fue retirada posteriormente por su propio promotor quien dio como excusa de tal retractación la circunstancia de haber sido mal redactado el proyecto por sus asesores.

Los disparates de los ‘honorables’ no pararon allí. Poco antes de la celebración de las festividades patrias, más exactamente el día viernes 12 del presente, los diputados de la DC Jorge Sabag, Sergio Espejo y Ricardo Rincón, todos del pacto ‘Nueva Mayoría’, pidieron a la Comisión de Educación de la Cámara agilizar la discusión del proyecto de ley que exige aprobar el examen del baile de la cueca para que los alumnos puedan egresar de la educación media.

Según Sabag,
“[…] hemos solicitado a la Comisión de Educación, nos haga un espacio en medio de la discusión de la Reforma Educacional, para reimpulsar el proyecto que presentamos el año pasado para exigir el aprendizaje de la cueca como requisito para obtener la licencia de 4º medio”[5].
Uno de los últimos ‘aciertos’ legislativos de la temporada ha sido el anuncio que el martes 23 del presente hiciera el diputado Gustavo Hasbún, de la Unión Demócrata Independiente UDI, a los medios de comunicación con ocasión del alto número de peatones atropellados por los automovilistas durante las festividades patrias. El anuncio del parlamentario fue el próximo envío de un proyecto de ley que va a establecer duras sanciones en contra de los peatones ebrios[6].
Dice un comentarista, al respecto, y con mucho humor:
“Ahora, uno pensaría que en semejantes circunstancias la Presidenta electa procuraría tomar medidas que contribuyeran a mejorar el deplorable escenario planteado. Pues no. No sólo no tomó ninguna, sino que envió un proyecto sin justificación alguna que pretende ¡aumentar el número de parlamentarios! ¡Qué quiere que le diga! ¡Exijo una explicación!, como dice una caricatura muy popular en el mencionado país. Ahora, aquí hay una guinda formidable para la torta. La mandataria aseguró que, pese a las cuantiosas dietas y asignaciones de los nuevos parlamentarios y pese a las ingentes inversiones que deberán desarrollarse para acogerlos en sus funciones, la caja fiscal no tendrá desembolsos adicionales a los actuales. Leyó bien: todo el nuevo gasto y la mayor inversión necesarios, no le costarán ni un peso adicional al erario nacional. ¿Y qué cree usted que ocurrió? ¡Los huevoneses lo aceptaron! ¡Lo aceptaron!”[7]

LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA
Si los ‘honorables’ parecen haber andado con el paso cambiado en estos días, también la proximidad de las festividades patrias pareció afectar la razón de la presidenta Michelle Bachelet quien, en un acto bastante concurrido y al que se le dio amplia cobertura en los medios de comunicación social, procedió a poner su firma al decreto que promulgaba una ley recientemente aprobada por el Parlamento que elevaba la rayuela al carácter de deporte nacional, oportunidad en la que destacó la importancia de ese juego para los chilenos.

“Con esta ley la rayuela deja de ser sólo un juego, un deporte recreativo, y pasa a ser reconocido como deporte nacional chileno […], y desde ahora entonces, y esto es lo más importante, es que al ser considerado deporte nacional, empieza a ser considerado dentro de las políticas de fomento al deporte en nuestro país”[8].

Con prescindencia de ese frívolo juego de palabras con el que se refirió a la necesidad de controlar los excesos propios de las festividades patrias (“Nada de tirarse con el tejo pasado en la rayuela corta, no chiquillos, nada de eso […]”), formuló unas extrañas palabras:
“Nuestra historia y patrimonio no sólo se encuentra en libros y museos, sino que está vivo en personas que hacen que se mantengan […]”[9]

Estas frases poco meditadas, que invitan a poner en entredicho la capacidad de razonamiento de las autoridades, parecen constituir una constante que se viene repitiendo desde la instalación de la democracia post dictatorial. No hace mucho la propia presidenta Bachelet había señalado a los medios de comunicación que, si bien el fenómeno de la desaceleración era importante, no había que sobredimensionar sus efectos pues se trata de un fenómeno regional que afecta a todas las economías de América Latina[10].

¿Necesitamos, aquí, recordar la alfombra roja, al más puro estilo festivalero, colocada en la ‘ramada’ donde irían a bailar un pie de cueca la propia presidenta y la alcaldesa de Santiago con sus ilustres vástagos? El espectáculo se transmitió por televisión para todo el país.

UN HECHO QUE PONE EN ENTREDICHO OTRAS CONDUCTAS
Sin embargo, el hecho más relevante de todos los acaecidos en el período previo a las Fiestas Patrias de este año lo constituye un hecho sangriento, violento, que pocas personas podrían justificar o intentar explicar. Nos referimos a la bomba colocada en la estación ‘Escuela Militar’ del Ferrocarril Metropolitano de Santiago.

En efecto, el día 8 del presente, una persona o un grupo de personas procedió a colocar un artefacto explosivo junto a un restaurante aledaño a esa estación del Ferrocarril Metropolitano. La carga reventó casi a las 2 de la tarde con un saldo de 14 personas heridas.

Si bien es cierto que los grupos anarquistas se desvincularon del hecho en algunos sitios de la red Internet, otro de aquellos envió a la Radio Biobío una denuncia señalando que habían avisado a Carabineros que la bomba explotaría en 10 minutos y que las autoridades policiales no tomaron en serio la advertencia o, simplemente, la ignoraron. Lo cierto es que se trató de un hecho delictivo que puso en peligro la vida de muchos chilenos.

Sin embargo, apenas producido el estallido, la dirección del Ferrocarril Metropolitano procedió, de inmediato, a quitar todos los basureros metálicos colocados no sólo en esa estación sino en varias otras[11] como si allí radicara la raíz del mal, iniciándose simultáneamente un amplio debate acerca del ‘terrorismo’, de la necesidad de extremar las medidas de seguridad, endurecer las penas por tales delitos y a dotar a la Agencia Nacional de Información ANI de ‘agentes encubiertos’[12].

El criterio de enfrentar estos hechos delictuales empleado por la actual administración no ha sido diferente al de sus antecesoras: aplicación de la Ley Antiterrorista y aumento del resguardo policial, medida que guarda asombrosa correspondencia con la promesa de la presidenta de contratar 6 mil efectivos policiales que se vienen a sumar a los 10 mil contratados bajo la administración Piñera[13]. El criterio es, al parecer, aumentar la vigilancia para evitar la delincuencia. Es posible que estas medidas vayan a ser acompañadas de un aumento en la penalidad de ciertos delitos, tal como ha sucedido en otras áreas. Parece, en consecuencia, existir uniformidad de criterio entre la Alianza Por Chile y el pacto ‘Nueva Mayoría’ en torno a considerar que, para combatir a la delincuencia, la única solución viable es el aumento de la dotación policial y, de ser posible, el aumento de las penas o la creación de nuevos delitos como forma de disuadir la comisión de los mismos. No debe sorprender, en consecuencia, que algunos analistas empiecen a temer que la sociedad actual se transforme paulatinamente en una ‘sociedad vigilada’[14].

No miremos estas medidas, sin embargo, como algo ajeno a la historia del Chile post dictatorial. Por el contrario: todas ellas guardan estricta correspondencia con una forma de entender el funcionamiento de una sociedad que necesita de la concurrencia de una serie de factores para poder funcionar. Se entiende así que bajo la administración de la Concertación se haya disminuido la edad para delinquir y hoy puedan ser procesados en el carácter de delincuentes, incluso, los niños que participan en el comercio de la droga y en el asalto a supermercados y bancos.

Estas medidas no son diferentes de otras que se han estado adoptando en el país. A las leyes ‘tontas’ que elevan la rayuela al carácter de deporte nacional, a la que intentaba sancionar a quienes insultan a la autoridad, a la que pone como condición el aprendizaje de la cueca para obtener la licencia secundaria, a la que obliga a retirar los saleros de los restaurantes, se une una copiosa proliferación de leyes denominadas ‘cero’ pues establecen drásticas prohibiciones a la población. Ellas son la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol cuando se maneja, la que prohíbe el consumo de cigarrillos en los lugares públicos, la que obliga a incluir determinados ingredientes en ciertos alimentos, en fin.

En el ámbito opuesto, las propuestas que han intentado limitar los sueldos que reciben los ‘honorables’ han recibido fuertes críticas de los dirigentes de las organizaciones políticas del pacto ‘Nueva Mayoría’. El caso más emblemático ha sido la disparatada respuesta que el diputado Pepe Auth (PPD) dio a Giorgio Jackson (Revolución Democrática RD), que fue quien propuso la medida en conjunto con Gabriel Boric. Auth fue desautorizado y reprochado por su propia hija.

¿POR QUÉ EL PACTO ‘NUEVA MAYORÍA’?
Se podría entender todo esto si tales desaciertos hubiesen sido protagonizados por personas vinculadas a los sectores de la Alianza por Chile. O al empresariado. Porque, normalmente, los gobiernos generados en la representación política natural de las clases dominantes tienen poco o nulo interés en resolver los grandes problemas nacionales si ello no les reporta alguna utilidad. Por eso, la generalidad de sus representantes son sujetos frívolos, provienen del mundo del espectáculo y de la farándula y tienen por costumbre ironizar sobre esos temas o tomarlos a la ligera. No es casualidad la aparición en la escena política internacional la presencia de un George Walter Bush, de un Boris Jeltsin, de un Anthony Blair, de un William Clinton, de un Nicolás Sarkozy o de un Silvio Berlusconi. En Chile, el paso de Sebastián Piñera por la más alta magistratura del país permitió que los aficionados a las frases famosas pudiesen coleccionar todo un conjunto de intervenciones dignas de mencionarse y que fueron conocidas como ‘piñericosas’. Pero las ‘piñericosas’ no eran otra cosa que una reproducción criolla de los llamados ‘bushisms’ o colección de disparates proferidos por George Walter Bush durante su período como presidente de los Estados Unidos. Que esos personajes hayan tomado a la ligera lo que significa el ejercicio de la presidencia de un país es plenamente entendible. No lo es, sin embargo, cuando lo hacen personas que dicen representar los intereses de los sectores dominados como ‘Nueva Mayoría’ o la ‘Concertación de Partidos Por la Democracia’. Recordamos las palabras poco cuidadosas de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet en sus períodos presidenciales. De Lagos, bástenos recordar su ardorosa defensa de los grafiteros en el Cuzco, su desafortunada ‘alegoría del jarrón’ y la reacción que tuvo ante sus desmesuras su entonces compañero de partido Jorge Schaulsson quien sólo le pedía dejara de decir ‘tonterías’.

¿A qué se debe todo ello? ¿Por qué la escena política nacional de los partidos que se estiman comprometidos con los derechos de los desposeídos ha adquirido los mismos rasgos que identifican a los representantes del gran capital?

ENSAYANDO UNA EXPLICACION
A grandes rasgos, podemos asegurar que, como lo hemos hecho en otros de nuestros documentos, la representación política natural del interés de las clases dominadas ha ido asumiendo en forma creciente el rol de representantes espurios del interés de las clases dominantes a fin de disputar a su representación política natural el mejor derecho a administrar con mayor eficiencia el Estado y, por ende, a realizar de manera óptima la extracción del plusvalor. Pero todo esto también requiere de explicaciones.

La dictadura pinochetista (también lo hemos afirmado en nuestros documentos) no sólo ha ganado la batalla económica sino también la cultural. Karl Marx ya lo decía en sus escritos: quien posee el dominio material de una sociedad posee, también, su dominio espiritual. No se explica de otra manera la tendencia innata que exhiben ciertos individuos a regular la vida de los demás e imponer al país su  voluntad bajo el pretexto de hacerlo en nombre de una pretendida voluntad ‘soberana’. Y es que la generalidad de los parlamentarios que hay en el país es parte de una juventud nacida bajo el estigma de la dictadura; muchos de ellos no son sólo actores políticos sino sujetos dominantes, impregnados de fuertes ideas autoritarias. La simple circunstancia de creerse ‘honorables’, asignarse remuneraciones muy por encima de aquellas que reciben sus representados, que intenten proteger su autoridad con leyes (‘la ley de los memes’) hace entender que sus criterios se orientan hacia la jerarquía y a la verticalidad del mando. Se autoasignan el carácter de personajes ungidos para desempeñar un rol que estiman de relevancia crucial.

Como si fuesen elegidos para imponer una forma de vida que una desconocida voluntad divina puso en sus cabezas como tarea fundamental. La tendencia a reprimir la voluntad de quienes precisamente los han elegido es una de las características que exhiben las autoridades generadas bajo el régimen post dictatorial. Encuentra su explicación en lo que ya hemos señalado: la fuerte influencia que ha ejercido el régimen pinochetista en la cultura de la generación que se formó con posterioridad al golpe de Estado tanto en el exterior como en el interior. Esta forma de proceder ha sido un factor que ha permitido una excelente forma de trabajar entre actores políticos de ‘derecha’ e ‘izquierda’. Están unidos por el autoritarismo, la jerarquización y la verticalidad del mando.

La herencia pinochetista nos dejó, además del autoritarismo, la jerarquización y la verticalidad de mando, el individualismo que se advierte en cada una de las apariciones en público que efectúa la autoridad (legislativa, judicial y administrativa). Por vía de ejemplo,  un hecho sintomático de la escasa preocupación que existe en el Parlamento por la resolución de los grandes problemas nacionales lo de muestran algunos hechos: no hay problema para legislar cuando se trata de aumentar la dieta parlamentaria; tampoco cuando se trata de conceder un feriado para los miembros del Parlamento ni cuando se trata de ver partidos de fútbol o aprobar leyes como la que eleva a la categoría de deporte nacional a la rayuela. Pero sí cuando se trata de analizar la participación u otras medidas como las leyes laborales o resolver los problemas de la salud, de la previsión, de la vivienda o de la educación. La frivolidad y el interés por resolver los problemas personales constituyen el motor que impulsa la actividad política de la nación. Recomendamos, al respecto, leer nuestro documento “Un gabinete para Michelle”.

Hay, no obstante, otro hecho que puede explicar estas conductas. Chile es el primer país de Latinoamérica en el consumo de ansiolíticos y el cuarto en  el mundo[15]. Las tensiones propias del modelo imperante hacen que gran parte de los chilenos trabajen estresados y, consecuentemente, estresen a familiares y amigos con su anomalía. Chile es una sociedad enferma que lleva a sus trabajadores en las peores condiciones de transporte en un Ferrocarril Metropolitano que fue el modelo de Latinamérica,  en donde los choferes del Transantiago no se detienen en los paraderos, en donde los conductores de vehículos se trenzan en peleas en plena vía pública, en donde los ciclistas actúan en contra de los automovilistas y peatones, en donde los automovilistas y ciclistas atropellan a los peatones y en donde los peatones inician disputas con automovilistas y ciclistas. Chile es una sociedad enferma, repetimos. Y no debe sorprender que sus autoridades también lo estén. Porque conductas tan anómalas conducen a entender que existen graves problemas psíquicos en el país.

Dirigentes enfermos producen dirigidos enfermos. Hay una estricta correlación entre los que mandan y los que obedecen. Entre elegidos y electores. Una armonía muy similar a la que existe entre el sádico y el masoquista que no pueden estar separados. Un analista llama la atención acerca de una circunstancia relevante: gran parte de los trabajadores del país (87%) no se siente satisfecho en su trabajo. Y señalaba, al respecto:

“Es claro que la situación de insatisfacción estimula las enfermedades mentales, especialmente la depresión, que tiene serios impactos sobre la productividad del país. Este aspecto no ha sido al parecer considerado por los empresarios con la seriedad necesaria, porque hay factores –a veces incluso simples– que permitirían mejorar las relaciones laborales en las empresas”[16].

El individualismo hace que cada persona se preocupe tan sólo de sí mismo y de su entorno familiar. Abre, por consiguiente, las compuertas al nepotismo y a la avaricia, elementos que integran la llamada ‘corrupción’ que, no siendo un delito, se practica ampliamente al interior de las capas dirigentes de nuestra sociedad, conducta que afecta por igual a dirigentes y dirigidos porque también en las clases dominadas, especialmente en el plano de ciertas organizaciones sociales, operan semejantes prácticas.

Erich Fromm sostiene que todos estos comportamientos constituyen ‘enfermedades’, formas anómalas de vida a través de las cuales el individuo que intenta retornar al útero materno y ve frustrados sus intentos, se ve obligado a hacer uso de los llamados ‘mecanismos de evasión’, que son el conformismo, el autoritarismo y la autodestrucción[17].

No puede sino concluirse que algo no anda bien en la cabeza de muchas de nuestras autoridades. Y eso es grave, porque las soluciones a los grandes problemas nacionales no van a ir de la mano de la razón. No debería extrañarnos que los problemas se multipliquen en un futuro no muy lejano.

Terminemos diciendo aquí que, probablemente, para muchos, estos hechos no revisten mayor significación pues se trata de conductas ‘normales’ en toda sociedad. Es verdad que se trata de conductas normales pues, como lo señaláramos en un comienzo, ‘normal es aquello que se repite cotidianamente. Pero no todo lo que se repite, aunque puede ser ‘normal’, debe considerarse beneficioso para el conjunto social. Por el contrario: en tales conductas puede esconderse, incluso, gran parte de la raíz de nuestros problemas.

Santiago, septiembre de 2014.



[1] Véase de Gilles Deleuze su obra “Diferencia y repetición”.
[2] Redacción: “Proyecto de diputados oficialistas busca prohibir saleros en mesas de restaurantes”, Emol-Chile, 26 de julio de 2014.
[3] Redacción: “Insólita explicación de Sabag por retiro de ‘Ley Anti-Memes”, ‘El Mostrador’, 11 de julio de 2014.
[4] Redacción: Id. (3)
[5] Redacción: “Diputados oficialistas impulsan proyecto de ley que exigirá saber bailar cueca para egresar de la enseñanza media”, Diario Universidad de Chile, 13 de septiembre de 2014.
[6] Declaración hecha al Noticiero Central de las 9 de la noche de TVN el día 23 de septiembre de 2014.
[7] Fernández Figueroa, Sergio: “El país de los huevones”, ‘El Mostrador’, 22 de septiembre de 2014.
[8] Cable de Agencia UPI: “Bachelet promulga ley que declara la rayuela como deporte nacional”, ‘El Mostrador’, 17 de septiembre de 2014.
[9] Hernández, Javiera: “Presidenta Bachelet promulga ley que declara la rayuela como deporte nacional”, Radio Duna 89,7, 17 de septiembre de 2014.
[10] En Chile, cuando alguien formula este tipo de afirmaciones se acostumbra a decir: ‘Mal de muchos, consuelo de tontos’.
[11] Cable de la Agencia EFE: “Metro retira basureros de algunas estaciones”, 09 de septiembre de 2014. Generalmente, este tipo de medidas arranca sonrisas dentro de la comunidad nacional porque se recuerda el chiste aquel en el cual don Otto decide vender el sofá del salón de su casa, luego de enterarse que su mujer lo engaña con Fritz haciendo el amor sobre aquel. ‘Vender el sofá de don Otto’ también es aumentar las dotaciones policiales creyendo que con ello se va a limitar la comisión de los delitos.
[12] Los ‘agentes encubiertos’ están contemplados en la legislación chilena, especialmente, en cuanto al tráfico de estupefacientes. Son una copia de la legislación estadounidense que los contempla para una serie de situaciones delictivas. Consiste en incorporar espías al interior de ciertas organizaciones que se estiman delictuales a fin de prever la comisión de delitos. Sin embargo, en el caso de las drogas, estos agentes encubiertos, a fin de justificar su trabajo, no vacilan en incitar a la comisión del delito para poder probar que la organización sí se dedica a fines delictuales.
[13] No hay que olvidar que el Decreto Ley Antiterrorista ‘Ley Antiterrorista’) fue dictado bajo la dictadura pinochetista. Jamás se aplicó bajo esa dictadura; tampoco bajo los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, sino se ejerció en contra del pueblo mapuche bajo la primera administración bacheletista.
[14] Briones, Ramón y Bosselin, Hernán: “No a la sociedad vigilada”, ‘El Mostrador’, 22 de septiembre de 2014.
[15] De acuerdo a las estadísticas entregadas hace poco más de dos años, Chile era el primer país en América Latina en el consumo de ansiolíticos y el cuarto a nivel mundial.
[16] Urriola, Rafael: ¿Fracaso del sistema? 87% de empleados no están contentos con sus empleos”, ‘El Mostrador’, 23 de septiembre de 2014.
[17] Véase de Erich Fromm, al respecto, sus obras “El miedo a la libertad” y “Psicoanálisis de la sociedad contemporánea”.

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