lunes, 1 de diciembre de 2014
UNA VISION CRÍTICA DE LA AUTORIDAD
MANUEL ACUÑA ASENJO
PRELIMINAR
Las apreciaciones que tenemos de nosotros mismos
acerca de nuestras propias cualidades y de los objetos que nos pertenecen,
pocas veces son compartidas por los demás; podríamos aseverar, incluso, que la
mayor parte de las veces dichas apreciaciones contradicen severamente nuestras
más íntimas creencias. Esta forma de concebir nuestro rol dentro de determinado
entorno se reproduce también en los grandes grupos humanos. Lo que se piensa de
un país no siempre es compartido por los nacionales de otro.
Hay un factor que parece operar con bastante eficacia
tras esta forma de calificar los hechos. Se trata de un elemento que ha llamado
la atención de numerosos autores, entre otros, de Gilles Deleuze y es la
repetición[1].
Y es que todo lo que se repite se hace cotidiano para que, de esa manera, lo
cotidiano adquiera el carácter de normal. La repetición, entonces, es la llave
que abre paso a la normalidad. Aunque dicha normalidad constituya una verdadera
anomalía. Así, pues, por el simple hecho que una conducta extraña comience a
repetirse, su ocurrencia no nos causará sorpresa alguna; en adelante, se hará
normal ante nuestros ojos y la reconoceremos como parte integrante de nuestro
entorno. En virtud de la repetición, la conducta ajena se nos presentará,
siempre, como normal, en tanto la nuestra afectará de modo similar a los demás.
Tal es la razón por la cual pocas veces nos sorprenden
determinadas conductas ajenas, aunque sean, en verdad, desmesuradas. Esto
ocurre especialmente respecto de las autoridades a quienes, por regla general,
se les atribuye una suerte de infalibilidad por el simple hecho de haberse
transformado tales. Sin embargo, un examen más acucioso de sus actos y la
participación de alguien o algunos que nos llamen la atención acerca de aquellos
basta para que nuestra estima acerca de las mismas se vea seriamente alterada. Y
eso es importante pues, de lo contrario, esas conductas pasan a ser parte,
incluso, de nuestra propia forma de vida transformándonos, así, en cómplices de
aquellas.
Con esos antecedentes, intentemos formular algunos
juicios acerca de algunos sucesos ocurridos en los últimos meses a los que, si
se les presta la debida atención, no pueden ser sino calificados de ‘sorprendentes’.
LA CONDUCTA
LEGISLATIVA
No es
desconocido el hecho que algunos parlamentarios del pacto llamado ‘Nueva
Mayoría’ han sido protagonistas de un conjunto de proposiciones extrañas; de
seguir adelante con el trámite constitucional, nos colocarían en la difícil
tarea de explicar la razón de una verdadera sin razón. Así, en la segunda quincena de julio recién
pasado, más exactamente, el 26 de ese mes, los parlamentarios Gabriel Silber
(DC) y Daniel Farcas (PPD) hicieron pública una moción presentada por ellos en
orden a prohibir el uso de los saleros en las mesas de los restaurantes a fin
de desincentivar el uso excesivo de la sal. En las declaraciones hechas a la
prensa sobre lo que, de esa fecha en adelante, sería conocido como “ley de los
saleros”, el primero de ellos señaló:
"El objetivo de este proyecto es cambiar los
hábitos de los chilenos para mejorar su salud y para ello, queremos que los
saleros no estén en las mesas de los restaurantes y que si una persona desea
echarle más sal a sus alimentos, deba pedírselo al garzón"[2].
Un mes antes de
tan disparatada propuesta, otro diputado, el demócrata cristiano Jorge Sabag,
junto a Marcelo
Chávez (DC), José Manuel Edwards (RN), Daniel Farcas (PPD), Iván Norambuena
(UDI), Sergio Ojeda (DC) y José Pérez (PRSD), había presentado una iniciativa que, bajo el pomposo título de “Proyecto de ley para modificar el
Código Penal para perfeccionar la protección de la dignidad de las autoridades”,
pretendía sancionar a
“[…] quienes realicen amenazas o
profieran insultos contra la autoridad por medio de plataformas electrónicas,
ya sea de forma textual o gráfica, considerándose como agravante que no lo
hagan con su verdadera identidad o que intenten obstaculizar la identificación
del computador desde el cual se difunde el mensaje”[3].
Este proyecto, que sería conocido como ‘ley de represión de los memes’, establecía una
“[…] pena de reclusión menor en su
grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales (entre 463.958 y
632.670 pesos) a quienes amenacen o insulten a las autoridades”[4].
No está de
más decir que tan estúpida proposición fue retirada posteriormente por su
propio promotor quien dio como excusa de tal retractación la circunstancia de
haber sido mal redactado el proyecto por sus asesores.
Los disparates de los ‘honorables’ no
pararon allí. Poco antes de la celebración
de las festividades patrias, más exactamente el día viernes 12 del presente,
los diputados de la DC Jorge Sabag, Sergio Espejo y Ricardo Rincón, todos del
pacto ‘Nueva Mayoría’, pidieron a
la Comisión de Educación de la Cámara agilizar la discusión del proyecto de ley
que exige aprobar el examen del baile de la cueca para que los alumnos puedan
egresar de la educación media.
Según Sabag,
“[…] hemos solicitado a la Comisión
de Educación, nos haga un espacio en medio de la discusión de la Reforma
Educacional, para reimpulsar el proyecto que presentamos el año pasado para
exigir el aprendizaje de la cueca como requisito para obtener la licencia de 4º
medio”[5].
Uno de los últimos ‘aciertos’ legislativos
de la temporada ha sido el anuncio que el martes 23 del presente hiciera el
diputado Gustavo Hasbún, de la Unión Demócrata Independiente UDI, a los medios
de comunicación con ocasión del alto número de peatones atropellados por los
automovilistas durante las festividades patrias. El anuncio del parlamentario
fue el próximo envío de un proyecto de ley que va a establecer duras sanciones
en contra de los peatones ebrios[6].
Dice un comentarista, al respecto, y con
mucho humor:
“Ahora, uno pensaría que en
semejantes circunstancias la Presidenta electa procuraría tomar medidas que
contribuyeran a mejorar el deplorable escenario planteado. Pues no. No sólo no
tomó ninguna, sino que envió un proyecto sin justificación alguna que pretende
¡aumentar el número de parlamentarios! ¡Qué quiere que le diga! ¡Exijo una
explicación!, como dice una caricatura muy popular en el mencionado país.
Ahora, aquí hay una guinda formidable para la torta. La mandataria aseguró que,
pese a las cuantiosas dietas y asignaciones de los nuevos parlamentarios y pese
a las ingentes inversiones que deberán desarrollarse para acogerlos en sus
funciones, la caja fiscal no tendrá desembolsos adicionales a los actuales.
Leyó bien: todo el nuevo gasto y la mayor inversión necesarios, no le costarán
ni un peso adicional al erario nacional. ¿Y qué cree usted que ocurrió? ¡Los
huevoneses lo aceptaron! ¡Lo aceptaron!”[7]
LA
CONDUCTA ADMINISTRATIVA
Si
los ‘honorables’ parecen haber andado con el paso cambiado en estos días,
también la proximidad de las festividades patrias pareció afectar la razón de
la presidenta Michelle Bachelet quien, en un acto bastante concurrido y al que
se le dio amplia cobertura en los medios de comunicación social, procedió a
poner su firma al decreto que promulgaba una ley recientemente aprobada por el
Parlamento que elevaba la rayuela al carácter de deporte nacional, oportunidad
en la que destacó la importancia de ese juego para los chilenos.
“Con esta ley la rayuela deja de ser
sólo un juego, un deporte recreativo, y pasa a ser reconocido como deporte
nacional chileno […], y desde ahora entonces, y esto es lo más importante, es
que al ser considerado deporte nacional, empieza a ser considerado dentro de
las políticas de fomento al deporte en nuestro país”[8].
Con prescindencia
de ese frívolo juego de palabras con el que se refirió a la necesidad de
controlar los excesos propios de las festividades patrias (“Nada de tirarse con el tejo pasado
en la rayuela corta, no chiquillos, nada de eso […]”), formuló unas
extrañas palabras:
“Nuestra historia y patrimonio no sólo
se encuentra en libros y museos, sino que está vivo en personas que hacen que
se mantengan […]”[9]
Estas frases
poco meditadas, que invitan a poner en entredicho la capacidad de razonamiento
de las autoridades, parecen constituir una constante que se viene repitiendo
desde la instalación de la democracia post dictatorial. No hace mucho la propia
presidenta Bachelet había señalado a los medios de comunicación que, si bien el
fenómeno de la desaceleración era importante, no había que sobredimensionar sus
efectos pues se trata de un fenómeno regional que afecta a todas las economías
de América Latina[10].
¿Necesitamos,
aquí, recordar la alfombra roja, al más puro estilo festivalero, colocada en la
‘ramada’ donde irían a bailar un pie de cueca la propia presidenta y la alcaldesa
de Santiago con sus ilustres vástagos? El espectáculo se transmitió por
televisión para todo el país.
UN
HECHO QUE PONE EN ENTREDICHO OTRAS CONDUCTAS
Sin embargo, el
hecho más relevante de todos los acaecidos en el período previo a las Fiestas
Patrias de este año lo constituye un hecho sangriento, violento, que pocas
personas podrían justificar o intentar explicar. Nos referimos a la bomba
colocada en la estación ‘Escuela Militar’ del Ferrocarril Metropolitano de
Santiago.
En efecto, el
día 8 del presente, una persona o un grupo de personas procedió a colocar un
artefacto explosivo junto a un restaurante aledaño a esa estación del
Ferrocarril Metropolitano. La carga reventó casi a las 2 de la tarde con un
saldo de 14 personas heridas.
Si bien es
cierto que los grupos anarquistas se desvincularon del hecho en algunos sitios
de la red Internet, otro de aquellos envió a la Radio Biobío una denuncia
señalando que habían avisado a Carabineros que la bomba explotaría en 10
minutos y que las autoridades policiales no tomaron en serio la advertencia o,
simplemente, la ignoraron. Lo cierto es que se trató de un hecho delictivo que
puso en peligro la vida de muchos chilenos.
Sin embargo, apenas
producido el estallido, la dirección del Ferrocarril Metropolitano procedió, de
inmediato, a quitar todos los basureros metálicos colocados no sólo en esa
estación sino en varias otras[11] como si allí
radicara la raíz del mal, iniciándose simultáneamente un amplio debate acerca
del ‘terrorismo’, de la necesidad de extremar las medidas de seguridad,
endurecer las penas por tales delitos y a dotar a la Agencia Nacional de Información ANI de ‘agentes encubiertos’[12].
El criterio de
enfrentar estos hechos delictuales empleado por la actual administración no ha
sido diferente al de sus antecesoras: aplicación de la Ley Antiterrorista y aumento
del resguardo policial, medida que guarda asombrosa correspondencia con la
promesa de la presidenta de contratar 6 mil efectivos policiales que se vienen
a sumar a los 10 mil contratados bajo la administración Piñera[13].
El criterio es, al parecer, aumentar la vigilancia para evitar la delincuencia.
Es posible que estas medidas vayan a ser acompañadas de un aumento en la
penalidad de ciertos delitos, tal como ha sucedido en otras áreas. Parece, en
consecuencia, existir uniformidad de criterio entre la Alianza Por Chile y el
pacto ‘Nueva Mayoría’ en torno a considerar que, para combatir a la
delincuencia, la única solución viable es el aumento de la dotación policial y,
de ser posible, el aumento de las penas o la creación de nuevos delitos como
forma de disuadir la comisión de los mismos. No debe sorprender, en
consecuencia, que algunos analistas empiecen a temer que la sociedad actual se
transforme paulatinamente en una ‘sociedad vigilada’[14].
No miremos estas
medidas, sin embargo, como algo ajeno a la historia del Chile post dictatorial.
Por el contrario: todas ellas guardan estricta correspondencia con una forma de
entender el funcionamiento de una sociedad que necesita de la concurrencia de
una serie de factores para poder funcionar. Se entiende así que bajo la
administración de la Concertación se haya disminuido la edad para delinquir y
hoy puedan ser procesados en el carácter de delincuentes, incluso, los niños
que participan en el comercio de la droga y en el asalto a supermercados y
bancos.
Estas medidas no
son diferentes de otras que se han estado adoptando en el país. A las leyes
‘tontas’ que elevan la rayuela al carácter de deporte nacional, a la que
intentaba sancionar a quienes insultan a la autoridad, a la que pone como
condición el aprendizaje de la cueca para obtener la licencia secundaria, a la
que obliga a retirar los saleros de los restaurantes, se une una copiosa
proliferación de leyes denominadas ‘cero’ pues establecen drásticas prohibiciones
a la población. Ellas son la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol
cuando se maneja, la que prohíbe el consumo de cigarrillos en los lugares
públicos, la que obliga a incluir determinados ingredientes en ciertos
alimentos, en fin.
En el ámbito
opuesto, las propuestas que han intentado limitar los sueldos que reciben los
‘honorables’ han recibido fuertes críticas de los dirigentes de las
organizaciones políticas del pacto ‘Nueva Mayoría’. El caso más emblemático ha
sido la disparatada respuesta que el diputado Pepe Auth (PPD) dio a Giorgio
Jackson (Revolución Democrática RD), que fue quien propuso la medida en
conjunto con Gabriel Boric. Auth fue desautorizado y reprochado por su propia
hija.
¿POR QUÉ EL
PACTO ‘NUEVA MAYORÍA’?
Se podría
entender todo esto si tales desaciertos hubiesen sido protagonizados por
personas vinculadas a los sectores de la Alianza por Chile. O al empresariado.
Porque, normalmente, los gobiernos generados en la representación política
natural de las clases dominantes tienen poco o nulo interés en resolver los
grandes problemas nacionales si ello no les reporta alguna utilidad. Por eso,
la generalidad de sus representantes son sujetos frívolos, provienen del mundo
del espectáculo y de la farándula y tienen por costumbre ironizar sobre esos
temas o tomarlos a la ligera. No es casualidad la aparición en la escena
política internacional la presencia de un George Walter Bush, de un Boris
Jeltsin, de un Anthony Blair, de un William Clinton, de un Nicolás Sarkozy o de
un Silvio Berlusconi. En Chile, el paso de Sebastián Piñera por la más alta
magistratura del país permitió que los aficionados a las frases famosas
pudiesen coleccionar todo un conjunto de intervenciones dignas de mencionarse y
que fueron conocidas como ‘piñericosas’. Pero las ‘piñericosas’ no eran otra
cosa que una reproducción criolla de los llamados ‘bushisms’ o colección de
disparates proferidos por George Walter Bush durante su período como presidente
de los Estados Unidos. Que esos personajes hayan tomado a la ligera lo que
significa el ejercicio de la presidencia de un país es plenamente entendible.
No lo es, sin embargo, cuando lo hacen personas que dicen representar los intereses
de los sectores dominados como ‘Nueva Mayoría’ o la ‘Concertación de Partidos
Por la Democracia’. Recordamos las palabras poco cuidadosas de Aylwin, Frei,
Lagos y Bachelet en sus períodos presidenciales. De Lagos, bástenos recordar su
ardorosa defensa de los grafiteros en el Cuzco, su desafortunada ‘alegoría del
jarrón’ y la reacción que tuvo ante sus desmesuras su entonces compañero de
partido Jorge Schaulsson quien sólo le pedía dejara de decir ‘tonterías’.
¿A qué se debe todo ello? ¿Por qué la escena política
nacional de los partidos que se estiman comprometidos con los derechos de los
desposeídos ha adquirido los mismos rasgos que identifican a los representantes
del gran capital?
ENSAYANDO UNA
EXPLICACION
A grandes rasgos, podemos asegurar que, como lo hemos
hecho en otros de nuestros documentos, la representación política natural del
interés de las clases dominadas ha ido asumiendo en forma creciente el rol de
representantes espurios del interés de las clases dominantes a fin de disputar
a su representación política natural el mejor derecho a administrar con mayor
eficiencia el Estado y, por ende, a realizar de manera óptima la extracción del
plusvalor. Pero todo esto también requiere de explicaciones.
La dictadura
pinochetista (también lo hemos afirmado en nuestros documentos) no sólo ha
ganado la batalla económica sino también la cultural. Karl Marx ya lo decía en
sus escritos: quien posee el dominio material de una sociedad posee,
también, su dominio espiritual. No se explica
de otra manera la tendencia innata que exhiben ciertos
individuos a regular la vida de los demás e imponer al país su voluntad bajo el pretexto de hacerlo en
nombre de una pretendida voluntad ‘soberana’. Y es que la generalidad de los
parlamentarios que hay en el país es parte de una juventud nacida bajo el
estigma de la dictadura; muchos de ellos no son sólo actores políticos sino
sujetos dominantes, impregnados de fuertes ideas autoritarias. La simple
circunstancia de creerse ‘honorables’, asignarse remuneraciones muy por encima
de aquellas que reciben sus representados, que intenten proteger su autoridad
con leyes (‘la ley de los memes’) hace entender que sus criterios se orientan
hacia la jerarquía y a la verticalidad del mando. Se autoasignan el carácter de
personajes ungidos para desempeñar un rol que estiman de relevancia crucial.
Como si
fuesen elegidos para imponer una forma de vida que una desconocida voluntad
divina puso en sus cabezas como tarea fundamental. La tendencia a reprimir la
voluntad de quienes precisamente los han elegido es una de las características
que exhiben las autoridades generadas bajo el régimen post dictatorial.
Encuentra su explicación en lo que ya hemos señalado: la fuerte influencia que
ha ejercido el régimen pinochetista en la cultura de la generación que se formó
con posterioridad al golpe de Estado tanto en el exterior como en el interior.
Esta forma de proceder ha sido un factor que ha permitido una excelente forma
de trabajar entre actores políticos de ‘derecha’ e ‘izquierda’. Están unidos
por el autoritarismo, la jerarquización y la verticalidad del mando.
La herencia
pinochetista nos dejó, además del autoritarismo, la jerarquización y la
verticalidad de mando, el individualismo que se advierte en cada una de las
apariciones en público que efectúa la autoridad (legislativa, judicial y
administrativa). Por vía de ejemplo, un hecho sintomático de la escasa preocupación que existe
en el Parlamento por la resolución de los grandes problemas nacionales lo de
muestran algunos hechos: no hay problema para legislar cuando se trata de
aumentar la dieta parlamentaria; tampoco cuando se trata de conceder un feriado
para los miembros del Parlamento ni cuando se trata de ver partidos de fútbol o
aprobar leyes como la que eleva a la categoría de deporte nacional a la
rayuela. Pero sí cuando se trata de analizar la participación u otras medidas
como las leyes laborales o resolver los problemas de la salud, de la previsión,
de la vivienda o de la educación. La frivolidad y el interés por resolver los
problemas personales constituyen el motor que impulsa la actividad política de
la nación. Recomendamos, al respecto, leer nuestro documento “Un gabinete para
Michelle”.
Hay, no obstante, otro hecho que puede explicar estas conductas. Chile es
el primer país de Latinoamérica en el consumo de ansiolíticos y el cuarto
en el mundo[15]. Las
tensiones propias del modelo imperante hacen que gran parte de los chilenos
trabajen estresados y, consecuentemente, estresen a familiares y amigos con su
anomalía. Chile es una sociedad enferma que lleva a sus trabajadores en las
peores condiciones de transporte en un Ferrocarril Metropolitano que fue el
modelo de Latinamérica, en donde los
choferes del Transantiago no se detienen en los paraderos, en donde los
conductores de vehículos se trenzan en peleas en plena vía pública, en donde
los ciclistas actúan en contra de los automovilistas y peatones, en donde los
automovilistas y ciclistas atropellan a los peatones y en donde los peatones
inician disputas con automovilistas y ciclistas. Chile es una sociedad enferma,
repetimos. Y no debe sorprender que sus autoridades también lo estén. Porque
conductas tan anómalas conducen a entender que existen graves problemas
psíquicos en el país.
Dirigentes enfermos producen dirigidos enfermos. Hay una estricta
correlación entre los que mandan y los que obedecen. Entre elegidos y
electores. Una armonía muy similar a la que existe entre el sádico y el
masoquista que no pueden estar separados. Un analista llama la atención acerca
de una circunstancia relevante: gran parte de los trabajadores del país (87%)
no se siente satisfecho en su trabajo. Y señalaba, al respecto:
“Es claro que la situación de insatisfacción estimula
las enfermedades mentales, especialmente la depresión, que tiene serios
impactos sobre la productividad del país. Este aspecto no ha sido al parecer
considerado por los empresarios con la seriedad necesaria, porque hay factores
–a veces incluso simples– que permitirían mejorar las relaciones laborales en
las empresas”[16].
El individualismo hace que cada persona se preocupe tan sólo de sí mismo y
de su entorno familiar. Abre, por consiguiente, las compuertas al nepotismo y a
la avaricia, elementos que integran la llamada ‘corrupción’ que, no siendo un
delito, se practica ampliamente al interior de las capas dirigentes de nuestra
sociedad, conducta que afecta por igual a dirigentes y dirigidos porque también
en las clases dominadas, especialmente en el plano de ciertas organizaciones
sociales, operan semejantes prácticas.
Erich Fromm sostiene que todos estos comportamientos constituyen
‘enfermedades’, formas anómalas de vida a través de las cuales el individuo que
intenta retornar al útero materno y ve frustrados sus intentos, se ve obligado
a hacer uso de los llamados ‘mecanismos de evasión’, que son el conformismo, el
autoritarismo y la autodestrucción[17].
No puede sino
concluirse que algo no anda bien en la cabeza de muchas de nuestras
autoridades. Y eso es grave, porque las soluciones a los grandes problemas
nacionales no van a ir de la mano de la razón. No debería extrañarnos que los
problemas se multipliquen en un futuro no muy lejano.
Terminemos
diciendo aquí que, probablemente, para muchos, estos hechos no revisten mayor
significación pues se trata de conductas ‘normales’ en toda sociedad. Es verdad
que se trata de conductas normales pues, como lo señaláramos en un comienzo,
‘normal es aquello que se repite cotidianamente. Pero no todo lo que se repite,
aunque puede ser ‘normal’, debe considerarse beneficioso para el conjunto
social. Por el contrario: en tales conductas puede esconderse, incluso, gran
parte de la raíz de nuestros problemas.
Santiago,
septiembre de 2014.
[1]
Véase de Gilles Deleuze su obra “Diferencia y repetición”.
[2]
Redacción: “Proyecto de diputados oficialistas busca prohibir saleros en mesas
de restaurantes”, Emol-Chile,
26 de julio de 2014.
[3] Redacción:
“Insólita explicación de Sabag por retiro de ‘Ley Anti-Memes”, ‘El Mostrador’,
11 de julio de 2014.
[4] Redacción:
Id. (3)
[5]
Redacción: “Diputados oficialistas impulsan proyecto de ley que
exigirá saber bailar cueca para egresar de la enseñanza media”, Diario
Universidad de Chile, 13 de septiembre de 2014.
[6]
Declaración hecha al Noticiero Central de las 9 de la noche de TVN el día 23 de
septiembre de 2014.
[7]
Fernández Figueroa, Sergio: “El país de los huevones”, ‘El Mostrador’, 22 de
septiembre de 2014.
[8] Cable de
Agencia UPI: “Bachelet promulga ley que declara la rayuela como deporte
nacional”, ‘El Mostrador’, 17 de septiembre de 2014.
[9]
Hernández, Javiera: “Presidenta Bachelet promulga ley que declara la rayuela
como deporte nacional”, Radio Duna 89,7, 17 de septiembre de 2014.
[10] En
Chile, cuando alguien formula este tipo de afirmaciones se acostumbra a decir:
‘Mal de muchos, consuelo de tontos’.
[11] Cable
de la Agencia EFE: “Metro retira basureros de algunas estaciones”, 09 de
septiembre de 2014. Generalmente, este tipo de medidas arranca sonrisas dentro
de la comunidad nacional porque se recuerda el chiste aquel en el cual don Otto
decide vender el sofá del salón de su casa, luego de enterarse que su mujer lo
engaña con Fritz haciendo el amor sobre aquel. ‘Vender el sofá de don Otto’
también es aumentar las dotaciones policiales creyendo que con ello se va a
limitar la comisión de los delitos.
[12] Los
‘agentes encubiertos’ están contemplados en la legislación chilena,
especialmente, en cuanto al tráfico de estupefacientes. Son una copia de la
legislación estadounidense que los contempla para una serie de situaciones
delictivas. Consiste en incorporar espías al interior de ciertas organizaciones
que se estiman delictuales a fin de prever la comisión de delitos. Sin embargo,
en el caso de las drogas, estos agentes encubiertos, a fin de justificar su
trabajo, no vacilan en incitar a la comisión del delito para poder probar que
la organización sí se dedica a fines delictuales.
[13] No hay
que olvidar que el Decreto Ley Antiterrorista ‘Ley Antiterrorista’) fue dictado
bajo la dictadura pinochetista. Jamás se aplicó bajo esa dictadura; tampoco
bajo los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, sino se ejerció en contra del
pueblo mapuche bajo la primera administración bacheletista.
[14]
Briones, Ramón y Bosselin, Hernán: “No a la sociedad vigilada”, ‘El Mostrador’,
22 de septiembre de 2014.
[15] De acuerdo a las estadísticas
entregadas hace poco más de dos años, Chile era el primer país en América
Latina en el consumo de ansiolíticos y el cuarto a nivel mundial.
[16] Urriola, Rafael: “¿Fracaso del sistema? 87% de
empleados no están contentos con sus empleos”, ‘El Mostrador’, 23 de septiembre
de 2014.
[17] Véase de Erich Fromm, al respecto,
sus obras “El miedo a la libertad” y “Psicoanálisis de la sociedad
contemporánea”.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario