LIBERTAD A LOS PRESOS DE ‘PUNTA PEUCO’
El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
SINDICALES CODEHS, a la opinión
pública nacional e internacional, declara:
En dos sucesivas
sentencias dictadas en las últimas semanas de este mes, la Corte Suprema ha
concedido el indulto a siete (7) personas condenadas por graves violaciones a
los Derechos Humanos y recluidas en la cárcel ‘Punta Peuco’. Esas personas,
autores de ‘delitos de lesa humanidad’, fueron, en un primer momento, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga; posteriormente, Emilio de la Mahotiere González
y Moisés Retamal Bustos.
No puede
considerarse a la Corte Suprema —y al resto de los tribunales chilenos— como entes neutrales. Desde los albores de la República han estado
permanentemente al servicio de las clases dominantes. No está de más recordar
algunos casos al respecto.
En pleno régimen
de la Unidad Popular dio, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces,
Enrique Urrutia Manzano, orden a los jueces de acoger todos los recursos de
amparo que interponían en su favor los enemigos de ese régimen. Fue aquel mismo
sujeto quien, en compañía de los magistrados José María Eyzaguirre y Juan
Pomés, concurrió a saludar al recién instalado gobierno militar en septiembre
de 1973 y, posteriormente, terció la banda presidencial sobre el pecho de de
Pinochet reconociéndolo como legítimo gobernante. Cuando, en 1974, viajó a
Europa una comisión gubernamental, encabezada por el presidente del Colegio de
Abogados de ese entonces Alejandro Silva Bascuñán y el ex político Julio Durán
Neumann, a explicar las razones y fundamentos del golpe militar, se sumó a
ellos el magistrado José María Eyzaguirre quien asumiría, un año más tarde, la
presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Urrutia. ¿Y qué decir de Israel Bórquez, hombre cercano a
Pinochet, que ironizaba con los recursos de amparo a favor de los detenidos
desaparecidos alegando que lo tenían ‘curco’?
La idea de dejar en libertad a
los presos de ‘Punta Peuco’ no es nueva. Ha sido la constante de los grupos
pinochetistas que aún perduran y aprovechan la instancia gubernamental que hoy
detentan. Porque esta situación no es nueva y tiene manifiestos ribetes
políticos. El presidente Piñera no es, en modo alguno, ajeno a ella. Si bien ha
querido aparecer libre de toda sospecha otorgando indulto presidencial —junto a un caso de Temuco y otro de Colina II—, a una persona que falleció sin haber gozado de aquel (el ex coronel
René Cardemil, enfermo de cáncer terminal), dicha acción sólo se enmarca dentro
de una política que aprovecha el retiro de otros magistrados para reemplazarlos
por quienes se inclinan por liberar a los genocidas. La decisión de la Corte
Suprema, por consiguiente, no ha tenido carácter neutro sino eminentemente
político.
Que este fallo
crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado
integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer
respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que “lo más
probable es que se aplique la misma decisión”.
El CODEHS eleva su enérgica voz para protestar por estos actos que no
sólo son atentatorios contra el ordenamiento jurídico vigente y los convenios
internacionales suscritos por Chile sino contra la moral de toda una sociedad,
y justifican de sobremanera recurrir a los organismos internacionales en
demanda de garantías procesales que no parecen existir en este país.
COMITÉ EJECUTIVO (CODEHS)
Santiago, 31
julio de 2018
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