Stella Calloni
13 Diciembre 2011, Cubadebate
Invasión de EEUU en Panamá, diciembre de 1989
El envío del general Manuel Antonio Noriega a Panamá por
decisión del gobierno y la justicia de Francia, adonde fue enviado ilegalmente
desde Estados Unidos, en abril de 2010 cumpliendo oscuros acuerdos bajo la mesa
entre Washington y París, vuelve a poner en escena el revés de la trama.
A los 77 años y enfermo llegó detenido a su país, a sólo
diez días de conmemorarse la trágica fecha de la invasión de Estados Unidos a
Panamá que comenzó a última hora del 19 y en la madrugada del 20 de diciembre de
1989 y, que dejó entre cinco y siete mil muertos y desaparecidos.
Panamá tenía entonces dos millones de habitantes, que fueron
víctimas de una invasión que partió del propio territorio cuando aún estaba el
Comando Sur estadounidense en la Zona del Canal con la serie de bases
militares, pensadas para el control de América Latina. Esas tropas, aviones y helicópteros
sólo debían cruzar una avenida y lo hicieron bombardeando una ciudad de unos
600 mil habitantes,
Se destruyeron barrios enteros con pérdidas humanas y materiales
millonarias y fueron también desarticuladas las incipientes Fuerzas de Defensa
que estaban siendo preparadas para cuidar el Canal cuando se fueran las tropas
de Estados Unidos, que buscaba excusas para quedarse.
Nada de todo esto se dirá, ni se contará la historia real de
ese país olvidado, cuyo pueblo tuvo jornadas heroicas de lucha anticolonial y
al que América Latina, bajo el influjo de una temible desinformación dejó sólo
en el momento de la invasión, salvo honrosas excepciones.
No es coincidencia el traslado de Noriega en este momento
donde el gobierno de Ricardo Martinelli intenta crear una nueva cortina de
humo, para encubrir los nuevos pasos de entrega de soberanía a favor de Washington.
Noriega llega en momentos en que José Raúl Mulino, ministro
de Seguridad del gobierno del empresario derechista Martinelli, acaba de anunciar
que Estados Unidos, y Panamá instalarán una academia militar de estudio y
entrenamiento “en patrullajes de frontera” (PL, 6-12-11).
Mulino dijo a los periodistas que la academia ofrecería
formación a unidades de policía de Centroamérica y permitiría a Panamá jugar
“un rol de liderazgo en materia de seguridad”.
En las declaraciones que circulan en estas horas el ministro
precisó que en esa entidad se formarán unidades especializadas “en combatir el
tráfico de drogas, a los indocumentados y en la vigilancia fronteriza en áreas
de difícil acceso”.
Sostuvo también que Estados Unidos y Colombia se han
comprometido en “cooperar” y dar asistencia a esa academia, para lo cual fue
rubricado un acuerdo con ambos países.
Otro acuerdo con Estados Unidos también permitirá el
entrenamiento a pilotos panameños en el manejo de helicópteros tipo Bell-2-2,
añadió el titular, aunque no hay fuerza aérea ni ejército panameño desde la
invasión.
Las naves “permitirán hacer vuelos nocturnos para la
interdicción en casos de narcotráfico o en trabajos de rescate”.
Detalló que se hará un rediseño de la seguridad en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen para evitar su uso en el tráfico de dinero.
¿Se instalarán más asesores de Estados Unidos en el ex aeropuerto Omar Torrijos,
bautizado Tocumen después de la invasión?
A estas altura pocos pueden dudar de que la Academia se
trata de una nueva “Escuelita de las Américas” y una reocupación de Panamá,
país donde el gobierno de Martinelli a tres meses de su asunción en 2009 firmó un
compromiso con la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton para instalar bases militares de Estados Unidos en ambas
costas oceánicas de Panamá y en la estratégica frontera con Colombia, un viejo
diseño de los Planes Colombia y Puebla Panamá.
Pero también la “extradición” de Noriega se produce en el
marco de una fuerte rebelión popular de trabajadores, intelectuales, estudiantes
y otros contra un gobierno, que ya ha dejado varias víctimas por represión y cuando
casi el 60 por ciento de los panameños no aprueban su gestión.
Familiares cercanos al presidente han sido detenidos en
México por el tema de narcotráfico y abundan las denuncias por corrupción y
abuso contra su administración.
Una nueva ola de desinformación sobre la historia real de lo
que realmente sucedió en Panamá se extiende por el mundo, entretenido en una
historia falsificada sobre Noriega, que en realidad desde septiembre de 2008
debiera estar libre por haber cumplido el tiempo de su condena en Estados
Unidos que establecen los reglamentos internacionales.
Todo ha sido ilegal desde su traslado desde Panamá a Estados
Unidos en diciembre de 1989, violando el acuerdo y las convenciones en materia
de prisioneros de guerra en caso de una invasión como la de Panamá, hasta su escandaloso
juicio en Miami, con testigos en su contra conformados por una serie de narcotraficantes menores a los que se le descontó años de prisión y se les
dieron otros beneficios para que acusaran al general panameño, aún sin
conocerlo ni haberlo visto nunca, como está comprobado.
En las últimas horas el ingreso a Panamá estuvo teñido de
ilegalidad ya que no se lo pudo ver como era obligatorio en esas circunstancias
y cuando era trasladado en silla de ruedas.
Para humillarlo más se le impuso cárcel común, en un país
donde se instalarán nuevas bases militares de los mismos que invadieron y
mataron miles de panameños, sin recibir nunca condena alguna.
Ninguna ley se cumple como no cumplió el general Marc
Cisneros, a cargo de la invasión, quien tomó compromisos en sus trámites con
altos dignatarios de la Iglesia, como Monseñor Sebastián Laboa los que nunca respetó.
Uno de los testigos para condenar a Noriega fue el poderoso narcotraficante
colombiano Carlos Ledher, preso en Estados Unidos, a quien la justicia entregó
documentos falsos como testigo protegido y al que liberó unos ocho millones de
dólares de una cuenta que le habían incautado. Con otro nombre y millones de
dólares Ledher y su familia se fueron a vivir a Francia. Al general panameño no
se le permitió hablar en su defensa aduciendo “razones de seguridad para Estados
Unidos”.
Nadie menciona esto ahora. Sólo el ex procurador de Estados
Unidos Ramsey Clark habló con verdad y claridad en su momento contra la brutal invasión
a Panamá, denunció las muertes y la destrucción y las mentiras del gobierno de
su país en este caso.
¿QUIEN ESCRIBE LA HISTORIA HOY?
Para advertir hasta qué punto la banalización informativa
funciona en estos días es necesario aclarar en primer término, que Noriega al
que mencionan como “dictador brutal y ex presidente de Panamá”, nunca fue presidente
de ese país.
No se dice tampoco que cuando se produjo la invasión de
Estados Unidos a Panamá, de la que fui testigo como corresponsal de periódicos
mexicanos, “el dictador” era tan terrible que no había un solo opositor preso.
Unas horas antes de la iniciar esa invasión, soldados de
Estados Unidos entraron tranquilamente a la ciudad de Panamá y se llevaron a la
sede del Comando Sur en la entonces Zona del Canal que ocupaban militarmente, a
Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, a quienes nombraron allí presidente y vicepresidentes de Panamá.
Los principales opositores estaban tranquilamente en sus
casas, a pesar de haber realizado una serie de acciones desestabilizadoras y
golpistas contra el gobierno panameño, y apoyado la intervención a su propio
país. Habían creado una alianza opositora supuestamente “democrática”
recibiendo
millones de dólares desde Washington, donde tenían la
principal sede de esa oposición.
Así mientras comenzaba la invasión los jefes militares
estadounidense nombraron, nada menos que en el Comando Sur, al gobierno que
iban a imponer en el país invadido.
El único preso “político” era el agente de la CIA
estadounidense Frederick Musse, quien había sido detenido cuando se le encontró
una radio clandestina para hacer propaganda contra el gobierno y documentos que
lo ligaban a la inteligencia del Comando Sur. El fue el primer objetivo de rescate
de los invasores con un duro ataque al realmente pequeño cuartel Central de las
Fuerzas de Defensa panameñas, empleando helicópteros y artillería.
PRESIDENTES PANAMEÑOS ENTRE 1968 y EL 20 DE DICIEMBRE DE
1989
Para que quede muy claro de cómo se desinforma, ni el
general Noriega ni tampoco el general Omar Torrijos, líder panameño, fueron
nunca presidentes de Panamá.
Torrijos, al frente de un grupo de militares de la entonces
Guardia Nacional se rebeló el 11 de octubre de 1968 derrocando al gobierno oligárquico
y pro estadounidense de Arnulfo Arias Madrid.
Poco más de un año después en diciembre de 1969 el Comando
Sur junto a algunos militares panameños preparó un golpe contra Torrijos
mientras este estaba fuera del país.
Pero el 16 de diciembre en una acción audaz, y con el apoyo
del mayor Manuel Antonio Noriega, Torrijos logra regresar en un viejo avión alquilado
en México, donde se encontraba, para aterrizar clandestinamente en Chiriquí,
departamento panameño fronterizo con Costa Rica.
La ayuda de Noriega, quien lo esperaba iluminando una pista
con antorchas en ese lugar, fue clave para el retorno de Torrijos.
Mientras los golpistas derrotados huían y se refugiaban en
el Comando Sur de Estados Unidos en la Zona del Canal, Torrijos entró de lleno
en la lucha por recuperar el estratégico Canal y Noriega fue nombrado jefe de inteligencia.
Torrijos murió en mayo de 1981 junto a un grupo de escoltas y acompañantes en un extraño accidente de aviación atribuido a
la CIA por sus familiares e investigadores durante un corto vuelo doméstico.
En 1983 Noriega llegaría a la jefatura de las Fuerzas de
Defensa de Panamá, que reemplazaron a la Guardia Nacional, creada en los años
en que Estados Unidos se apoderó de ese país para construir el Canal.
Después del golpe fracasado en contra de Torrijos en 1969
fue nombrado presidente Demetrio Basilio Lakas, quien gobernó hasta 1978.
La figura preponderante fue Torrijos, líder de la Revolución
panameña que significó un viraje de 180 grados en ese país.
Entre 1978 y la invasión estadounidense de 1989 fueron
presidentes de Panamá Arístides Royo (78-82) y Ricardo de la Espriella (82-84).
Este renunció el 13 de febrero de 1984 y fue reemplazado transitoriamente por el
abogado y diplomático Jorge Illueca hasta octubre de ese mismo año,
en que se realizaron elecciones en las que resultó electo
Nicolás Arditto Barletta. Barletta gobernó hasta 1985. Lo sucedió Eric Del Valle, en momentos complejos para el
país.
En 1988 asume la presidencia Manuel Solís Palma, quien a su
vez en 1989 es reemplazado por Francisco Rodríguez. Este era el presidente de Panamá cuando se produjo la brutal
invasión, y Noriega, comandante de Fuerzas de Defensa, había sido nombrado
cuatro días antes por la Asamblea de representantes de Corregimientos como Jefe
de Gobierno, manteniendo la presidencia Rodríguez, en un intento por frenar cualquier tipo de acción estadounidense contra el
país.
Muchos panameños fueron desaparecidos y encontrados cuando
las madres de las víctimas y organismos humanitarios lograron que se abrieran algunas
de las fosas comunes que existen en ese país, donde había decenas de cadáveres
y algunos militares que defendieron Panamá, habían sido sacados de los hospitales donde estaban con heridas y
fracturas (enyesados varios de ellos) y ejecutados con un disparo en la cabeza.
De todo eso hay documentación suficiente como de las armas
probadas, entre estas los aviones silenciosos F17 Stealth, granadas especiales,
los nuevos helicópteros Apache con un sistema de visión nocturna que permitía
ver como si fuera de día.
Panamá fue la Guernica de América Latina entonces. En enero
de 1990 el jefe suplente del estado mayor del ejército norteamericano Jimmy
Ross recordó a un periodista de la agencia británica Reuter que se sentían orgullosos
por la “demostración” (invasión) y atribuyó al éxito a la nueva tecnología probada allí. “Todo funcionó mejor de lo
esperado” dijo.
El Apache había sido diseñado para destruir los tanques del
Pacto de Varsovia, cargar misiles Helfire y cañones de fuego rápido de 30 Mm.
Este helicóptero reemplazó al Cobra AH-1 usado en Vietnam.
“Hablé con pilotos que utilizaron el Apache con el que ellos
podían suspenderse y observar más o menos desde unos mil metros y ver, por ejemplo,
cuando entraban las tropas nuestras por algún lugar y el enemigo salía por
detrás”. Eso explica por qué los hombres de la resistencia -que la hubo en
Panamá-eran literalmente “cazados” en sus desplazamientos.
La prueba de armas incluyó sensores y cañones láser, rayos
infrarrojos, bombas y granadas especiales, alguna tipo napalm que pulverizaba o
derretía metales y otras que podían entrar en una casa y convertir en cenizas a
los seres humanos y dejar todo el mobiliario y la estructura en perfectas condiciones.
Los cascos y chalecos utilizados por las tropas eran de
Kevlar un material delgado como la hoja de un papel, pero más duro que el
acero. Cascos y chalecos tenían por los menos 16 capas delgadas y livianas que
impedían el paso de las balas. Los defensores de Panamá armas livianas y alguno
que otro mortero. Era realmente David contra Goliat.
La invasión ya era un crimen, pero los delitos cometidos
contra la población fueron de lesa humanidad. Esos crímenes no serán juzgados y
menos aún bajo el actual gobierno que hizo retroceder la historia panameña a
los tiempos de la primera ocupación norteamericana.
A pesar de
la pésima imagen pública de Piñera, el gobierno de derecha y sus organizaciones
partidistas, la situación de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el
PPD y del radicalismo todavía es más precaria. Difícil resulta entender,
entonces, que justamente con éstos los comunistas busquen establecer alianza,
renunciando a buscar alternativa con las numerosas expresiones del vanguardismo
que, pese a su atomización, parecieran tener ahora la oportunidad de construir
opción política al duopolio del oficialismo actual y de ayer. Cuando centenares
de miles de chilenos han irrumpido en las calles para demandar un cambio
político radical en un país que sienten anquilosado en sus instituciones y
completamente fracasado en el deber que tienen los estados de perseguir
igualdad, justicia social y libertad. Cuando alcanzan hasta un 80 por ciento de
apoyo popular las demandas por una educación pública de calidad y gratuita, por
la renacionalización del cobre, una Asamblea Constituyente, como por un sistema
de salud y de previsión que les garantice a toda la población acceso a buenos
hospitales y una jubilación digna. O cuando a lo largo de todo el país se
repudia la criminal iniciativa de Hidroaysén, la ominosa represión a los
mapuches y la colusión de las grandes empresas. Escándalos sucesivos que se
demuestran sólo posibles por la connivencia funesta de los políticos y gerentes
inescrupulosos, cuanto la existencia de un régimen económico que se nutre del
trabajo mal remunerado, de la usura del crédito, la indefensión de los
consumidores y de leyes laborales contrarias al sindicalismo y la negociación
colectiva. En el marco, además, de un sistema tributario que se funda en
esquilmar los recursos de los más pobres y otorgarle todo tipo de privilegios
al capital foráneo.
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