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domingo, 23 de agosto de 2009

La criminalización de las demandas, movilizaciones y protestas populares.

Apuntes para la reflexión, el debate, estudio y acción. Se observa un endurecimiento de la estrategia y prácticas represivas, que se extienden hacia formas más sutiles de represión: - Se reprimen los medios de comunicación alternativos. Restricción y proscripción a radios, canales y otros medios populares. - Se conculca el derecho a reunión (represión selectiva al MPT en el 1º de mayo, fichaje ilegal de detenidos). - La Municipalidad de Santiago cierra el Galpón Víctor Jara. - Arremeten contra casas Okupa. - Roban dinero, documentos y equipos computacionales a sedes de organizaciones obreras (anteriormente se hizo contra organizaciones mapuche, abogados defensores de presos mapuche, ambientalistas, etc.). Cuando no roban, hackean, interceptan. - Continúa la criminalización de la demanda mapuche, se hacen montajes judiciales y se cometen autoatentados para inculpar al movimiento mapuche en general. - En trámite proyecto de ley que penaliza agresiones verbales a carabineros y fuerzas de orden. - Intento de ley que hace a los convocantes a manifestaciones, responsables civiles y criminales de los desmanes que se produzcan tras los actos convocados. El aparato opresor comienza a imponer una legislación que busca reducir y anular la capacidad de movilidad de los opositores, evitando la manifestación del descontento, sofisticando el control de los espacios de la protesta y de la concienciación. Para este aparato opresor, no sólo se penaliza la violencia física contra los organismos armados que ejercen el control estatal, sino ahora se trata de reprimir y criminalizar la expresión espontánea de indignación que causa la “violencia verbal”. La policía inventó el “Decálogo del carabinero frente al detenido”, que incluye afirmaciones como que el detenido merece respeto, el carabinero debe mantener la imparcialidad, etc., lo que en la práctica es constantemente burlado. Ahora, el congreso intenta aprobar una ley para criminalizar la violencia producida a partir de la convocatoria a manifestaciones, autorizadas o no, traspasando la responsabilidad de los desmanes y destrucciones de bienes públicos y privados, hacia los convocantes. Ello, busca simplemente que las organizaciones sociales y políticas no se atrevan a convocar a manbifestaciones de ningún tipo, ya que independientemente del carácter de la convocatoria, los hechos que escapen a ésta serán imputados al convocante. Ello permite que mediante la infiltración de provocadores, se realicen desmanes que permitan reprimir a las organizaciones. También obligaría a la autoconvocatoria y terminaría por llevar a los movimientos sociales a un callejón sin salida, lo que provocará que deban expresarse de manera cada más violenta y al margen de manifestaciones públicas. Para qué decir lo que ocurre en las regiones con presencia de comunidades mapuche. Allí se vive ya un régimen militarizado, con allanamientos, control de carreteras y caminos por parte de la policía, patrullajes en mar y lagos por parte de la Marina, todo en favor de los intereses de las forestales y de complejos como Celco de los Angelini. En ese territorio no hay democracia, el Ejecutivo es juguete de las tropas y títere del gran capital, hasta la Concertación pierde las elecciones y la izquierda formal no es alternativa, dada la gran confusión ideológica y mediática reinante. Se estará, entonces, en presencia de leyes draconianas que darán a las fuerzas represivas y a los poderes del Estado una suerte de facultades extraordinarias (que desde entonces serán permanentes) en plena “democracia” formal. Un Estado de Sitio perpetuo. A la vez, la propuesta del gobierno para la creación de un Instituto de Derechos Humanos acarrea la posibilidad de que nuevamente se haga efectiva la impunidad en estas materias y que el gobierno blanquee su imagen y anule los intentos de justicia y reparación que plantean los organismos de derechos humanos. Son políticas del Imperio para reprimir a los pueblos y los trabajadores ante la crisis La implantación de estos dispositivos aumenta el poder omnímodo del Ejecutivo y del ordenamiento económico y social que hay detrás del trono. Se imponen en un contexto de Imperio y buscan anular cualquier manifestación que pueda hacer un contrapeso a la implantación del capitalismo salvaje, a la usurpación de bienes comunitarios y públicos de los pueblos y a la superexplotación de la fuerza de los trabajadores. Un sistema impedido de crecer en términos económicos aumentando la plusvalía, solo puede seguir manteniendo su lógica de voracidad insaciable, a partir de aumentar el plus-producto, disminuir la capacidad del salario real, aumentando la jornada de trabajo y prolongando la vida laboral en desmedro del derecho a jubilar. Estamos ante la pérdida de los logros históricos como la jornada de ocho horas (con ocho para dormir y otras ocho para compartir con la familia, amig*s y compañer*s). Entonces, la crisis viene con empobrecimiento real de la capacidad adquisitiva, ensanche del abismo social, aumento de la desigualdad ante el reparto del producto. Un sistema como éste se ha planteado minimizar el valor de la fuerza de trabajo y de su capacidad de recibir la retribución. A la vez, no solo aumenta el llamado “ejército de reserva” de cesantes y subempleados, sino la marginalidad absoluta y permanente, con la secuela de lumpenización y el aumento de la delincuencia, ya sea por el derecho a subsistir o porque el delito paga mejor que el empleador. Dado que esta política se hace cada vez más impopular, el sistema se está acondicionando para enfrentar el descontento popular. Eso, el sistema lo logra disminuyendo su inversión en “zanahorias” y sofisticando cada vez más el uso del “garrote”. Menos zanahoria y más garrote en Chile. ¿Y el sindicalismo en qué está? El mismo sentido que el aumento de la criminalización lo tiene la disminución de la “inversión social”, es decir la “zanahoria” del régimen. Por eso, la crisis capitalista es enfrentada por el Gobierno mediante paliativos que no son efectivos en cuanto a suplir las necesidades de las clases afectadas y condenadas a pagar la crisis que provocaron los grandes dueños del capital. Los paliativos buscan encubrir esta dura realidad y tienen un efecto mediático que hace aparecer como “benefactor” a un Estado que ya dejó de serlo y hoy muestra con descaro su verdadero carácter de servicial a la depredación y a la opresión. Los representantes “oficiales” de los afectados, que son los dirigentes de organizaciones como la CUT, no consiguen negociar digna y eficientemente, ni levantar una movilización frente a la situación de crisis. Dada su condición de organización cooptada, la CUT ha permitido la implantación de un espurio acuerdo-marco entre los trabajadores y los empresarios. La CUT ha pasado de ser mediadora a convertirse cada vez más en un engranaje del aparato opresor, que ayuda a anular y deslegitimar la obediencia al sistema y la manifestación del descontento popular. En este caso, las clases trabajadoras terminan también por recibir menos zanahorias (aunque con una mínima parte de las mismas se retribuye a los cooptados) y el Estado queda con las manos libres para dar más garrote. Ante ello, al sindicalismo consecuente y digno le queda presente el desafío de organizarse mejor, con autonomía, con otra concepción y diseño que coordine y unifique las luchas sectoriales y territoriales. El MPT se plantea participar en este proceso con todas sus fuerzas, sus capacidades, su amplitud, su posibilidad de articular las organizaciones sindicales, de la mano con el mundo poblacional, estudiantil, con los pueblos originarios. ALGUNOS ENLACES RELACIONADOS Diputados a punto de aprobar ley contra las manifestaciones públicas. http://www.elciudadano.cl/2009/06/17/diputados-a-punto-de-aprobar-ley-contra-las-manifestaciones-publicas/ Las amenazas contra fiscales y defensores públicos que se hagan a través de Internet serán sancionadas. Hasta cinco años de cárcel pueden arriesgar quienes incurran en ese comportamiento. También se sancionarán las amenazas que se realicen desde proveedores extranjeros. http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090728/pags/20090728211741.html PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS, RELATIVOS A REPRESIÓN N° Boletín: 3587-02 Título: Aumenta la penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves Fecha de Ingreso: Martes 6 de Julio, 2004 Iniciativa: Mensaje Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Etapa: Tramitación terminada Ley Nº 20.064 (D.Oficial: 29/09/05) N° Boletín: 5969-02 Título: Sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile. Fecha de Ingreso: Jueves 10 de Julio, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Segundo trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Defensa Nacional N° Boletín: 6226-01 Título: Modifica la ley indígena para los efectos de impedir la adquisicion de terrenos por parte del Estado cuando han sido objeto de actos de violencia. Fecha de Ingreso: Miércoles 3 de Diciembre, 2008 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Proyecto de ley Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural N° Boletín: 5583-07 Título: Regula el ejercicio del derecho a reunirse pacíficamente. Fecha de Ingreso: Lunes 17 de Diciembre, 2007 Iniciativa: Moción Tipo de proyecto: Reforma constitucional Cámara de origen: Senado Urgencia actual: Sin urgencia Etapa: Primer trámite constitucional Subetapa: Primer informe de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Fuente: http://sil.congreso.cl/pags/index.html “Decálogo del carabinero frente al detenido”. http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857__201755303_3,00.html

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