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sábado, 14 de enero de 2012



Escrito el 11 enero 2012
Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción; Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción y el Padre José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur -integrantes de la Comisión de Defensa por los Derechos del Pueblo Mapuche- queremos expresar a la opinión pública:


1. Nuestra profunda preocupación por la creciente tensión que se ha generado en la región de la Araucanía a propósito de hechos de incendio que se investigan y que lamentablemente cobraron la vida de siete brigadistas en la localidad de Carahue. Le entregamos nuestras más sentidas condolencias por esta tragedia a sus familiares como asimismo a aquellas personas que han perdido sus bienes.

2. Nuestra extrema preocupación frente a las declaraciones que han hecho las autoridades políticas emitiendo juicios que exacerban un clima de prejuicio y desconfianza contra las comunidades mapuche y que en nada contribuyen a solucionar los problemas del pueblo mapuche.

3. Nuestra confianza en que el Ministerio Público y los tribunales de justicia competentes en esta materia investiguen, procesen y sancionen, si se establece algún tipo de responsabilidad penal derivada de la legislación común, desestimando la invocación y aplicación de la Ley Antiterrorista.

4. Nuestro rechazo a la violencia con que en ocasiones ha actuado Carabineros en la región. En este sentido cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Temuco ha dictado al menos dos fallos en los que conmina a Carabineros a enmarcar sus procedimientos dentro de los límites que la ley y el respeto a los derechos humanos les impone. En particular el cuidado que requiere este accionar cuando se pueden ver afectados en dichos operativos mujeres, niños y niñas.

5. Nuestro llamado a las autoridades nacionales y de la Región a emprender un camino de diálogo que nos acerque a la solución de los problemas ancestrales del pueblo mapuche, y a cumplir con su tarea de resguardo de la paz social con pleno respeto a los derechos de las personas y de las comunidades, como corresponde a un régimen democrático.

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