Las Privatizaciones 1973-1990, el Mayor Saqueo al Estado de Chile

En el período 73-90 se privatizaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a la CORFO; de ellas 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas y 35 fueron privatizadas dos veces. Las llamaron “el área rara”, porque fueron privatizadas, luego quebraron, por lo que el Gobierno Militar las estatizó, les dio solvencia, y las volvió a privatizar. En su mayoría fueron bancos afectados por la crisis de 1982 y los créditos no pagos y las recién constituidas AFP.

Antes de 1979, se liquidó la Reforma Agraria iniciada por el Gobierno de Frei Montalva en 1964. Se entregó a privados 3.912 predios que contaban con 3.182.225 Hás. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos. Junto con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la intermediación agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de aguas.

Según el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, no pudiendo particulares gozar o disponer libremente de las aguas de regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que estas seguían siendo de uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado “derecho de aprovechamiento”, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición y este puede ser transferido libremente sin contemplarse un uso específico ni su caducidad.

Entre otras donaciones, la CORFO donó 65 inmuebles al Fisco y a privados y el Ministerio de Bienes Nacionales donó 15.888 inmuebles, de los cuales 10.869 fueron a manos de privados.

La Contraloría General de la República informó que gran parte de las empresas privatizadas fueron vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro. Según sea el método de cálculo, las pérdidas oscilan entre un 27, un 42 o un 62% del capital vendido y el cálculo neto que informa esta entidad es de más de US$2.500 millones de dólares, sólo por concepto de precio de venta, según el método del valor libro.

El 30% de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a la CORFO y se destinó a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas. Según la CORFO en el período 74-78 vendieron 95 empresas: diez a sociedades y personas jurídicas nacionales y extranjeras, 47 a empresas nacionales, 21 a personas naturales nacionales, 16 a trabajadores de las empresas y 1 a una cooperativa.

Agrega que las acciones bancarias se vendieron a 5.463 personas naturales y jurídicas y el Banco O”Higgins a 35 cooperativas agrícolas. Debido a la descapitalización del sector privado, la CORFO entregó gran cantidad de créditos, sin exigir patrimonio, lo que la obligó, posteriormente, a perdonarlos, o “castigarlos”, es decir rebajarlos, con la consiguiente pérdida patrimonial.

Debido a la insolvencia de los deudores y la crisis de 1982, muchos bancos privatizados quebraron, lo que llevó al gobierno a realizar intervenciones reguladoras en 16 instituciones financieras, algunas para ser liquidadas y otras para que recuperaran su solidez financiera.

Estas fueron posteriormente reprivatizadas. Se liquidó el Banco Hipotecario de Chile, el Banco Unido de Fomento y la Financiera CIGA SA. Se intervino el Banco Chile, el Banco de Santiago, el Banco Concepción, el Banco Internacional y el Banco Colocadora Nacional de Valores que entraron en un régimen de administración provisional. Todos ellos representaban hacia fines de 1982 un 40% de las colocaciones del sistema. Se intervinieron las recién creadas AFP PROVIDA y Santa María, la ISAPRE Luis Pasteur; y empresas como COPEC, INFORSA, Celulosa Arauco, Celulosa Constitución.

Después de 1987 se privatizaron las últimas cuarenta empresas estatales, entre las que se destacó: el Banco Chile, la ENDESA, ECOM y EMEL.

Dada la concentración de la propiedad que se produjo con las primeras privatizaciones, la dictadura y sus ideólogos inventaron el capitalismo popular, cuyo objetivo era “diseminar la propiedad”. El mecanismo se usó en un porcentaje en la reprivatización de los bancos Chile y Santiago y en las AFP Santa María y PROVIDA.

Las nuevas acciones de estos Bancos se ofrecieron al público general a crédito y en las AFP se hizo con el 60% de PROVIDA y el 49% de Santa María para garantizar la eficiencia. Luego se impulsó el “capitalismo laboral” con el objetivo de “posibilitar el acceso a la propiedad a todos los chilenos”.

Se dio la posibilidad de que los trabajadores invirtieran en sus AFP, “porque la AFP invertirían los recursos de los trabajadores en instrumentos solventes y rentables, lo que aumentaría sus fondos”. Pero para evitar nueva concentración de la propiedad, se estableció que ni individuos ni grupos pudieran controlar más del 20% de las acciones.

Sin embargo, hasta hoy, es notable, que en ningún Directorio de estas empresas, particularmente de las AFP, se encuentre ningún capitalista laboral o popular. Ello hace evidente que el objetivo de diseminar la propiedad no se logró, puesto que Chile se destaca por ser uno de los países con mayor concentración económica en el mundo. Pocos países del tamaño de Chile cuentan con seis o siete grupos entre los más ricos del mundo según los records de Forbes. En otras palabras, lo logrado fue justamente lo contrario a lo esperado.

Según los partidarios de la dictadura, el cambio de la estructura económica del país y la desnacionalización de la economía fueron legales. En efecto todo fue legal, dadas las nuevas normas y la nueva legalidad que impuso la dictadura.

Sin embargo, dentro de esa legalidad, se destaca la información privilegiada con que contaron los más cercanos al régimen, especialmente funcionarios de la CORFO, como Julio Ponce Lerou, Bruno Phillippi, Roberto de Andraca, el General Guillermo Letelier Skinner.

Los que ponían precios y condiciones a las acciones que vendían desde la CORFO también compraban, como trabajadores, bajo el concepto de capitalismo laboral. Entre ellos se destacaron los nombrados, Jorge Yuraszeck y miembros de la Junta Militar que también compraron acciones de grandes empresas.

El propio Pinochet adjudica su fortuna a las acciones compradas de ENDESA. Fortuna denunciada por el Senado norteamericano en sus cuentas en el Banco Riggs y en otras que manejaba con nombres falsos, como Daniel López.

Pero todo eso se acalla en Chile. Las grandes mayorías nos basamos más bien en intuiciones, ya que los medios de comunicación se encargan, especialmente, de ocultar la información que realmente importa.

(*) Directora de Conadecus