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lunes, 13 de febrero de 2017

Repudiamos el desalojo y la represión violenta en la comunidad mapuche Lof Cushamen

Declaración desde Chile en Solidaridad con la Lof en Resistencia “Cushamen”

Las Organizaciones y Personas que suscribimos la presente Declaración expresamos nuestro más enérgico rechazo por la Represión Policial y Judicial ejercida en días recientes de este Mes de Enero contra la Comunidad Mapuche (Lof) en Resistencia “Cushamen”, ubicada en la Provincia de Chubut (Argentina), la que desde Marzo de 2015 lleva a cabo un Proceso de Recuperación de sus Tierras Ancestrales, hoy usurpadas por la Empresa Transnacional “Benetton”.

Producto de esta injustificada y desmedida Represión ejercida contra los miembros de dicha Comunidad (entre los que se hallaban ancianos, mujeres y niños), hubo un saldo de varios de ellos detenidos (algunos de los cuales aún no han sido liberados) y de otros heridos de gravedad, por quienes queremos expresar nuestra preocupación y exigir tanto su libertad inmediata (en el caso de los detenidos) como su urgente atención médica con vistas a su pronta recuperación y una investigación trasparente e independiente que identifique y sancione ejemplarmente a los autores de sus heridas.

Recordamos además al Gobierno Nacional de la República Argentina, así como al Gobierno Provincial de Chubut, que el Estado Argentino es firmante del “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” de la ONU, los cuales establecen medidas y criterios claros basados en el diálogo, la consulta y la negociación de buena fe a la hora de resolver  diferencias que tengan que ver con los derechos de estos pueblos, lo que claramente ambos están incumpliendo al ordenar, permitir o avalar la actual Represión contra la Comunidad Mapuche (Lof) en Resistencia “Cushamen”.

Por último hacemos extensiva nuestra solidaridad con todos los demás miembros de Pueblos Indígenas residentes en nuestra hermana República Argentina que están luchando por su Liberación Nacional y Social, por el Reconocimiento y Respeto de sus Derechos Inalienables como Pueblos y por la Recuperación de su Identidad, Cultura y Territorios Ancestrales.


Mesa de Unidad Por el Comunismo (integrada por las siguientes organizaciones: Partido Revolucionario Marxista – Leninista de Chile [PRML de Chile], Organización “Unidad Comunista” y Liberación Comunista)

Centro Cultural, Artístico y Deportivo “Villa Sur” de la comuna de PAC (Región Metropolitana)

Departamento de Idiomas del Colegio de Profesores de Chile

Coordinadora Nacional de Profesores y Estudiantes de Pedagogía
Afectados por la Reforma Educacional

Gloria Castillo Pinto, profesora jubilada de Inglés y Linguística de la UMCE (ex Pedagógico), Representante del Curso de Idioma y Cultura Mapuche  organizado por el Departamento de Idiomas del Colegio de Profesores de Chile

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)

Centro Mapuche de Estudio y Acción (Santiago, Temuko, Kokimpu)

Asociación Indígena Urbana Mapu Ta Nüyün, comuna y región de Kokimpu – Coquimbo

José Ñancucheo, Profesor de Idioma y Cultura Mapuche en la Universidad de Chile y en el Depto. de Idiomas del Colegio de Profesores de Chile

Asociación Mapuche “Katrürai” de la Región Metropolitana

María Gracia Curilem, Médica Veterinaria en el Territorio  “Quepe - Pelales” de la Región de la Araucanía

Centro Cultural y de Derechos Humanos “Salvador Allende” de Puente Alto (Región Metropolitana)

Centro de Desarrollo Social y Cultural “Malaquías Concha” de la comuna de La Granja (Región Metropolitana)

Colectivo “Amauta” (Refugiados e Inmigrantes Peruanos Residentes en Chile)

Sindicato Interempresa “Luis Emilio Recabarren”

Congreso de los Pueblos de Colombia - Capítulo de Chile.

Colectivo “Acción Directa”

Centro de Padres y Apoderados del Liceo Municipal “Enrique Backausse” de la comuna de PAC (Región Metropolitana)

Asoc. Mutual de expresas y expresos políticos del Mir y la Resistencia Popular

Coordinadora Nacional expresas y expresos políticos “Salvador Allende”.





La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina expresa hoy su “enérgico repudio a la represión que se llevo a cabo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicada a 100 kilómetros de Esquel, Chubut, que reclama la tenencia de tierras ancestrales. Lo que ocurre por estas horas en Cushamen es la militarización del lugar y una sangrienta represión de toda una comunidad, la que incluyó a hombres, mujeres y niñas y niños, heridos/as por golpes, por balas de goma y de plomo, acusados de modo tan erróneo como perverso de ser “terroristas”.
Días antes una orden judicial dictada por el juez federal Guido Otranto, instruía liberar el corte en las vías en donde transita el tren turístico La Trochita. La medida judicial se efectivizó con 200 gendarmes quienes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que está establecida la comunidad Cushamen. Luego intervino la policía provincial realizando allanamientos sin orden judicial según relatan miembros de la comunidad. El operativo que incluyó golpes y lesiones a niños y niñas, debe ser calificado como un acto de “violencia institucional” por lo desmesurado y por haber sido efectuado con prácticas contrarias a la Ley y al derecho.
La gravedad de la situación y la amenaza que se cierne sobre un sinnúmero de comunidades de pueblos originarias que habitan en provincias patagónicas ricas en recursos naturales y motiva un urgente pronunciamiento como instituciones defensoras de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo de Nación, a través de su Oficina de Derechos de Pueblos Indígenas, se ofreció como facilitadora, actuando como garante u observadora en el conflicto planteado en Chubut desde hace años. Sería indispensable retomar este espacio y sumar el aporte de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRA), que cuenta con experiencias federales en resolución alternativa de conflictos.
Recordemos que la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas y estableció el reconocimiento del derecho de propiedad comunitaria para las comunidades de pueblos indígenas. Por otra parte, nuestro país adhirió voluntariamente al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, que establece, entre otras cosas, que no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos originarios.
En el año 1992, por ley del Congreso, Nº 24.071, se aprobó el Convenio. Pero los tratados internacionales tienen validez mediante dos actos, uno es la aprobación legislativa, por el Congreso, y otro es la ratificación internacional por el Estado, que realiza el Poder Ejecutivo. Esta ratificación demoró ocho años, se hizo en el 2000 y por sus propias normas el Convenio comenzó a obligar a la Argentina en el año 2001. Al ratificarse este Convenio, quedó en claro que el deber de los Estados es el de reconocer la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas.
¿Qué lugar ocupa el convenio 169 entre las normas del Estado argentino? Desde 1994, la Constitución Nacional dice que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes nacionales y además prevalecen sobre toda norma provincial, inclusive sobre las constituciones provinciales.
Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, aprobada en 2007, afirma en su Artículo 10: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”. Dicha declaración también señala el respeto a la propiedad de sus tierras y sus recursos.
Lamentablemente y pese a todos estos instrumentos internacionales, hay cientos de miembros del pueblo mapuche procesados por usurpación, desobediencia‖ y otros delitos que se les imputan por defender las mismas tierras que todas las normas reconocen que son suyas. Por estos motivos es imprescindible frenar la represión, desmilitarizar el conflicto, liberar a los detenidos para poder encausar el conflicto de modo pacífico y con el compromiso debido de un Estado que sabe que la reparación a los pueblos originarios está pendiente.
Es inadmisible que se elija el camino de la violencia, estigmatizando a una comunidad, avasallando sus derechos consagrados. Es urgente promover un espacio de encuentro multicultural que respete los nuevos escenarios jurídicos donde se puedan expresar las diferencias culturales en un marco de respeto de los derechos humanos y de los derechos que asisten a estos colectivos históricamente oprimidos.

12 de Enero de 2017

Fuente: Prensa Defensoría Avellaneda.



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