Declaración del MAPU sobre respuesta del gobierno a peticiones de ex
presos políticos de la dictadura cívico militar
Rechazamos la propuesta hecha por el Ministro del Interior sr. Fernández,
porque no guarda relación con el petitorio de reparación conversado y propuesto
por todas las organizaciones de ex presas y presos políticos, que es una plataforma
de diez puntos, documento que el ministro recibió el día 26 de octubre de 2015
y sólo ha respondido en enero de 2017.
Nos basamos en que la propuesta del gobierno constituye una respuesta
insuficiente respecto de las demandas de las y los ex presos políticos. El
gobierno no está respetando los acuerdos firmados por las propias autoridades
del Estado en el marco de los tratados internacionales firmados, como por ejemplo
la resolución de las Naciones Unidas 60/147 del mes de diciembre del 2015.
Una vez mas el gobierno miente, engaña y se burla de los ex-pp.
El gobierno ha tomado una decisión: usar los fondos públicos (que nos
pertenecen a todos quienes pagamos impuestos, directos o indirectos) en beneficiar
al capital privado, subvencionando negociados como las forestales y el
Transantiago y en realizar fraudulentas operaciones, sin dejar recursos
adecuados para las políticas públicas de beneficio social, en que se incluyen
nuestras demandas de reparación, verdad, justicia y memoria. Que se nieguen los
recursos destinados a cumplir los acuerdos internacionales en ejercicio de los
derechos humanos, NO ES CASUAL: se trata de negar todo beneficio en favor de
quienes enfrentaron a la dictadura cívico-militar y castigar a las y los
luchadores sociales, para sepultar su legado de servicio a la causa de hacer justicia
y buscar una sociedad mejor para todas y todos los habitantes de Chile. El
régimen neoliberal sigue castigando nuestras justas aspiraciones.
El gobierno comete una torpeza al actuar de esta forma en vísperas de
elecciones generales. Los que gobiernan no nos podrán venir a chantajear
pidiendo el voto para evitar un gobierno de ultraderecha, ya que ellos una vez
más se han rebajado a la misma altura de sus adversarios reaccionarios. Con
ello, se reforzará la idea de constituir una tercera fuerza en torno a las
demandas populares y a los derechos de las grandes mayorías, vulneradas por el
sistema neoliberal administrado por el duopolio en el poder.
Un primer análisis de la propuesta de reparación
La cantidad de 3 millones pagaderos en 5 años, constituye una nueva
burla que se suma a las que los distintos gobiernos han asestado a las víctimas
de prisión y tortura en dictadura.
$ 600.000 al año significa que el Estado te reparará con $ 1.640
diarios: un kilo de pan y otro de papas. Solo entre 2017 y 2022.
A lo indigno que constituye esta “reparación”, en lo monetario, se une
el hecho de que los servicios públicos en favor de una reparación de salud
integral, han sido incompetentes para las demandas de salud de la población
usuaria. La hipócrita respuesta de que hay muy pocos casos de víctimas en
listas de espera, se debe en gran parte a que los usuarios Prais han renunciado
de hecho a pedir prestaciones a este sistema, por lo lento del sistema y han
debido recurrir a financiamiento privado o por el sistema de salud general
(Fonasa o Isapres).
La respuesta del gobierno remite lo relativo a Prais, a la ley que creó
este programa. Si la “Nueva Mayoría” había comenzado su gobierno precisamente
con mayoría parlamentaria, ¿porqué no la ejerce en todo momento para hacer
cambios profundos a las leyes heredaras de la dictadura y a las nuevas leyes
hechas desde 1990 “en la medida de lo posible”?
Los supuestos beneficios en materias de vivienda, están supeditados a la
supervivencia del afectado/a o a su cónyuge. Las personas sobrevivientes de
uniones de hecho (que constituyen una parte importante de las y los
beneficiarios) quedan excluidas, asimismo las y los hijos que tendrían derecho
a ser reparados, ya que las situaciones de violencia criminal que sufrieron sus
padres o madres durante la dictadura, dejaron secuelas hondas en la vida y en
el alma de ellos. No puede ser que los sufrimientos sean hereditarios y los
derechos no.
En materias de educación, la respuesta es también indignante, porque una
vez más el gobierno se lava las manos y delega en el Congreso la aprobación de
beneficios que pueden ser entregados administrativamente. La ultraderecha hará
lo posible por desperfilar al máximo los contenidos de la famosa Ley sobre
Educación Superior. Pero si hay universidades estatales, ¿porqué ellas no
pueden establecer formas de acceso especial y directo para que las víctimas de
prisión y tortura y sus hij«s y niet«s puedan llegar a la Universidad? ¿No sería
mejor forma de “inserción social” para estas generaciones que así podrían
acceder de mejor forma a los beneficios de esta sociedad actual y así dejar de
lado las utopías? En respuesta, la izquierda anticapitalista seguirá impulsando
políticas de educación popular alternativa: daremos la formación conceptual y
valórica que el sistema niega. Pero nosotr«s estableceremos esos valores.
Por lo tanto:
El MAPU llama a todos los ex-PP del país a declararse en estado de alerta
para debatir y decidir consciente y organizadamente las futuras movilizaciones
a que el gobierno nos obliga con su actitud despótica.
Recordamos a las autoridades que la huelga de hambre de 2015, al no
tener respuesta favorable de parte del Gobierno, sigue sin resolución, no está
terminada sino solo está suspendida, por lo que las organizaciones pueden
decidir si se reanuda. Las organizaciones como la nuestra, no bajaremos los
brazos hasta ver la digna reparación y hasta que se haga verdad, justicia y memoria
en favor de todas las y los ex presos políticos.
Llamamos a ejercer la unidad en torno a la lucha de los ex presos
políticos, unidad que involucrará a todas las organizaciones que buscan
defenderlos derechos de esos luchadores sociales, pero también llamando a ser solidarios
con ellos, a las organizaciones de todos los movimientos sociales y a la
ciudadanía no organizada, pero con espíritu de justicia social. El presente año
deberá ser un ciclo de despertar social en todos los sectores populares: en el
medio laboral, en las poblaciones y territorios populares, para las y los estudiantes,
los pueblos originarios, ambientalistas, y todas y todos que luchen contra toda
forma de explotación y discriminación.
Apoyamos la declaración emitida por la Asoc. Mutual de Expresos/as
Politicas del MIR y la Resistencia Popular y anunciamos que emprenderemos un
camino unitario con todas las fuerzas sociales que concuerden con este camino
de lucha por la dignificación de las y los luchadores sociales.
Nos declaramos en movilización, reagrupando a las y los ex presos de la
dictadura cívico militar, y solidarizando con las y los presos rehenes de la
democracia burguesa.
Denunciaremos en toda ocasión las maniobras de este y el siguiente
gobierno del capital, en contra de las y los luchadores sociales.
Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
Coordinación Política
Chile, Wallmapuche, 6 de febrero de 2017
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