Historiadores e historiadoras, junto con representantes, amigos y amigas del pueblo mapuche, entregaron ayer martes 22 a mediodía en el Palacio de la Moneda, la declaración en que se denuncian las causas de fondo de la situación que hoy vive este pueblo que hoy se ve violentado por el Estado y los poderes fácticos.
La Nación digital informó así:
Académicos especialistas de universidades de todo el país, tanto
públicas como privadas, entregaron una carta en La Moneda. Entran de
lleno a la crisis agudizada por el atentado mortal a los Luchsinger y a la suma
urgencia al proyecto que reconoce constitucionalmente a los pueblos
originarios. Preocupados por los "hechos de violencia ocurridos en la Araucanía" y para
llamar la atención de todos los poderes del Estado y la ciudadanía, establecen
algunos “hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y
violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche”, elementos que
estiman indispensables para un diálogo democrático, igualitario, destinado a
solucionar lo que denominan un “drama histórico”.
La misiva, que suscribe más de un centenar de historiadores de
casas de estudio de todas las regiones del país, manifiesta su preocupación por
los "hechos de violencia ocurridos en La Araucanía", los que
desembocaron en "la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y una serie de
allanamientos en comunidades mapuches", señalando lo que estiman puntos
objetivos sobre un problema que no comenzó hoy, ni con este Gobierno.
"La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias,
despojos y negación de derechos", sostiene el documento firmado por destacados historiadores como Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO) y Premio
Nacional de Historia 2012, en la que intentan llamar la atención a las
autoridades del país, sobre lo que estiman como hechos históricos indiscutibles
que deben ser considerados.
Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile, es uno de los gestores de esta
iniciativa, y explica que con la carta quieren relevar "la tremenda
injusticia histórica que ha cometido la República de Chile contra el pueblo Mapuche",
la que implica la reparación de los derechos conculcados.
Aclara que esto "no sólo implica la devolución de las tierras usurpadas por
parte del Estado y
vendidas a bajísimo precio o regaladas a latifundistas nacionales y
extranjeros, sino la restitución de derechos esenciales" y menciona la
necedidad de la autodeterminación de los pueblos, donde la República de Chile debe hacer el
reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y del pueblo Mapuche
en particular.
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y SUMA URGENCIA
Sin embargo, enfatiza en la necesidad de ver con detalle el
contenido del mismo, porque si se reconoce que es una nación distinta, un pueblo y una cultura
distinta, que viven dentro de la frontera, eso debe ir acompañado de otros
derechos, como son la autonomía política, la posibilidad de
representación particular, especial en las instituciones representativas
del Estado, además de medidas prácticas para que esta cultura
sea valorada, explica.
Desde el prisma del historiador, cualquier reconocimiento, debe
considerar la declaración de que Chile es un Estado plurinacional y "terminar con la ficción de que
esta es una nación única e indivisible en que se sostiene que acá sólo hay
chilenos. Somos un Estado plurinacional,
pluriétnico, pluricultural, lo que debe llevar no sólo a la restitución
de tierras, sino también el derecho a autodeterminación dentro de los
marcos del Estado nación, denominado República de Chile.
ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS CONSIGNADOS EN LA CARTA
- La violencia en esa región corresponde a una parte del Wallmapu,
es decir, el territorio ancestral del pueblo mapuche, donde se inicia la mal
llamada "pacificación de la
Araucanía" realizada por el Estado chileno (1860 y
1880).
- Fue mediante una prolongada campaña militar el Estado de Chile
ocupó a sangre y fuego la
Araucanía, "usurpó grandes extensiones de tierra
indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros,
confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones".
- En este sentido, sostiene la declaración "la violencia
actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los
mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y
extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario",
pero también responsabiliza a la ceguera política de las autoridades del Estado
que no han querido oír estas reivindicaciones.
- Los académicos de las principales universidades del país,
lamentan "la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo
modo como lamentamos toda pérdida humana", sin embargo, rechazan la
criminalización de todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen.
- Condenan la "represión como vía de tratamiento del
conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo
origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro
territorio mapuche".
- Los más de 100 firmantes apoyan las demandas del pueblo mapuche
"porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la
devolución de las tierras que le fueron expropiadas"
- Por último, se declaran convencidos de que la instauración de un
diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el
conflicto, sólo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos
indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del
que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo.
Comentario de Carlos Ruiz, dr. en Filosofía y Letras (Historia de América), historiador, autor de libros y articulos sobre historia mapuche:
No es nada de positivo que Piñera presente un proyecto de reconocimiento constitucional, una vez más sin consultar a las organizaciones del pueblo nación mapuche, como corresponde conforme al Convenio 169 de la OIT, el que obliga al Estado a cumplir con la consulta. Desde 1990, la Concertación y ahora la ultraderecha, han tratado de imponer en el Parlamento un reconocimiento que deje a los pueblos indígenas entrampados en el andamiaje del Estado unicultural, negando sus derechos colectivos. Ver información relacionada:
La opresión al pueblo mapuche no es solo resultado de más de 130 años de violencia desde el Estado y los poderes fácticos. Son 200, 400, casi 500 años de políticas de explotación y exterminio. Pero se han agudizado desde la dictadura de Pinochet, su imposición sangrienta del régimen neoliberal, su división de las comunidades de acuerdo a un decreto ley aprobado sin constitución ni poder legislativo legítimo (1979), y este agravamiento ha continuado bajo los 20 años de la Concertación y lo que corre de la era Piñera, con mecanismos como "la Corrupción de la Araucanía", "la Privatización de la Araucanía" y por supuesto de todas las regiones adyacentes, conforme a la política de saqueo al servicio de las transnacionales y la banca mundial.
Pacos con lanzas, en la "modernidad". Nada nuevo bajo el sol.
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