Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la
Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de
mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y
extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales
que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma
(Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que
aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro
(Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR),
Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron
decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que
serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este
convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre
Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se
creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país
firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos
para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es
el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la
compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego
de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente
callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que
puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y
“desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y
el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las
transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e indígena
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante
la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la
Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de
Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas
organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este
convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta
votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en
carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que
se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La
agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la
tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas
medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o
militarización cuando las comunidades protestan”.
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