Debe
ser el primer paso para avanzar hacia un sistema previsional solidario,
universal y sin fines de lucro
Por
Luis Mesina
Tanto
los grandes empresarios, como importantes sectores vinculados a la Concertación cierran
filas en defender y perpetuar el sistema privado de AFP. Los últimos tres meses
y como consecuencia de la arremetida que los trabajadores han comenzado a
librar contra este injusto sistema, han salido desde todos los ángulos a
defenderlo, haciendo propuestas que nada tienen que ver con el mejoramiento de
las pensiones, sino, con mantener esta gran masa de ahorro interno al cual
echan mano sólo los grandes grupos económicos.
Y es que ya no tienen argumentos.
Los resultados alcanzados por las AFP durante el 2012 resultaron
exorbitantes. Sin hacer nada los dueños de las AFP ganaron $288.000 millones
(US$600 millones), cifra que representa un 41% más de lo obtenido el 2011. En
contrapartida, las pensiones que reciben los trabajadores de parte de las AFP
una vez finalizada su vida laboral activa -las mujeres a los 60 y los hombres a
los 65 años-, en promedio son de 121 mil pesos.
El 95% de las utilidades se generan por las comisiones que le cobran
mensualmente a los trabajadores afiliados y que independiente de que generen
pérdidas por esa administración, de todas formas hay que pagarles. Un negocio
único en el mundo, nunca pierden.
Los
empresarios de AFP Capital aumentaron sus ingresos a $164 millones en
comparación a los $80 millones de 2011. Cuprum comprada por el consorcio
Principal elevó en un 53% sus ganancias y sus directores aumentaron sus dietas
en un 68%. Habitat aumentó sus utilidades a 158 millones de dólares. Provida,
la más grande del sistema, logró 220 millones de dólares que significó un
aumento del 32% comparada con el año anterior.
Los
más conspicuos defensores del sistema, desde ex presidentes de AFP, consejeros
del Banco Central y ex asesores de Bachelet, como Mario Marcel, cierran filas y
coinciden en que es necesario castigar más a los trabajadores. Proponen
aumentar la edad de retiro, tanto a hombres como a mujeres; aumentar la tasa de
cotización y Marcel, el único que sigue con el cuento de crear una AFP del
Estado.
Las dos propuestas no resuelven absolutamente nada. Ellos mismos han
reconocido que el “mercado laboral” es muy inestable y precario. Los
trabajadores ganan muy poco y por más que se aumenta su tasa de cotización,
jamás acumularan ahorros suficientes para una pensión digna. La inestabilidad
laboral provoca discontinuidad en las cotizaciones, de allí que más de un 70%
de los afiliados actuales tengan saldos en sus cuentas individuales inferiores
a los 20 millones, con esos montos, más del 80% de los actuales afiliados está
condenado a pensiones asistenciales del Estado.
Para los trabajadores la única alternativa, la nacionalización de los
fondos.
¿Por
qué la nacionalización? El 2008 los fondos experimentaron una de las caídas más
fuertes, perdimos más de US$28.000 millones. En ese mismo momento Argentina
nacionalizó los fondos de propiedad de los trabajadores y los puso a resguardo
en instituciones de Seguridad Social administradas sin fines de lucro, hoy los
trabajadores argentinos en promedio perciben pensiones cercanas al 75% de sus
ingresos.
Los trabajadores chilenos somos dueños de US$150 mil millones
aproximadamente, una cantidad sideral[1].
Esos recursos que son de nuestra propiedad pueden ser transitoriamente
administrados con mayor eficiencia por el Instituto de Previsión Social (IPS)
en tanto no conformamos una nueva institucionalidad. Ello es urgente y
necesario hacerlo, por un lado dejamos de exponer nuestros ahorros a la
especulación financiera que nadie puede garantizar no vuelvan a sufrir colapsos
como el de 2008 y, además, se rompe el círculo inmoral de continuar financiando
con nuestros ahorros a los grandes grupos económicos del país.
Las
nuevas exigencias derivadas del modo actual de organización del trabajo
requieren de un nuevo paradigma previsional, que por cierto no puede fundarse
en el lucro, requiere de tomar en cuenta los principios fundantes de la Seguridad Social ,
la solidaridad y la universalidad, y debe comprender la seguridad social como
un derecho inalienable y por tanto debe cubrir la salud, las enfermedades
profesionales y accidentes derivados de las relaciones laborales y, por
supuesto, pensiones dignas.
En
mayo se cumplirán 32 años de la pesadilla que José Piñera instaló, sólo con la
fuerza y razón de las bayonetas, ese sistema, hoy, está en bancarrota. No caerá
con argumentos, no bastarán los números que muestran pensiones paupérrimas.
Tampoco podemos aspirar que surja desde el “fundamentalismo” más extremo la
iniciativa de cambiar este injusto sistema. La transformación, sólo será
posible si tomamos en nuestras manos la decisión de avanzar a pasos agigantados
tras lo que nos pertenece, ya ni siquiera estamos pidiendo mejores salarios o
mejores condiciones laborales, estamos lisa y llanamente pidiendo algo que nos
pertenece y que no podemos continuar atónitos viendo como nos condena a
pensiones miserables. Llegó la hora de avanzar a tomar lo que nos pertenece.
Luis Mesina M
Secretario General
Confederación Bancaria
[1] 67 y medio billones = 67 y
medio millón de millones de pesos chilenos. Imagínese dos millones de casas de
valor de 33 millones de pesos cada una. O una pensión de $ 350.000 por 16 años
para un millón de personas (Nota del Blog).
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