La Comisión Ética Contra la
Tortura (CECT) se dirige a las autoridades del Estado de Chile, así como a la
comunidad nacional e internacional para expresar lo siguiente:
1.- Los resultados de la
reapertura –en febrero del 2010-, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), revelan
nuevamente la profundidad del horror de
la represión vivida durante los años de la dictadura (1973-1990), período
en el que la tortura fue el elemento fundamental de la sistemática represión
ejercida contra el pueblo chileno. Los 32.000 nuevos casos presentados, de los
cuales sólo fueron reconocidos menos de 10.000, evidencia la necesidad que esta
Comisión funcione como una instancia permanente de recepción de antecedentes y
testimonios, demostrando así la real voluntad del Estado por encontrar la
VERDAD de los ocurrido, a pesar de la nula cooperación y silencio de las
Fuerzas Armadas, de Orden y de los civiles que ampararon las violaciones a los
Derechos Humanos y que desgraciadamente aún permanecen en la impunidad.
2.- A 7 años de conocido el Primer
Informe de la CNPPT, denunciamos el incumplimiento del compromiso nacional e
internacional del Estado chileno de implementar medidas de NO REPETICION de la
tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes como lo señala la Convención
Internacional; el país y el mundo ha sido testigos de la brutal represión a los
estudiantes, trabajadores, comuneros mapuche y defensores del medio ambiente,
que al manifestar sus derechos han sido sometidos a amedrentamiento, golpes,
tortura y abuso de poder por parte de las fuerzas policiales. A lo anterior, se
suma la falta de tipificación de la tortura como un delito en el Código Penal,
la ausencia de medidas educativas y de prevención de la tortura, así como la
carencia absoluta de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en los
planteles educacionales del país y en las
escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden.
3.- Denunciamos, así mismo, la
falta de compromiso del Estado con la búsqueda de JUSTICIA respecto de la
tortura y la vigencia de la ley 19.992 que impide por 50 años a los tribunales
de justicia conocer los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
Recientemente el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Informe del año 2010 señaló que de
28.459 víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura reconocidas en el
año 2004, existen sólo 24 procesos abiertos, representando a cerca de 270
víctimas, y sin que a la fecha un solo torturador haya sido condenado como
autor de este crimen de lesa humanidad. La falta de Justicia, desgraciadamente,
propicia la repetición de este crimen y varias son las personas que han perdido
la vida a golpes, torturas y tratos crueles ocasionados por agentes del Estado
chileno en los últimos años, tal es el caso de Jhonny Cariqueo, Mario Oviedo
Aguilar, Daniel Riquelme, Franco Coronado y Luis Santander, entre otros casos
recientes.
4.- A 10 años de la fundación de
la Comisión Ética Contra la Tortura reafirmamos nuestra lucha por VERDAD,
JUSTICIA, MEMORIA y REPARACIÓN INTEGRAL para todas las personas sobrevivientes
de tortura y sus familias que no han sido consideradas por la Comisión Valech,
como son las personas detenidas en manifestaciones públicas y en los
allanamientos a las poblaciones, no importando las horas o días detenidas,
porque frente a la tortura basta un par de minutos para cambiar brutalmente la
vida de una persona; reclamamos Verdad y Justicia para quienes padecieron
tortura fuera de los recintos “oficiales” de detención; las víctimas que han
fallecido en los últimos años; los extranjeros detenidos y torturados en Chile;
los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor.
Recordamos al Estado Chileno que
el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, reconoce para
las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”, cuyo espíritu
es compensar el daño físico, sicológico, social y moral inferido, lo que en
Chile está muy lejos de ajustarse a la Convención considerando que la gran mayoría
de los afectados han padecido adicionalmente exilio, cesantía o imposibilidad
de culminar estudios, viendo tronchados sus proyectos de vida.
Comisión Ética Contra la Tortura
(CECT)
Santiago de Chile, 19 de Agosto
de 2011
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